nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE BIOBIO

C.A. de Concepción rtp Concepción, diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO:

En estos autos ingreso Corte Rol 12248-2023 compareció la abogada Daniela Sierra Soto, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en representación de los condenados nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, actualmente interno en el Centro de Estudio y Trabajo de Cañete, y nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, actualmente interno en el Centro de Estudio y Trabajo de Cañete.

Deduce recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, Dirección Regional Bio Bio, Rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Señala que nombre reservado se encuentra cumpliendo una condena en causa RIT 128-209 del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, por el delito de robo con violencia; y que nombre reservado se encuentra actualmente cumpliendo condena en causa RIT 1894-2019 del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, por el delito de robo con violencia.

Explica que ambos son miembros del pueblo mapuche y que en esa condición cumplen condena en la unidad semiabierta, el CET de Cañete, perteneciente a Gendarmería de Chile, a la que fueron trasladados en cumplimiento de todos los requisitos legales y en consideración al Convenio 169 de la OIT y las Reglas de Mandela, cuestión señalada en el Acta Nº50 de Reunión Conjunta de Traslado Nº16 que señala, en síntesis, que el Convenio antes indicado obliga a los estados miembros a velar que en el cumplimiento de penas privativas de libertad los condenados de pueblos originarios se haga con miras al respeto a su cultura, espiritualidad.

Continúa señalando que el 5 de junio de 2023 ambos solicitan a la autoridad penitenciaria del recinto la realización de la ceremonia religiosa wetripantu. Hace presente que dentro del recinto penal ambos ejercen en la medida de lo posible su propia cosmovisión y espiritualidad.

Expone que para el pueblo mapuche la fecha del Wetripantu es de relevancia histórica, cultural, religiosa y política, y agrega que aquel pueblo posee lo que se denomina una identidad colectiva, así en todas sus ceremonias religiosas se realizan con una amplia convocatoria, así lo ha entendido el legislador al dictar la ley N° 21.357 y también Gendarmería de Chile al autorizar en diversos penales la realización de la ceremonia Wetripantu de manera masiva, como en la cárcel de Angol el año 2010. Añade que lo anterior se da también desde el año 2014 por aplicación del Oficio 213 del 03 de junio de 2014 dictado por el Director Nacional de Gendarmería en el que instruye, a partir del Convenio N°169 de la OIT, a otorgar las facilidades para celebrar el Año Nuevo de los Pueblos Indígenas en el mes de junio. Refiere que el mismo recurrente nombre reservado el año 2022 fue trasladado por Gendarmería de Chile a la unidad penal cerrada de Lebú para que, en conjunto con otros mapuches, se realizara la ceremonia junto a presos mapuches de esa unidad, en donde se encontraba el también recurrente nombre reservado.

Expone que el 19 de junio de 2023 se le entrega un documento denominado INFORMATIVO, que es la respuesta a la solicitud por el Director Regional de Biobío don nombre reservado, quien autoriza la realización de la actividad, pero con la restricción de que podrán ingresar 6 personas, como visita, por cada uno de los residentes solicitantes. Agrega que no se podrán procesar o dar muerte a animales para su consumo. Documento que es firmado por los recurrentes para toma de conocimiento más no en señal de aceptación, ya que con las condiciones impuestas éstos se ven vulnerados en su derecho al ejercicio de su propia religiosidad, vulnerándose también el derecho a la libertad de conciencia y culto, viéndose impedidos de realizar el Wetripantu. Reitera que el pueblo mapuche posee una identidad colectiva que no se restringe a su familia nuclear, y con la restricción le imponen rasgos y condiciones espirituales ajenas a sus creencias y formas de desenvolvimiento de su espiritualidad. Sostiene que la celebración y asistencia masiva a este acto ritual constituye la esencia de la fe que el mapuche profesa. Además, hace presente que dentro del recinto penitenciario existe una iglesia del culto cristiano para 100 personas aproximadamente, lo que estima contradice con la fundamentación entregada para la restricción en el número de participantes autorizados a ingresar a la celebración del wetripantu.

