nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE

C.A. de Concepción.

Concepción, once de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparecen los abogados Josefa Ainardi Delgado y Luis Arteaga Sepúlveda e interponen recurso de protección a favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, los menores L. Ll. P., de 4 años de edad, M. Ll. P., de 2 años de edad y A. B. P., de 9 años de edad, y nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile, por los actos arbitrarios e ilegales perpetrados por funcionarios de dicha institución en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bio, en contra de dichas personas, los que han vulnerado sus derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, de igualdad ante la ley y al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, solicitando desde ya se ordene poner término a los actos arbitrarios e ilegales cuestionados, disponiendo las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Las personas a favor de quienes se recurre son familiares de los presos mapuche nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, todos recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío, sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, en el caso de los tres primeros, decretada con fecha 1 de septiembre de 2022 en causa RIT 5458-2021 del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en el caso del cuarto el 8 de marzo de 2023 en la misma causa y, en el caso del último, decretada con fecha 25 de agosto de 2022 en causa RIT 1423-2020 del Juzgado de Garantía de Temuco.

Añade que nombre reservado es madre de nombre reservado, nombre reservado es su pareja, nombre reservado es pareja de nombre reservado y nombre reservado es su madre, nombre reservado es pareja de nombre reservado, nombre reservado es conviviente de nombre reservado, nombre reservado es madre de este último, los menores L. LL P. y M. LL. P son hijos de nombre reservado y nietos de nombre reservado, en tanto que el menor A.B.P., es hijo de la conviviente de nombre reservado.

Indica que todas ellas y los menores, han visitado con mayor o menor regularidad a sus familiares presos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío, siendo, desde el inicio de su privación de libertad, constantemente víctimas de actos de hostigamiento, discriminación y violencia, ejecutados de manera continua y persistente, semana tras semana y hasta la fecha de la acción constitucional, por funcionarios de Gendarmería de Chile que cumplen funciones en el ingreso de visitas de dicho establecimiento penal.

Las visitas han sido vigiladas y grabadas, en ocasiones no se ha respetado el horario de ingreso acordado para la misma, haciéndoles perder el tiempo limitado que tienen para ver a sus familiares, sin considerar además las largas distancias que deben recorrer para llegar desde otras ciudades, incluso regiones, a visitar a los presos, despreciando el esfuerzo que esto significa. Se les ha insultado, gritado, sometido a un rigor excesivo en el registro de vestimentas, sobrepasando los límites de una revisión superficial, con revisiones manuales por debajo de su ropa, obligando incluso a desprenderse de su vestimenta tradicional, a niños y niñas se les ha sometido a registro de la misma manera que a los adultos, se han desconocido e interpretado y aplicado arbitrariamente las providencias relativas al ingreso de alimentos durante la visita, los menores han sido maltratados verbalmente y se ha ejercido violencia en su presencia, entre otros abusos, además de negarles la posibilidad de ingresar algún juguete o colaciones. A modo ejemplar, podemos señalar algunas situaciones, como la vivida por nombre reservado, quien ha sufrido hostigamiento, por medio de comentarios racistas y discriminatorios, tales como “ustedes no entienden nada", se le ha tratado a gritos, siendo obligada en 3 oportunidades a bajarse los pantalones que vestía, durante el registro previo al ingreso de la visita, siendo la ocasión más reciente el día 17 de junio de 2023. Por su parte, nombre reservado denuncia que ha sido víctima de permanente hostigamiento y maltrato, se le ha hecho callar de mala manera cuando ha intentado reclamar de alguna situación (“quédate calladita mejor”, le dijo en una oportunidad el Sargento nombre reservado), recibiendo amenazas de ser sancionada, burlas acompañadas de afirmaciones tales como “yo sé que ustedes no entienden nada” y provocaciones con el objeto de generar situaciones para castigarla con medidas tales como la prohibición de ingresar a la Unidad Penal, por el plazo de 60 días, la que contrasta con la indiferencia de las autoridades del establecimiento ante el proceder de sus funcionarios. “Mándelas a lavar jefe”, en presencia del Teniente Coronel nombre reservado, manifestó en una oportunidad un funcionario cuyo nombre no se le quiso entregar a doña nombre reservado, lo que generó una discusión en presencia del referido Teniente Coronel, quien simplemente se limitó a expresar que él no vio nada, que solamente había visto a doña nombre reservado insultar al funcionario, lo que motivó que se le impusiera la referida sanción.

