nombre reservado con CHILE ATIENDE Y OTROS

Concepción, martes catorce de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Seremi del Trabajo Concepción, Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica, AFP Uno, AFP Habitat, Ministerio de Salud, Seremi de Salud Concepción, Superintendencia de Salud, Hospital Leonor Mascayano, Hospital Guillermo Grant Benavente, CESFAM Lorenzo Arenas Olivo y ChileAtiende, señalando como garantías constitucionales vulneradas las consagradas en el artículo 19 N° 1, del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; N° 2, de igualdad ante la ley; N° 3, de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; N° 4, del respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales; N° 9, el derecho a la protección de la salud; N° 14, el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes; N° 18, el derecho a la seguridad social y N° 22, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, todos de la Constitución Política de la República.

Explica que en el año 2022, producto de la post pandemia y posterior crisis económica, solicitó ayudas a Chile Atiende, las cuales le fueron negadas, siendo informado que no le correspondían, sin indicarle el motivo, por lo que fue a las oficinas de Chile Atiende en Castellón 435, donde se le señaló que no calificaba. No obstante ello, afirma haber concurrido nuevamente, pero ahora con su credencial de discapacidad de 50%, otorgada el año 2009, siendo registrada su credencial e indicándole que debía realizar trámites para pensionarse y luego de ello podría recibir ayuda.

Sostiene que posteriormente verificó vía electrónica y telefónica si recibiría ayuda, siendo informado que no le correspondía, por lo cual alega haber insistido, pero se le expresó que no estaba registrado por discapacidad en el sistema, debiendo realizar el trámite en AFP UNO, donde se le solicitó para realizar el proceso indicar a la funcionaria del mesón, la que no tiene ninguna facultad médica, que le dijera su diagnóstico reservado, lo cual se vio forzado a realizar contra su voluntad; que luego se le indicó que le llegaría una carta con la hora en que debía asistir a la Comisión Médica, pero que no debía asistir a la citación, ya que se efectuaría por teléfono, debiendo esperar la llamada. Agrega que llegó la carta, pero que nunca lo llamarón y que lo anterior sucedió en tres oportunidades.

Relata que producto de lo ocurrido, concurrió a las oficinas de la Comisión Médica ubicada en Barros Arana N° 1098, donde existían letreros que decían Superintendencia de Pensiones, realizando un reclamo por escrito, ya que, según le dijeron, no tenían sistema para hacerlo en línea; que en dicho acto se enteró que ellos no son parte de esa Superintendencia, sino que son un ente privado y que dependen de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Salud, por lo que acudió a la Superintendencia de Pensiones para reclamar por las irregularidades existentes, como son el hecho de enviar cartas y no ser visto por un médico, ni saber la validez del libro de reclamos.

Expresa que en la Superintendencia de Pensiones fue recibido por el analista nombre reservado el que le dio una pésima atención, no entendiendo sus descargos, por lo que debió interponer un reclamo, el que se sigue bajo el N° 662371, ya que no dio como válida la credencial que le mostró, indicando que no habían registros de ella. Que posteriormente se dirigió a la Seremi del Trabajo,, donde le atendió la secretaria, quien le indicó que no podía ver al Seremi, pues no estaba, tomando sus datos para llamarlo y entregarle asesoría jurídica, lo que nunca ocurrió, por lo que realizó un reclamo al Ministerio de Trabajo. Añade, que más tarde se le enviaron correos por parte de la Comisión y de la Superintendencia de Pensiones, los que expresaban que verían su caso.

Refiere que la Comisión le volvió a enviar una carta y que le llamaría un médico, pero no fue atendido como creía, sino que fue pasado a un box, en que el médico lo llamó por teléfono, sin embargo era traumatólogo, no psiquiatra, por lo que fue derivado, Indica que días después, producto de las dudas que le generó el que "no tuvieran datos", acudió al consultorio donde solicitó hora con una asistente social. El día de la hora la funcionaria no estaba, por lo cual realizó un reclamo, bajo el N° 2332, pero sostiene que lo atendió una asistente de otro sector del consultorio, quien le indicó que no existía en el sistema, por lo que debía solicitar su ficha médica al Hospital Leonor Mascayano, dado que éste no entregaba dichos datos cuando eran solicitados y cuando lo hacían se demoraban mucho tiempo.

Destaca que fue grande su sorpresa cuando en el recinto no figuraba, por lo que debió realizar otro reclamo, bajo el N° 12218, siendo informado que ellos enviaban los datos después de algún tiempo, aproximadamente 10 años, lo cual no corresponde según la Superintendencia, en que le indicaron 15 años, lo que tampoco le parece, ya que se trata de registros médicos, además de que las enfermedades no desaparecen mágicamente, menos las degenerativas y de por vida como la suya. A raíz de lo anterior, asistió al Hospital Guillermo Grant Benavente para pedir su ficha médica, siendo informado que se la entregarían por mano en 20 días hábiles, lo cual estima exagerado. Asimismo, señala que al solicitar el nombre de la funcionaria, aquella se tapó la credencial, siendo atendido por la Jefa de Partes, como indica el reclamo N° 12574. Seguidamente y dada su duda en el plazo de entrega, fue a la Superintendencia de Salud, donde fue informado que no podía realizar el reclamo hasta que no tuviera respuesta, ya que ellos constituyen una segunda instancia, siendo el plazo de 15 días corridos para otorgar respuesta a la información entregada por la analista nombre reservado y la jefa zonal nombre reservado.