Asevera que en la especie procede el recurso de protección, toda vez que se ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley como la libertad de conciencia, derechos vulnerados con la restricción de ingreso a solo 12 personas para la realización de una ceremonia de por si masiva. Añade que el derecho a la libertad de culto se encuentra desarrollado en la Ley 19.638 en sus artículos 6 y 7 y que permiten la practica pública y privada, sea individual o colectiva de los actos y ritos propios de cada confesión, lo que en la especie implica la participación amplia y masiva de miembros del pueblo mapuche. A nivel internacional, la libertad de conciencia y religión están recogidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18 Nº 1. Asimismo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece en su artículo 12 N° 1 que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Cita jurisprudencia en apoyo a su tesis.

Reitera que el Director Regional de Gendarmería además de haber restringido numéricamente la asistencia, agregó que “Cualquier otra circunstancia que se dé en razón de la ceremonia autorizada, deberá resolverse ajustado al DS 518, el reglamento de establecimientos penitenciarios”. Al respecto señala que el hecho que el DS 518 sea un reglamento y no una ley, infringe diversos principios constitucionales, resguardados en el artículo 64 de la carta fundamental, así la autoridad penitenciaria debió resolver en atención a lo consagrado en la Carta Fundamental en relación al derecho a creencia y culto, las normas internacionales vigentes al efecto y en la Ley especial que la regula.

Manifiesta que en la historia de la Ley N° 21.357 que “Declara Feriado el día del Solsticio de Invierno de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas”, los parlamentarios en síntesis señalan que el We Tripantu es una de las expresiones culturales más significativas del pueblo mapuche, que se hace extensiva al resto de los pueblos indígenas dada su conexión ancestral con la tierra. Añade que la ley 19.253 del año 1993 reconoció jurídicamente la existencia del mapuche como pueblo indígena, señalando en su artículo 1 que los indígenas conservan manifestaciones étnicas y culturales propias y que es deber del Estado proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades.

Por su parte la normativa penitenciaria consagrada en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en lo pertinente indica que la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República y agrega su artículo 5 que la Administración Penitenciaria procurará la realización efectiva de los derechos humanos compatibles con la condición del interno, mientras que el artículo 6 garantiza la libertad ideológica y religiosa de los internos.

En relación a los instrumentos internacionales atingentes a la materia, expresa que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 27 establece que a las personas que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas no se les negará el derecho que les corresponde. Asimismo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela) señala que las administraciones penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, por lo que se deberán adoptar medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales, y dichas medidas no se considerarán discriminatorias.

Respecto al convenio 169 de la OIT, señala en su artículo 2 letra b), que dentro de las medidas que los Estados signatarios deben adoptar, están aquellas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.

Finalmente, destaca que la Opinión Consultiva N°29 del año 2022 de la Corte Interamericana de Derecho Humanos sobre Enfoques Diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de libertad señala que respecto de los pueblos indígenas “la Corte ha reconocido que tienen características propias que conforman su identidad cultural, tales como su derecho consuetudinario, sus características económicas, sociales, sus valores, usos y costumbres (…) [y es] indispensable que los Estados, en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, tomen en cuenta sus particularidades propias, así como su situación especial de vulnerabilidad”. Agrega que la privación de libertad de miembros de pueblos indígenas y su consecuente alejamiento de su vida cultural y espiritual puede causar sufrimientos desproporcionados, de ahí que señale a los Estados la necesidad de facilitar activamente el correcto ejercicio de la identidad cultural.

Pide que se acoja el recurso de protección en todas sus partes, y decretar que la restricción en el número de participantes a la actividad de wetripantu solicitada por los recurrentes les ha privado del ejercicio de la libertad de conciencia y culto para la realización de la ceremonia de wetripantu; decretar que deberán dejarse sin efecto las restricciones dictadas con fecha 16 de junio e informadas el día 19 de junio para la celebración de la ceremonia religiosa We tripantu al interior del recinto penitenciario CET de Cañete; ordenar se autorice la realización de ceremonias religiosas mapuche acorde a lo que la propia costumbre religiosa señala y en cumplimiento de la normativa atingente al derecho a culto y normativa nacional e internacional vigente aplicable a los miembros de los pueblos indígenas privados de libertad; ordenar a Gendarmería de Chile que adecúe su normativa penitenciaria a la legislación nacional e internacional atingente al derecho a culto de los miembros de pueblos indígenas privados de libertad y en virtud de los establecido en el DFL 29 que Fija el Texto Refundido y Sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en sus artículos 61 y 64 que regulan, las Obligaciones Funcionarias en general y en particular aquellas obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas. Y siendo vulnerados ambos artículos con la restricción al ejercicio del derecho a culto de los internos nombre reservado y nombre reservado, solicita se ordene a Gendarmería de Chile que instruya los sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas, informando a esta Corte el resultado de dichos sumarios.

