nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Concepción, jueves cinco de octubre de dos mil veintitrés.

VISTO:

Compareció Ángel Maidana Carvacho, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, trabajador dependiente, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; por cuanto en virtud de un acto arbitrario e ilegal, consistente en una resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por el médico tratante de su mandante, se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1° y 24 de la Constitución Política de la República. Asimismo y de conformidad al numeral 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, afirma que la presente acción constitucional es interpuesta dentro del término legal, por cuanto los actos ilegales y arbitrarios en contra de los que reclama, fueron notificados a su representado con fecha 29 de mayo de 2023.- Expone que recurre en contra de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-71088-2023, de 29/05/23, emitida por la SUSESO, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 240 días a contar del 24 de marzo de 2022. Resolución Exenta que concluye que el reposo prescrito por las mencionadas licencias, no se encontraba justificado, por cuanto según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 2 de marzo de 2022, en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 25%, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez por lo que su capacidad residual del 75% es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales.

Señala que el padecimiento del recurrente es de índole físico, y se empezó a incrementar a mediados del año 2021 cuando se le desencadenaron fuertes dolores a nivel de cadera, brazos, espalda (desde el cuello hasta la cadera), rodillas y tobillos, pero desde hace 10 años aproximadamente que presenta molestias en las zonas referidas. A consecuencia de lo anterior, se vio en la necesidad de tratar su estado de salud, asistiendo a consultas de medicina general con derivación a especialistas en las áreas de kinesiología, reumatología y traumatología, donde se le indicó como diagnóstico médico: discopatía c5-c6 y c6-c7; uncoartrosis avanzada; estenosis foraminal bilateral c6-c7 y derecha c2-c3 y c3-c4; cervicobraquialgia bilateral, espondilosis dorsolumbar, escoliosis dorsolumbar; dorsolumbalgia crónica; discopatía incipiente 1.3-1.4 y 1.5-s1 avanzada; y, artrosis bilateral de cadera y rodillas.

Explica que producto del trabajo que el recurrente desempeña desde hace 30 años aproximadamente, como soldador, con motivo a las labores propias de sus funciones, el estar de pie o en posición de cuclillas, su nivel de dolores y molestias de cadera, brazos, espalda, rodillas y tobillos fueron aumentando, limitándolo en su desempeño laboral. Que comenzó a presentar licencias médicas, puesto que su condición física le impedía seguir con su vida laboral. Las primeras licencias fueron aprobadas y por consiguiente percibió el pago de las mismas, pero al transcurrir el tiempo, y en virtud de que no mostraba mejoría, siguió presentando licencias médicas, las cuales fueron rechazadas.

Sostiene que fueron rechazadas un total de 8 licencias médicas, todas por reposo injustificado, sin tomar en consideración que las licencias médicas presentadas argumentan por sí solas lo contrario, encontrándose todas y cada una de ellas, justificadas con exámenes y evaluaciones médicas que acreditan el padecimiento del recurrente. En ese sentido, las licencias fueron apeladas ante la SUSESO, siendo rechazadas mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-173122-2022, de 20/12/2022; y con posterioridad, sometidas a recurso de reconsideración administrativo, siendo confirmado el rechazo, mediante la Resolución Exenta N° R-01-IBS-71088-2023, de 29/05/23, respecto de la cual ahora recurre, no dejándole mayor opción al recurrente que acudir a la vía judicial para que se puedan reestablecer los derechos vulnerados.

Precisa que la Resolución Exenta N° R-01-IBS-71088-2023, concluye que el reposo prescrito por las mencionadas licencias no se encontraba justificado, basándose en que según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 2 de marzo de 2022, en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 25%, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez por lo que la capacidad residual del 75% de su representado sería suficiente para reintegrarse a sus labores habituales.

Expresa que la SUSESO rechazó al recurrente las siguientes licencias médicas:

A)

Nº RUT reservado, desde el 24-03-2022 hasta el 22-04-2022;

B)

Nº RUT reservado, desde el 23-04-2022 hasta el 22-05-2022;

C) Nº RUT reservado, desde el 23-05-2022 hasta el 21-06-2022;

D)

Nº RUT reservado, desde el 22-06-2022 hasta el 21-07-2022;

E)

Nº RUT reservado, desde el 22-07-2022 hasta el 20-08-2022;

F)

Nº RUT reservado, desde el 21-08-2022 hasta el 19-09-2022;

G)

Nº RUT reservado, desde el 20-09-2022 hasta el 19-10-2022 y I)

Nº RUT reservado, desde el 20-10-2022 hasta el 18-11-2022.

En todas estas licencias el motivo del rechazo fue el de “no encontrarse justificado el reposo”.

Menciona en atención al padecimiento del recurrente y a sus evaluaciones médicas hechas por especialistas en la rama, que aquellos indicaron los siguientes diagnósticos y tratamientos:

- De acuerdo con Informe Médico de 10 de agosto de 2021, emitido por el médico traumatólogo nombre reservado, respecto del recurrente, informa: “que presenta Artrosis Generalizada, le indica que debe realizarse una radiografía, asimismo lo deriva a médico kinesiólogo”.

- De acuerdo con Informe Médico de 24 de junio de 2022, emitido por la kinesióloga nombre reservado, respecto del recurrente, informa: “que se encuentra en terapia kinésica por antecedentes médicos (ya descritos), donde el paciente no presenta mejoría sino solo alivio de los dolores”.

- De acuerdo con Informe Médico de 05 de julio de 2022, emitido por el médico neurocirujano nombre reservado, respecto del recurrente, informa: “que se encuentra en tratamiento médico y kinesioterapia por afecciones en la columna cervical y lumbar, y le señala que debe acudir a AFP para trámite de pensión por invalidez”.

- De acuerdo con Informe Médico de 22 de agosto de 2022, emitido por el médico cirujano nombre reservado, respecto del recurrente, informa: “que la patología presentada por el paciente concatenan para la solicitud de una pensión de invalidez”.

- De acuerdo con Informe Médico de 16 de enero de 2023, emitido por el médico cirujano nombre reservado, respecto del recurrente, informa: “que la patología presentada por el paciente concatenan para la solicitud de una pensión de invalidez, pero que el paciente progresivamente ha ido presentando mejoría”.

