nombre reservado con CONDOMINIO ATALAYA DE ANDALUE

Concepción, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno VISTO:

Comparece nombre reservado, ingeniero civil químico, interponiendo recurso de protección en contra de Condominio Edificio Atalaya de Andalué, representada por su presidente nombre reservado y por doña nombre reservado, por haber incurrido en actuaciones ilegales y arbitrarias consistentes en el corte de agua caliente del inmueble ubicado en domicilio reservado, Región del Bío Bío y por el cobro de multas que no se ajustan a derecho en la misma boleta de los gastos comunes.

Señala que al mes de junio del año 2020 tenía un saldo pendiente de gastos comunes en su domicilio reservado, debido a que se encontraba sin trabajo y que en el mes de julio del 2020, realizó un convenio con la administración del condominio, comprometiéndose a pagar dos gastos comunes por cada mes que transcurriera, durante el periodo de tres meses y el saldo pendiente se pagaría según sus posibilidades.

Reclama que a pesar de que pagó, en forma mensual, dos gastos comunes durante el año 2020, se le aplicaron dos multas por no pago de gastos comunes, en octubre del 2020 y en enero del 2021, las cuales fueron incluidas en la misma boleta de cobranza de los gastos comunes, las que pagó. Durante el periodo de enero a agosto 2021, se le aplicaron cinco multas por no pago de gastos comunes, con un monto promedio de $51.000, es decir un 30% del gasto común mensual. Agrega que el día 18 de marzo del 2021 realizó el pago de los gastos comunes de ese mes, sin embargo el dinero fue imputado al pago de las multas que no corresponden.

Refiere que en agosto del 2021 recibió una carta de corte de agua caliente y suministro eléctrico por gastos comunes impagos, sin indicar los meses adeudados, viéndose obligada a pagar un monto para evitar los cortes. Añade que al mes siguiente se repitió la situación, para luego darse corte al agua caliente en su unidad, por instrucciones dadas por la Administración de la Comunidad y el presidente del Comité de Administración. El día 24 de septiembre del presente año, pagó del gasto común adeudado y aun así quedó un saldo de $168.146. Este valor equivaldría al cobro arbitrario de 3 multas, siendo publicado en un "Reporte de Morosos”, por deber 1 mes, correspondiente a agosto de 2021 por un monto de $168.146; es decir, se están imputando las multas a los gastos comunes, alegando que se encuentra al día en el pago de los gastos comunes y la supuesta deuda de $220.777 se debe a multas que no corresponden y se le vuelve a cobrar una multa por no pago de gastos comunes -equivalente a 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM)- a pesar de estar al día con el pago de los gastos comunes.

Afirma que los actos descritos tienen el carácter de arbitrarios e ilegales, pues no se puede pretender cobrar las multas que han sido impuestas por la Administración, por el no pago de gastos comunes, primero, por no encontrarse establecidas en el Reglamento de Copropiedad, porque su aplicación significaría el cobro de intereses en cubierto, lo que no es permitido por la ley, de modo que las multas, que no constituyen gastos comunes, no pueden ser cobradas junto con estos. Agrega que el corte de agua caliente en razón de una deuda de gastos comunes no se encuentra permitido por la ley 19.537.

Reclama que los actos descritos vulneran el derecho de igualdad ante la ley, reconocido en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al aplicarse apremios fuera de los casos establecidos por la ley, puesto que quien sanciona e impone el apremio no es un tribunal creado por la ley, sino que la administración y el comité de una comunidad. Vulnera también esta garantía el cobro de multas por concepto de gastos comunes impagos, las cuales no han sido establecidas en el Reglamento de Copropiedad ni en la ley 19.537, y las cuales, además, han excedido del máximo permitido por la ley, lo que ha significado el cobro de multas como intereses encubiertos, lo cual constituye una clara infracción a la legislación aplicable. Por último, vulnera esta garantía, el cobro de multas en la misma boleta de los gastos comunes, y la imposibilidad de pagarlos, ya que los pagos efectuados han sido imputados al pago de multas que no corresponden.

