nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU) REGIÓN DEL BÍO-BÍO.

PODER JUDICIAL CHILE C.A. de Concepción Concepción, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

En el folio 1, comparece don nombre reservado, abogado, por doña nombre reservado, labores de hogar, domiciliada en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de SERVIU Región del Biobío, representada por su director don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, solicita acoger el recurso y se ordene a la recurrida seguir el conducto legal para la expropiación que pretende y abstenerse de tomar posesión de terrenos de particulares sin las autorizaciones judiciales, con costas.

Funda su acción en que su representada en dueña de una propiedad inscrita a fojas 277 bajo el N° 155 del año 1992, en el Conservador de Bienes Raíces de Tomé, según inscripción que acompaña. El SERVIU en un acto ilegal y arbitrario y sin consentimiento de su representada, procedió a expropiar parte de la propiedad para trazar y pavimentar un camino, si (sic) los permisos y autorizaciones correspondientes. Sin solicitud de expropiación y autorización judicial para la toma de posesión, el SERVIU procedió a trazar un camino y pavimentarlo sin el consentimiento de su legítima dueña, según da cuenta la fotografía que acompaña.

Sostiene que es un acto ilegal y arbitrario que violenta los derechos constitucionales de su representada y en un acto de autotuela o usurpación, el órgano del estado vulnera el derecho de propiedad de su representada. Añade que estos hechos sucedieron porque cuando el SERVIU comenzó los trabajos, un hijo de su representada indica que no había autorización para las faenas, sin embargo, un funcionario del SERVIU, indicó que estaba todo en proceso de expropiación y que para no caer en algún incumplimiento de contrato de la pavimentación se decidió hacer todo el paño incluyendo lo que corresponde a la propiedad de su representada, que se estaba tramitando el pago, sin embargo, el 14 de octubre de 2021, les indicó que no se podría pagar la expropiación porque nunca se realizó el trámite judicial para ello.

A folio 6, doña nombre reservado, abogada, por el SERVIU Región del Biobío, solicita el rechazo del recurso con costas.

Señala que el recurrido ejecuta el proyecto “Mejoramiento Avenida Coliumo, de la comuna de Tomé”, emplazado en la Ruta O-252 (Vegas de Coliumo-Los Morros Bajos), entre sus intersecciones norte y sur con la Ruta O-260, en una extensión de 3 kilómetros, el que detalla.

En cuanto a la situación del Lote N° 8, los documentos acompañados y la propiedad a la cual se refiere el recurso, cuyas copias fueron aportados por el hijo de la aparente propietaria, en julio de 2020, fueron analizados y se le informa que al ser cruzados con la información del SII, no resultan ser coincidentes; sin embargo, el servicio decidió dar curso al proceso expropiatorio de este lote, a nombre del aparente propietario que figura en el Certificado de Avalúos del Servicios de Impuestos Internos, que en esa fecha correspondía a nombre reservado y, por lo tanto, el propietario deberá en los tribunales acreditar su domino sobre esta propiedad.

Añade que debido a que la expropiación de este inmueble no fue considerada en la etapa de formulación del proyecto y, porque en un futuro la incongruencia anterior pudiese ser corregida, se solicitó un Decreto que autorice esa expropiación, donde se incluye el rol del inmueble de la faja reclamada.

En la actualidad, se cuenta con la ficha de expropiación y los planos respectivos. Debido que esta expropiación no se encontraba considerada en el proyecto original y los recursos eran insuficientes, se está a la espera del oficio del Gobierno Regional, que autoricen estos recursos.

En cuanto a la expropiación del camino, señala que se tienen a la vista dos antecedentes: la información aportada, donde indica “camino Tome los Morros por medio”, en dicha escritura se reconoce camino existente. No obstante y ante los reclamos de propiedad de la faja por la recurrente, SERVIU procedió a recopilar antecedentes y dado que la escritura reconoce la existencia del camino público, se procedió a realizar obra en el ancho del camino existente, que en este sector va desde los 7 metros hasta los 6.5 metros. Aclara que en el sector se realizan trabajos por terceros (particulares), en la propiedad indicada, que han provocado deslizamiento de tierras hacia el camino en construcción, pero en ningún caso la constructora contratada por SERVIU, ha trabajado fuera del camino existente, para así dar continuidad a la obra y permitir la circulación.

Concluye que respecto al rol 510-35, se aclararon antecedentes de la propiedad ante el Conservador de Bienes Raíces de Tomé. En la inscripción de dominio de la recurrente, se indica que media camino de por medio, reconociendo la prexistencia del camino a intervenir. No obstante, no se identifica el ancho de esta faja. Se consultó al municipio información sobre este camino, quien no aportó mayores antecedentes y, por tal motivo, se procedió a continuar con el proceso expropiatorio a la totalidad de la faja que constituye el actual BNUP en operación (sic).