Alega que la decisión de rechazo de las licencias médicas carece de todo fundamento, limitándose la recurrida a indicar que “los reposos no se encuentran justificados”. Asimismo, en el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO, se hace referencia a que “...el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 2 de marzo de 2022, en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 25%, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez por lo que su capacidad residual del 75% es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales”, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación.

Considera que la Resolución Exenta recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario desde que concluye que “el reposo no estaría justificado”, fundándose en la misma resolución: “Que, esta Superintendencia sometió el recurso deducido a estudio de antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado...”, sin ni siquiera haber realizado peritaje previo, prescindiendo de las conclusiones de los médicos tratantes y, lo que estima más grave, sin indicar las razones o fundamentos por los que el mencionado informe no les permite establecer la incapacidad laboral, es decir, sin dar razón y fundamento de su decisión.

A mayor abundamiento, señala que no consta que el referido órgano haya accedido a algún análisis o examen del estado de salud de su representado, desde que la COMPIN, no ejecutó ninguna de las acciones que prescribe el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, Decreto Supremo N° 3 del 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud. Norma que dispone la posibilidad que la ISAPRE o COMPIN a efectos de mejorar el rechazo de las licencias practiquen, por sus propios medios, nuevos exámenes, interconsultas, informes complementarios, visitas domiciliarias, entre otros.

Agrega que el artículo 16 del referido Decreto Supremo, establece que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, hecho que en este caso no ocurrió́.

Manifiesta que los hechos descritos han influido negativamente en la recuperación del recurrente, pues no podía someterse al tratamiento prescrito por razones económicas, debiendo exponerse al trabajo pesado que realiza, no obstante la gravedad del diagnóstico médico, donde evidentemente se refleja la afectación física producto a la artrosis generalizada que se le diagnosticó, y aunado a ello, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes y sin contar, además, con los medios económicos para costear el tratamiento y seguir cumpliendo con las responsabilidades propias de su vida familiar, significándole así, la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, encontrándose sobre endeudado al no tener el pago de sus remuneraciones.

Afirma que el acto reprochable descrito, evidentemente vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad del recurrente, protegido en el numeral 1° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, en el primer caso, el referido rechazo de licencias médicas, impacta severamente en la salud del recurrente, produciendo un deterioro de la misma, al no poder tomar los descansos necesarios para recuperar su estado de salud, exponiéndose al desempeño de las funciones de su trabajo y, en el último caso, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la decisión de la recurrida que le impide acceder al subsidio por enfermedad.

Pide tener por interpuesta la presente acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, acogerla y, declarar que los actos de la recurrida importan la violación de las garantías constitucionales señaladas o en subsidio, de aquella otra que esta Corte estime del caso concurrir de acuerdo a sus facultades conservadoras, ordenando a las recurridas o a aquel que se determine, lo siguiente:

1.- Que se acoge el presente recurso de protección, por ser la actuación de la recurrida, en los términos descritos en lo principal de este libelo, arbitraria e ilegal, que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; y derecho de propiedad del recurrente, las cuales se encuentran establecidas en los N°s. 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

2.- Que, como consecuencia de lo referido, se aprueban y se ordena el pago, por quien corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas a favor del recurrente, o bien, la declaración que se sirva efectuar en igual sentido.

3.- Sin perjuicio que se adopten todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del Derecho, de acuerdo a los derechos cuya tutela se solicita, con costas de los recurridos.

Informó nombre reservado, Presidenta (S) de la COMPIN Provincial de Concepción, señalando que al analizar los antecedentes del Usuario nombre reservado y según su Sistema de información FONASA, consta que todas las resoluciones emitidas sobre las licencias médicas recurridas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, han sido realizadas por la COMPIN Subcomisión Arauco. Por lo anterior, afirma no contar con más antecedentes, debiendo derivar este requerimiento a la COMPIN Subcomisión Arauco.

Informó nombre reservado, Presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Arauco, haciendo presente que el recurrente reclama contra la Resolución Exenta N° R-01-IBS-71088-2023, de 29 de mayo de 2023, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, por estimar que dicho acto administrativo es arbitrario e ilegal, lo cual ha vulnerado supuestamente las garantías constitucionales que indica. En consecuencia, la resolución que causa un eventual agravio al recurrente no fue dictada por la COMPIN Subcomisión Arauco, sino por la Superintendencia de Seguridad Social; motivo por el cual no compete a ese organismo pronunciarse al respecto, sin perjuicio de dar informe de las actuaciones realizadas en el caso del Sr. nombre reservado.

Expresa que la Resolución Exenta N° R-01-IBS-71088-2023, de 29 de mayo de 2023, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, ratifica la decisión de COMPIN Subcomisión Arauco, en orden a confirmar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 240 días a contar del 24 de marzo de 2022 y que el Sr. nombre reservado, previo al rechazo de las licencias médicas referidas y ratificadas por la Superintendencia de Seguridad Social, tiene un total de 210 días de reposo autorizados por COMPIN, desde el 26 de agosto de 2021 hasta el 23 de marzo de 2022, correspondiente a 7 licencias médicas, todas continuas y emitidas por igual diagnóstico "Lumbago con ciática".

Explica que la razón del rechazo de las licencias médicas al Sr. nombre reservado a contar del 24 de marzo de 2022, responde a una causal de orden administrativo-jurídico, esto es, que se notificó a la COMPIN Subcomisión Arauco que el recurrente finalizó su primer trámite de pensión de invalidez del D.L. N° 3.500, que se materializó en el dictamen de invalidez que quedó ejecutoriado el 24 de marzo de 2022, emitido por la Superintendencia de Pensiones, por diagnóstico Lumbago. En este caso, indica que al ser notificados del dictamen que resuelve su pensión de invalidez, y habiendo quedado ejecutoriado el mismo con fecha 24 de marzo de 2022, se autoriza como última licencia médica la N° 4-9279389, con reposo desde el 22 de febrero de 2022 hasta el 23 de marzo de 2022, en razón de estar cursándose dicho reposo al momento de recibir la notificación del dictamen de invalidez y no afectar al usuario.

En cuanto a la decisión de COMPIN de rechazar las licencias objeto de reclamación, explica que en nuestro sistema de seguridad social existen las Incapacidades Permanentes y las Incapacidades temporales, existiendo cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad, tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud.

