FUNDACION EDUCACIONAL NIDAL con INSPECCION DEL TRABAJO DE TALCAHUANO

C.A. de Concepción Concepción, siete de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Compareció Víctor Rodrigo Muñoz Torres, abogado, en representación de la Fundación Educacional Nidal, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro del giro educación, todos con domicilio en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, representada por doña nombre reservado, solicitando que se ordene dejar sin efecto la resolución N°24 de 28 de marzo de 2024, declarando que la solicitud de su parte de sustitución de multa por asistencia a programa de capacitación queda acogida y que la multa impuesta quede reducida o rebajada a su marco legal en cuanto a su monto.

Funda su acción en que por resolución de Multa N° 8702/2023/59-1 de fecha 30.12.2023, la Inspección del Trabajo de Talcahuano aplicó al empleador Fundación Educacional Nidal, la multa de 60 unidades tributarias mensuales por no consignar por escrito las modificaciones del contrato de trabajo, respecto de cinco trabajadores de la empresa señalados en la resolución. Notificada que fue la multa impuesta y dentro del plazo legal, la empresa Fundación Educacional Nidal, presentó respecto de la citada resolución de multa una solicitud de sustitución por Programa de Capacitación. Solicitud que fue acompañada de documentos, en particular finiquitos de los trabajadores señalados en la resolución de multa, señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado cuyos contratos terminaron conforme a lo dispuesto en el artículo 159 número 4 del Código del Trabajo esto es, vencimiento del plazo convenido en el contrato.

Expresa que por resolución número 24 de 28 de marzo de 2024 dictada por la Inspección del Trabajo de Talcahuano, notificada a su representada por medio de correo electrónico de fecha 1 de abril de 2023, se resolvió rechazar, respecto de la mencionada resolución de multa, el recurso administrativo interpuesto por la empresa recurrente, conforme al aparente fundamento consistente en “Que, el empleador no acredita integra corrección de la conducta que dio origen a la sanción, en efecto al momento de su presentación administrativa acompaña sola tres copias de finiquitos de trabajadores señalados en la multa, sin embargo, no acredito cumplimiento respecto de los otros trabajadores indicados en la sanción o de otros funcionarios que prestan servicios bajo su dependencia de haber dado cumplimiento a la ley laboral” de conformidad a lo dispuesto en Art. 506 ter N°2 del Código de Trabajo y a las instrucciones internas de ese Servicio, contenidas en la Circular 004 de 17.01.2022.

Afirma que la resolución recurrida perturba y conculca las garantías y derechos constitucionales de su representada del art. 19 numero 2, numero 3 incisos 5 y 24 del texto constitucional. En efecto -consigna el recurrente-, conforme a lo dispuesto en el artículo 505 bis del código del trabajo su representada es una pequeña empresa, tiene menos de 49 trabajadores, por lo cual puede solicitar sustitución de multa impuesta por asistencia a programas de capacitación, toda vez que en el año no presenta la misma infracción conforme al inciso 1 del artículo 506 ter número 2 del código del trabajo.

Explica que la resolución administrativa recurrida es arbitraria e ilegal, toda vez que el número 2 del artículo 506 ter citado dice : “En el caso de multas no comprendidas en el número anterior, y previa acreditación de la corrección, de la o las infracciones que dieron origen a la sanción, por la asistencia obligatoria del titular o representante legal de la empresa de menor tamaño, o de los trabajadores vinculados a las funciones de administración de recursos humanos que él designe a programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo, los que tendrán una duración máxima de dos semanas.” Entonces, consigna el recurrente, la ley no exige al empleador una corrección integra o total de todas las infracciones que dieron origen a la sanción, no es ese el sentido de la ley para acceder a la sustitución de multas por asistencia a programas de capacitación solo señala previa acreditación de la corrección de la infracción que dio origen a la sanción.

Expresa que de los 5 trabajadores señalados en la resolución de multa, 3 de ellos, esto es, más de la mitad de tales trabajadores ya no pertenecen a la empresa, fueron finiquitados por vencimiento de plazo lo que opera de pleno derecho y de un modo objetivo y ya no es posible corregir a su respecto la infracción que motivo la sanción, ello fue el fundamento del recurso administrativo de su parte que fue denegado por la autoridad administrativa recurrida, de modo que la autoridad administrativa fue más exigente que el legislador puesto que exigió una corrección total imposible de cumplir por su parte, denegando la solicitud de su representada.