Finaliza solicitando tener por interpuesto recurso de protección, declararlo admisible, acogerlo a tramitación y en definitiva declarar que la recurrida ha infringido las garantías constitucionales del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ordenando a la recurrida abstenerse de cortar el agua caliente y eventualmente el suministro eléctrico, por deudas y multas de gastos comunes y de realizar dichos apremios o amenazas en el futuro; y, ordenar reestablecer el agua caliente del inmueble ubicado en domicilio reservado, Región del Bío Bío, debiendo eliminar todas las multas que le han sido impuestas por la Administración, por concepto de "no pago de gastos comunes”, debiendo imputarse los montos a los gastos comunes correspondientes y que se reconozca que no tiene saldos pendientes con la Comunidad por ningún concepto, todo con costas.

Compareció Felipe Urbina Hillerns, abogado, en representación del Comité de Administración de la Comunidad Atalaya de Andalué, señalando que la recurrente forma parte del Comité de Administración de la comunidad recurrida, comité que en sus reuniones virtuales acuerda directrices que le son comunicadas a la Administradora doña nombre reservado.

Añade que con la presencia y el acuerdo de la recurrente se optó por eliminar el cobro del 10% mensual y el interés máximo legal a los morosos en los Gastos Comunes, sin perjuicio de la facultad de aplicar la multa genérica que estable el articulo VIGESIMO SEXTO del Reglamento de Copropiedad, que va de 1 a 5 UTM, acordándose aplicar el mínimo de la multa.

Todo lo anterior sin perjuicio de estudiar caso a caso las situaciones especiales de cada copropietario para darle las mejores condiciones y facilidades para que pueda cumplir con el pago de los gastos comunes, situación que benefició particularmente a la recurrente, ya que como ella misma señala, al mes de junio del 2020 adeudaba casi $900.000.

La recurrente reconoce que desde el mes de octubre del 2019 ella se vio impedida de pagar los gastos comunes y se acogió a un convenio, en julio del 2020, de ir pagando de a dos meses, previo a ello había documentado la deuda y por motivos que no son del caso exponer, los cheques no se pagaron. Sin perjuicio de lo anterior y con el fin que la recurrente pagara lo adeudado se le otorgaron todas las facilidades para ello, pero no cumplió a cabalidad con el acuerdo suscrito con la administradora. Por lo que se procedió aplicar solo la multa genérica del artículo 26 del reglamento, mientras ha incumplido con la principal obligación que impone el Reglamento, que es el pago de los gastos comunes.

Refiere que a día de hoy la deuda asciende a la suma de $220.777, ya que las imputaciones al pago las hace el acreedor, sobre las sumas ya devengadas, por lo que no teniendo facultades para imputar el pago debe rebajarse el saldo anterior y luego la obligación que se devenga en el cobro, quedando siempre con deuda en sus gastos comunes y que origina la aplicación de la multa.

Arguye que el recurso de protección no es el medio idóneo de ventilar la pretensión de la recurrente, pues la acción de protección es una vía excepcionalísima, con la que se pretende reestablecer el imperio del derecho y resolver cuestiones de hecho y no como pretende la contraria con esta acción, que es ventilar problemas relativos a la procedencia o no de una multa.

Plantea que en varias partes de su recurso la recurrente cita la ley de copropiedad y el reglamento de la comunidad; y sucede que ambos señalan expresamente que el Tribunal competente para conocer de este tipo de asuntos (aplicación o procedencia de multas) es el juez de Policía Local Así también lo ha entendido la recurrente quien haciendo uso de esta herramienta mantiene vigente contra el comité de administración dos causas ante el Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz.

Sostiene que la recurrente no tiene legitimación activa para recurrir en contra de su representada, ya que ella no se ve amenazada en las garantías que la Constitución le garantiza su protección y del análisis del recurso que no es muy claro, ella pasa a sentirse amenazada por la comunicación que se le envía, añadiendo que nunca se podría ver afectados por una discriminación, ya que el reglamento de copropiedad así lo contempla.

Estima entonces que no existe un actuar ilegal o arbitrario por parte de la comunidad Atalaya de Andalué, ya que se le ha indicado a la recurrente todos los caminos a seguir para que regularice la deuda, que afecta el normal funcionamiento de la comunidad y hace necesario el inicio de las gestiones de la actual administración para cobrar dichas sumas, ya que siendo ella miembro del comité administración no puede ser objeto de privilegios especiales, como la eliminación del pago de multas que se aplican a todos los vecinos.