Situaciones como la relatada se habrían dado el día 11 de enero de 2023, en que el ingreso de la visita del CCP Bio Bío se realizó con una hora de retraso, según se informó por funcionarios de Gendarmería, producto de un problema de sistema. En esa oportunidad, la revisión previa al ingreso estaba a cargo del Sargento 1° nombre reservado, quien habría ordenado a funcionarías subalternas que no admitieran ingreso de líquidos permitidos a los presos mapuche del módulo 89, en el contexto de la huelga de hambre que llevaban a cabo, líquidos (caldo de gallina y bebidas hidratantes) cuyo ingreso había sido permitido durante las visitas anteriores y constaban en la indicación de la médica nombre reservado, que realizaba acompañamiento a los huelguistas. Ante el reclamo por esta situación, el Sargento nombre reservado, de forma prepotente y frente a la funcionaría subalterna se habría burlado de doña nombre reservado, diciéndole que mejor se quedara callada, "quédate callada mejor, callaita, callaita", ante lo cual, sorprendida ella preguntó "cómo?', reiterando el funcionario ya individualizado sus expresiones, indicándole que si no se callaba la iba a sancionar, a lo que doña nombre reservado respondió que no se callaría, lo que culminó con el retiro por parte del Sargento nombre reservado de la bebida hidratante expresamente permitida mediante providencia durante la huelga de hambre, argumentando que la botella era de dos litros y que solamente se permitía uno, ignorando la explicación acerca de que, según los informes médicos, su familiar se encontraba en estado de deshidratación, lo que llevó a doña nombre reservado a vaciar parte del líquido para que se transformara en menor cantidad y pudiera ingresar. Ya durante la visita, se les indicó que permanecieran unos minutos más producto del tardío ingreso. Sin embargo, al salir los familiares de los presos mapuche del Módulo 89 se encontraron con que los funcionarios habían retenido la salida de la visita de los demás presos, señalándoles que por culpa de las familias de los presos mapuche que permanecían en la sala de visita nadie podría retirarse, dejándolos de pie esperando, por lo que al salir los familiares de los presos les increparon y agredieron verbalmente, gritándoles y acercándose de forma amenazante ante la tranquila presencia de los funcionarios de Gendarmería que observaban cómo se desarrollaba esta situación, provocada por el funcionario a cargo de la visita, el Sargento nombre reservado, con lo que se les expuso a un peligro para su seguridad e integridad física. Frente a esto, doña nombre reservado y doña nombre reservado decidieron pedir entrevista con el Teniente Coronel nombre reservado, quien aparentemente actuaba como nombre reservado, para requerir, tal como habían solicitado en audiencia el día anterior, que les otorgara un ingreso diferenciado que resguardara su integridad física y que no volvieran a exponerlas de la manera relatada, siendo atendidas en un pasillo, de mala forma y haciendo gestos de menosprecio, acompañados de frases como "ay otra vez ustedes, ya rapidito que estoy apurado". Al intentar explicarle lo ocurrido, las habría interrumpido, no permitiendo plantear el problema, se negó a escucharlas, diciéndoles en tono burlesco "pongan un reclamo pues", mientras se reía Cuando le exigían ser escuchadas y tratadas con respeto, sin risas ni burlas y que dejara de interrumpirlas, se habría burlado nuevamente indicando "yo sé que a ustedes les cuesta entender". Ante esto, doña nombre reservado le pidió que dejara de burlarse e infantilizarlas, lo que hacía frente a sus subalternos, momento en que pasa otro funcionario, de quien se le negó su identificación, gritando "jefe mándelas a lavar", lo que no fue objeto siquiera de alguna medida de reprensión. Al solicitar ser tratadas con respeto, el Teniente Coronel nombre reservado vuelve a reírse y ante la nula reacción doña nombre reservado se dirigió directamente al funcionario que les gritó para increparlo por su falta de respeto y para pedirle que se identifique, iniciándose una discusión, a la que se sumó el escolta del Teniente Coronel nombre reservado, quien también se negó a identificar al funcionario que las insultó, en medio de risas de todos los gendarmes presentes en el lugar. Al exigir al Teniente Coronel nombre reservado ser tratada con respeto por él y sus funcionarios, continuó mofándose, diciendo, con gestos de manos y risas, "yo no vi nada, solo vi que usted lo insultó", negando todas las provocaciones a qué las habían sometido una y otra vez. Luego, al solicitar explicaciones acerca de la información que les había entregado en una reunión el día anterior, en que negó que se había restringido el acceso a teléfono público del penal a sus familiares presos, en circunstancias que eso era efectivo, el Teniente Coronel nombre reservado las expulsó de la Unidad Penal, sin entregar ninguna solución, en medio de provocaciones, burlas, humillaciones, tratos racistas y machistas, frente a los funcionarios subalternos, fomentando con ello este tipo de conductas. Finalmente, al día siguiente, doña nombre reservado y doña nombre reservado, se enteraron que habían sido sancionadas con 60 días y 30 días, respectivamente, de prohibición de ingresar al establecimiento penitenciario, entregándole un documento en el aparecían dos partes de las situaciones ocurridas, en los que no se describe ninguna de las provocaciones, palabras y gestos denigrantes y burlescos de parte de los funcionarios de Gendarmería, sanción que posteriormente fue reducida por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles .

En el caso de doña nombre reservado, quien habría sido obligada por una funcionaría de Gendarmería a desprenderse de su vestimenta tradicional, la que debió dejar en el suelo durante el procedimiento de registro previa al ingreso de la visita, además de ser presionada para sacarse sus joyas también tradicionales, situación que se habría dado en dos ocasiones, lo que la ha llevado a tomar la decisión de no usar dicha vestimenta para evitar ser sometida a un trato vejatorio y denigrante.

Al respecto, relata que el día sábado 25 de marzo de 2023 concurrió al Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bío a visitar a nombre reservado, con su tululuwun (vestimenta) y al ingresar a revisión una funcionaría gendarme le dice que se saque su trariwe (cinturón) y su delantal, la hace bajar el cierre de su kupam y abrir su blusa para ser registrada manualmente, a lo que se negó en un principio, argumentando que no corresponde que la registre de esa manera, pidiéndole el protocolo de acción para visitas de presos mapuche que llegan con su vestimenta, obteniendo como respuesta que si no se sacaba ninguna de sus prendas no la dejaría entrar, acusándola además de faltarle el respeto, lo que en ningún momento hizo, sino que por el contrario exigió que se respetaran sus derechos como mujer mapuche, en particular llevar su tululuwun, lo que sería permitido en otras cárceles, en las que no se les obliga a quitarse prendas de su vestimenta, poniéndose más violenta la funcionaría y amenazando con no permitir el ingreso a doña nombre reservado. Al ver esta situación, su madre solicitó a la funcionaría que le diera a conocer si existía algún protocolo respecto de pueblos originarios y que se identificara a fin de denunciarla, no proporcionando su nombre, además de no llevar su apellido en el uniforme, limitándose a responder que no existen protocolos especiales y que cada cárcel tenía su propias reglas y formas de revisión. En definitiva, tuvo que desprenderse de su vestimenta, porque era la única manera de ingresar y no perder el viaje desde Temuco.

Como se mencionó, las familiares ya individualizadas de los presos mapuche del Módulo N° 89, han debido enfrentar el desconocimiento y la interpretación y aplicación arbitraria de las providencias que han regulado el ingreso de alimentos y objetos para los presos del Módulo 89 y en variadas ocasiones se les ha impedido el ingreso de alimentación expresamente permitida en dichas providencias, dejándolo al criterio del funcionario de turno, como cuando el día 27 de octubre de 2022 se les impidió el ingreso de mudai (sin fermento), bebida tradicional que se encontraba expresamente permitida en una providencia vigente a esa fecha, emitida por el Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario del Bío Bío, en cumplimiento de un compromiso adquirido con autoridades tradicionales mapuche, pu Machi y pu Lonko, por parte del nombre reservado. En esa oportunidad los familiares indicaron al funcionario encargado de la revisión de paquetes a ingresar con la visita, que esta bebida se encontraba permitida en el documento que se encontraba a la vista en la sala de revisión. Sin embargo, ante lo señalado el funcionario Capitán nombre reservado procedió a borrar con su lápiz la mención de dicha bebida en el documento (providencia) que se encontraba fijado en la pared, indicando “ahora ya no está permitido”, lo que hizo en presencia de los demás funcionarios presentes en el lugar.

