nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN METROPOLITANA

C.A. de Concepción.

xsr Concepción, a siete de diciembre del año dos mil veintiuno.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 11.900-2021 comparece deduciendo recurso de protección el abogado Nicolás Renato Hauri Jerez, cédula nacional de identidad número RUT reservado, en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, médico psiquiatra, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en Concepción.

Lo dirige en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, representada legalmente por nombre reservado, su presidenta, de profesión ingeniera, o por quien la reemplace o subrogue legalmente, ambas con domicilio en domicilio reservado, en Santiago.

El acto que denuncia ilegal y arbitrario y que sirve de fundamento al recurso es el requerimiento desproporcionado de información remitido al médico recurrente mediante correo electrónico de 13 de septiembre de 2021 y reiterado el día 20 del mismo mes, en que se le ha solicitado evacuar dentro del plazo de tres días hábiles, 851 informes particulares respecto de igual número de licencias médicas otorgadas, y que acompañe los antecedentes médicos complementarios que las justifiquen, exigencia que es imposible cumplir en tan breve plazo y que lo expone inevitablemente a que se le apliquen sanciones de multa y lo inhabiliten para emitir licencias médicas.

El requerimiento le fue notificado, como se dijo, por correo electrónico de septiembre pasado, a través de 851 resoluciones administrativas distintas, que van desde los Ord. N°254366 al Ord. N°254864 y desde los Ord N°254866 al Ord. N°255217. La exigencia, al amparo del artículo 2 de la ley 20.585, consiste en que en cada una de ellas, individualizadas con nombre del paciente, RUT del mismo y número de la licencias médica, se emita un informe y se acompañen los antecedentes médicos complementarios que justifiquen la licencia médica, todo en un plazo de tres días hábiles, tiempo que estima es exiguo, absurdo e injusto considerando el volumen de licencias de que se trata, que hace imposible cumplir con la carga, agregando que la ley contempla sanciones inmediatas al profesional que no cumple con el requerimiento, las que incluso pueden involucrar la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas, además de multas.

Dice que la elaboración de cada uno de los informes solicitados no es de fácil despacho, sino que implica dedicar mucho tiempo, por las siguientes razones. Primero que todo, debe hacerse una recopilación de antecedentes, buscarlos, organizarlos y analizarlos. En segundo lugar, se están solicitando antecedentes de licencias médicas emitidas desde hace más de tres años sin indicación del año de su emisión, muchas de cuales mantienen registros en papel, lo que hace esta tarea aún más ardua. En tercer lugar, los pacientes fueron atendidos en diversos centros médicos, por lo que no tiene acceso expedito a dichos antecedentes, resguardados por mandato legal del 13 de la ley N°20.584, en los registros del prestador y protegidos por la ley 19.628, en tanto son datos sensibles, siendo necesaria la autorización del paciente para obtener la información y elaborar un informe.

Añade que a pesar de la imposibilidad de cumplir con todos los informes, el médico recurrente, haciendo un esfuerzo sobrehumano, elaboró 18 informes, remitiéndolos dentro de plazo en dos escritos separados, de fechas 16 y 23 de septiembre de 2021, solicitando el otorgamiento de un plazo razonable y humanamente posible. Opina que existe una intención maliciosa de la Comisión, pues sabiendo que el protegido sería incapaz de cumplir, reiteró los requerimientos para cumplir los requisitos legales a fin de aplicar multa e inhabilitación de emisión de licencias médicas de su especialidad.

Después dice que muchas de las licencias cuestionadas no fueron objetadas en su momento y por lo tanto fueron autorizadas y pagados sus subsidios. Pero en el caso de las licencias que fueron rechazadas, se entregaron a tiempo los informes correspondientes, por lo que éstos ya se encuentran en poder de la COMPIN, resultando entonces absolutamente innecesario e ilógico que nuevamente se le requiera dicha información. También tornaría ilegal el requerimiento impugnado la circunstancia que la revisión comprendería licencias médicas emitidas hace más de seis meses, esto es, superando el plazo de que disponen los órganos de la Administración del Estado para ejercer su potestad administrativa sancionatoria, de conformidad con los artículos 94 y 97 del Código Penal.

