STI INGENIERÍA Y MONTAJES INDS. HVAC LTDA. con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO

C.A. de Concepción Concepción, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el abogado Fernando Guerrero González, en representación de STI Ingeniería y Montajes Industriales HVAC Limitada., representada legalmente por nombre reservado, chileno, empresario, interpone recurso de protección de Garantías Constitucionales en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, representada por don nombre reservado, jefe de la Inspección Comunal, a fin de obtener el resguardo de sus derechos constitucionales afectados por el acto ilegal o arbitrario consistente en la anotación en el Formulario F30 emitido desde el portal web de la Dirección del Trabajo de una multa cursada por la parte recurrida correspondiente a la Resolución número 1266/20/6, de fecha 13 de febrero de 2020, la que aún no se encuentra ejecutoriada por tener plazos pendientes para interponer la acción judicial que se indica en el inciso segundo del artículo 512 del Código del Trabajo, a raíz de la cual se ha privado, perturbado o al menos se ha amenazado los derechos de su representada consagrados en el artículo 19 numerales 2, 3° inciso sexto y articulo 24 de la Constitución Política de la República de Chile, estos son el principio que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley; el debido proceso y el derecho de propiedad; solicitando a este Ilustrísimo Tribunal la debida protección a las Garantías Constitucionales que están siendo actualmente violentadas y conculcadas.

Refiere que STI Ingeniería y Montajes Industriales HVAC Limitada es una sociedad que se dedica mayoritariamente a la instalación de Sistemas de Climatización y Aire Acondicionado en los principales Hospitales Públicos del país, a encargo de los diferentes mandantes que se adjudican licitaciones públicas de ejecución de la obra.

Mientras su representada presta servicios de instalación de la especialidad en la obra de construcción Hospital Las Higueras, ubicada en la comuna de Talcahuano, con fecha 11 de febrero de 2020, comparece en las dependencias de la obra el funcionario de la recurrida don nombre reservado, quien en su calidad de funcionario de la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, procede a efectuar una fiscalización a la empresa STI Ingeniería y Montajes Industriales HVAC Limitada, en adelante e indistintamente “STI” procediendo a notificar del formulario FI-1 denominado “Notificación de inicio de procedimiento de fiscalización” a la administrativa de obra de la recurrente doña nombre reservado, quien en su calidad de Administrativa de Recursos Humanos, firmó la referida notificación en representación de STI.

El fiscalizador procede a solicitar una serie de documentos que STI posee y que los tienen almacenados en las bodegas ubicadas en dicha obra relativos a la administración de personal, tales como contratos de trabajo, Registro de Asistencia, comprobante de Pagos de remuneraciones, libro auxiliar de remuneraciones, etc. Asimismo, a requerimiento del fiscalizador se exhibe en esa oportunidad la carta de aviso y comprobante de aviso de despido correspondiente al trabajador nombre reservado, citándose con fecha posterior a declarar al administrador de Obra don nombre reservado.

Con fecha de día 27 de mayo de 2020, la inspección del Trabajo procede a notificar de manera personal a STI de la multa número 1266/20/6.

Luego, con fecha 26 de junio de 2020, esta parte presenta acción de protección contra la Inspección Comunal del Trabajo de Las Higueras, siendo rechazado por la Corte por sentencia de fecha de 19 de agosto de 2020, la que, apelada por esta parte a la Excelentísima Corte Suprema, está la confirma en todas sus partes. El argumento para fundar el rechazo de la acción de protección deducida por esta parte corresponde, conforme lo expuesto en los considerandos 6 y 7 de la sentencia de fecha 19 de agosto de 2020, que el tema discutido debe ser resuelto conforme lo señala los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo” atendido a la existencia de “un procedimiento judicial regulado expresamente para conocer y resolver la reclamación de las multas aplicadas por la Inspección del Trabajo, donde se puede concurrir con todos sus medios probatorios, a fin de acreditar sus pretensiones, y, además, queda el tribunal en condiciones de resolver adecuadamente conforme a las pruebas rendidas, dentro de un debido proceso…”

Asimismo, con fecha 8 de julio de 2020 presenta recurso de reconsideración administrativo señalado en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, el que, a la fecha de presentación de esta acción, la Inspección Comunal del Trabajo no ha notificado la resolución administrativa que lo resuelve de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo.

