nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ METROPOLITANA Y SEREMI SALUD REGIÓN METROPOLITANA

C.A. de Concepción.

xsr Concepción, a treinta de marzo de dos mil veintidós.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 12.171-2021 comparece deduciendo recurso de protección el abogado Benjamín Luis Vicente Vielma, cédula nacional de identidad número RUT reservado, en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, médico psiquiatra, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en Concepción.

Lo dirige en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, representada legalmente por nombre reservado, su presidenta, ambas con domicilio en domicilio reservado, en Santiago, y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, 61.601.000-K, representada legalmente por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, en Santiago.

El acto que denuncia ilegal y arbitrario y que sirve de fundamento al recurso es la resolución exenta número 269, de 28 de septiembre de 2021, mediante la cual la Compin Metropolitana la sancionó con la suspensión de su facultad de emitir licencias médicas durante quince días, bloqueándola entre el 15 y el 29 de octubre de 2021, por no haber elaborado la profesional en el plazo de tres días a partir del 13 de septiembre de 2021, 426 informes complementarios que respalden la emisión de igual número de licencias a pacientes FONASA, en el marco de un proceso de fiscalización a altos emisores de licencias médicas, al amparo de la ley 20.585.

Explica que el 13 de septiembre de 2021 recibió un correo por el que se le solicitaban los antecedentes o informes complementarios que respaldaren más de 426 licencias médicas objeto de una fiscalización, solicitud que le es reiterada el 20 de septiembre de 2021, por correo también, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20.585. La exigencia de información era desproporcionada y desde luego imposible de cumplir, pues sólo le concedía tres días para ello, tiempo que estima es exiguo, absurdo e injusto considerando el volumen de licencias de que se trata, que hace imposible cumplir con la carga, agregando que la ley contempla sanciones inmediatas al profesional que no cumple con el requerimiento, las que incluso pueden involucrar la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas, además de multas. Adicionalmente trató de pedir más información a la Compin Biobío, por tener domicilio laboral en la zona los trabajadores a los que prescribió reposo, sin que por esta razón fuere la Compin Metropolitana quien tuviere radicado en la esfera de su conocimiento las licencias médicas de los pacientes de los trabajadores de que se trata. Sin embargo, no se logró dar con ninguna asistencia o información adicional, pues nunca recepcionó una notificación formal al oficio que les dirigiera ni existe un canal de diálogo con la unidad de fiscalización, no habiendo teléfonos disponibles, de lo que dejó constancia en la OIRS del Ministerio de Salud 29-09-2021, código de atención 1575387.

Dice que la elaboración de cada uno de los informes solicitados no es de fácil despacho, implica tiempo y dedicación en la búsqueda, recopilación, organización y análisis de antecedentes. Además se están solicitando antecedentes de licencias médicas emitidas desde hace más de cuatro años.

Opina que existe una intención maliciosa de la Comisión, pues sabiendo que la protegida sería incapaz de cumplir, reiteró los requerimientos para cumplir los requisitos legales a fin de aplicar multa e inhabilitación de emisión de licencias médicas de su especialidad.

Denuncia infringido el principio de la proporcionalidad y las garantías constitucionales de los numerales 1, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el debido proceso, el derecho a la salud, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Pide que se acoja este recurso, con costas, ordenándose 1.- Que se declare ilegal y arbitrario el actuar fiscalizador de la recurrida; 2.- Que se levante cualquier prohibición que existe respecto de la facultad que tiene la recurrente para la emisión de licencias médicas electrónicas.

Acompañó al recurso copias 1.- del correo electrónico recibido con fecha 20 de septiembre de 2021; 2.- de documento emitido por Compin Metropolitana, de 426 páginas; 3.- del Comprobante de Solicitud de Sistema OIRS N° 1575387 del Ministerio de Salud; 4.- del acuse de recibo de solicitud por Ley de Transparencia N° AO001T0015295.

Informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Biobío, a través de su Presidente Regional nombre reservado. Dijo que el artículo 1 de la ley 20.585 faculta a las diversas COMPIN del país para realizar fiscalizaciones a médicos emisores, respecto al fundamento médico, que dé cuenta del real estado de salud de los pacientes, al momento de hacer uso de licencia médica por incapacidad laboral temporal. Habiéndose analizado los antecedentes presentados por la recurrente, en donde emplaza a esa COMPIN Concepción, quien sería por jurisdicción, la competente y habilitada para fiscalización realizada y no a COMPIN Metropolitano, ya que indica que pacientes fueron atendidos en la ciudad de Concepción.