Estima el letrado recurrente inaceptable que la Comisión recurrida ejerza la facultad legal de forma abusiva y descontrolada, sobrepasando la razonabilidad y el espíritu de la legislación, pues cuando el artículo 2 de la ley 20.585 dispone que la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que emitan licencias médicas la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden en los plazos fijados al efecto, se está refiriendo al caso de “una” licencia médica, “un” caso concreto en que exista sospecha cierta de emisión de licencia sin fundamento, pero no para un conjunto de ellas, como en la especie ocurre, 851 en total. Además, si se lee la historia de la ley 20.585, se constata en ella que el plazo original era de treinta días y fue reducido a solo siete días, bajo el fundamento de que debía darse celeridad al procedimiento y entendiendo el Legislador –dice el letrado recurrente- que esos siete días se fijaban a propósito de “una” situación particular sometida a revisión, no de centenares, como ocurre en la especie. Para justificar esta interpretación de la ley 20.085, el abogado recurre a conexiones de varias de sus disposiciones, por ser el artículo 1 cuando se refiere a uso correcto de ‘la’ licencia médica y los artículos 5 y 8, refiriéndose a la revisión de “la” licencia médica que se emite con evidente ausencia de fundamento médico.

Agrega que el requerimiento también es imposible de cumplir por lo vago de su tenor, en tanto no se explicita en el correo electrónico por el que se le notifican las resoluciones de requerimiento, el orden en que debe remitirse la información, ni tampoco cuáles son los antecedentes e informes complementarios que necesitan como respaldo, lo que es de suma importancia, tratándose de datos sensibles de los pacientes.

Representándose la cierta imposibilidad del administrado de cumplir en el acotado plazo de tres días con el requerimiento de centenares de informes, se cuestiona el abogado recurrente cómo es que la Comisión recurrida podrá cumplir, también en un mínimo plazo, con el análisis de los cientos y miles de informes que recibirá en el contexto de esta fiscalización, considerando que son decenas los médicos que han sido requeridos al mismo efecto.

Denuncia infringido el principio de la proporcionalidad y las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, vulnerándose también el numeral 26 por afectar los derechos en su esencia, por imponer trabas directas que impiden el libre ejercicio del derecho a informar en un plazo razonable y sobre un número razonable de licencias médicas, bajo sanción gravísima de multas y de suspender el derecho a emitir dichas licencias médicas.

Pide que se acoja este recurso, con costas, y se ordene la recurrida que deje sin efecto los requerimientos de información remitidos al médico recurrente, debiendo abstenerse de formular un requerimiento en términos similares y desproporcionados en lo sucesivo; que a todo evento se limite el requerimiento a una licencia médica y que se encuentre dentro de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria y no de forma paralela para dos o más licencias médicas; en su defecto, que el requerimiento solo pueda recaer en el número razonable de licencias médicas que se estime, debiendo precisar la COMPIN un orden para responder, y para el caso de mantenerse intacto el requerimiento de las 851 licencias médicas en un solo procedimiento iniciado el 13 de septiembre de 2021, se conceda al psiquiatra recurrente un plazo de respuesta de un informe cada tres días. Y en subsidio de todo lo anterior, que se le conceda el plazo razonable y humanamente posible que la Corte estime conveniente.