Manifiesta también el recurrente que la multa es abiertamente ilegal, pues se aplicó fuera del marco legal, por la infracción al art. 11 en relación al art. 506 ambos del código del trabajo, toda vez que se aplicó multa de 60 unidades tributarias mensuales a una pequeña empresa pese a que el art 506 citado señala expresamente que respecto de las pequeñas empresas las multas por infracciones a la ley laboral van de 1 a 10 unidades tributarias mensuales, por lo que se vulnera en la resolución administrativa el principio de legalidad imperante en el derecho administrativo sancionador al aplicar una multa más gravosa que la establecida en la ley, fuera de rango legal, pese a que su parte tampoco es reincidente en esa clase de infracciones.

El recurrente justifica la arbitrariedad e ilegalidad del acto impugnado, en la circunstancia de haberse vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 número 2 y 19 numero 3 inciso 5 del texto constitucional, al darse a su parte un trato desigual respecto de otros sujetos de derechos, esto es, otros administrados que se encuentran en esa misma posición jurídica, aplicando sanciones administrativas fuera del marco legal y denegando una solicitud de sustitución de multa por asistencia a programas de capacitación que debió acogerse, imponiendo requisitos no exigidos por la ley lo cual esta proscrito por el ordenamiento jurídico, convirtiéndose la recurrida en una verdadera comisión especial arrogándose facultades jurisdiccionales de las que obviamente carece, vulnerándose con ello además la garantía constitucional de la igual protección en el ejercicio de los derechos regulado en el art 19 numero 3 inciso 5 del texto constitucional. Asimismo, continua el recurrente, parece evidente que la recurrida con su obrar esta lesionando y conculcando la garantía constitucional del derecho de propiedad de que es titular su representada aplicando una multa fuera del rango o marco legal a su parte, afectando indebidamente su patrimonio al obligarle a pagar una multa por montos superiores a los señalados en la ley.

Doña nombre reservado, Abogada, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, informa que la empresa Fundación Educacional Nidal, efectivamente fue sancionada por haberse constatado el siguiente hecho infraccional “No consignar por escrito en el contrato de trabajo o en documento anexo la modificación de la estipulación referida al pago de las asignaciones de movilización y colación de: nombre reservado Rut RUT reservado, nombre reservado Rut RUT reservado, nombre reservado Rut RUT reservado, nombre reservado Rut RUT reservado Y nombre reservado Rut RUT reservado”, hecho infraccional que se sanciona través de la multa N° 8702/23/59 de fecha 30.12.2023, notificada por correo-e al empleador con fecha 16.01.2024. Multa que se generó debido a una denuncia realizada por una trabajadora de la empresa recurrente, en la unidad de atención de usuarios de esa oficina.

Expresa que de la multa antes individualizada, la empresa reclamó administrativamente e interpuso una solicitud de recurso administrativo de sustitución de multa por capacitación, la cual fue resuelta por la Resolución Exenta N° 24 de fecha 28 de marzo de 2024, dictada por la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, resolviendo, en definitiva, rechazar respecto de la resolución de multa, el Recurso Administrativo interpuesto, por inadmisible, dado que la empresa no acreditó cumplimiento, esto a la luz de lo expresamente señalado en Art 506 ter N°2 del Código del Trabajo y lo dispuesto en la Circular N°4 de fecha 17/01/2022 de ese Servicio.

Solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección, toda vez que resulta improcedente recurrir a la jurisdicción cautelar de garantías constitucionales para revisar una actuación administrativa que la propia norma legal establece procedimientos de impugnación, tanto administrativos como jurisdiccionales de fondo, conforme a lo dispuesto en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo. Funda también su rechazo en la circunstancia que la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano actuó dentro de sus atribuciones legales y sus actuaciones tampoco son arbitrarias, ya que la facultad de rechazar el recurso administrativo presentado por no cumplir expresamente con lo que plantea la norma – Art 506 ter N°2, resulta completamente fundadas y ajustada a derecho en los términos ya expresados. Con todo, en caso alguno la dictación de la Resolución Exenta N°24 aludida en el recurso, ha privado, perturbado o amenazado al recurrente el legítimo ejercicio de un derecho. Tampoco se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales señaladas en el recurso.