Agregó que habiendo realizado filtro aleatorio de licencias fiscalizadas, fue posible determinar que ellas han sido tramitadas por COMPIN de la ciudad de Santiago, y por esa razón, la Comisión de Concepción no tiene mayores antecedentes, aunque hubieren sido atendidos en Concepción, dado que los pacientes son trabajadores que tienen domicilio laboral en Santiago.

Informó el recurso la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, por medio de nombre reservado, su presidenta, solicitando el rechazo, primero por ser improcedente y enseguida por no existir actuación ilegal ni arbitraria de parte de la Comisión recurrida.

En primer lugar, el recurso deducido es improcedente porque no es la vía idónea para los fines que persigue el acto. Atendida la naturaleza cautelar autónoma de la acción de protección y el tenor de las peticiones que son formuladas por el recurrente, la acción intentada rebasa y excede el procedimiento breve y concentrado de este recurso. Que el régimen recursivo del acto administrativo lo establecen los artículos 59 y siguientes de la Ley N°19.880, pudiendo entablar recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia administración, solicitar la invalidación administrativa o recurrir directamente ante la Contraloría General de la República, mecanismos que no han sido ejercidos por el recurrente.

Enseguida, en cuanto al fondo del recurso, dijo que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la COMPIN al fijar un plazo de tres días para que la médico recurrente entregue los antecedentes o informes complementarios que respaldan las licencias médicas emitidas objeto de fiscalización, pues el plazo en cuestión encuentra su sustento en el artículo 2 inciso segundo de la Ley N°20.585, que dispone que los plazos fijados al efecto “no podrán exceder de siete días corridos”.

En cuanto a la imposibilidad reclamada del plazo de tres días para evacuar los informes, dice primero, que la cantidad de informes requeridos que se reprocha como desproporcionada, se ajusta a la cuantía de licencias médicas que el médico recurrente ha emitido y que, el artículo 49 de la aludida ley dispone que el profesional debe mantener un registro de los pacientes a los que ha otorgado licencias médicas con los antecedentes que le dieron origen, debiendo conservar los antecedentes de sus pacientes sin tener que recabarlos de nuevo, siendo entonces infundada e inexcusable la negativa a entregar los antecedentes solicitados dentro del plazo fijado. Además, si se accediera a la solicitud sobre una licencia médica por cada requerimiento y por separado sin que corran simultáneamente varios plazos y se otorgara un plazo de tres días para remitir los antecedentes, la COMPIN tardaría tres años en recepcionar los informes de las 426 licencias médicas fiscalizadas.

Dice que fue la negativa de la recurrente a cumplir con lo requerido por la COMPIN en el plazo proporcionado el motivo por el que se le sancionó mediante la resolución exenta N°269, de 28 de septiembre de 2021, cuya notificación se realizó vía carta certificada al domicilio registrado en el sistema informático de licencias médicas. El bloqueo se extendió desde el 15 al 29 de octubre del presente año. Que la negativa de la actora de entregar los antecedentes solicitados dentro del plazo fijado al efecto por la COMPIN, obstruye el ejercicio de la labor fiscalizadora del ente administrativo.

Sobre la excusa dada por la psiquiatra para no dar cumplimiento a lo dispuesto, asilándose en que lo solicitado podría afectar datos sensibles de los pacientes, dice la informante que la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, prevé el tratamiento de datos sensibles “cuando la ley lo autorice (…) o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”, cuyo es el caso, y en el contexto de una fiscalización que se enmarca en el plan masivo de fiscalización a altos emisores de licencias médicas, por lo que no ve obstáculo para que la información sea remitida en los términos pedidos, de manera concordante con la ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico.

Relativamente al argumento de la parte recurrente en orden a que muchas de las licencias médicas de las que ahora se pide informe a la profesional emisora, ya habrían sido informadas tras ser rechazadas, siendo innecesario un doble informe por obrar ya información acerca de ellas en poder de la recurrida, dice la informante que esa información primigeniamente expedida le sirve a la labor de la Contraloría Médica de la COMPIN para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencia, en los términos que dispone el artículo 21 del Decreto N°3, de 1984, que aprueba Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional, pero no en un proceso de fiscalización a altos emisores de licencias médicas como en esta ocasión se trata, al alero del artículo 2 de la ley 20.585. En consecuencia, no existe falta de oportunidad, de fundamentación o de derecho en el requerimiento que la recurrente objeta.