Acompañó al recurso 1.- Copias de dos correos electrónicos de fecha 13 de septiembre de 2021 remitidos por la recurrida al médico recurrente; 2.- Copia de correo electrónico de 16 de septiembre de 2021 remitido por el médico a la recurrida, en el cual se adjunta escrito solicitando prórroga del plazo y se acompañan 9 informes; 3.- Copia de escrito donde se acompañan los 9 informes y donde se solicita prórroga por los restantes informes requeridos; 4.- Copia de correo electrónico de fecha 23 de septiembre de 2021 remitido por el médico a la recurrida, en el cual se adjunta escrito solicitando se pronuncie derechamente sobre la solicitud de fecha 16 de septiembre y se acompañan 9 nuevos informes; 5.- Copia del escrito dirigido a la recurrida enviado vía correo electrónico el día 23 de septiembre, adjunto al correo electrónico señalado en el número 4 de esta presentación, donde consta la solicitud de resolución de petición anterior de otorgamiento de prórroga, acompañando además nuevos informes y una nueva solicitud de prórroga; 6.- Archivo PDF enviado adjunto al correo electrónico de 13 de septiembre de 2021, que contiene 499 resoluciones administrativas, que van desde los Ord. N°254366 al Ord. N°254864; 7.- Archivo PDF enviado adjunto al correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2021, que contiene 352 resoluciones administrativas, que van desde los Ord N°254866 al Ord. N°255217.

Informó el recurso el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, abogado Jorge Hübner Garretón, por orden de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, solicitando el rechazo, primero por ser improcedente y enseguida por no existir actuación ilegal ni arbitraria de parte de la Comisión recurrida.

En primer lugar, el recurso deducido es improcedente porque no es la vía idónea para los fines que persigue el acto. Que atendida la naturaleza cautelar autónoma de la acción de protección y el tenor de las peticiones que son formuladas por el recurrente, la acción intentada rebasa y excede el procedimiento breve y concentrado de este recurso. Que el régimen recursivo del acto administrativo lo establecen los artículos 59 y siguientes de la Ley N°19.880, pudiendo entablar recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia administración, solicitar la invalidación administrativa o recurrir directamente ante la Contraloría General de la República, mecanismos que no han sido ejercidos por el recurrente.

Enseguida, en cuanto al fondo del recurso, dijo que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la COMPIN al fijar un plazo de 3 días para que el médico recurrente entregue los antecedentes o informes complementarios que respaldan las licencias médicas emitidas objeto de fiscalización, pues el plazo en cuestión encuentra su sustento en el artículo 2 inciso segundo de la Ley N°20.585, que dispone que los plazos fijados al efecto “no podrán exceder de siete días corridos”.

En cuanto a la imposibilidad reclamada del plazo de 3 días para evacuar los informes, dice, primero, que la cantidad de informes requeridos que se reprocha desproporcionada se ajusta a la cuantía de licencias médicas que el médico recurrente ha emitido, y que el artículo 49 de la aludida ley dispone que el profesional debe mantener un registro de los pacientes a los que ha otorgado licencias médicas con los antecedentes que le dieron origen, por lo que la negativa a entregar los antecedentes solicitados dentro del plazo fijado es infundada e inexcusable. Además, si se accediera a la solicitud sobre una licencia médica por cada requerimiento y por separado sin que corran simultáneamente varios plazos y se otorgara un plazo de tres días para remitir los antecedentes, la COMPIN tardaría seis años en recepcionar los informes de las 851 licencias médicas fiscalizadas.

Respecto la negativa del recurrente a cumplir con lo requerido por la COMPIN argumentando que lo solicitado podría afectar datos sensibles de los pacientes, dice el informante que el artículo 10 de la Ley N° 19.628, de 1999, Sobre protección de la vida privada, prevé el tratamiento de datos sentibles “cuando la ley lo autorice (…) o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”, cuyo es el caso, y en el contexto de una fiscalización que se enmarca en el plan masivo de fiscalización a altos emisores de licencias médicas, por lo que no ve obstáculo para que la información sea remitida en los términos pedidos, de manera concordante con la ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, la negativa del actor de entregar los antecedentes solicitados dentro del plazo fijado al efecto por la COMPIN obstruye el ejercicio de la labor fiscalizadora del ente administrativo.