Complementando su informe, la recurrida reitera que la multa fue impuesta dentro del rango legal y que los elementos tenidos en cuenta para aplicarla, se encuentran contenidos en el informe de fiscalización. Respecto al monto de la sanción, afirma que dicho valor se ajusta a los parámetros contenidos en los artículos 506 y 506 quáter del Código del Trabajo, considerando el tamaño de la empresa y la categorización de las infracciones en leves, graves y gravísimas. Al respecto, precisa que se trata de una pequeña empresa, porque según la carátula del informe de fiscalización, tenía a la fecha de la fiscalización 23 trabajadores, según da cuenta el informe de fiscalización 0805/2023/740, y la sanción responde a la categoría de gravísima. El fiscalizador actuante para aplicar la multa tuvo en cuenta lo dispuesto en el Manual de Procedimientos de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, de acuerdos a diversos criterios que indica y al valor que debe asignarse a cada uno de ellos, conforme a lo cual se determinó la multa de un valor de 10 UTM. Y si bien insiste en que la Dirección del Trabajo actuó completamente dentro de sus facultades y competencias, no existiendo un error de hecho en la aplicación de la multa, reconoce que, más bien, lo que existió en este caso en particular, fue un error involuntario por parte del fiscalizador actuante en el traspaso de la información al sistema DTPlus de la Dirección del Trabajo, “un error de tipeo”, al consignar erróneamente el monto de la infracción en Unidades Tributarias Mensuales, solicitando que se dicte la resolución pertinente y se ordene a ese Servicio la corrección del monto de la infracción en los sistemas informáticos, para corregir el error en el monto de la multa N° 8702/23/59-1 Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en lo pertinente, dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19”, podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

2°. - Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

3°. - Que, en este caso, el recurrente hace consistir el acto arbitrario o ilegal en la resolución número 24 de 28 de marzo de 2024, dictada por la Inspección del Trabajo de Talcahuano, que resolvió rechazar el recurso administrativo interpuesto por la empresa recurrente, en relación a la multa impuesta por el mencionado servicio, multa ascendente a 60 unidades tributarias mensuales.

4.- Que, por su parte, la recurrida al complementar su informe reconoció que, más bien, lo que existió en este caso en particular, fue un error involuntario por parte del fiscalizador actuante en el traspaso de la información al sistema DTPlus de la Dirección del Trabajo, “un error de tipeo”, al consignar erróneamente el monto de la infracción en Unidades Tributarias Mensuales, solicitando que se dicte la resolución pertinente y se ordene a ese Servicio la corrección del monto de la infracción en los sistemas informáticos, para corregir el error en el monto de la multa N° 8702/23/59-1. De tal modo, el recurrido se allanó a lo solicitado por el recurrente.

5°.- Que, conforme a lo anterior, no fue controvertido que la Inspección del Trabajo de Talcahuano aplicó a la empresa recurrida una multa que excede del marco establecido en la norma del artículo 506 del Código del Trabajo, multa que debió regularse en un valor de 1 a 10 unidades tributarias mensuales por cuanto se trata de una pequeña empresa.

Resulta entonces, que la actuación ilegal de la recurrida vulneró la garantía constitucional de la igualdad ante la ley del art 19 número 2 de la Constitución Política de la República al dar al recurrente un trato desigual respecto de otros sujetos de derechos, esto es, otros administrados que se encuentran en esa misma posición jurídica, aplicando sanciones administrativas fuera del marco legal.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge -sin costas- la acción constitucional de protección interpuesta por Víctor Rodrigo Muñoz Torres, en representación de la Fundación Educacional Nidal, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, en cuanto se ordena al referido servicio disponer que la multa impuesta sea reducida o rebajada a su marco legal en cuanto a su monto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó Daniel Eduardo Aravena Pérez, ministro suplente.

No firma la ministra suplente Claudia Cárdenas Navarro por haber cesado en su cometido funcionario en tal calidad.

Rol protección 12.382-2024