Analiza normativamente las incapacidades permanentes o temporales y las normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, precisando que en el caso del recurrente, al ser evaluado por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, se acogió el régimen dispuesto por nuestra legislación para la evaluación médica de las incapacidades permanentes. Asimismo, señala que la relación causa-efecto entre Impedimento y Menoscabo permite declarar la invalidez, pudiendo los impedimentos encontrarse configurados o no configurados, permitiendo solo los configurados asignar el menoscabo laboral porcentual que dictan las normas.

Expone que el recurrente cursa, en conformidad a lo informado por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, una patología de carácter crónico e irrecuperable, configurada, evaluada por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones y cuenta con un dictamen ejecutoriado que le otorga un porcentaje de menoscabo de trabajo de 25%, por lumbago. En efecto el Dictamen N° 2263/2022 de la Comisión Médica Central, de 02/03/2022, ejecutoriado el 24/03/22022, evaluó al recurrente por la patología que presenta un curso crónico LUMBAGO-M54.5, otorgando un menoscabo de capacidad de trabajo de 25%. La Resolución Exenta N° R-01-IBS-71088-2023, de 29/05/2023 de SUSESO que resuelve el caso del Sr nombre reservado, indica lo siguiente:

"Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 2 de marzo de 2022, en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 25%, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez por lo que su capacidad residual del 75% es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales." Refiere que de acuerdo a su normativa legal, reglamentaria y jurisprudencia administrativa emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, la procedencia de una licencia médica está determinada por la posibilidad de recuperación que tenga el paciente, de manera tal que si la patología que lo afecta es irrecuperable (impedimento configurado con menoscabo laboral), no será procedente que se le concedan reposos posteriores por la misma patología; pues para el caso de incapacidades permanentes, el sistema de salud contempla otros mecanismos diferentes a la temporalidad que es esencial en una licencia médica.

Esgrime que a través de su circular N° 2C/134, de 1985, el Ministerio de Salud, instruyó que tratándose de una licencia médica con diagnóstico irrecuperable de un afiliado al nuevo sistema de pensiones, ésta deberá autorizarse por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud, mientras se encuentre pendiente un trámite de calificación de invalidez del afectado. Sumado a ello, la Circular N° 3433, de 3 de julio de 2019, de la Superintendencia de Seguridad Social, "Imparte Instrucciones Sobre Autorización de Licencias Médicas durante el Primer Trámite de Invalidez y sobre Autorización de Licencias Médicas del Pensionado que se reincorpora a trabajar con su Capacidad Residual", dispone que la jurisprudencia reiterada de esa Superintendencia, en concordancia con la referida Circular N°2C/134, ha señalado que mientras dure el primer trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se encuentre legalmente ejecutoriado, se deberán continuar autorizando las licencias médicas del trabajador y pagando el subsidio correspondiente cuando cumple con los requisitos legales habilitantes.

Afirma que, por lo tanto, en dicho contexto, de acuerdo al criterio jurisprudencial vigente, en las situaciones en que un trabajador afiliado al Sistema del D.L. N° 3.500, de 1980, ha efectuado la solicitud de declaración de invalidez ante las Comisiones Médicas respectivas y éstas le han fijado un grado de incapacidad que no le da derecho a pensión de invalidez, la entidad previsional de salud para resolver respecto de la procedencia de las licencias médicas, con posterioridad a la resolución ejecutoriada que rechaza ese primer trámite de invalidez, deberá atender a la posibilidad real y cierta de que el trabajador quede en condiciones médicas que le permitan volver a trabajar, autorizando las licencias médicas posteriores cuando se determine que existe tal posibilidad de reincorporación, o rechazando el reposo, por haberse perdido la temporalidad que supone el uso de este derecho.

Añade que la circunstancia de que la persona se encuentre en el primer trámite de declaración de invalidez no implica bajo ningún aspecto que sus licencias médicas no puedan ser rechazadas por otras causales, por ejemplo: falta de justificación médica, incumplimiento de los plazos por parte del trabajador para la presentación de la licencia médica, incumplimiento de reposo u otras causales reglamentarias. Sin perjuicio de lo anterior, la COMPIN o la Subcomisión deberá previamente obtener del propio trabajador o en su caso de la Superintendencia de Pensiones, el estado administrativo actualizado en el que se encuentra el trámite de invalidez del trabajador, como también si éste fue objeto de recursos o se encuentra ejecutoriado. Además, tratándose de afiliados a FONASA deberá consignar en la cartola médica estos antecedentes.

Aduce que las respectivas COMPIN y Subcomisiones deben autorizar aquellas licencias médicas de que hagan uso los trabajadores que se encuentran en primer, segundo o cualquier trámite de invalidez, cuando las Comisiones Médicas del D.L. N° 3.500, de 1980, se los rechacen por tratamientos pendientes del paciente, esto es, lo que las citadas Comisiones denominan "BOT". Al respecto, y considerando lo dispuesto por la normativa citada, aplicada al caso del Sr. nombre reservado, éste tiene un dictamen de invalidez ejecutoriado con fecha 24 de marzo de 2022, que rechaza la solicitud de pensión de invalidez por alcanzar el impedimento configurado un menoscabo de capacidad de trabajo de 25% (menor que 50%), patología LUMBAGO.

En consecuencia, argumenta que COMPIN Subcomisión Arauco autorizó 210 días de reposo por patología osteomuscular de columna (LUMBAGO) al recurrente, hasta el término de su primer trámite de pensión de invalidez realizado ante las Comisiones Médicas del D. L. N° 3.500, trámite que quedó ejecutoriado a través de dictamen de invalidez el día 24 de marzo de 2022; rechazándose por COMPIN las licencias médicas que el trabajador presentó con posterioridad a dicho dictamen de invalidez, por cuanto su patología perdió temporalidad que se requiere en esencia para el uso de una licencia médica, ya que se evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, no susceptible de mejorar con reposo médico, por lo que en el presente caso nos encontramos frente a una incapacidad de carácter permanente, en cuyo caso no procede autorizar posteriores licencias médicas.