Relativamente al argumento de la parte recurrente en orden a que muchas de las licencias médicas de las que ahora se pide informe al profesional emisor, ya habrían sido informadas tras ser rechazadas, siendo innecesario un doble informe por obrar ya información acerca de ellas en poder de la recurrida, dice el abogado que esa información primigeniamente expedida le sirve a la labor de la Contraloría Médica de la COMPIN para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencia, en los términos que dispone el artículo 21 del Decreto N°3, de 1984, que aprueba Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e instituciones de salud previsional, pero no en un proceso de fiscalización a altos emisores de licencias médicas como en esta ocasión se trata, al alero del artículo 2 de la ley 20.585. En consecuencia, no existe falta de oportunidad, de fundamentación o de derecho en el requerimiento que la recurrente objeta.

Sobre la alegación del recurrente de estar prescrita la acción sancionatoria del órgano de la Administración, por haber transcurrido con creces el plazo de seis meses que contempla el artículo 94 del Código Penal, dice quien informa que la sola circunstancia que una eventual infracción tenga una sanción pecuniaria no la transforma en una falta penal, toda vez que aquella resulta una pena común para los crímenes, simples delitos y también para las faltas, según el artículo 21 del Código Penal. en la especie, no resulta procedente aplicar el plazo de prescripción de las faltas en materia penal, pues resultaría eludida la finalidad del legislador de dar eficacia a la Administración en la fiscalización y control de eventuales ilícitos, careciendo la sanción contemplada en la ley de toda finalidad preventiva general. En este caso se trata de un plazo de prescripción de cinco años.

Por último, explica que en esta fiscalización a altos emisores de licencias médicas, al médico recurrente se lo investiga como uno de ellos, desde que emitió 972 licencias médicas en el año 2019, 1998 en el año 2020 y 1493 en el año 2021, excediendo significativamente las licencias médicas que en promedio emitieron en igual periodo de tiempo los profesionales habilitados para expedir licencias médicas, a saber 100, 99 y 103 respectivamente. A modo ilustrativo, en el año 2020 habría tenido que emitir diariamente cinco licencias médicas en promedio, trabajando de lunes a domingo, a fin de alcanzar a otorgar 1998 licencias médicas.

En definitiva, no puede estimarse abusiva o arbitraria la actuación que se reclama, considerando la investidura regular del titular del órgano que dicta el acto, la previa y expresa habilitación jurídica para actuar y la existencia de un procedimiento justo y racional establecido previamente a la actuación por medio de la ley.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

La acción u omisión ilegal, esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitraria, producto del mero capricho de quien incurre en él, debe provocar algunas de las situaciones o efectos antes indicados, afectando aquellos derechos preexistentes y no discutidos protegidos por la Carta Fundamental de manera tal que la Corte pueda adoptar medidas en orden a restablecer el imperio del derecho de que se trata.

SEGUNDO: Que, la recurrida al informar ha alegado la improcedencia de este recurso de protección, en atención a que el asunto controvertido debe ser conocido en un procedimiento de lato conocimiento, como sería la nulidad de derecho público, agregando que el sistema recursivo es el de los artículos 59 y siguientes de la Ley 19.880.

Esta alegación será desestimada sin más trámite, teniendo presente, por un lado, que el ejercicio de la acción de protección lo es sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, como lo podrían ser los que argumenta la recurrida, y por otro, que los derechos constitucionales que se denuncian conculcados son aquellos contemplados en los números 1, 2, 16 y 24 de nuestra Carta Fundamental, prerrogativas estas que sí se encuentran tuteladas en el artículo 20 del mismo cuerpo constitucional.

TERCERO: Que, el acto que el médico recurrente estima ilegal y arbitrario consiste en el requerimiento efectuado por la Comisión recurrida para informar y acompañar antecedentes médicos complementarios que justifiquen 851 licencias médicas, dentro de 3 días hábiles, lo que considera imposible de cumplir dada la envergadura de lo solicitado, el plazo otorgado, la imprecisión de dichos requerimientos, sin indicación del año de emisión de las licencias, sin expresar cuáles son los antecedentes concretos que se requieren y solicitan en cada uno de ellos ni el orden en que se debe consignar la información; a más de la circunstancia que se exige informar a veces respecto de licencias médicas emitidas en una época respecto de las cuales la potestad sancionatoria está prescrita. No objeta la solicitud de informe en sí misma, sino el exiguo plazo concedido para evacuar todos los informes requeridos.