Otra situación similar, es la más reciente, ocurrida el día 27 de mayo de 2023, cuando a doña nombre reservado y doña nombre reservado, el funcionario individualizado como el Sargento García, no les permitió ingresar el “lawen”, bebida medicinal a base de hierbas, para los presos del módulo 89, a pesar de que se trataba de la cantidad de 1,5 litros, como establece actualmente la Providencia 08.01.11.594/2023, de fecha 20 de abril de 2023, cuya única limitación es que el envase debe llevar el nombre de cada interno. Dicha bebida iba en envase plástico transparente, no obstante, el Sargento García no permitió su ingreso aduciendo que la botella no era desechable, exigencia que no aparece en ninguna parte de la providencia en cuestión.

Otro tanto ocurre con el ingreso de comida preparada y ensaladas, la que está permitida en una cantidad de una porción por interno, conteniendo la Providencia una enunciación meramente ejemplar de comidas y ensaladas, que es interpretada de manera arbitraria restringiendo el ingreso de comidas a las señaladas en esa enunciación, más allá incluso que la regulación general de Gendarmería en esta materia, que permite el ingreso de alimentos preparados sin restricciones a cierto tipo de éstos (Resolución Exenta N° 728 de fecha 6 de febrero de 2019, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile).

También se les ha obligado a trasvasijar postres como jaleas y flanes, a pesar de que la misma Providencia señala que deben ingresar en su envase original.

Por último, una situación permanente y reiterativa, que se da en cada visita, es el trato otorgado a los menores de edad, pichikeche (niños y niñas), a quienes no se les hace ingresar y salir por un sector separado de las demás visitas, como lo exige el artículo 21 de la Resolución Exenta N° 2598, de fecha 3 de mayo de 2019, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, que establece Disposiciones Generales para el Ingreso, Permanencia y Egreso de las Visitas a la Población Penal que permanece en los Establecimientos Penitenciarios del Subsistema Cerrado . Además se les ha sometido a registro manual de vestimentas y, más aún, en el caso de lactantes, como la menor M. LL P., se ha realizado un exhaustivo registro que incluye desnudamiento, exigiendo, por ejemplo, quitar el pañal durante la revisión, lo que como se dirá más adelante no está permitido por la insuficiente regulación de la citada Resolución Exenta N° 2598, de fecha 3 de mayo de 2019, y contraviene la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, haciendo traumática cada jornada de visita a sus familiares, afectando irreparablemente su estado emocional, el cual se agrava con la prohibición arbitraria a que los niños y las niñas ingresen juguetes, haciendo depender este ingreso de la voluntad individual del personal de turno que realice la revisión.

Esta situación ha ido en escalada y es así como el día 6 de mayo de 2023, el funcionario Sargento García, encargado de visita los días sábado y que desde el primer día de visita ha manifestado una conducta de hostigamiento hacia las familias de los presos mapuche, con actitudes y comentarios racistas, misóginos y machistas, violentó a los menores de edad a favor de quienes recurrimos, L. Ll. P., M. Ll. P. y A. B. P., gritándoles porque corrían por los pasillos de ingreso. Asimismo, exigió a funcionarías gendarmes a allanarlos o registrarlos por segunda vez, subirlos a una silla destinada a la revisión de adultos (en la que se debe hacer movimientos, tales como separar las piernas, pararse y sentarse en reiteradas ocasiones) pasarles la paleta.

Junto con ello ordenó a 3 funcionarias a entrar a la sala para allanar y revisar exhaustivamente a 2 mujeres, doña nombre reservado y doña nombre reservado, sin motivo alguno, cuando lo normal es que solo entre una funcionaria.

Todo lo anterior fue provocado debido a que le solicitaron al Sargento García que permitiera el ingreso de una muñeca a la menor M. LL.P., de dos años de edad, la que ya habían pasado por los dispositivos de seguridad sin ningún problema. Tampoco les permitió dejarla sobre unos lockers, obligándolas con ello a salir del establecimiento penal, para dejarla encargada afuera, a una distancia de dos cuadras aproximadamente.