Afirma haber solicitado copia de la atención y de la información entregada, lo cual le fue negado, aduciendo que no podían entregar una constancia, por cuanto eso ya no se usaba, debiendo él realizar una para tener un respaldo y solicitando le fuera timbrada, además de efectuar un reclamo al Servicio de Salud para apurar el trámite. Este reclamo fue atendido por nombre reservado y nombre reservado. Que despúes lo llamaron del consultorio, agendándole una nueva hora con la asistente social, la cual comenzó los trámites para solicitar una credencial de discapacidad desde cero, lo que realizó, presentando los informes con los que cuenta, pero sin ver todavía a un psiquiatra, llegando la respuesta de la solicitud de la ficha a los 15 días hábiles, otorgándole 5 días para realizar el reclamo a la Superintendencia, pero sin especificar si eran corridos o hábiles.

Explica que la respuesta a su solicitud llegó un día viernes, por lo que realizó unas consultas antes de ir a la Superintendencia, pero al llegar se le indicó por la asistente nombre reservado que no podía realizar el reclamo por estar un día fuera de plazo; que ante su insistencia y que había otro reclamo que si procedía dentro de plazo, le entregó el número de reclamo, siendo consultado por la respuesta a aquel, lo cual considera extraño, dado que ellos registran su RUT y cuentan con registro de sus visitas, además de tener toda su información médica y administrativa. Por otra parte, ya que la respuesta la tenía en su correo electrónico les solicitó conexión a internet, porque no tiene en su teléfono, no pudiendo conectarse a la red para visitas, ya que no estaba disponible, sino que solo la de funcionarios y no permitiéndole conectarse a dicha red, ni prestarle un computador para ver su correo.

Posteriormente indica que se le preguntó si interpondría o no el reclamo, a lo que él le respondió que ella le estaba negando la posibilidad de ingresar el reclamo al no entregarle los medios para hacerlo. Asimismo, desde la oficina de la Jefa Zonal se le indicó que se contaba con un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta a los servicios y se le volvió a preguntar si interpondría un reclamo, a lo que señaló que interpondría este recurso.

Alega que hasta la fecha no ha tenido noticias de su credencial, ni de la respuesta del reclamo al Servicio de Salud, ni del reclamo N° 12737 que interpuso al Hospital para aclarar los plazos de entrega de respuesta y recién el 20-06-2023 tendrá entrevista con una psiquiatra de la Comisión Médica, además de que aún no están sus registros de discapacidad en línea ni cuenta con la nueva credencial.

Hace presente que el año 2019 solicitó una pensión en AFP Hábitat, la cual no fue gestionada y en el año 2013 producto de una interconsulta por un corte en la cabeza con metal no se le suturó ni se le administró medicamento antitetánico. Es más, afirma que tenían la ficha de otra persona y al darse cuenta fue echado de la urgencia bajo amenaza de ser golpeado por los guardias, en circunstancias que sólo había solicitado el nombre del médico y de la enfermera a cargo (Reclamo N° 13385). Asimismo, nunca se le llamó para una endodoncia y nunca fue atendido (Reclamo N° 5182).

Agrega que el año 2019, se le negó la posibilidad de postular a una casa en SERVIU y en 2023 el SII le tenía registrado sin nacionalidad, debiendo presentar siete veces su contrato de arriendo para poder habilitar su giro.

Solicita, finalmente, se le otorgue credencial de discapacidad, pensión, acceso a beneficios del Estado a los cuales afirma tener derecho, con carácter de retroactivos.

Informó Jimena Holtheuer Vergara, abogado, por la recurrida AFP HABITAT S.A., alegando, en primer lugar, la extemporaneidad de la acción, por cuanto el recurrente relata de manera confusa y sin indicar hechos ni fechas precisas, las dificultades que ha tenido para obtener una credencial de discapacidad, además de una pensión, respecto de la que no indica su naturaleza, así como beneficios estatales, indicando en relación a esa administradora, y a modo referencial, que habría solicitado una pensión en el año 2019, quedando en evidencia que AFP Hábitat no es una entidad recurrida en relación a las solicitudes formuladas en el recurso y que, en todo caso, cualquier intervención en los hechos narrados por parte de su representada dataría del año 2019, antecedente que además señala no registrar, puesto que el señor nombre reservado no se encontraba afiliado al año 2019 en esa AFP. Sostiene que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo, que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio, pero que en este caso, el recurrente no ha sufrido por parte de AFP Hábitat S.A. -entidad a la cual no se encuentra incorporado-, privación, perturbación o amenaza de un derecho, que le impida, moleste o amague su ejercicio.

Manifiesta en cuanto al fondo del recurso, que esa administradora no registra ningún trámite de pensión realizado por don nombre reservado. Asimismo, indica que el señor nombre reservado se encuentra traspasado hacía otra AFP con fecha 15 de abril de 1996, por lo que mal podría haber realizado una gestión ante su mandante en el año 2019.