A su turno, la parte recurrida se ha excepcionado diciendo, en cuanto al fondo, que su requerimiento no es ilegal ni arbitrario, que se enmarca en el plan masivo de fiscalización a altos emisores de licencias médicas, cuyo es el caso del médico recurrente, que emitió miles de licencias médicas los años 2019, 2020 y 2021, excediendo por lejos el centenar que en promedio emitieron en igual periodo los profesionales habilitados; que el artículo 49 de la ley 20.585 dispone que el profesional debe mantener un registro de los pacientes a los que ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen, por lo que la negativa a entregar los datos solicitados dentro del plazo fijado es infundada e inexcusable y, a más, obstruye el ejercicio de la labor fiscalizadora.

CUARTO: Que, no está discutido que la autoridad recurrida dispuso el requerimiento de antecedentes mencionado por el médico recurrente, 851 informes relativos a 851 licencias médicas por él expedidas, para ser satisfecho dentro del plazo de tres días.

En cambio, el recurrente ha reprochado de absurdo e imposible de cumplir dentro del breve plazo de tres días que le fijó la autoridad recurrida, el requerimiento de informar los antecedentes y complementos que justificaron la emisión de esas 851 licencias médicas.

QUINTO: Que, primeramente, no se aprecia ilegalidad en la actuación de la recurrida, ya que el artículo 2 de la Ley 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, faculta a la autoridad recurrida para realizar un requerimiento de antecedentes como el mencionado.

La disposición prevé que “Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N° 19.880.”

Por su parte, el Decreto N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, en su artículo 49 prescribe, en lo que aquí atañe, que “El profesional deberá mantener un registro de los pacientes a los cuales ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen. El profesional deberá verificar la identidad del paciente al extender la licencia.

Del mismo modo, deberá informar a las Unidades de Licencias Médicas, a las Compin y a las ISAPRE correspondientes, de los antecedentes clínicos que obren en su poder, en caso que éstos sean requeridos para el dictamen de autorización de la licencia, dentro de las 48 horas siguientes a dicho requerimiento.”

SEXTO: Que, enseguida, en cuanto a la arbitrariedad alegada, deberá evaluarse si en este preciso caso la materialización del requerimiento de emisión de 851 informes, todos los cuales deben emitirse dentro del plazo de tres días hábiles contados desde el 13 de septiembre de 2021, constituye o no una medida razonable, atendido que su incumplimiento puede traer aparejada las sanciones reguladas en el inciso 2º del artículo 2 de la Ley 20.585 recién transcrito.

SÉPTIMO: Que, si bien es cierto el transcrito artículo 2 le otorga a la COMPIN la posibilidad de otorgar el plazo máximo de siete días corridos para la emisión del respectivo informe, no parece razonable que a un mismo profesional se le pida la confección de 851 informes para ser evacuados en su totalidad dentro de tercero día, puesto que la ejecución material del conjunto de las resoluciones en tal brevísimo plazo implica desconocer la carga que pesa sobre la Administración de facilitar a los interesados el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 17, letra e, de la Ley 19.880, de bases de procedimiento administrativo), deviniendo, en consecuencia, en arbitraria.

De allí que la norma recién aludida disponga que “los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales”, lo que a simple vista no se cumple en el asunto que nos convoca, puesto que es físicamente imposible que una misma persona emita ochocientos cincuenta y un informes dentro de tercero día, puesto que tal actividad implica recabar información, adjuntar documentación y confeccionar el respectivo informe, no apreciándose cómo pueda compatibilizar sus obligaciones laborales o profesionales en tal preciso escenario.

Recordemos que el carácter de ley base o marco de la Ley 19.880, da cuenta no sólo de verdaderos imperativos de actuación para la Administración, sino de auténticos estándares de garantía para los administrados en su relación con ella, en orden al resguardo de sus derechos subjetivos, que aplican aun tratándose del caso que una ley especial regule la forma de los actos administrativos (sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de 17 de abril de 2012, rol 207-2012, CL/JUR/808/2012).