Con fecha de 28 de septiembre de 2021, en circunstancia que su representada ingresó al portal web de la Dirección del Trabajo a efectos de obtener el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, también denominado F-30, el que se debe presentar en todas las obras fiscales que STI presta servicios en Chile en los diversos Hospitales Públicos del país, de manera sorpresiva nos enteramos que había una anotación en el ítem denominado “Multas Ejecutoriadas – no incluidas en Boletín de Infractores” que corresponde a la indicada en el numeral 3 de este instrumento. Señala que esas multas se ingresan a ese portal atendido a la información proporcionada por la parte recurrida, solo una vez que estas se encuentren ejecutoriadas, situación que ocurre si, i) el administrado no hace uso del ejercicio de las acciones indicadas en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo, en especial los artículos 511 y 512 de dicho cuerpo legal y, ii) en caso de hacer uso de ese acciones, estas sean rechazados (administrativa o judicialmente) definitivamente, sin tener otra posibilidad de accionar por parte del administrado, cuestión que en la especie no ocurre, por que teniendo posibilidad su representada de recurrir judicialmente, la multa se encuentra anticipadamente anotada como “ejecutoria” en el referido certificado de antecedentes previsionales.

Su parte se comunicó el mismo día 28 de septiembre de 2021 con el representante de la Inspección Comunal del Trabajo, don nombre reservado, indicando que existe una anotación en el ítem de multa ejecutoriada del certificado F30 que emite la Dirección del Trabajo por orden de la Inspección Comunal del Trabajo, hecho que la recurrida no niega, incluso se envía correo electrónico con fecha de 1 de octubre de 2021 señalándose por parte de la Unidad Jurídica de la recurrida que “El Inspector del Trabajo de Talcahuano ya solicitó al nivel central que se efectuara la descarga de la multa N° 1266-2020-6 de Tesorería general de la república. Una vez efectuada tal diligencia, se informará la empresa”

En ese estado, mientras mi representada estaba esperando la descarga de la referida multa, don nombre reservado con fecha de 7 de octubre de 2021 envió un correo al suscrito indicando el rechazo de la solicitud, al sostener que “Junto con saludar, expongo que mediante correo certificado se envió al domicilio de la empresa en Peñaflor, la Resolución N° 60 de 30-09-2021, que resolvió la Reconsideración administrativa, confirmando la multa 1266/20/6-1. Por otro lado, hecha la petición al nivel central de descarga de multa desde la TGR, la respuesta fue negativa, en consideración a que, al momento de presentarse la Reconsideración, con fecha 08-07-2020, aún estaba pendiente el fallo del Recurso de Protección, por lo que derechamente debió haber sido declarado inadmisible. Por lo anterior, la multa en cuestión seguirá cargada en la TGR”

Refiere que el actuar de la Inspección Provincial del Trabajo es ilegal y arbitraria. Así las cosas, la Inspección Comunal del Trabajo no debió informar la anotación de la Resolución Multa N° 1266/20/6 en el certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales F30 que emite la Dirección del Trabajo, ya que el plazo para que esta parte pueda deducir reclamo de multa del inciso segundo del artículo 512 del Código del Trabajo vence el día 27 de octubre de 2021, es decir, a la fecha de esta presentación se encuentra aún vigente, por lo que es imposible que la multa tenga el carácter de ejecutoriada.

De todos los hechos y argumentos de derecho expuestos, es claro que los recurridos han incurrido en el acto arbitrario e ilegal descrito en esta presentación, por lo que debe acogerse el presente Recurso de Protección, ordenándose el cese de los actos vulneratorios y declarando que se suspendan todos los efectos de los actos impugnados, ordenando a la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano que se inhiba de seguir conociendo del asunto, y que en definitiva se declare que se deja sin efecto todos los actos impugnados.