Solicita en virtud de lo expuesto que se rechace el recurso de protección por extemporáneo, además de no ser la vía idónea para resolver las reclamaciones del actor y en todo caso, que se declare que AFP Hábitat S.A. no ha actuado en forma ilegal ni arbitraria, con costas.

Informó Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., quien solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Expresa que don nombre reservado, efectivamente se encuentra afiliado en UNO AFP desde febrero de 2021 y que habiendo consultado con el área Comercial y Beneficios de su representada, es efectivo que el señor nombre reservado acudió a la sucursal de Concepción con fecha 22 de septiembre de 2022, para realizar el trámite de ingreso de solicitud de pensión de invalidez.

Precisa que su representada actuó de acuerdo con lo indicado en el Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez Capítulo III. Calificación de la invalidez del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en su letra u) en lo relacionado a solicitar que se indique la “Principal afección o enfermedad por la que se solicita el beneficio (señalar la enfermedad o lesión que el solicitante considera más importante o que le cause más problemas por la cual está solicitando el beneficio).”.

Menciona que al consultar en el sistema de UNO AFP, se pudo verificar que existen dos solicitudes de calificación de invalidez realizadas por el señor nombre reservado. La primera fue ingresada con fecha 10/04/2019, N° interno PM000000581681: la que fue realizada en otra administradora, debido a que, en esa fecha el recurrente no se encontraba afiliado en UNO AFP. Dicha solicitud se encuentra en estado de ejecutoriada y rechazada. Y, la segunda solicitud fue ingresada con fecha 22/09/2022, N° interno UN000000010023: realizada en UNO AFP, la cual se encuentra en estado de proceso.

Agrega que con fecha 22 de junio de 2023, se emitió una carta de la Superintendencia de Pensiones correspondiente a la Comisión Médica de la Región de Concepción, la cual adjunta y que fue recepcionada en UNO AFP con fecha 03 de julio de 2023, habiendo sido aquella enviada por parte de la Superintendencia a su afiliado y en la que se informa que: “el acuerdo de prorrogar el plazo por sesenta días para dictaminar, establecido en dicho cuerpo legal, a contar del 22 de junio de 2023, hasta el 21 de agosto de 2023.”.

Expone que el propósito de dar cuenta de lo anterior “es solo para informar que, en el estudio de calificación de la invalidez, la Comisión Médica requiere de un plazo mayor para resolver el grado de la invalidez, debido a que considera que existen razones clínicas que lo hacen necesario.”.

Refiere que su afiliado concurrió a la sucursal de Concepción para realizar su solicitud de calificación de invalidez, la que fue tramitada dentro de plazo por parte de esa Administradora y cuyos antecedentes ya están a disposición de la Comisión Médica que está evaluando el caso. Por lo tanto, previo a interponer este recurso y de evacuar el presente informe, no existe ni ha existido un perjuicio alguno en su contra del recurrente por parte de UNO AFP, por lo que considera que no existe ni ha existido una privación, perturbación o amenaza alguna por parte de esa Administradora en contra del recurrente. Sumado a ello, afirma que su representada actuó de acuerdo con lo regulado en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, así como a la Constitución y la Ley.

Informó nombre reservado, Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, quien detalla las atribuciones y funciones de ese servicio, conforme a la Ley N°20.422, específicamente su título II que regula la Calificación y Certificación de la Discapacidad, la que corresponde a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, dependientes del Ministerio de Salud, y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por el mencionado Ministerio, debiendo calificar la discapacidad, en tanto que la certificación de dicha discapacidad sólo es de competencia de las referidas COMPIN.

Explica que, de este modo, las COMPIN podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y asistenciales, sean estos públicos o privados, y de los profesionales que hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir las funciones que la Ley N° 20.422 les encomienda. Además, una vez certificada la discapacidad, la COMPIN remitirá los antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación, para su inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND), el cual, conforme a la ley mencionada, se encuentra a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, y tiene por objeto reunir y mantener los antecedentes de las personas con discapacidad y de los organismos que, de conformidad con sus objetivos, actúen en el ámbito de la discapacidad.

Concluye señalando que en virtud de lo expuesto, el organismo competente para proporcionar la información requerida es el Servicio de Registro Civil e Identificación, que tiene a su cargo el Registro Nacional de la Discapacidad, en tanto que a la COMPIN respectiva le corresponde efectuar el proceso de calificación y certificación de la discapacidad y no al Servicio Nacional de la Discapacidad que representa.

Informó nombre reservado, nombre reservado del Servicio de Registro Civil e Identificación, indicando la normativa aplicable al caso de autos, esto es, el artículo 4° de la Ley N°19.477 Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, los artículos 5°, 13, 17 y 55 de la Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y los artículos 1°, 2°, 12 y 14 del Decreto N° 945, del 23 de diciembre de 2010, del Ministerio de Justicia.

Señala que efectuada la revisión de la base de datos del Registro Nacional de la Discapacidad, consta que ese Subdepartamento de Registros Especiales, recepcionó Dictamen de Certificación de Discapacidad, mediante Resolución Compin N°10222, de 28 de octubre de 2009, proveniente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Concepción, resolución que fue registrada en su base de datos con fecha 24 de noviembre de 2009. Y, en dicha Resolución se declara que el recurrente se encuentra afecto a discapacidad, cuya causa principal es de carácter Psíquica-Mental del 50%, resolución que a la fecha se encuentra vigente, y no indica fecha de reevaluación.