OCTAVO: Que, en razón de lo que se viene diciendo es que en doctrina se señala que todo proceso administrativo debe desarrollarse en plazos razonables, advirtiéndose que las garantías consagradas en el artículo 8 del Pacto de San nombre reservado Rica no se encuentran limitadas al Poder Judicial, sino que también deben ser cumplidas por los órganos administrativos, sea en los procedimientos impugnatorios como en los sancionatorios (Cassagne, Ezequiel (2012), “El principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo”, en Pozo, Héctor y otros, Procedimiento Administrativo, tomo I, La Ley, Buenos Aires, p. 714(, lo que no se aprecia en la implementación material de la medida impugnada.

Por lo mismo, se ha declarado que el principio de razonabilidad se encuentra recogido, entre otras, en la garantía de igualdad ante la ley, en virtud de la cual esta última se erige como un límite a la actuación de los poderes públicos y como mecanismo de reacción frente a la arbitrariedad del poder, constituyendo un principio limitativo del ámbito de actuación de aquellos (Martínez, nombre reservado y nombre reservado (2011), “El principio de razonabilidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Revista de Estudios Constitucionales, año 9, Nº1, pp. 209 y 210(.

NOVENO: Que, la arbitrariedad contenida en la decisión de la autoridad, en el caso de autos, afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la implementación de la medida de emisión conjunta de 851 informes dentro de tercero día constituye un acto no razonable por ser físicamente imposible de cumplir y no permitir compatibilizar la confección de los mismos con las actividades laborales y profesionales del recurrente.

A más de lo dicho, a todas luces la carga impuesta al médico importa un trato desigual respecto de otros que puedan encontrarse en la misma situación, pues si bien a cualquier administrado sometido a una fiscalización como la aludida se le concede un plazo de hasta siete días, que naturalmente le permite cumplir con lo que se le requiere, al recurrente se le ha formulado un masivo requerimiento de proporcionar antecedentes para 851 casos, señalándosele un plazo inferior a la mitad del máximo permitido en el citado texto legal.

DÉCIMO: Que, habida cuenta de lo concluido, resulta inoficioso examinar las demás razones esgrimidas por el recurrente para fundar su acción cautelar, así como si existe una conculcación de alguna otra garantía constitucional invocada.

UNDÉCIMO: Que, a fin de compatibilizar el ejercicio debido de las facultades fiscalizadoras de la recurrida con la garantía constitucional respecto de la cual se concederá el amparo solicitado, y en función de todo ello, decidir cuál será la medida que dispondrá esta Corte, se debe tener también en consideración que no resulta del caso hacer lugar a la petición del recurrente en orden a dejar sin efecto los requerimientos de información que se le formularon, por sustentarse los mismos en facultades legales que efectivamente detenta la recurrida. Asimismo, no resulta pertinente conceder el plazo de un informe por cada tres días solicitado por el actor para informar respecto de lo pedido, pues no se condice con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, que dispone que, “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. Por ende, si todo el procedimiento no puede extenderse por más de seis meses, el plazo para proporcionar los antecedentes por parte del recurrente debe compatibilizarse con la existencia de las etapas de todo procedimiento administrativo, cuales son las de iniciación, instrucción y finalización, según prescribe el artículo 18 de la citada ley.

Por esas consideraciones y de conformidad, además, a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide que:

I.- SE DESESTIMA LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA alegada por la parte recurrida al evacuar su informe.

II.-SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, sólo en cuanto, se ordena a la recurrida que otorgue al médico recurrente el plazo de treinta días administrativos para dar cumplimiento al requerimiento para remitir los informes solicitados de que trata la presente acción de protección, plazo que se contará desde que esta sentencia quede firme y ejecutoriada.

Cúmplase oportunamente con el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

Aunque concurrió a la vista de la causa y al acuerdo y redactó la sentencia, no firma el ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina, por estar con permiso y ausente.

N°Protección-11.900-2021.