Además, el mismo Sargento García señaló que él no tenía la nueva providencia, la citada N° 08.01.11.594/2023, de fecha 20 de abril de 2023, y que, por lo tanto, para él seguía todo igual. No obstante, los días de visitas anteriores los otros funcionarios y funcionarias si conocían las nuevas disposiciones.

Los hechos de hostigamiento y maltrato no cesaron. Así, el día 27 de mayo de 2023, el Sargento Monje no permitió ingresar alimentos descritos en la Providencia citada, como cazuela y ají, para nombre reservado, debido a que éste no aparecería mencionado en tal Providencia la que, independiente de los nombres que menciona, está destinada a los presos del módulo N° 89, donde se encuentran recluidos los precedentemente individualizados, y a pesar de que así se había entendido desde su llegada al establecimiento penitenciario, ya que en visitas previas el ingreso de estos alimentos si había sido autorizado para dicho preso. Además, a omisión de incluir su nombre tras su ingreso en prisión preventiva al referido módulo, no es imputable a las visitas.

En forma previa a dicha negativa, doña nombre reservado señala que intentó registrarse para visitar a nombre reservado y nombre reservado, ya que se encuentra enrolada por ambos, lo que le fue negado, ante lo que insistió indicando que necesitaba ser registrada en la forma señalada para poder ingresar alimentos a los dos y no tener problemas en la revisión posterior, recibiendo como respuesta comentarios innecesarios y fuera de lugar, como “bueno, cómo viene a ver a dos", negándose injustificadamente el funcionario que realizaba el registro de la visita a hacerlo respecto de nombre reservado, lo que efectivamente generó inconvenientes en las siguientes estaciones para ingresar los alimentos que llevaba para él. Tras lo cual, al llegar al área de revisión de alimentos, no se le permitió, además, ingresar alimentos expresamente permitidos en la Providencia destinada a los presos mapuche del Módulo N° 89 para el comunero nombre reservado, como ya se señaló.

Al mismo tiempo, ese día 27 de mayo de 2023, el Sargento Monje no permitió a doña nombre reservado y a doña nombre reservado ingresar el “lawen”, el que llevaban en un envase plástico transparente, aduciendo que debía estar contenido en un envase desechable, lo que no es exigido por la citada Providencia.

En ese momento, el Sargento García se pone a gritar de manera muy agresiva y en presencia de los niños y la lactante a favor de quienes recurrimos, para que las sacaran del lugar, haciendo él mismo pasar a otras visitas que habían llegado después que doña nombre reservado y doña nombre reservado, manifestando éstas su molestia, ya que no se estaba respetando el turno de espera, continuando el Sargento García con sus gritos y empujando una puerta de acero contra ellas y los menores A. B. P, L. Ll. P. y M. Ll. P., poniendo en peligro su integridad física con dicha acción, lo que no le importó al Sargento García, quien no depuso su actuar violento, mientras los tres hijos de doña nombre reservado lloraban por la escena que presenciaban, por lo que sujetaron la puerta y solicitaron que grabaran la situación. Luego de ocurrido esto y tras discutir con el Sargento García, el Sargento Monje llamó por teléfono al Jefe Operativo, el señor nombre reservado, que al parecer no se encontraba en la Unidad Penal, quien en definitiva les prohibió el ingreso a visita.

Cabe hacer presente que en dicha oportunidad en ningún momento se apersonó en el lugar a verificar la situación el Alcaide ni algún funcionario que se identificara como su subrogante, dándose la orden de prohibir el ingreso a visita por teléfono.

Debido al maltrato a que fueron sometidas ese día y la prohibición que se les impuso, doña nombre reservado se contactó con funcionarios del INDH, quienes se dirigieron al CCP Bío Bío a consultar por la situación ocurrida el día 27 de mayo y las medidas que se adoptarían por la jefatura del establecimiento, no siendo mencionada ninguna prohibición o sanción respecto de la afectada.

Tranquila con esa información, el día 3 de junio de 2023, doña nombre reservado se dirigió junto a sus 3 hijos a la referida Unidad Penal a visitar a nombre reservado. No obstante, no se le permitió el ingreso, informándosele que tenía una prohibición vigente por el término de 60 días, sin darles mayores explicaciones y sin que se le notificara mediante la entrega de alguna resolución o documento. Al intentar obtener más información, intentó entrevistarse con un funcionario de Gendarmería, que sería el Teniente Muñoz, quien aparentemente grabó con su cámara la conversación y no le dio mayor respuesta, salvo cuestionarla a ella, además de afirmar que “ustedes creen que porque nombran a los nombre reservado nosotros nos tenemos que asustar", evidenciando su desprecio y nulo compromiso con el respeto a los derechos fundamentales.