Sostiene que respecto a la inscripción de discapacidad del recurrente, no es posible remitir el documento fundante o Resolución COMPIN solicitada, toda vez que conforme lo dispuesto en el artículo 7°, letra ñ) de la Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación: “Al Director Nacional le corresponderán las siguientes atribuciones y obligaciones: ñ) Ordenar la eliminación de aquellos documentos y formularios que hayan perdido su vigencia y de aquellos que, sin haber caducado, no sea conveniente conservar; (...)”. En virtud de ello, el 08 de julio de 2015, se dictó la Resolución Exenta N°0239, firmada por la Directora Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual estableció que al cumplirse un plazo de cinco años desde la recepción de la resolución COMPIN en el Registro Nacional de Discapacidad, ésta podría eliminarse, por lo tanto, la Resolución N°10222 de COMPIN Concepción, ya no se encuentra en la esfera de su resguardo.

Señala que el dictamen de discapacidad vinculado a don nombre reservado, el cual acredita su discapacidad, se encuentra debidamente inscrito y vigente en el Registro Nacional de la Discapacidad, y su credencial fue despachada en su oportunidad a su domicilio con fecha 25 de noviembre 2009. Con el fin de acreditar lo informado, acompaña Certificado de Discapacidad y Credencial de Discapacidad del recurrente de autos.

Informó Mario Valderrama Venegas, Fiscal de la Superintendencia de Pensiones, haciendo presente que el actor formula una serie de reclamos sobre diversas materias, pero que en el ámbito de su competencia, como es la fiscalización de los sistemas de pensiones y de cesantía, en lo que respecta a su solicitud de pensión de invalidez, esa Superintendencia no tuvo y no tiene injerencia en el proceso de evaluación y calificación de su solicitud de pensión de invalidez, función que es exclusiva y excluyente de las Comisiones Médicas, ya sea Central o Regional, establecidas en el D.L. N°3.500 de 1980. Además de que las Comisiones Médicas no dependen de esa Superintendencia de Pensiones, ni forman parte de su estructura orgánica para efectos de emitir sus pronunciamientos.

Que el recurrente ha realizado distintas consultas web a esa Superintendencia: La primera debido a su disconformidad con la forma de coordinación de las citaciones médicas, la cual fue respondida con fecha 13 de marzo del año 2023, señalándole las fechas de envío de las cartas certificadas y los medios de contacto con los que contaba la Comisión Médica Regional. Además, se le recomendó su concurrencia personal a las oficinas de esta última, a fin de agilizar el procedimiento. Que el 4 de abril pasado, el afiliado interpuso otro reclamo, por cuanto no podía realizar el trámite de pensión de invalidez, a pesar de tener una discapacidad del 50%, según documento emitido por la I. Municipalidad, sin señalar cual municipio ni acreditar sus dichos. Dicho reclamo fue respondido mediante Oficio Ordinario N°6853, de 20 de abril del presente año, señalándole que el reclamo ya había sido resuelto por la Comisión Médica Regional y, además, que dicho órgano contaba con autonomía para conocer de los procesos de evaluación y calificación de invalidez, motivo por el cual, independiente de que cuente con antecedentes que certifiquen la existencia de alguna enfermedad, igualmente las Comisiones Médicas deben realizar el proceso de evaluación y calificación de invalidez por expreso mandato legal. Que las respuestas a los requerimientos presentados por el recurrente ante esa Superintendencia de Pensiones, se efectuaron en virtud de las facultades fiscalizadoras que tiene ese Servicio respecto a las Comisiones Médicas, velando por la correcta aplicación de las normas y procedimientos administrativos que regulan la materia.

Informó Maria E. Piana Fissore, Presidenta Coordinadora de la Comisión Médica Regional de Concepción, quien señala que el recurrente presentó una solicitud de calificación de invalidez en el año 2019, alegando como principal enfermedad invalidante trastorno bipolar, la que fue rechazada, debido a que se tuvo por no configurado el impedimento, en atención a que el recurrente no se realizaba ningún tipo de tratamiento médico para controlar su enfermedad, motivo por el cual no cumplía con los requisitos establecidos por el legislador.

Agrega, que en el año 2022, el actor realizó una nueva solicitud, efectuada ante la AFP UNO S.A., en la cual señaló que la funcionaria le solicitó su diagnóstico médico para efectuar la solicitud, pero esto debido a que se debe estipular en el formulario respectivo el diagnóstico, ya que éste será el impedimento que debe evaluar la Comisión Médica; que dicha solicitud fue acogida a trámite, citando al recurrente para que compareciera a las oficinas de la Comisión Médica Regional, el 9 de diciembre del año 2022, pero aquel no concurrió, enviándosele una segunda citación, con fecha 3 de marzo del año 2023; que el 14 del mismo mes y año, el recurrente concurrió a las oficinas de esa Comisión, oportunidad en que fue posible actualizar sus datos de contacto y le fue informado que sería evaluado por el médico nombre reservado, quien realizó el examen respectivo y lo derivó a médico interconsultor psiquiatra, quien lo evalúa de manera telemática.