Respecto de la incompetencia de la COMPIN que alega la psiquiatra, fundada en la desconcentración territorial y, en consecuencia, la incompetencia territorial de la recurrida, dice que el Instructivo para la aplicación de la ley N°20.585, que regula el uso y otorgamiento de las licencias médicas, año 2017, indica que la COMPIN competente para fiscalizar es “aquella que realiza la contraloría médica conforme a las reglas establecidas en el DS N° 3 de 1984 y sus modificaciones.” Luego, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 13 del referido texto legal, tendrá competencia la COMPIN cuya oficina esté ubicada en el lugar en que esté registrado el domicilio laboral del trabajador; en este caso, la COMPIN Metropolitana.

Sobre la alegación de la recurrente de estar prescrita la acción sancionatoria del órgano de la Administración, por haber transcurrido con creces el plazo de seis meses que contempla el artículo 94 del Código Penal, dice quien informa que la sola circunstancia que una eventual infracción tenga una sanción pecuniaria no la transforma en una falta penal, toda vez que aquella resulta una pena común para los crímenes, simples delitos y también para las faltas, según el artículo 21 del Código Penal. No es procedente aplicar el plazo de prescripción de las faltas en materia penal, pues resultaría eludida la finalidad del legislador de dar eficacia a la Administración en la fiscalización y control de eventuales ilícitos, careciendo la sanción contemplada en la ley de toda finalidad preventiva general. En este caso se trata de un plazo de prescripción de cinco años.

Por último, explica que en esta fiscalización a altos emisores de licencias médicas, a la médico recurrente se la investiga como una de ellos, desde que emitió 507 licencias médicas en el año 2019, 1204 en el año 2020 y 1435 en el año 2021, excediendo significativamente las licencias médicas que en promedio emitieron en igual periodo de tiempo los profesionales habilitados para expedir licencias médicas, a saber 100, 99 y 103 respectivamente.

En definitiva, no puede estimarse abusiva o arbitraria la actuación que se reclama, considerando la investidura regular del titular del órgano que dicta el acto, la previa y expresa habilitación jurídica para actuar y la existencia de un procedimiento justo y racional establecido previamente a la actuación por medio de la ley.

Al informe acompañó 1.- Nómina timbrada por oficina de partes y 2.- Comprobante de recepción de Correos de Chile.

Finalmente evacuó su informe la recurrida Secretaría Regional Ministerial de salud Región Metropolitana, por medio de nombre reservado, la secretaria regional. El informe es idéntico al que evacuara la COMPIN Metropolitana: en síntesis, que no esta vía de protección la idónea para resolver sobre el acto administrativo que se ataca; que no existe actuación ilegal ni arbitraria de su parte, porque el procedimiento se enmarca dentro del plan de fiscalización a altos emisores de licencias médicas, con el objeto de proteger a todos los cotizantes y beneficiarios del Fondo nacional de salud frente al gasto asociado por el pago de licencias médicas expedidas con ausencia de fundamento terapéutico. La recurrente es una de las puestas en la mira, por el volumen de licencias que expide. Que la colaboración requerida a la médico en el proceso de fiscalización, en orden a proporcionar ciertos informes o antecedentes, es un acto trámite o intermedio que carece de aptitud necesaria para privar, perturbar o amenazar alguna garantía constitucional. Sólo se le ordenaron ciertas actuaciones, dentro de un breve plazo, pero no le aperciben ni sancionan en manera alguna. Que el plazo de tres días entregado para informar es razonable, porque se supone que ella mantiene un registro de sus pacientes y por lo tanto lo requerido debiera obrar en su poder.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

La acción u omisión ilegal, esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitraria, producto del mero capricho de quien incurre en él, debe provocar algunas de las situaciones o efectos antes indicados, afectando aquellos derechos preexistentes y no discutidos protegidos por la Carta Fundamental de manera tal que la Corte pueda adoptar medidas en orden a restablecer el imperio del derecho de que se trata.

SEGUNDO: Que, ambas recurridas al informar han alegado la improcedencia de este recurso de protección, en atención a que el asunto controvertido debe ser conocido en un procedimiento de lato conocimiento, como sería la nulidad de derecho público, agregando que el sistema recursivo es el de los artículos 59 y siguientes de la Ley 19.880.

Esta alegación será desestimada sin más trámite, teniendo presente, por un lado, que el ejercicio de la acción de protección lo es sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, como lo podrían ser los que argumenta la recurrida, y por otro, que los derechos constitucionales que se denuncian conculcados son aquellos contemplados en los números 1, 3, 16 y 24 de nuestra Carta Fundamental, prerrogativas estas que sí se encuentran tuteladas en el artículo 20 del mismo cuerpo constitucional.