Estima teniendo presente el razonamiento médico descrito, la normativa legal y reglamentaria referida, los antecedentes médicos y administrativos aportados, que la contraloría médica de COMPIN Subcomisión Arauco no ha efectuado un actuar arbitrario e ilegal, sino que ha resuelto en base a razones fundadas en criterios médicos, administrativos y legales, destacando que, en la medida que las Comisiones Médicas del D.L. N° 3.500, aprueben la declaración de invalidez del recurrente, vía un segundo trámite de pensión de invalidez, a éste le asiste el derecho de interponer ante la Superintendencia de Seguridad Social un recurso de reconsideración, para cuyo efecto deberá acompañar el dictamen de invalidez, debidamente ejecutoriado.

Concluye señalando que el trabajador ha iniciado un segundo trámite de pensión de invalidez con fecha 11/07/2022, no contando a la fecha esa COMPIN con un dictamen ejecutoriado a fin de reevaluar su situación.

Informó Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alegando la extemporaneidad del recurso, por cuanto, don nombre reservado, con fecha 23 de junio de 2022, ha interpuesto esta acción de protección en contra de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-71088-2023, de 29 de mayo del año 2023, de esa Superintendencia, la cual rechazando un segundo recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente con fecha 16 de enero de 2023, confirma lo ya dictaminado mediante la Resolución Exenta N° R-01-IBS-173122-2022, de 20 de diciembre de 2022, mediante la cual, su defendida confirmó lo dictaminado mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-94234-2022, de 17 de julio de 2022, que ya a esa data había confirmado lo resuelto por la Subcomisión Arauco de la COMPIN de la Región del Biobío, en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 24 de marzo de 2022, por Diagnóstico irrecuperable. Además, hace presente que a esa misma data el ahora recurrente reclamó por cuanto la citada Comisión Médica había confirmado también el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 180 días, bajo la misma causal de rechazo.

En efecto, expresa que don nombre reservado, con fecha 24 de marzo del año 2022, es decir, más de un año atrás a la fecha de interposición de la acción de autos, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando en contra de la COMPIN de la Región del Biobío, Subcomisión Arauco, por cuanto había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 24 de marzo de 2022, por la causal de diagnóstico irrecuperable. Tal reclamación fue resuelta mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-94234-2022, de 17 de julio del año 2022, confirmando el rechazo de las licencias médicas y puesta en conocimiento al recurrente con fecha 28 de julio de 2022, recurriendo aquel nuevamente ante esa Superintendencia, solicitando la reconsideración del Dictamen N° R-01-UME-94234-2022, de 17 de julio de 2022. Además, en esa oportunidad reclamó en contra de la misma COMPIN, por cuanto había confirmado el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 180 días de reposo, bajo la misma causal de rechazo.

Menciona que estos recursos administrativos, previa nueva revisión de los antecedentes, fueron resueltos mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS- 173122-2022, de 20 de diciembre del año 2022, confirmando lo ya dictaminado en cuanto a la improcedencia de modificar lo antes resuelto por la COMPIN. Sin embargo, don nombre reservado, con fecha 16 de enero de 2023, estando ya agotado el procedimiento administrativo, recurrió por tercera vez (respecto a las licencias médicas reclamadas) ante esa Superintendencia, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-IBS-173122-2022, de 20 de diciembre de 2022.

En consecuencia, y conforme a lo expuesto, la acción de autos, en cuanto se dirige contra la tercera resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, que se pronuncia respecto de un segundo recurso de reconsideración interpuesto con fecha 23 de junio de 2023 por el recurrente, para reclamar por el rechazo de licencias médicas dispuestas a contar del 24 de marzo de 2022, y de los que tuvo conocimiento cierto en las fechas en que interpuso los recursos administrativos, la segunda reconsideración el 24 de enero de 2023, resulta manifiestamente extemporánea, correspondiendo su rechazo por dicha causa, atendido lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, que regula la Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En subsidio de la alegación anterior y para el improbable caso que no sea acogida, evacua el informe sobre el fondo de la materia sobre la que versa esta acción constitucional, solicitando desde ya su rechazo en todas sus partes, por carecer de todo fundamento.

Explica que como esta acción de protección se ha interpuesto sólo en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en circunstancias que las licencias médicas fueron rechazadas, de acuerdo con la ley, por la COMPIN de la Región del Biobío, resulta necesario distinguir entre las actuaciones de su defendida y aquellas en que tuvo participación COMPIN. En efecto, la citada institución de salud previsional en el caso del recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del Fondo Nacional de Salud, de acuerdo con lo prescrito en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

En cuanto a la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de don nombre reservado, sostiene que, como consta en el expediente administrativo que acompaña, el actor con fecha 11 de julio del año 2022, recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Biobío, Subcomisión Arauco, por cuanto había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo, a contar del 24 de marzo de 2022, por la causal de orden médico diagnóstico irrecuperable (Lumbago con ciática).

Señala que con la finalidad de resolver adecuadamente dicha presentación, se recabaron los antecedentes médicos del caso a la COMPIN reclamada, a saber, el maestro histórico de licencias médicas y la Cartola Médica del respectivo Servicio de salud. En ese último documento, se dejó constancia del fundamento del rechazo de las licencias médicas señalando lo siguiente: “...Con Dictamen Ejecutoriado del 02.03.2022, otorga un 25% de incapacidad por Lumbago, de acuerdo información otorgada por la Superintendencia de Pensiones...”. Pues bien, esa Superintendencia, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales de su Departamento Contencioso, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-94234-2022, de 17 de julio del año 2022, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas, por cuanto: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, según los antecedentes analizados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 02 de marzo de 2022, en conformidad al D.L. N° 3500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 25 %, el cual no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado...”.

Indica que revisados los antecedentes del caso por la Dra. nombre reservado, traumatóloga de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de su siguiente parecer médico: “Fundamentos de la resolución: CONCLUSIÓN: 49 años. Reclama 2 LMs por 60 días a/c 24-03-2022 por M54.4 - LUMBAGO CON CIÁTICA, emitida por internista. 210 días con LM autorizados previos. IMC NC 05-07-2022: Consigna lumbago crónico por 10 años y varias comorbilidades como artrosis de caderas, rodillas, cervicobraquialgia, HTA, hipoacusia. LM prolongada. KNT. Inicia TPIIMC TMT 10-08-2021: Describe extensamente hallazgos imagenológicos degenerativos en columna cervical, lumbar, caderas y rodillas. En TPI. Cartola COMPIN consigna TPI con 25% MCT por lumbago ejecutoriado 02-03-2022. Trabajador aporta TPI iniciado 11-07- 2022. Se rechaza por patología irrecuperable, de acuerdo a dictamen ejecutoriado TPI”.