En cuanto al propietario del predio, en el Servicio de Impuestos Internos aparece otro aparente propietario, por lo que se procederá a expropiar al presunto propietario y será el propietario quien deberá acreditar su dominio ante el tribunal, para el retiro de la indemnización provisional.

Indica que sólo ha intervenido con la reposición de camino existente, realizando trabajos en forma exclusiva en la faja vial histórica existente para el dar continuidad a la obra y mantener la circulación de residentes. No ha tomado posesión material, ni ha intervenido los terrenos colindantes necesarios para el desarrollo del proyecto, lo cual se realizará una vez que se haya efectuado la expropiación de esos terrenos y se haya autorizado la toma de posesión material de ellos por el tribunal competente.

Señala que en la faja vial existente, hay redes de agua potable del Comité APR Coliumo, redes eléctricas y de telecomunicaciones de CGE S.A. y Mundo Pacífico, que incluye alumbrado público de la Municipalidad de Tomé y que es la faja que se ha intervenido y, por tanto, no existe intervención de lotes particulares sin expropiación.

Sostiene que su representado no ha realizado ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria que vulnere los derechos o garantías de la recurrente. Ante la duda de la propiedad de la faja de terreno, ha optado por iniciar los trámites de expropiación, lo que se ha visto obstaculizado por la demora en obtener los recursos y en el intertanto se expropia, SERVIU se abstuvo de intervenir el terreno, trabajando la empresa contratista sólo en el camino que existía con anterioridad al inicio de las obras.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en lo pertinente, dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, números”, entre otros, el 24 podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

2°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

3°.- Que la recurrente estima como arbitrario e ilegal el hecho que el servicio público recurrido sin expropiación previa, ha ingresado a su propiedad, tranzado y pavimentado un camino, sin su permiso ni las autorizaciones correspondientes. Esta acción constitucional se funda en que la recurrente es propietaria de un inmueble de 95.606 metros cuadrados, es decir, 9,56 hectáreas, el que conforme a la inscripción de dominio a su nombre y en lo que interesa a la litis, deslinda al oriente en 125 metros con la “Bahía Dichato o Bahía de Coliumo, camino Tomé Los Morros por medio”, su rol de avalúos es 410-35 de la comuna de Tomé y, además, registra numerosas anotaciones marginales de transferencias (folio 1 N°1).

4°.- El servicio público recurrido, en tanto, sostiene que no ha incurrido en acto arbitrario alguno y que ante la duda acerca de la propiedad de la faja de terreno, ha iniciado los trámites de expropiación respecto del propietario aparente, quien sería una persona distinta a la actora, y que en el ínterin, se abstuvo de intervenir el terreno, trabajando la empresa contratista sólo en el camino público que existía con anterioridad al inicio de las obras.

5°.- Que la naturaleza propia de la acción constitucional y cautelar establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y resolver materias como son las que sustentan la acción, pues ellas resultan propias de procedimientos diversos, ya sea en sede administrativa o civil, a través de las acciones ordinarias o especiales que estime le asisten con motivo de los hechos en que sustenta su acción; toda vez que existe incertidumbre acerca del propietario del bien raíz en que se han ejecutado las obras de pavimentación por el servicio recurrido; porque, en efecto, la actora ha efectuado varias transferencias parciales del inmueble de autos como aparece de la copia de su inscripción acompañada en autos; porque este instrumento, además, da cuenta de la existencia de un camino de por medio entre la bahía y el predio de la recurrente y porque según su rol de avalúos, conforme al que -en su caso- debe contenerse en el acto expropiatorio el nombre del o de los propietarios (Art. 6° DL 2186), sus dueños aparentes son unas personas distintas a la recurrente, según se lee en el documento incorporado en el informe de la recurrida (folio 6).

6°.- Que ante la incertidumbre acerca de la identidad del dueño del terreno en que se ejecutan las obras es en otro tipo de procedimientos que debe resolverse el conflicto jurídico de intereses en que se sustenta la acción; pues, en efecto, es allí donde la recurrente puede hacer uso de las acciones que contempla el ordenamiento jurídico, mediante las probanzas técnicas debidas, y que estimen pertinentes para revertir la situación que pretende impugnar a través de esta vía.

En todo caso y ante la expropiación del inmueble, la recurrente o los propietarios aparentes del mismo, pueden ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico contempla al efecto.

7°.- Que, en consecuencia, es improcedente conocer y resolver esta materia por medio de la presente acción cautelar, la que se encuentra destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto, conforme se ha establecido en forma precedente.

8°.- Que atendido lo concluido es innecesario el análisis de las garantías constitucionales que se indican como conculcadas y ponderar los demás informes requeridos.

9°.- Que la recurrente ha tenido motivos plausibles para litigar por lo que no será condenada en costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se decide:

Que se rechaza la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, abogado, por doña nombre reservado, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Biobío, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó Camilo Álvarez Órdenes, ministro titular.

No firma la fiscal judicial señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Rol protección 12519-2021.