Señala que el 6 de julio último, mediante Dictamen de Invalidez N°0105469/2023, esa Comisión Médica Regional acordó rechazar la solicitud de pensión y calificación de invalidez del afiliado, considerando que no cumplía con los requisitos legales para entender configurado el impedimento, toda vez que la afección invocada es susceptible de tratamientos médicos que el recurrente no ha seguido. Contra dicho dictamen, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del D.L. N°3.500 de 1980, el 13 de julio último, el recurrente interpuso reclamo, el que está pendiente de resolución, para ante la Comisión Médica Central, la que deberá determinar su grado de invalidez.

Hace presente la normativa aplicable al caso de autos, es decir, el D.L. N° 3.500 de 1980; su Reglamento, contenido en el D.S. N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; las normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional. De dichas normas concluye que en esta materia el legislador ha establecido un procedimiento médico administrativo especial, de evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas, para lo cual gozan de autonomía, no obstante que deben actuar con estricto apego a las Normas de evaluación que la normativa prescribe.

Argumenta que respecto a las citaciones, éstas deben realizarse según lo prescrito en el compendio de normas del sistema de pensiones libro III, título I, letra D, pensiones de invalidez, Capitulo III, normas y procedimientos administrativos para la calificación y reevaluación del grado de invalidez por las comisiones médicas, el cual señala en su letra G, “En un plazo de cinco días hábiles contado desde la fecha en que fue aceptada la solicitud de calificación de invalidez, el funcionario administrativo de la Comisión Médica deberá citar al interesado para que concurra a entrevista preliminar y/o examen que practicará el médico asignado, o para retirar orden de examen o interconsulta. Para el envío de la citación deberá utilizarse el mecanismo más ágil y confiable dependiendo de las características geográficas del domicilio del solicitante”. En tal sentido, en el caso de autos, se prefirió la carta certificada, debido a que los datos de contacto, como teléfono y correo electrónico del recurrente que mantenía esa Comisión estaban desactualizados.

Desprende de la normativa citada, que para la calificación de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema, la Comisión Médica debe ceñirse a la legislación, es por ello, por lo que presentada la solicitud de pensión de invalidez, aquella envió las correspondientes citaciones al afiliado mediante carta certificada en dos oportunidades, la primera el 09 de diciembre de 2022, a la cual el actor no asistió, luego se envió una segunda citación el 03 de marzo del año 2023, a la que si concurrió, y en aquella oportunidad se revisaron los medios de contacto con la cual contaba esa comisión, siendo actualizados, no existiendo posteriormente problemas de notificación.

Respecto a la demora alegada por el afiliado en su proceso de evaluación, hace presente que el procedimiento de evaluación y calificación de invalidez, está estrictamente establecido, y de acuerdo con lo señalado, esa Comisión Médica ha actuado dentro de los plazos establecidos, tanto así que con fecha 06 de julio pasado, se emitió el Dictamen N°0105469/2023, el cual determinó que se rechazaba la solicitud, ya que no se tiene por configurado el impedimento señalado por el recurrente, siendo sobre este punto la normativa vigente clara, existiendo posibilidades de acceso a tratamiento, considerándose estos esquemas de terapia exigencias mínimas, además, de que el afiliado, se mantiene sin tratamiento médico hace ya varios años.

Arguye que el recurrente señala diversos derechos vulnerados, pero sin explicar de qué forma los actos efectuados por esa Comisión Médica Regional habrían sido arbitrarios, ni tampoco señala como ellos habrían vulnerado sus derechos fundamentales.

Sostiene que su actuación ha sido ajustada a la ley, por lo tanto, no ha existido ninguna afectación de los derechos del recurrente, sobre todo aquellos referente a la honra, la protección de la salud, el derecho a petición, el derecho a la seguridad social y la no discriminación arbitraria en materia económica, toda vez que, esa Comisión Médica tiene por función, exclusiva y excluyente la de evaluar y calificar el grado de invalidez de los trabajadores afiliados al sistema para efectos de pensión de invalidez.

En cuanto a los demás derechos reclamados estima que nada hubo de arbitrario en sus actuaciones, ya que cada una de ellas se efectuó dentro del margen legal y el plazo estipulado por la ley, siguiendo el procedimiento establecido, no haciendo tratos desiguales de ningún tipo, razón por la cual no ha existido actuación arbitraria alguna ni las vulneraciones de derechos alegadas por el recurrente.

Añade que entre los derechos que el recurrente alega vulnerados, se encuentran los establecidos en los N°s. 3°, 9°, 14 y 18, del artículo 19 de la Constitución Política, los que no se encuentran comprendidos dentro de la acción de protección, debiendo rechazarse el recurso de protección por improcedente, y por no existir ninguna actuación arbitraria e ilegal.

Concluye mencionando que el Dictamen que rechazó la invalidez del actor aún no se encuentra ejecutoriado, debido a que éste fue objeto de reclamo por parte del afiliado, acción que se encuentra pendiente de resolución, por lo que aún no existe una resolución definitiva sobre el grado de invalidez del recurrente.