Expresa que más adelante, don nombre reservado, con fecha 28 de julio de 2022, recurrió nuevamente a la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando se reconsidere el Dictamen N° R-01-UME-94234-2022, de 17 de julio de 2022. Además, en esa ocasión, reclamó por cuanto la citada COMPIN confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 180 días de reposo, bajo la misma causal de rechazo, esto es, diagnóstico irrecuperable que causa incapacidad laboral permanente no invalidante.

Asevera que la Superintendencia de Seguridad Social, previo nuevo estudio de los antecedentes por parte de sus profesionales médicos, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-173122-2022, de 20 de diciembre de 2022, rechazó el recurso de reconsideración y nuevo reclamo, ratificando la confirmación del rechazo de las licencias médicas reclamadas, por cuanto: “...el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 2 de marzo de 2022, en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 25%, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez”. Ahora bien, señala que si el nuevo trámite de invalidez iniciado con fecha 10 de julio de 2022, le resultara favorable, es decir mayor a un 50% de menoscabo, esa Superintendencia podrá revisar nuevamente su situación.

Agrega dicha resolución: “Que, en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencias médicas por tratarse de un derecho esencialmente temporal...”

Manifiesta que revisado nuevamente el caso por el Dr. Oscar Storme, Traumatólogo de esa Superintendencia, dejó constancia de su siguiente parecer médico: “Fundamentos de la resolución: Rechaza. Solicita reconsideración de rechazo de 2 lms y presenta 6 nuevas LMs por un total de 240 días contínuos, con diagnóstico de síndrome de dolor lumbar crónico. Presenta además otras patologías crónicas. Declaradas irrecuperables y con un primer Tr de PI rechazado y un segundo en trámite. Rechazo por patologías crónicas e irrecuperables...”. En seguida, don nombre reservado, con fecha 16 de enero de 2023, recurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social solicitando se reconsidere el Dictamen N° R-01-IBS-173122-2022, de 20 de diciembre de 2022, ya citado.

Agrega que este segundo recurso de reconsideración, previa nueva revisión de los antecedentes médicos del caso, por parte de la Unidad Médica del Dpto. Contencioso fue resuelto mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-71088- 2023, de 29 de mayo de 2023, confirmando los pronunciamientos precedentes y, por lo tanto, el rechazo de las licencias médicas reclamadas, por cuanto: “...el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 2 de marzo de 2022, en conformidad al D.L. N° 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 25%, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez por lo que su capacidad residual del 75% es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales...”.

Sumado a ello, revisado nuevamente el caso por la Dra. Rafaella Reginato, de esa Superintendencia, confirmó el anterior parecer técnico respecto a la improcedencia de modificar lo dictaminado, por lo siguiente: “...Fundamentos de la resolución: paciente de 50 años, operario, con diagnóstico de espondilosis multisegmentaria cervical y lumbar, en reposos desde 2021, reclama por 240 días de reposo rechazados, aporte múltiples informes médicos que indican que patología no es operable, incluso un informe de un radiólogo, además de informes por hipoacusia y otros dgs. Resolución previa rechaza reposo, tpi con menoscabo 25, realiza segundo tpi donde se describe que paciente se moviliza sin dificultad. No hay fundamentos médicos que justifiquen el reposo. Se rechaza…”.

Afirma en virtud de lo expuesto, que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de su defendida, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN de la Región del Biobío y finalmente por esa Superintendencia de Seguridad Social y que conforme a ello, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que solicita el recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

Refiere el marco legal que regula el derecho denominado “Licencia Médica”, como aquel en virtud de las cuales esa Superintendencia actúa como institución fiscalizadora de las instituciones de previsión social, haciendo presente que los reclamos interpuestos por el recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, relativo al rechazo de sus licencias médicas y por el cual recurre, se ampararon en lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, que otorga a esa Superintendencia la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya señaladas.

Menciona que en contra del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, siempre se puede pedir reconsideración, como lo hizo el recurrente en tres oportunidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundado, coordinado y sistematizado fue promulgado por el D.F.L. N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Pues bien, en el caso de autos, el recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de esa Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya expuestos.

Argumenta que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autorice la licencia médica y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento alguno, desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. Es más, en este caso, el recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la ISAPRE, COMPIN y esa Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

Aclarado lo anterior, hace presente que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las presentaciones efectuadas por el actor, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

Alega que la materia sobre la que realmente versa esta acción constitucional dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar de autos. En efecto, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección. De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta acción cautelar.

Solicita, en subsidio de la alegación de lo principal y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Informó nombre reservado, Presidenta Coordinadora de la Comisión Médica Regional de Concepción, haciendo presente que, esta acción está dirigida contra la Superintendencia de Seguridad Social, debido a su resolución de rechazar algunas licencias médicas y el beneficio pecuniario asociado a ellas. En esa materia, indica que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central, creadas por el D.L. N°3.500 de 1980, carecen de competencia para emitir pronunciamiento sobre la materia objeto de reclamo, correspondiendo tales atribuciones a la recurrida de autos, por cuanto la función que el citado decreto ley ha conferido a las Comisiones Médicas Regionales y a esa Comisión Médica Central consiste exclusivamente en evaluar y calificar el grado de invalidez de los trabajadores afiliados al sistema de pensiones de capitalización individual, para efectos de acceder a una pensión de invalidez, beneficio previsional establecido por dicho cuerpo legal.

Sostiene que no resulta atingente vincular los procesos de calificación de pensiones de invalidez para fundamentar el otorgamiento y rechazo de licencias médicas, puesto que son instituciones diferentes, con regulaciones distintas, consecuencias diferentes, supervisores y fiscalizadores distintos, como son la Superintendencia de Pensiones (pensión de invalidez) y la Superintendencia de Seguridad Social (licencias médicas). En ese sentido, precisa que el recurso en su texto no contiene reproche alguno a esa Comisión Médica Central; tampoco le atribuye actuaciones ilegales o arbitrarias, ni hace mención a los trámites de pensión de invalidez realizados por el recurrente.