Expone, además, que la recurrente no ha señalado la fecha en que tomó conocimiento de las comunicaciones tendientes a regularizar los gastos comunes, solo indica que a lo menos en el mes agosto del 2021 la Administración le avisó del posible corte de los suministros por la deuda de los gastos comunes. Añade que los actos en contra de los que se reclama se venían haciendo desde hace mucho tiempo y que la recurrente es miembro del comité administración de la misma comunidad por lo que ella tomó conocimiento formal del eventual corte por no pago en agosto del 2020. Hace más de 2 meses con anterioridad a la fecha de la presentación del recurso, por lo cual procede declarar su extemporaneidad.

Finaliza solicitando tener por evacuado informe en recurso de protección y, en definitiva, rechazar el recurso interpuesto condenando en costas a la recurrente.

Informó Hugo Rolando Constanzo Melo, Juez Subrogante del Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz, indicando que la recurrente actualmente figura con dos causas que se encuentran en tramitación y con retardo, por la crisis sanitaria a causa del Pandemia Covid – 19, encontrándose en ambas causas inhabilitadas la Jueza y la Secretaria Abogada titular. Ambas causas son en contra del Condominio Atalaya de Andalué, de la comuna de San Pedro de la Paz, por la Ley de Copropiedad N°19.537.

Señala el Rol de cada causa y su estado de tramitación, precisando que la causa Rol N° 102.548, tuvo comparendo de contestación, conciliación y prueba el 4 de noviembre de 2021; y, la Rol N° 102.547, tiene fecha de audiencia de estilo el 30 de noviembre 2021, a las 11:30 horas.

Agregó el informante que está inhabilitado para seguir conociendo y fallar tales causas, por haber denunciado a la señora nombre reservado ante Carabineros de Chile, denuncia que fue derivada al Ministerio Público de Concepción, causa RUC 2100843906-8, por incurrir la recurrente en faltas de respeto y desobedecer las órdenes de ese juez al ingresar a su despacho sin autorización, además de incurrir en faltas de respeto a parte del personal del tribunal, hechos ocurridos el día 17 de septiembre de 2021, a las 13:52, siendo este comportamiento una conducta ya reiterada por la recurrente en ese tribunal.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que lo que la recurrente plantea mediante la presente acción es que los recurridos habrían realizado conductas ilegales y abusivas al imponerle el pago de multas que estima injustificadas, con motivo de su atraso en el pago de gastos comunes y amenazarla con el corte del agua caliente en su departamento debido a tal deuda.

A su turno, la comunidad recurrida señala que la actora es integrante del Comité de Administración recurrido (lo que la actora ha reconocido) y que en tal calidad participó de la adopción de los acuerdos en que se ha fijado el criterio a seguir para el cobro de los gastos comunes impagos (lo que la actora niega), habiéndose llegado a un convenio de pago entre la comunidad y la recurrente (lo que la actora reconoce) no obstante el cual subsiste deuda por gastos comunes impagos (lo que la actora niega), controvirtiéndose así los hechos que constituirían las vulneraciones de garantías constitucionales denunciadas.

TERCERO: Que, sin perjuicio de los derechos y demás fundamentos que la recurrente esgrime para justificar su solicitud, lo cierto es que pide, por la presente vía de naturaleza eminentemente cautelar y de urgencia, que se emita un pronunciamiento que significa no sólo declarar arbitraria e ilegal la conducta de los recurridos, sino que también se disponga eliminar todas las multas que le han sido impuestas por la Administración, por concepto de "no pago de gastos comunes”, debiendo imputarse los montos a los gastos comunes correspondientes y que se reconozca que no tiene saldos pendientes con la Comunidad, por ningún concepto.

CUARTO: Que, así las cosas, resulta evidente que la cuestión promovida no es de aquellas que compete ser dilucidada a través del ejercicio de la presente acción cautelar extraordinaria, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, como lo es el establecimiento de si existe o no una determinada deuda, sino que de protección de aquellos derechos preexistentes e indubitados que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en posición de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre. En consecuencia, el presente recurso de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

QUINTO: Que, atendido lo concluido precedentemente, es innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como conculcadas y ponderar a ese respecto los documentos y demás antecedentes acompañados por las partes.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, en contra del Condominio Edificio Atalaya de Andalué.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Juan Ángel Muñoz López.

Rol N° 11903-2021- Protección.