TERCERO: Que, el acto que la psiquiatra recurrente estima ilegal y arbitrario consiste en la resolución exenta N°269, de 28 de septiembre de 2021, mediante la cual la Compin Metropolitana la sancionó con la suspensión de su facultad de emitir licencias médicas durante quince días, bloqueándola entre el 15 y el 29 de octubre de 2021, por no haber elaborado en el plazo de tres días a partir del 13 de septiembre de 2021, 426 informes complementarios que respalden la emisión de igual número de licencias a pacientes FONASA, en el marco de un proceso de fiscalización a altos emisores de licencias médicas, al amparo de la ley 20.585, lo que considera imposible de cumplir dada la envergadura de lo solicitado, el plazo otorgado, la imprecisión de dichos requerimientos, la circunstancia que se exige informar a veces respecto de licencias médicas emitidas en una época respecto de las cuales la potestad sancionatoria está prescrita.

A su turno, las recurridas se ha excepcionado diciendo, en cuanto al fondo, que fue la negativa de la recurrente a cumplir con los 426 informes de licencias médicas extendidas, requeridos por la COMPIN, dentro del plazo proporcionado, lo que motivó que se le sancionare con la suspensión durante quince días de su facultad para expedir licencias médicas, concretado en la resolución exenta N°269, de 28 de septiembre de 2021, estimando que el requerimiento formulado no es ilegal ni arbitrario, que se enmarca en el plan masivo de fiscalización a altos emisores de licencias médicas, cuyo es el caso de la médico recurrente, que emitió miles de licencias médicas los años 2019, 2020 y 2021, excediendo por lejos el centenar que en promedio emitieron en igual periodo otros profesionales habilitados; que el artículo 49 de la ley 20.585 dispone que el profesional debe mantener un registro de los pacientes a los que ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen, por lo que no es imposible de cumplir la entrega de los 426 informes solicitados dentro del plazo fijado y, a más, la negativa de la médico obstruye el ejercicio de la labor fiscalizadora.

CUARTO: Que, no está discutido que la autoridad recurrida dispuso el requerimiento de antecedentes mencionado por la médico recurrente, respecto de 426 informes, referidos a las correspondientes 426 licencias médicas por ella expedidas, lo que debía ser satisfecho dentro del plazo de tres días.

En cambio, la recurrente ha recriminado como imposible de cumplir dentro de tan breve plazo de tres días, que le fijó la autoridad recurrida, el requerimiento de informar los antecedentes y complementos que justificaron la emisión de esas 426 licencias médicas.

QUINTO: Que, primeramente, no se aprecia ilegalidad en la actuación de la recurrida, ya que el artículo 2 de la Ley 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, faculta a la autoridad recurrida para realizar un requerimiento de antecedentes como el mencionado.

La disposición prevé que “Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N° 19.880.”

Por su parte, el Decreto N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, en su artículo 49 prescribe, en lo que aquí atañe, que “El profesional deberá mantener un registro de los pacientes a los cuales ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen. El profesional deberá verificar la identidad del paciente al extender la licencia.

Del mismo modo, deberá informar a las Unidades de Licencias Médicas, a las Compin y a las ISAPRE correspondientes, de los antecedentes clínicos que obren en su poder, en caso que éstos sean requeridos para el dictamen de autorización de la licencia, dentro de las 48 horas siguientes a dicho requerimiento.”

SEXTO: Que, enseguida, en cuanto a la arbitrariedad alegada, deberá evaluarse si en este preciso caso la materialización del requerimiento de emisión de 426 informes, todos los cuales deben emitirse dentro del plazo de tres días hábiles contados desde el 13 de septiembre de 2021, constituye o no una medida razonable, atendido que su incumplimiento trajo aparejada una de las sanciones reguladas en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 20.585 recién transcrito.

SÉPTIMO: Que, si bien es cierto el artículo 2 citado le otorga a la COMPIN la posibilidad de otorgar el plazo máximo de siete días corridos para la emisión del respectivo informe, no parece razonable que a un mismo profesional se le pida la confección de 426 informes para ser evacuados en su totalidad dentro de tercero día, puesto que la ejecución material del conjunto de las resoluciones en tal brevísimo plazo implica desconocer la carga que pesa sobre la Administración de facilitar a los interesados el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 17, letra e, de la Ley 19.880, de bases de procedimiento administrativo), deviniendo, en consecuencia, en arbitraria, máxime aun si ni siquiera se le ha otorgado el plazo mayor a que la disposición legal citada se refiere, esto es siete días.

De allí que la norma recién aludida disponga que “los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales”, lo que a simple vista no se cumple en el asunto que nos convoca, puesto que es físicamente imposible que una misma persona emita 426 informes en tres días, considerando que tal actividad implica recabar información, adjuntar documentación y confeccionar el respectivo informe, no apreciándose cómo pueda compatibilizar sus obligaciones laborales o profesionales en tal escenario.