Refiere en cuanto a los informes evacuados por la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Concepción, que éstos versan sobre materias propias de ambos organismos, en relación con las licencias médicas reclamadas y las razones de sus rechazos, materia sobre la cual ese Servicio carece de competencia para emitir opinión. Ambos informes sólo hacen referencias al trámite de pensión de invalidez establecido por el D.L. N°3.500 de 1980. Sin perjuicio de lo anterior, señala que el señor nombre reservado registra dos procesos de evaluación y calificación de invalidez conforme con el D.L. N°3.500 de 1980.

Expone que el primer proceso de calificación de invalidez de 2021, se inició por solicitud de pensión de invalidez del recurrente, de 26 de agosto de 2021, alegando como principales enfermedades invalidantes hipoacusia, cervicobraquialgia y discopatías. La evaluación y calificación de invalidez del señor nombre reservado correspondió a esa Comisión Médica Regional de Concepción, la que en Sesión N°186, de 30 de septiembre de 2021, estudió los antecedentes, determinando que las enfermedades alegadas como invalidantes le provocaban un 15% de pérdida de la capacidad de trabajo; por lo que en esas condiciones, mediante Dictamen de Invalidez N°010.4308/2021, de 30 de septiembre de 2021, se resolvió rechazar la solicitud de invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes, no alcanzaban a provocar al recurrente una pérdida de la capacidad de trabajo de, a lo menos, el 50%.

Agrega que posteriormente, el 4 de noviembre de 2021, el señor nombre reservado, reclamó en contra de lo dictaminado por esa Comisión Médica Regional, conociendo de éste la Comisión Médica Central, la que estudió el expediente de invalidez del actor en Sesión N°863, de 17 de noviembre de 2017 y Mediante Resolución C.M.C. N°11435/2021, de 17 de noviembre de 2021, determinó que no procedía otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes provocaban al recurrente una pérdida de su capacidad de trabajo de 25%, rechazando el reclamo y confirmando el Dictamen de Invalidez N°010.4308/2021, de 30 de septiembre de 2021, de esa Comisión Médica Regional, que declaró que no procedía otorgar Invalidez.

Seguidamente, menciona que el 13 de enero de 2022, el recurrente presentó un recurso de reposición administrativo del que conoció la Comisión Médica Central en Sesión N°67, de 26 de enero de 2022, la que mediante Resolución C.M.C. N°1132/2022, de esa misma fecha, rechazó la reposición, confirmando la Resolución C.M.C. N°11435/2021, de 17 de noviembre de 2021, que determinó que el recurrente presentaba un 25% de pérdida de la capacidad de trabajo y luego, el 23 de febrero de 2022, el señor nombre reservado interpuso un recurso extraordinario de revisión, del cual conoció la Comisión Médica Central en sesión N°147, de 2 de marzo de 2022. En esa oportunidad, mediante Resolución C.M.C. N°2263/2022, de 2 de marzo de 2022, se confirmó la Resolución C.M.C. N°1132/2022, de 26 de enero de 2022, que declara que no procede otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes provocan al recurrente un 25% de pérdida de su capacidad de trabajo.

En cuanto al segundo proceso de calificación de invalidez del año 2022, señala que el 11 de julio de ese año, habiendo transcurrido tan sólo 3 meses desde que finalizó su anterior proceso de calificación de invalidez, el recurrente presentó una nueva solicitud de pensión de invalidez, invocando como impedimentos invalidantes dorsolumbago crónico y cervicobraquialgia. De la referida solicitud conoció esa Comisión Médica Regional de Concepción, estudiando los antecedentes del caso en Sesión N° 199, de 21 de septiembre de 2022, la que mediante Dictamen de Invalidez N°010.5308/2022, de 21 de septiembre de 2022, rechazó la solicitud de calificación de invalidez del recurrente, por cuanto las enfermedades invocadas, se encontraban aún bajo observación y tratamiento, por lo que no configuraban una pérdida de capacidad de trabajo permanente.

Manifiesta que por su parte, el 28 de octubre de 2022, el señor nombre reservado reclamó en contra del dictamen de invalidez emitido por esa Comisión Médica Regional de Concepción, del que conoció la Comisión Médica Central, estudiando el expediente de invalidez del actor en Sesión N°881, de 27 de diciembre de 2022, la que mediante Resolución C.M.C. N°14347/2022, de 27 de diciembre de 2022, rechazó la solicitud de invalidez, considerando que las enfermedades alegadas como invalidantes están bajo observación y tratamiento médico, de modo que no provocan un menoscabo laboral permanente como exige el artículo 4° del D.L. N°3.500 de 1980. Así, rechazó el reclamo y confirmó el Dictamen de Invalidez Nº010.5308/2012, de esa Comisión Médica Regional, del 21 de septiembre de 2022, que declara que no procede otorgar Invalidez.

Destaca que tanto el derecho a pensión de invalidez de los afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, como el procedimiento de evaluación y calificación de invalidez se encuentran regulados por el D.L. N°3.500 de 1980; su Reglamento, contenido en el D.S. N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; las normas e instrucciones impartidas por esa Superintendencia, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional. En tal sentido, explica que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4° del D.L. N°3.500 de 1980, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales.

Añade que a su vez, el inciso tercero de la citada norma dispone que transcurridos tres años desde la fecha a partir de la cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto, según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b) del inciso primero de ese artículo. El mismo precepto dispone que las Comisiones Médicas a que se refiere su artículo 11, deberán, frente a una solicitud de pensión de invalidez del afiliado, verificar los requisitos del inciso primero recién citado y emitir un dictamen de invalidez que otorgará el derecho a pensión de invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la incapacidad, o lo negará, según corresponda.

A su turno, indica que el citado artículo 11 establece que la invalidez será calificada en conformidad con las “Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones”, según lo señale el reglamento, por una Comisión de tres médicos cirujanos que funcionará en cada Región, designados por el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendente de Pensiones. Del mismo modo, el inciso quinto de ese artículo prescribe que los dictámenes que emitan las Comisiones Médicas Regionales serán reclamables mediante solicitud fundada, por el afectado, por el Instituto de Previsión Social y por las Compañías de Seguros que se adjudiquen la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia a que se refiere el artículo 59 bis, en el caso de los afiliados cubiertos por dicho seguro, ante la Comisión Médica Central, la que estará integrada por tres médicos cirujanos designados por el Superintendente en igual forma que los de las Comisiones Médicas Regionales y conocerá del reclamo sin forma de juicio, ateniéndose al procedimiento que detalla.