Todo esto, sin que se le informara previamente a doña nombre reservado, quien para realizar la visita viaja durante tres a cuatro horas desde Tirúa con sus hijos, quienes además se vieron impedidos por segunda semana consecutiva de ver a su padre, don nombre reservado.

Sobre la imposición de esa sanción a doña nombre reservado, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en la causa RIT 5458-2021, pidió informar a Gendarmería en el plazo de 48 horas, mediante resolución pronunciada en audiencia de 9 de junio de 2023, disponiendo mientras tanto “que no se suspenda en este caso las visitas que tienen programadas de acuerdo al ordenamiento interno del centro penitenciario”, visitas que para los presos del Módulo N° 89 se encuentran programadas para los días miércoles en la mañana y sábado en la tarde, es decir, dispuso la suspensión de la aplicación de la medida, hasta que el mismo tribunal o el que resulte competente (si es que en el intertanto queda firme el auto de apertura de juicio oral) se pronuncie sobre ella.

Sin embargo, considerando el trato recibido en las visitas anteriores y ante el temor fundado de que los funcionarios a cargo alegaran desconocimiento de lo resuelto por el tribunal, decidimos acompañarla al ingreso de la visita del día 10 de junio de 2023, resultando que al momento de llegar a la entrada principal de los dos establecimientos penitenciarios que se encuentran en el recinto de Camino a Penco s/n (C.P. Concepción y C.C.P. Bío Bio), además de encontrarnos con el portón cerrado, el funcionario a cargo del ingreso principal, de apellido Neira, señaló que doña nombre reservado no podía ingresar toda vez que ella ya sabía que así era, ante lo cual los abogados que la acompañábamos le indicamos al funcionario que el día anterior, 9 de junio de 2023, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, había dispuesto la suspensión de la sanción aplicada a nombre reservado, pareja de nombre reservado, preso mapuche, mientras no se resolviera en un próxima audiencia la impugnación de la misma, reuniéndose previamente todos los antecedentes necesarios para resolver. Al intentar exhibirle la resolución impresa al funcionario Neira, éste indicó que seguía órdenes, que no podía permitirle el ingreso a nombre reservado y que la única forma era que desde el interior del penal le informaran por radio que podía entrar, no dejando ingresar a nombre reservado y por lo tanto tampoco a los niños L. Ll . P. y M. Ll. P.

Cabe hacer presente en este punto que a nombre reservado no se le permitió el ingreso no sólo al Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bío, sino a todo el complejo donde también existe otro Centro de Cumplimiento denominado Concepción o “Manzano" y otros espacios destinados a edificios de Gendarmería, estacionamientos, zona de áreas verdes, bancas y juegos infantiles, por lo que no pudo, ni ella ni sus hijos, esperar en un lugar más apto, seguro y cómodo para ellos, como sería las áreas verdes, bancas y juegos, mientras los abogados concurrían al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bío a solicitar el cumplimiento de la resolución de fecha 9 de junio de 2023 ya indicada, quedando obligada a permanecer durante varios minutos en la vía pública junto a sus hijos menores, hasta que llegó al lugar doña nombre reservado, quien hizo notar la situación al funcionario, permitiéndole éste únicamente acceder y permanecer al lado de él en la zona de caseta de ingreso. Es en esos momentos que el funcionario Neira comienza a proferir comentarios altamente racistas y misóginos, aludiendo al mal carácter de nombre reservado por ser mujer mapuche y evidenciando un desconocimiento en interculturalidad y preparación mínima de los funcionarios de Gendarmería en cuanto a nombre reservado de los pueblos indígenas y en general del Derecho Internacional sobre los nombre reservado, diciéndole que todos estos problemas se provocan porque ella era una persona que no tenía capacidad de razonar, que no comprendía y que todos los problemas que han pasado van a seguir pasando hasta que nombre reservado no acepte que las cosas son así, porque lo que ellos tienen (en referencia a su pueblo, Mapuche) son privilegios, que no son derechos y que ella no era mapuche, ni sus hijos tampoco, sino que eran chilenos, porque ella nació aquí y debería tener los mismos derechos que cualquier chileno, porque no existe la nación Mapuche y que es responsabilidad de nombre reservado asumirlo; que tienen un carácter y que por eso van a tener problemas. Además, al ser consultado sobre capacitación en nombre reservado indicó que esa no era su obligación.