Recordemos que el carácter de ley base o marco de la Ley 19.880, da cuenta no sólo de verdaderos imperativos de actuación para la Administración, sino de auténticos estándares de garantía para los administrados en su relación con ella, en orden al resguardo de sus derechos subjetivos, que aplican aun tratándose del caso que una ley especial regule la forma de los actos administrativos (sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de 17 de abril de 2012, rol 207-2012, CL/JUR/808/2012).

OCTAVO: Que, en razón de lo que se viene diciendo es que en doctrina se señala que todo proceso administrativo debe desarrollarse en plazos razonables, advirtiéndose que las garantías consagradas en el artículo 8 del Pacto de San nombre reservado Rica no se encuentran limitadas al Poder Judicial, sino que también deben ser cumplidas por los órganos administrativos, sea en los procedimientos impugnatorios como en los sancionatorios (Cassagne, Ezequiel (2012), “El principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo”, en Pozo, Héctor y otros, Procedimiento Administrativo, tomo I, La Ley, Buenos Aires, p. 714), lo que no se aprecia en la implementación material de la medida impugnada.

Por lo mismo, se ha declarado que el principio de razonabilidad se encuentra recogido, entre otras, en la garantía de igualdad ante la ley, en virtud de la cual esta última se erige como un límite a la actuación de los poderes públicos y como mecanismo de reacción frente a la arbitrariedad del poder, constituyendo un principio limitativo del ámbito de actuación de aquellos (Martínez, nombre reservado y nombre reservado (2011), “El principio de razonabilidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Revista de Estudios Constitucionales, año 9, Nº1, pp. 209 y 210).

NOVENO: Que, la arbitrariedad contenida en la decisión de la autoridad, en el caso de autos, afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la implementación de la medida de emisión conjunta de 426 informes dentro de tercero día constituye un acto no razonable, por ser físicamente imposible de cumplir y no permitir, además, compatibilizar la confección de los mismos con las actividades laborales y profesionales del recurrente.

A más de lo dicho, a todas luces la carga impuesta a la médico psiquiatra importa un trato desigual respecto de otros que puedan encontrarse en la misma situación, pues si bien a cualquier administrado sometido a una fiscalización como la aludida se le concede un plazo de hasta siete días, que naturalmente le permite cumplir con lo que se le requiere, a la recurrente se le ha formulado un masivo requerimiento de proporcionar antecedentes para 426 casos, señalándosele un plazo inferior a la mitad del máximo permitido en el citado texto legal.

DÉCIMO: Que, habida cuenta de lo concluido, resulta inoficioso examinar las demás razones esgrimidas por la recurrente para fundar su acción cautelar, así como si existe una conculcación de alguna otra garantía constitucional invocada.

UNDÉCIMO: Que, a fin de compatibilizar el ejercicio debido de las facultades fiscalizadoras de la recurrida con la garantía constitucional respecto de la cual se concederá la protección solicitada, y en función de todo ello decidir cuál será la medida que dispondrá esta Corte, no se dejarán sin efecto los requerimientos de información que se le formularon, por sustentarse los mismos en facultades legales que efectivamente detenta la recurrida. Eso sí, se otorgará un plazo prudencial, que en ningún caso violente lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, que dispone que, “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. Por ende, si todo el procedimiento no puede extenderse por más de seis meses, el plazo para proporcionar los antecedentes por parte del recurrente debe compatibilizarse con la existencia de las etapas de todo procedimiento administrativo, cuales son las de iniciación, instrucción y finalización, según prescribe el artículo 18 de la citada ley.

Por esas consideraciones y de conformidad, además, a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide que:

I.- Se desestima la alegación de improcedencia alegada por las recurridas al evacuar sus informes.

II.-SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de la psiquiatra nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, sólo en cuanto: a).- Se deja sin efecto la resolución exenta N°269, de 28 de septiembre de 2021, expedida por la Compin Metropolitana, y b).- Para el caso que a la fecha la recurrente no hubiere elaborado todavía los informes cuyo incumplimiento originó la infracción que justificó la sanción impuesta, de suspensión de su facultad para extender licencias médicas, se ordena a la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, que otorgue a la médico psiquiatra recurrente el plazo de treinta días administrativos para dar cumplimiento al requerimiento, que le obliga a remitir los aludidos informes, plazo que se contará desde que esta sentencia quede firme y ejecutoriada.

Cúmplase oportunamente con el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

No firma el abogado integrante señor Carlos Céspedes Muñoz, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en su cargo.

Protección-12.171-2021.