Explica que en esta materia el legislador ha establecido un procedimiento médico administrativo especial, de evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas establecidas en el artículo 11 ya comentado, para lo cual gozan de autonomía, no obstante que deben actuar con estricto apego a las Normas de evaluación que el propio cuerpo legal prescribe.

Refiere que en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 del D.S. N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento del D.L. N°3.500, las Comisiones Médicas gozan de autonomía en el conocimiento y resolución de las invalideces sometidas a consideración de ellas, reservándose privativamente a esa Superintendencia la facultad fiscalizadora del Sistema. Por ello, afirma que ese Organismo carece de facultades para intervenir en el conocimiento y calificación de tales requerimientos, sino sólo para ejercer la supervigilancia administrativa de las Comisiones Médicas.

En cuanto a las Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, cuya aplicación es obligatoria para las Comisiones Médicas, conforme a lo prescrito por el citado artículo 11, determinan que la enfermedad o debilitamiento de las fuerzas físicas o intelectuales que afecta la capacidad de trabajo se denomina “Impedimento” en el programa de pensiones de la Seguridad Social y la pérdida de la capacidad de trabajo se denomina “Menoscabo Laboral” y se expresa en términos porcentuales como parcial de un segmento y global de la persona. Refleja el impacto que los Impedimentos y Factores Complementarios ocasionan sobre las actividades de la vida diaria y exigencias del trabajo. Su determinación es propia de las Comisiones Médicas.

Expone que la relación causa-efecto entre Impedimento y Menoscabo permite declarar la invalidez, pudiendo aquellos encontrarse configurados o no configurados, pero sólo los impedimentos configurados permiten asignar el menoscabo laboral porcentual que dictan estas normas y son configurados los que reúnen los siguientes requisitos: es objetivable según conocimientos médicos validados o evidencia médica; es demostrable por medios clínicos, de laboratorio, pruebas funcionales o imagenología; las medidas generales y terapias médicas o quirúrgicas accesibles por el evaluado están efectuadas o no revertirán el impedimento de acuerdo con la evidencia médica. La falta de acceso a tratamientos por su complejidad o costo está demostrada por peritaje socio-laboral; la evolución según la probabilidad médica se ha estabilizado o está en agravación y no existe en el estado actual del arte tratamientos accesibles que reviertan la condición y los periodos de observación clínica indicados en estas normas para las especialidades respectivas están cumplidos. Hará excepción de esto, aquel impedimento cuyo curso clínico sea objetivamente irreversible e inexorable y en ausencia de alguno de estos cinco requisitos, el impedimento se considerará no configurado y, por lo tanto, no procederá asignar menoscabo laboral permanente.

Finalmente señala que los Impedimentos no configurados no señalan ausencia de enfermedad, sino sólo el incumplimiento de las condiciones que permiten considerarlo para calificar la invalidez y, por lo tanto, no procederá asignar menoscabo laboral permanente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que la alegación de extemporaneidad más arriba aludida y sintetizada, habrá de ser desestimada sin mayores dilaciones, teniendo presente para ello que lo que reclama el recurrente es el no pago de las licencias médicas que singulariza, situación que se ha mantenido en el tiempo y, por ende, considerando que la fecha de presentación del recurso corresponde al 23 de junio de este año y que la decisión de la SUSESO que se reprocha es de data 29 de mayo pasado, lo cierto es que la conjunción de estos antecedentes conduce a esta Corte a estimar que la acción de que se trata fue presentada dentro de plazo, máxime si se tiene en cuenta que hallándonos enfrentados a una acción constitucional tuteladora de derechos fundamentales, la verdad es que incluso en la eventualidad de una duda en esta materia, razonablemente ha de preferirse arribar a decisiones de fondo y en base al mérito de los antecedentes, por sobre respuestas jurisdiccionales de carácter puramente formal, como implicaría cohonestar sin más la salida preclusiva por temporalidad postulada por la recurrida.

TERCERO: Que, ahora bien, en la especie, y tal como ya se dejó asentado, se ha deducido recurso de protección en contra de la SUSESO por no haber autorizado el pago de un total de ocho licencias médicas (más arriba singularizadas), al haber confirmado una decisión previa de la COMPIN (Subcomisión Arauco), en razón que el reposo prescrito para la ocho licencias no se hallaba justificado, porque el trámite de invalidez ejecutoriado el 2 de marzo de 2022, concluyó un porcentaje de menoscabo igual a 25 %, el que no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, y que si bien la patología del paciente no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en su caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de carácter crónico no susceptibles de mejorar con reposo médico, añadiendo que la capacidad residual del paciente, del 75 %, es suficiente para su reintegro a labores habituales.

CUARTO: Que teniendo presente lo anterior, cabe desde luego hacer notar que no lleva la razón la Superintendencia recurrida al sostener la improcedencia de la acción conservativa enderezada (por las razones sintetizadas en lo expositivo de este fallo), dado que no se trata aquí específicamente de la protección del derecho que se garantiza en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sino de la de los demás que más arriba fueron también indicados.

QUINTO: Que en lo concerniente a la discusión de fondo, ha de tenerse en cuenta que la SUSESO es un órgano de la Administración del Estado, y, por lo mismo, le son aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de Administración del Estado. Luego, toda decisión que adopte poniendo fin a un procedimiento, debe cumplir con las exigencias del artículo 41 de la referida ley, en orden a que “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada...”. A su vez, el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley establece que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, privando de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto. Supremo N° 3, de 28 de mayo de 1984, del Ministerio de Salud –Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional- si bien faculta, a la SUSESO para acoger o rechazar las reclamaciones contra resoluciones de la COMPIN –cuyo es el caso-, el ejercicio de esa facultad le exige que al resolver o pronunciase sobre el asunto respectivo, la respectiva decisión debe contener “…los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida...”.