Informó nombre reservado Lavín, Oficial Penitenciario en grado de Coronel, Director Regional (S) de Gendarmería de Chile Región del Biobío, solicitando el rechazo del recurso, por cuanto se ha actuado dentro del ámbito de sus facultades, respetando el estado de Derecho que nos rige.

Primeramente, hace referencia a los antecedentes estadísticos de los recurrentes, ambos internos del CET de Cañete, con un mediano compromiso delictual. Indica que nombre reservado, es un interno condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco en causa RIT N° 129-2019, a la pena de 16 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de robo con violencia; a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, posesión, tenencia o porte de municiones y sustancias químicas; que inició el cumplimiento de su condena el 24.04.2018 y la fecha de término está prevista para el 26.01.2038. En cuando al recurrente nombre reservado, señala que fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete en causa RIT N° 24-2020, a la pena de 14 años de presidio mayor en su grado máximo por el delito de robo con violencia e intimidación; y que inició el cumplimiento de su condena con el 16.12.2019 y la fecha de término está prevista para el 16.12.2033.

Explica que Gendarmería de Chile ha establecido un trato diferenciado para las personas sujetas a su custodia que pertenezcan a etnias originarias, compartan la cosmovisión y formas de vida de pueblos indígenas, y se identifiquen como miembros de sus comunidades, en virtud de la necesidad de adopción de medidas positivas en favor de personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad o que requieren de protección especial por su condición o situación personal, esto conforme con los lineamientos establecidos en las reglas conocidas como de Nelson Mandela, así como también del Convenio N° 169 de la OIT. Agrega que el principio de "pertenencia cultural" -que se recoge en el Convenio- se aplica desde ya por esa Institución, no obstante no estar recogido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios en actual vigencia. Expone que lo anterior es sin perjuicio de que la normativa penitenciaria no aborda adecuadamente las necesidades específicas de las personas indígenas o miembros de comunidades indígenas recluidas bajo la custodia de la Administración Penitenciaria. En el mismo sentido, el año 2020 se emitió la Resolución Exenta N° 3925, del Director Nacional Institucional, que “Aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, referidas a pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias”.

En relación a los recurrentes, refiere que en virtud de la solicitud formulada por éstos, el mismo 5 de junio de 2023 el Alcaide del establecimiento penitenciario donde se encuentran los recurrentes se dirigió a la autoridad regional informando sobre la solicitud a través del Ord. N° 173, y qué consistía en que se les autorizara realizar la ceremonia religiosa Wetripantu el viernes 23 de junio de 2023, en dependencias de esa unidad penal entre las 07:00 y 17:30 horas. Agrega el alcaide en su Oficio que, en entrevista personal con los condenados, aquellos complementan la solicitud originalmente formulada, indicando que el horario que comprendería el ceremonial estaba ligado al contexto cultural de aquella, que asistirían un máximo de 100 personas, y que no habría sacrificio de animales; solicitando el jefe de establecimiento, un pronunciamiento sobre aquello.

Luego, el 16 de junio sesionó el Consejo Técnico del CET de Cañete, con el objeto de emitir un pronunciamiento local respecto de la solicitud y en virtud de las facultades que le asisten a ese órgano, éste se pronuncia favorablemente respecto de la autorización para la realización del Wetripantu, con la limitación de que esta ceremonia se realizará entre las 7 de la mañana y las 12 horas, autorizándose a su vez el ingreso de un máximo de 6 personas (visitas) por cada uno de los residentes solicitantes; a su vez se establece que no se podrá dar muerte a animales en dicha ceremonia o procesar alguno dentro del recinto penitenciario. Por otra parte, arguye, esa autoridad regional el 22 de junio de 2023, mediante Providencia N° 1053 instruyó medidas de seguridad para la celebración del año nuevo mapuche, en razón de otras 2 autorizaciones que se habían otorgado en los establecimientos penales CCP del Biobío y CDP de Lebu.