Informó Víctor Joel Espinosa Agurto, abogado, en representación del Instituto de Previsión Social, continuador y sucesor Legal del Instituto de Normalización Previsional, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Expone que el recurrente en el año 2022 registra dos atenciones en la Sucursal del Centro de Atención Previsional de Concepción: Atención de 23/08/2022: ejecutivo de atención (funcionario) nombre reservado, la materia a consultar por el usuario Bono Extraordinario de Invierno Chile Apoya, se le orienta y se le entrega información al usuario sobre dichos beneficios y forma de proceder a su tramitación y obtención y Atención de 12/12/2022: ejecutivo de atención (funcionaria) nombre reservado, la materia a consultar por el usuario es sobre Información y Orientación General en temas provisionales y de beneficios de seguridad social.

Indica que el recurrente es usuario de sus servicios y tanto en los años 2020, 2022 y 2023, registra atenciones en sus oficinas de Concepción, consultando sobre diversas materias relacionadas con beneficios y bonos entregados por el Estado y que dicen relación al Ingreso Familiar Permanente, Bono Covid 19 y materias relacionadas con el DL. 3500, siendo en todos estos casos atendido en forma oportuna, entregándole toda la información requerida.

Alega que la acción cautelar es confusa en su parte petitoria, no cumpliendo con el estándar mínimo para ser acogida. Asimismo, al no contener peticiones concretas, ni señalar en que consiste la amenaza, privación o perturbación de sus derechos y garantías constitucionales, considera difícil poder desplegar una defensa fundada del actuar del Instituto de Previsión Social que representa.

Sostiene que la acción deducida no es el medio idóneo para la solución de un conflicto jurídico como el de autos, ya que, de la simple lectura del recurso, y en particular de su parte petitoria, se aprecia que el recurrente pretende que esta Corte le conceda una pensión de invalidez parcial, en atención a su estado de salud. Y, porque de acuerdo con lo informado por la Administradora de Fondos de Pensiones Uno, el recurrente con fecha 22 de septiembre de 2022, ingresó la solicitud requerida con la finalidad de que se realice la calificación de su invalidez, la cual se encuentra en proceso y que, de acuerdo con lo señalado por la propia Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones de Concepción, ya se encuentra fijado el plazo para emitir su dictamen, esto es, con fecha 21/08/2023.

Enfatiza que el recurrente no posee un derecho indubitado, ya que persigue que se declare un derecho en su favor y, se le conceda en forma íntegra distintos beneficios previsionales, como el bono invierno y otros beneficios que entrega el estado, sin detallar cuales son.

Agrega que dado que el conflicto que se ventila dice relación directa con el Derecho de Seguridad Social, reconocido en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política del Estado, necesariamente debe ventilarse en un juicio declarativo, ya que dicha garantía no está protegida por la acción de protección.

Afirma que no ha existido un actuar arbitrario o ilegal de su representado con el recurrente, ya que siempre que ha requerido información de ese Servicio, ésta ha sido entregada en forma completa y oportuna, no existiendo por parte de ese Servicio un actuar caprichoso, dado que la concesión de la pensión de invalidez no depende de aquel.

Asimismo, controvierte que al recurrente se le haya privado, perturbado o amenazado derecho alguno. Es más, da cuenta que en ese Instituto de Previsión Social se registran en su base de datos un total de 17 bonos asistenciales entregados y pagados al señor nombre reservado.

Informó Óscar Aguirre Droguett, abogado, en representación, de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., alegando la extemporaneidad de la presente acción constitucional, toda vez que el recurrente relata una serie de hechos que han transcurrido en los últimos años, en los que ha acudido a distintas instituciones con el fin de obtener beneficios, indicando que se le han rechazado. Y, en cuanto a su representada, indica que no le habría gestionado una solicitud de pensión, respecto de la cual no indica su naturaleza, sólo señala que habría solicitado una pensión en el año 2019. En razón de ello y de los antecedentes que esa Administradora recopiló, dicha situación correspondería a una solicitud de pensión de invalidez que solicitó ante AFP PlanVital durante abril de 2019, a partir de la cual quedó ejecutoriado el Dictamen de la Comisión Médica Regional, con fecha 5 de julio de 2019.

Afirma que la solicitud de pensión si fue gestionada, y que de esta gestión se obtuvo como resultado un Dictamen de la Comisión Médica de la Región, que resolvió que las enfermedades invocadas como invalidantes no han configurado un impedimento en los términos establecidos por la normativa vigente; por lo que rechazó la solicitud de Pensión de Invalidez. En consecuencia, los hechos que narra el recurrente como causantes de una privación, perturbación y/o amenaza en sus garantías constitucionales por parte de su representada ocurrieron el año 2019, en que se le comunicó el motivo por el cual se originó el rechazo de su solicitud por parte de la Comisión Médica Regional y, por lo tanto, ha transcurrido un periodo largamente superado al plazo establecido para la interposición de esta acción constitucional, la que se interpuso el día 19 de junio de 2023.

En cuanto al fondo del recurso, alega que AFP PlanVital ha actuado conforme a la normativa aplicable, dando cuenta que el recurrente se encontró afiliado a AFP PlanVital desde marzo del año 2000, hasta febrero de 2021, además de que con fecha 10 de abril de 2019, presentó ante su representada una solicitud de pensión de invalidez, por lo cual, en conformidad a lo establecido en la letra b) del Capítulo II, Letra D, Título I del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, se enviaron los documentos para una solicitud de calificación de invalidez de trabajador activo a la Comisión Médica Regional del Biobío.