SEGUNDO: Que, la abogada Ana maría Vallejos Anabalón, por la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano, informando solicita el rechazo, con costas, de la presente acción cautelar.

Refiere que el 06/02/2020 se activa comisión de fiscalización 0805/2020/81 en contra de la empresa STI INGENIERÍA Y MONTAJES INDUSTRIALES HVAC LIMITADA a raíz de denuncia por no otorgar trabajo convenido a don nombre reservado. Posteriormente, con fecha 10/02/2020 se activa comisión de fiscalización 0805/2020/93 LIMITADA a raíz de denuncia por no otorgar trabajo convenido a don nombre reservado y no pagar horas extraordinarias en contra de la señalada empresa, subsumiendo la primera comisión (81) en la segunda (93), asignándose dicha comisión al fiscalizador don nombre reservado.

El fiscalizador actuante constató que la empresa STI INGENIERÍA Y MONTAJES INDUSTRIALES HVAC LIMITADA incurrió en infracción legal, dictando Resolución de Multa N° 1266/20/6 de fecha 13/02/2020, notificada el 27/05/2020.

En contra de dicha Resolución de Multa N° 1266/20/6 recurrió de protección la señalada empresa, en causa ROL N° 12.113-2020 de esta Ilustre Corte de Apelaciones.

Que el 04/08/2020 la Corte de Apelaciones de Concepción, ordenó como medida para un mejor acierto del fallo que la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano informara sobre la existencia de un recurso administrativo presentado el 08/07/2020 en contra de la Resolución de Multa N° 1266/20/6 y el estado de tramitación del mismo. Esta Inspección del Trabajo informó que con fecha 08/07/2020 se ingresó en la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano por parte de la empresa STI Ingeniería y Montajes Industriales Hvac Limitada recurso de reconsideración administrativa en contra de Resolución de Multa N° 1266/20/6 y en atención a que la multa referida se encontraba en estado de “Reclamada Judicialmente” no se había ingresado a la plataforma informática el referido recurso de reconsideración y no se había emitido pronunciamiento alguno en relación al mismo, en atención a que existen instrucciones internas que establecen que este Servicio debe abstenerse de resolver recursos administrativos cuando una resolución de multa se encuentre reclamada judicialmente, en espera de sentencia definitiva firme y ejecutoriada.

Añade que la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el 19/08/2020 dicho recurso, por cuanto -sostuvo- existe un procedimiento judicial regulado expresamente para conocer y resolver la reclamación de las multas aplicadas por la Inspección del Trabajo y porque la vía cautelar no resulta idónea para conocer y resolver el amparo cautelar que se demanda. Dicha sentencia fue objeto de apelación, resolviendo la Excma. Corte Suprema el 09/09/2021 confirmar dicha sentencia, en autos ROL N° 136501-2020.

Señala que mediante Resolución N° 60 de fecha 30/09/2021 se resolvió recurso administrativo en contra de la referida multa, manteniendo la misma, notificándose por carta certificada, legalmente notificada el 08/10/2021 y, por correo electrónico de fecha 28/09/2021 don nombre reservado, en representación de la recurrente, informó al Inspector Comunal del Trabajo de Talcahuano don nombre reservado, que la empresa STI INGENIERÍA Y MONTAJES INDUSTRIALES HVAC LIMITADA había deducido recurso administrativo el 08/07/2020 en contra de la Multa N° 1266/20/6, sin que a la fecha se le hubiese notificado a ésta la resolución recaída en dicho recurso y que, por ende, ésta aparecía erróneamente ejecutoriada en la plataforma informática de la Dirección del Trabajo y solicitó, en consecuencia, eliminar esta circunstancia a la brevedad, en atención a que ello causaba inconvenientes a dicha empresa que no son de su responsabilidad.