Recalca que en relación con la Providencia N° 1053, las disposiciones emanadas por parte de la recurrida estaban relacionadas solo con aspectos de seguridad y en caso alguno con otras limitaciones que significarán la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos que le asisten a las personas sujetas a la custodia de Gendarmería de Chile. Hace presente que las autorizaciones otorgadas para la celebración del Wetripantu (en 3 establecimientos penales distintos), se concedieron teniendo en consideración la infraestructura y características de cada uno de los penales, y conforme con la reflexión que al efecto realizaron las autoridades locales en cada caso.

En el presente caso, el evento fue autorizado y se realizó sin sobresaltos de ninguna naturaleza, con lo concluye que tanto en la unidad penal de Cañete como en los de más establecimientos penitenciarios en que se celebró el Wetripantu, las decisiones adoptadas por la Administración Penitenciaria, y las medidas de seguridad adoptadas fueron las idóneas para cada caso.

Sostiene que de parte de Gendarmería de Chile en caso alguno se han vulnerado las garantías que se reclaman como trastocadas por los recurrentes, ya que la institución ha procurado otorgar a la población penal indígena un tratamiento especial acorde con las necesidades específicas de las culturas ancestrales, en cumplimiento de las disposiciones que el ordenamiento jurídico internacional obliga al Estado de Chile a respetar, y conforme con las disposiciones de nuestra legislación interna.

En la especie la Administración Penitenciaria otorgó la autorización para la celebración del Wetripantu, adoptándose las medidas idóneas que permitan no sólo el desarrollo de estas prácticas, sino además que estas mismas, cuando se realicen, sean compatibles con el régimen penitenciario y que no entorpezcan la marcha normal del establecimiento, ni los derechos y garantías de las demás personas que se encuentran sujetas a la custodia de Gendarmería de Chile.

Niega que se hayan establecido diferencias arbitrarias en contra de los recurrentes y en relación al resto de la población penal del CET de Cañete y es en virtud de lo que establece el artículo 19 numeral 2° de nuestra Carta Fundamental, que el Consejo Técnico decidiera otorgar la autorización para la ceremonia solicitada. Por otra parte, mediante la autorización es que la Administración ha respetado irrestrictamente la libertad de conciencia, así como la manifestación de las creencias y el ejercicio libre de culto, consagrado en el numeral 6° del artículo 19 de nuestra Constitución Política.

Finalmente afirma que Gendarmería de Chile ha actuado dentro del ámbito de sus facultades, dando cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, no conculcando en lo absoluto derechos ni las garantías que se reclaman, establecidos y resguardados por la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales vigentes y ratificados por el Estado de Chile, tal como lo previenen los artículos 4° y 6o del D.S. N° 518, precitado.

Pide el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, y se declare que Gendarmería de Chile ha actuado dentro del ámbito de sus facultades, respetando el estado de Derecho que nos rige.

Que el 25 de julio de 2023, esta Sala, luego de la vista del recurso, decretó como medida para mejor resolver que informe la Dirección Nacional de Gendarmería al tenor del recurso y en particular, sobre la existencia de protocolos de general aplicación que regule la práctica de ceremonias ancestrales de internos pertenecientes a diferentes etnias, al interior de las distintas unidades penales, considerando las características del penal en que la práctica de dichas ceremonias se realizaría.

Que el 14 de agosto de 2023, cumpliendo lo ordenado, nombre reservado, Director Nacional de Gendarmería de Chile, señala, en lo pertinente, que a la fecha ese Servicio no ha dictado acto administrativo que pudiese contener algún tipo de protocolo que regula la práctica de ceremonias ancestrales de internos pertenecientes a las diferentes etnias al interior de los establecimientos penitenciarios bajo la administración de Gendarmería de Chile.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

Requiere para su procedencia la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, y, finalmente, que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

SEGUNDO: Que, el objeto de la presente controversia se centra en determinar si constituye un acto arbitrario o ilegal la actuación de Gendarmería de Chile en la emisión del documento denominado INFORMATIVO entregado el 19 de junio de 2023, en que el Director Regional de Biobío don nombre reservado, autoriza la realización de la actividad del Wetripantu, en la unidad penal denominada CET de Cañete, pero con la restricción de que podrán ingresar 6 personas, como visita, por cada uno de los residentes solicitantes, respuesta que a entender de los recurrentes vulnera su derecho al ejercicio de su propia religiosidad, el derecho a la libertad de conciencia y culto, viéndose impedidos de realizar el Wetripantu.