Indica que con fecha 05 de junio de 2019, la Comisión Médica Regional, vista la solicitud de pensión de invalidez del afiliado y los antecedentes e informes médicos consignados en el Expediente de Calificación de Invalidez N°268790, su comparecencia ante esa Comisión Médica con fecha 22 de mayo de 2019, de acuerdo a los artículos 4° y 11 del DL N°3.500 de 1980, y considerando que las enfermedades invocadas como invalidantes no configuraron a esa fecha un impedimento en los términos establecidos en la normativa vigente, resolvió rechazar la solicitud de pensión de invalidez.

Expresa que con fecha 5 de julio de 2019, el dictamen de la Comisión Médica Regional quedó ejecutoriado, puesto que no se presentaron recursos u objeciones en su contra, mencionando que su representada no tiene registro de algún otro reclamo o solicitud ingresada por el afiliado recurrente y, durante el mes de febrero del año 2021, el afiliado solicitó su traspaso a AFP Uno.

Afirma que el recurso de protección materia de estos autos no cumple con ninguno de los requisitos contemplados en el artículo 20 de la Constitución Política la República; por lo que la presente acción resulta improcedente e infundada.

Sostiene a partir de los fundamentos de hecho y de derecho que expone, que no ha existido ningún acto u omisión arbitraria que haya irrogado responsabilidad por parte de su representada, puesto que ha obrado conforme a normal legal expresa, ciñéndose estrictamente a lo dispuesto por la normativa aplicable, de modo que, tampoco se ha causado algún agravio al actor que lo prive, perturbe o amenace en sus garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República.

Plantea que el recurrente pretende mediante su acción que se le otorgue un derecho sin el debido cumplimiento del procedimiento establecido para estos efectos, y sin acreditar cómo el rechazo a su solicitud de pensión configura una vulneración a sus garantías fundamentales por parte de PlanVital, lo que corresponde a una infracción al procedimiento establecido por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y por la Excma. Corte Suprema de Justicia, mediante el Auto Acordado N°94 del año 2015.

Pide tener por evacuado el informe requerido y se sirva desechar en todas sus partes la acción constitucional deducida en contra de su representada, por no existir la privación, perturbación o amenaza alguna al derecho de propiedad alegado y por haberse deducido de forma extemporánea; con expresa condena en costas.

Informó nombre reservado, Presidenta de la Comisión Médica Central, quien indica que en el año 2022, el Sr. nombre reservado realizó una solicitud de evaluación y calificación de invalidez, la cual fue conocida por la Comisión Médica respectiva, la que solicitó una evaluación por interconsultor psiquiatra nombre reservado, la que fue realizada el 22 de junio de 2023, de manera telemática, quien sugirió no configurar impedimento por Trastorno bipolar ni por Trastorno de personalidad, por no encontrarse actualmente en tratamiento farmacológico alguno, que permita evaluar reversibilidad del cuadro. En controles en Salud Mental, pero sin tratamiento farmacológico actual “me hacían mal, decidí tratarme con THC”. Agrega que en dicha evaluación el actor refirió uso de otros psicofármacos, entre ellos litio, risperidona y clonazepam, presentando angustia, labilidad emocional, insomnio leve, desánimo, somatizaciones diversas, fatigabilidad fácil, apatía, irritabilidad y fallas en memoria inmediata. Sin psicosis ni ideación suicida, pero con interferencia moderada a nivel social, mediado por sintomatología anímica, con regular nivel de autonomía y consumiendo a diario THC.

Menciona que el médico integrante asignado al caso, nombre reservado, tiene en cuenta evaluación por interconsultor psiquiatra y realiza entrevista telefónica señalando que el recurrente se encuentra sin control con psiquiatra, siguiendo tratamiento alternativo (marihuana) y que presenta irritabilidad fácil. También refirió dolores físicos post esfuerzo, no estando en tratamiento y concluyendo que los impedimentos no son configurables por no estar en terapia.

Luego, relata que con fecha 06 de julio del corriente año, se emite el Dictamen N°0105469/2023, que rechazó la solicitud de pensión de invalidez, por no cumplirse con los requisitos establecidos en la ley, para que se tenga por configurado el impedimento, toda vez que el recurrente, no se encuentra con ningún tipo de tratamiento médico, hace ya, bastantes años. Frente a ello, el recurrente apeló, siendo con fecha 13 de julio del corriente, elevados los antecedentes ante esa Comisión Médica Central.

Explica que la médico integrante asignada de CMC, Dra. Blamey, tuvo en consideración las evaluaciones de interconsultor psiquiatra y de MIA de CMR, dando cuenta que el afiliado fue evaluado según normas, ya que los impedimentos no cumplen con medidas terapéuticas accesibles y efectuadas, por plazo de 12 meses, con sintomatología estabilizada, por lo cual no son configurables. En tal sentido, la CMC en sesión N°708, el 4 de octubre del año 2023, revisó el caso del recurrente y determinó mediante resolución N° C.M.C 12002/2023, rechazar la apelación interpuesta y confirmar el dictamen de la Comisión Médica Regional N° 010.5469/2023, de 06 de julio de 2023.