El Inspector Comunal del Trabajo de Talcahuano, una vez revisado el sistema informático, constató que la Multa N° 1266/20/6 se encontraba en estado de “cargada a TGR”, lo que implica que se estaba en estado de ejecutoriada. Por ello solicitó al nivel central del servicio se procediera a descargar la referida multa de Tesorería General de la República, mediante correo electrónico de 30/09/2021.

Agrega que el 06/10/2021, mediante correo electrónico de funcionario de nivel central del servicio, se informó al Inspector Comunal del Trabajo de Talcahuano que la referida multa no se descargaría de Tesorería General de la República, toda vez que tanto la sentencia del Tribunal (refiriéndose al fallo del recurso de protección Rol N° 12.113-2020) como la referida Resolución N° 60 de fecha 30/09/2021 confirmaban la multa, agregando que debió haberse informado al recurrente que el recurso de reconsideración era, a la fecha de su interposición, inadmisible, ya que a esa data se encontraba reclamado judicialmente.

Habiéndose resuelto el 30/09/2021 el recurso administrativo deducido por el empleador el 08/07/2020, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 512 inciso 2° del Código del Trabajo, dicha resolución es reclamable ante el Juzgado de Letras del Trabajo respectivo. En consecuencia, erróneamente se sostuvo por parte de este Servicio que dicha multa seguiría en calidad de ejecutoriada, en circunstancias que al sancionado le asiste la acción judicial contemplada en la norma antes señalada, para ir en contra de la resolución que resolvió la reconsideración administrativa.

Explica que, de conformidad a lo expuesto, se ha procedido a corregir tal error, procediendo a descargar la Multa N° 1266/20/6 de Tesorería General de la República, además de no encontrarse incorporada ésta al Boletín de Infracciones DICOM. Se adjunta reporte de Consulta Pública de Multas Ejecutoriadas respecto de STI INGENIERÍA Y MONTAJES INDUSTRIALES HVAC LIMITADA, RUT N° RUT reservadoy reporte Boletín de Infractores DICOM.

Así, habiéndose eliminado el estado de ejecutoriedad de la referida Resolución de Multa N° 1266/20/6, se ha restablecido el imperio del derecho, por lo que no se encuentran afectadas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad.

TERCERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

CUARTO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

QUINTO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él; es la no existencia de razones que justifiquen una actuación o voluntad no gobernada por la razón: Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos, o bien, acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídico. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil. Privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

SEXTO: Que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida en orden a haber informado el estado de ejecutoriedad de la Resolución de Multa N° 1266/20/6, esto es, que existía una anotación en el ítem de multa ejecutoriada del certificado F30 que emite la Dirección del Trabajo, en circunstancias que estaba pendiente el plazo para recurrir de ello La recurrida informó que corrigió el error, procediendo a descargar la Multa N° 1266/20/6 de Tesorería General de la República, además de no encontrarse incorporada ésta al Boletín de Infracciones DICOM, para cuyos efectos adjuntó reporte de Consulta Pública de Multas Ejecutoriadas respecto de STI INGENIERÍA Y MONTAJES INDUSTRIALES HVAC LIMITADA, RUT N° RUT reservadoy reporte Boletín de Infractores DICOM.

SÉPTIMO: Que, en este escenario, la presente acción constitucional debe ser rechazada por carecer de objeto jurídico, pues ha perdido oportunidad al haberse eliminado la citada anotación de ejecutoria de la multa en cuestión y desaparecido, en consecuencia, el supuesto agravio por el que se requería amparo constitucional, sin que corresponda a esta Corte adoptar cualquier otra medida al respecto.

Por lo señalado precedentemente, se estima innecesario hacer un análisis de las garantías constitucionales que se dicen conculcadas por los recurrentes.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que disponen los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por el abogado Fernando Guerrero González, en favor de STI Ingeniería y Montajes Industriales HVAC Limitada. y en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano.

Oportunamente dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del citado Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro señor Jordán.

ROL 12.068-2021 Protección.-