TERCERO: Que, Gendarmería de Chile evacuando el informe requerido señala que el 16 de junio de 2023, sesionó el Consejo Técnico del CET de Cañete, con el objeto de emitir un pronunciamiento local respecto de la solicitud de los recurrentes, pronunciándose favorablemente respecto de la realización del Wetripantu, con la limitación de que esa ceremonia se realizaría entre las 7 de la mañana y las 12 horas, autorizándose el ingreso de un máximo de 6 personas (visitas) por cada uno de los residentes solicitantes, y que no se podría dar muerte a animales en dicha ceremonia o procesar alguno dentro del recinto penitenciario. Agrega que el 22 de junio de 2023, mediante Providencia N° 1053 se instruyó medidas de seguridad para la celebración del año nuevo mapuche, en razón de otras 2 autorizaciones que se habían otorgado en los establecimientos penales CCP del Biobío y CDP de Lebu; y que en definitiva, el evento fue autorizado y se realizó sin sobresaltos de ninguna naturaleza, con lo concluye que tanto en la unidad penal de Cañete como en los de más establecimientos penitenciarios en que se celebró el Wetripantu, las decisiones adoptadas por la Administración Penitenciaria, y las medidas de seguridad adoptadas fueron las idóneas para cada caso, por lo que solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

CUARTO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso tener presente, en primer término, que la ceremonia ancestral para la celebración del año nuevo mapuche, denominada Wetripantu, se realizó en la unidad penal del CET de Cañete, de la manera que fuera autorizada por la autoridad penitenciaria y que, el presente recurso de protección se ingresó a trámite ante esta Corte, con fecha 22 de junio de 2022, siendo declarado admisible, con fecha 27 de junio de 2022, de manera que si bien ingreso a la Corte un día antes de la fecha en que se celebraría el año nuevo mapuche, lo cierto es que se declaró admisible pasada ya la fecha de la celebración ancestral, sin que en el recurso conste que se hubiese solicitado orden de no innovar.

Como se puede apreciar, cuando inicia su tramitación ante esta Corte, el recurso ya se encontraba desfasado en el tiempo, de manera que ya había perdido oportunidad, puesto que la actividad de celebración ancestral ya se había verificado en las condiciones dispuestas por la autoridad penitenciaria.

Sin perjuicio de lo anterior, que de por sí podría ser suficiente para el rechazo de este recurso, puesto que no existiría ya medida alguna que la Corte pueda adoptar para restablecer el derecho presuntamente quebrantado, en la oportunidad en que se denunció aquello por la recurrente, lo cierto es que, parece oportuno hacer algunas consideraciones para lo sucesivo.

QUINTO: Que, resulta claro e indiscutible que toca a Gendarmería de Chile la importante misión de custodiar a la población penal recluida en los establecimientos carcelarios a su cargo, así como velar por su reinserción en la sociedad y, durante la permanencia de los reclusos en las unidades penales de su dependencia, velar por que sus derechos no sean vulnerados, transformándose no solo en el custodio de los reclusos, sino en el garante del irrestricto respeto de los derechos fundamentales de estos. Así aparece de la ley Orgánica de Gendarmería de Chile y del resto de la normativa legal y reglamentaria que la rige.

Para el correcto cumplimiento de su misión Gendarmería se ha dotado de una serie de reglamentos, acordes a su propia Ley Orgánica, que regula las distintas actividades y facetas de la vida de los reclusos al interior de los penales, así por ejemplo existe un reglamento de visitas, de las especies que los internos pueden recibir desde el exterior, de los trabajos que estos pueden realizar al interior de unidades como el CET de Cañete, entre otros.