Hace presente que el derecho a pensión de invalidez de los afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, como el procedimiento de evaluación y calificación de invalidez se encuentran regulados por el D.L. N° 3.500 de 1980; su Reglamento, contenido en el D.S. N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; las normas e instrucciones impartidas por esa Superintendencia, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones; y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional.

Señala la normativa y el procedimiento aplicable al caso de autos, concluyendo que en esta materia el legislador ha establecido un procedimiento médico administrativo especial, de evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas, para lo cual gozan de autonomía, no obstante que deben actuar con estricto apego a las Normas de evaluación que el propio cuerpo legal prescribe.

Destaca que una vez que esa Comisión Médica Central, entra a conocer y para resolver el recurso de apelación, revisó todos los antecedentes existentes, en el expediente médico y debido a ello, con fecha 4 de octubre de 2023, en sesión N° 708, se analizó el caso del Sr. nombre reservado, y se determinó que éste había sido bien evaluado, ya que a la fecha de la evaluación, no había seguido ningún tipo de tratamiento médico para tratar sus afectaciones, motivo por el cual, no cumplía con todos los requisitos establecidos para configurar el impedimento. Debido a lo anterior, esa Comisión Médica Central, rechazó el recurso de apelación y confirmó lo resuelto por la Comisión Médica Regional de Concepción, mediante dictamen N° 010.5469/2023.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, ahora bien, de los antecedentes allegados a la causa –los que fueron suficientemente sintetizados en la sección expositiva precedente-, apreciados conforme a las normas de la sana crítica, es posible concluir desde luego, y mediante la utilización de un procedimiento lógico de inferencia, que no concurren en la especie ninguna de las situaciones de ilegalidad y/o arbitrariedad denunciadas en el recurso.

En efecto, y por un lado, de las tres AFP informantes, sólo UNO S.A. cuenta con legitimación pasiva en estos autos, dado que el actor se encuentra afiliado a la misma, cosa que no sucede ni con Habitat S.A. ni con Plan Vital S.A.

CUARTO: Que, no obstante, la verdad es que AFP UNO S.A. se ha limitado a recibir la solicitud de pensión formula da por el recurrente, siendo derivada a la Comisión Médica Regional, la que se pronunció negativamente sobre la pensión de invalidez impetrada, y, posteriormente, conociendo del respectivo reclamo deducido, la Comisión Médica Central, con data 4 de octubre pasado, ratificó dicha negativa.

QUINTO: Que, por otra parte, y en lo concerniente al resto de las instituciones y organismos recurridos, lo cierto es que, ni directa ni indirectamente, obran en la causa antecedentes que apunten a establecer algunos de los escenarios irregulares denunciados por el recurrente, trasuntándose más bien la situación descrita en el recurso, como constitutiva de una falta de orientación en las acciones que debe adoptar y seguir el señor nombre reservado para la consecución de las atenciones y/o beneficios que pretende.

SEXTO: Que, así las cosas, y en ausencia de un acto u omisión ilegal y/o arbitraria, la acción constitucional propuesta no habrá de prosperar, por lo que se pasará a resolver en consecuencia.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, estiman estos juzgadores que frente a la particular situación en que se encuentra el recurrente nombre reservado –con una afección psiquiátrica que le causa, hasta ahora, un 50% de incapacidad-, se hace necesario que reciba del Estado o de sus órganos alguna indicación que lo oriente con certeza y seriedad acerca de los trámites que debe asumir para obtener respuestas oportunas y ciertas en relación con sus peticiones, no debiendo olvidarse en este punto que constitucionalmente el Estado (y sus órganos) se encuentran al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común (artículo 1° de nuestra Carta Fundamental), motivo por el cual, y desde una perspectiva de racionabilidad, deviene como necesario en el caso de autos exigir una actividad más eficiente y eficaz a determinados organismos e instituciones, por lo que se dispondrán las medidas tendientes a obtener una coordinación de los órganos con injerencia sobre la materia.

Por estas consideraciones, norma citada y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el singularizado recurso de protección interpuesto en estos autos por don nombre reservado, en contra del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Seremi del Trabajo Concepción, Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica, AFP Uno, AFP Habitat, Ministerio de Salud, Seremi de Salud Concepción, Superintendencia de Salud, Hospital Leonor Mascayano, Hospital Guillermo Grant Benavente, CESFAM Lorenzo Arenas Olivo y ChileAtiende.

Sin perjuicio de lo anterior, y teniendo presente lo señalado en el motivo séptimo de esta sentencia, el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), a través de su Dirección Regional Biobío, conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Concepción, deberán adoptar todas las medidas de coordinación que resultaren pertinentes, a fin de entregar una orientación eficiente y eficaz al recurrente nombre reservado en lo relacionado con sus atenciones de salud y las que de ellas se deriven en el ámbito de la protección de su seguridad social.

La Directora Regional del SENADIS Biobío y el Alcalde del aludido municipio, deberán informar a esta Corte, dentro del plazo de diez días hábiles administrativos de ejecutoriado que sea este fallo, y en forma circunstanciada, acerca de las gestiones y medidas efectivamente realizadas para los efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente. Ofíciese oportunamente al efecto.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

Rol 11.873-2023 – Protección.-