SEXTO: Que en la situación de autos, cabe precisar que la COMPIN-Subcomisión Arauco, por resolución confirmada por la SUSESO recurrida, rechazó las licencias médicas correspondientes, por dar cuenta de un reposo médico no justificado –en los términos anotados en el motivo tercero precedente-, basándose en que los informes médicos aportados no justifican que las licencias cumplan aquí un fin terapéutico temporal, tratándose, en la situación del actor, de una patología de carácter crónico no susceptible de mejorar con reposo temporal.

Sobre lo anterior, ha de considerarse que entre los antecedentes señalados por el órgano recurrido, se habla de lo que habrían expuesto profesionales médicos del mismo, lo que, conjuntamente con los antecedentes reunidos, llevó a las conclusiones apuntadas y en lo relativo también a irrecuperabilidad de la dolencia. Sin embargo, no debe dejarse de lado aquí que los médicos tratantes del recurrente y que extendieron las licencias, tienen una opinión contraria a la de la COMPIN y de la SUSESO, y es por ello que otorgaron los tiempos acotados para lograr la recuperación laboral del paciente.

En el escenario predicho, de esta manera, no resulta posible –ni directa ni indirectamente- sostener con criterios de seriedad y suficiencia lo afirmado por la SUSESO, puesto que los profesionales tratantes ha atendido por un lapso bastante prolongado al actor de las patologías que le afectan, pudiendo colegirse razonablemente de ello, mediante un criterio de normalidad, que conocen a cabalidad las características y particularidades de su enfermedad, y, precisamente, en estas particulares circunstancias, los basamentos indicados por el organismo reclamado pasan lisa y llanamente a quedar desprovistos de sustento, y, por ende, la fundamentación consecuente, por mucho que se argumente al punto, no viene sino a trasuntarse en una de carácter “aparente”.

SÉPTIMO: Que en lo concerniente a la necesaria exigencia de fundamentación, la Excma. Corte Suprema ha razonado (causa rol N° 25.347-2021): “Que, en ese orden de ideas, cabe destacar que, esta Corte ha sostenido de manera reiterada, que la motivación de los actos administrativos no busca cubrir una mera formalidad, sino que constituye un elemento esencial que permite el control judicial de los actos de la Administración activa, al punto que éstos podrían anularse en el evento de carecer de motivación o si esta es insuficiente.”; y se añadió que: “En un Estado Constitucional de Derecho, el deber de fundamentación de los actos de la Administración no solo funciona como garantía de certeza jurídica para los interesados, sino que extiende sus efectos de cara a la ciudadanía, en plena armonía con los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, precepto que –no resulta ocioso recordarlo- está inserto en el Capítulo I “De las Bases de la Institucionalidad”. Especialmente interesa, en la motivación, la exposición de las razones de la adecuación del acto a la finalidad pública que lo justifica y, en los casos del ejercicio de una potestad discrecional, las circunstancias que aconsejaron la opción por una solución concreta entre todas las legalmente posibles (CS Roles N° 12.430-2019, 29.796-2019 y 153-2020).”.

OCTAVO: Que, en relación con lo que se viene expresando, debe tenerse en cuenta que el mismo Reglamento aludido, en su artículo 21, establece que para el mejor acierto de las decisiones que se adopten, los organismos allí reseñados se hallan facultados para practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas (letra a)).

Conforme a esto, y considerando lo más arriba explicitado, lo lógico y razonable era que, a lo menos, la SUSESO recurrida, cumpliendo en este caso su labor revisora de lo decidido previamente por la COMPIN, hubiere obrado acorde al recién mencionado precepto.

No obstante, nada de ello acaeció, resultando aquí impresentable la posibilidad de basarse, además, en meras guías referenciales de reposo médico y de reintegro laboral, porque no pasan de ser simplemente “referencias”, que, en tanto tales, pueden ser revertidas interviniendo de por medio opiniones profesionales divergentes, cuyo es el caso dela recurrente.

Asimismo, y contrariamente a lo aducido por la recurrida, debió considerarse como un antecedente justificante de la práctica de nuevos exámenes, el hecho que la Comisión Médica respectiva haya rechazado, por ahora, la solicitud de pensión de invalidez formulada por el actor a propósito de su dolencia.

NOVENO: Que, así las cosas, y en las particulares condiciones descritas, el actuar específico de la SUSESO deviene en ilegal, por la ausencia de una real fundabilidad de su resolución, y, además, en arbitrario, en la medida que, pudiendo hacerlo, tal como el caso de la actora lo ameritaba, no dispuso la utilización de la aludida herramienta regulada en el artículo 21 del citado Reglamento para los efectos de resolver la reclamación que fuera incoada en contra de lo decidido por la COMPIN respectiva.

Y este actuar ilegal y arbitrario, vulnera, sin duda, el derecho de propiedad de la recurrente, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto el rechazo de las licencias médicas señaladas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por motivos de enfermedad.

DÉCIMO: Que, de esta manera, la protección impetrada habrá de ser concedida, empero teniendo especialmente en cuenta el lapso durante el cual el recurrente ha hecho uso de licencia médica en base a su patología, ella se otorgará solamente en cuanto a ordenar la realización de nuevos exámenes, a partir de los cuales -y en su mérito- la Superintendencia recurrida proceda a resolver la reclamación que fuera enderezada en contra de su resolución de la COMPIN-Subcomisión Arauco, en la que se denegó el pago de las ocho licencias médicas materia del recurso.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechazan las alegaciones de extemporaneidad y de improcedencia del recurso, formuladas por la recurrida de Seguridad Social, y II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-71088-2023, de 29 de mayo de 2023, ya mencionada, mediante la cual la Superintendencia de Seguridad Social desestimó la reclamación formulada por el recurrente en contra de la resolución dictada por la Subcomisión Arauco - COMPIN Región del Biobío, que había rechazado el pago de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, y se ordena que dicha Superintendencia deberá disponer, como fuere procedente dentro del ámbito de sus facultades y en el plazo de diez hábiles administrativos, contados desde que este fallo quede ejecutoriado, la práctica de los exámenes médicos presenciales que sean necesarios para establecer el real estado de salud de la recurrente, luego de lo cual, procederá a resolver y en su mérito, la referida reclamación.

La mencionada Superintendencia deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo previamente dispuesto.

Cúmplase, en su oportunidad, con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y archívese oportunamente.

Se hizo uso en este caso de la facultad establecida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

Rol N° 12.361-2023 – Protección.-