Tampoco es un misterio, porque la propia autoridad de Gendarmería de Chile lo ha reconocido en sus informes en este recurso, que ha ido dictando instrucciones para adecuar sus reglamentos internos al trato que debe darse, conforme los instrumentos internacionales de Derechos Humanos suscritos por Chile y vigentes, a los reclusos pertenecientes a pueblos originarios, de manera de permitir la mantención de sus costumbres, tradiciones, cultura, cosmovisión y creencias, en la medida que ello no se contraponga a la labor de custodio que corresponde a Gendarmería.

SEXTO: Que, en el caso de autos, como lo ha informado el Director Nacional de Gendarmería de Chile, no existe un protocolo o reglamento que regule la práctica de ceremonias o rituales ancestrales de los reclusos pertenecientes a etnias originarias.

De lo anterior se colige, necesariamente que las peticiones para el desarrollo de ceremonias como la del Witrepantu se deben someter a los reglamentos comunes y generales, relativos a la libertad de culto, visitas, entre otros. Y es así como la petición formulada en el caso de autos, fue primeramente resuelta por el Consejo Técnico del CET de Cañete y luego visada por el Director Regional de Gendarmería, atendido que la autorización se estaba solicitando para otros dos penales de la región, por lo que debían adoptarse medidas de seguridad al respecto.

SEPTIMO: Que, aparece como oportuno entonces, que Gendarmería de Chile estudie la confección de un protocolo que permita autorizar la realización de ceremonias ancestrales al interior de los recintos penales, cuando ello sea requerido por reclusos pertenecientes a alguna etnia originaria, de suerte tal que se evite tomar decisiones dependiendo solo de la voluntad de los integrantes del Consejo Técnico respectivo o de quien detente la dirección Regional de Gendarmería.

Para lo cual dicho protocolo debiera considerar, entre otros aspectos propios de la seguridad que corresponde a Gendarmería, la calidad del penal en que se solicita la realización de la ceremonia y sus características de seguridad, ya que no es lo mismo si se trata de una cárcel de alta seguridad o de un CET; el índice o grado de peligrosidad de los internos que formulan la petición, asociado al tipo de delito por el cual cumplen sus condenas, entre otros aspectos determinantes de esta peligrosidad; también las características del resto de la población penal; la duración de la celebración para la cual se pídela autorización; quienes podrían ingresar a la unidad penal; en qué consistiría la celebración; la dotación del personal de Gendarmería necesario para la seguridad antes, durante y luego de la celebración; calidad de quienes solicitan la autorización dentro de su comunidad ancestral.

Un protocolo para tales fines debe necesariamente adecuar los reglamentos existentes, como el de visitas, por ejemplo, de modo que no sea considerada quien es autorizado a la ceremonia ancestral como visita del interno que solicita la autorización, porque de lo contrario coparía la capacidad de visitas de ese interno, además de generar eventuales problemas a Gendarmería ante una revisión del cumplimiento de los reglamentos internos ya que aparecería autorizando un número mayor de visitas a un interno por sobre los demás.

Además, daría certeza a los internos pertenecientes a pueblos originarios en orden a si podrían o no ser autorizados para la realización de ceremonias ancestrales, como la del Witrepantu, ya sea al interior del penal o permitiéndoles salir fuera del mismo para asistir a la celebración del ritual de que se trata.

OCTAVO: Que, de lo que se viene diciendo aparece, entonces, como adecuado acoger el presente recurso, solo para los efectos que Gendarmería proceda a estudiar la conveniencia de confeccionar un protocolo para los fines antes detallados, conforme a su propia normativa legal y reglamentaria interna y a la internacional de Derechos Humanos que nos obliga como Estado, conforme al artículo 5° de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado y de nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile, solo en cuanto, la recurrida procederá estudiar la conveniencia de confeccionar un protocolo de general aplicación, que regule la realización de ceremonias ancestrales por parte de los reclusos pertenecientes a etnias originarias, en los términos indicados en los considerandos Sexto, Séptimo y Octavo de este fallo.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso de la facultad contemplada en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Oportunamente dese cumplimiento a lo previsto en el numeral 14 del Auto Acordado más arriba aludido, comunicándose la sentencia a las partes.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

No firma el señor nombre reservado, abogado integrante a la fecha de la vista y el acuerdo, por haber cesado en sus funciones como tal.

N°Protección-12248-2023.