Por su parte, los abogados al momento de concurrir al lugar de ingreso de visitas del Centro de Cumplimiento Penitenciarios Bio Bío y consultar por la posibilidad de ingreso de nombre reservado en atención a la resolución judicial en cuestión, se nos indicó que no podía entrar y que cualquier consulta respecto a notificaciones de resoluciones judiciales debía verse en sección estadística de la Unidad Penal, por lo que nos dirigimos ambos abogados para consultar y exigir el cumplimiento de la resolución, llamando el encargado de guardia a un funcionario, quien al llegar al lugar no se identifica con nombre y tampoco lo exhibe en su uniforme, diciendo que ellos como Gendarmería ya habían enviado lo solicitado al Tribunal y que interpretan la resolución judicial en el sentido que la sanción estaría vigente y que doña nombre reservado en definitiva no podría entrar a la visita, agregando que así lo había instruido su jefatura, ante lo cual estos abogados solicitamos hablar con su superior, llegando al lugar otro funcionario sin identificación en su uniforme, indicando estar a cargo del Penal producto que era día sábado, ostentando el grado de Mayor, quien reiteró que ya habían cumplido con enviar la información solicitada al tribunal, por lo que la prohibición impuesta a doña nombre reservado podía seguir aplicándose, que no se encontraba suspendida y que no se le permitiría ingresar a visitar a don nombre reservado. Además, indicó haber llamado por teléfono al Teniente Coronel nombre reservado y que éste le había indicado que doña nombre reservado no podía entrar porque existía una sanción, sin mayor respuesta ante lo expuesto por esta parte en atención a la resolución judicial que suspendía la medida.

Solicitamos hablar con el Alcaide, pero el Mayor nos respondió que tendría que ser el lunes; pedimos hablar con el Subrogante, que sería el Teniente Coronel nombre reservado, pero se nos contestó que no estaba presente, lo que sería cierto, porque de hecho dio órdenes por teléfono; solicitamos que se apersonara en la Unidad, pero no obtuvimos mayor respuesta, sino que únicamente la confirmación de que no cumplirían la orden del tribunal, atendida su propia interpretación de la resolución judicial. En definitiva, los funcionarios se retiraron, sin conocer el nombre del primero de ellos, quien, como dijimos, nunca nos lo dio, a pesar que se lo pedimos.

Debido a todo lo anterior, advirtiendo un incumplimiento explícito de la resolución judicial, uno de los abogados toma contacto con la Magistrado de turno del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, que es el que actualmente conoce de la causa de don nombre reservado, para efectos de interponer verbalmente un amparo ante juez de garantía, vía telefónica, toda vez que la prohibición a doña nombre reservado, conviviente y madre de sus dos hijos, importa una seria restricción a su derecho a visitas, exponiendo la situación, logrando el ingreso de doña nombre reservado y sus hijos a visitar a don nombre reservado. Sin embargo, ese día no se le permitió ingresar un libro que llevaba, titulado “Operación Huracán”, bajo el argumento de que no estaba permitido por su contenido.

Entre los hechos más recientes, también se debe mencionar que el día 3 de junio de 2023, según relata doña nombre reservado, al ingresar al área de revisión de alimentos, los funcionarios presentes indicaron a la madre de uno de los comuneros del Módulo 89 y sus hijos, que no podrán seguir concurriendo al establecimiento penal con ninguna de las prendas que componen sus vestimentas tradicionales, mientras indicaba el makuñ (manta) que vestía uno de sus hijos adolescente, pues, según el funcionario, esto sólo estaría permitido para Werken, Lonko y Machi en ceremonias.

En el mismo sentido, doña nombre reservado señala que durante la visita del día 10 de junio de 2023, se informó a los familiares de don nombre reservado que no podían concurrir con su vestimenta tradicional, debido a que no está en la Providencia relativa a los presos mapuche.

Cabe señalar que cada visita es una incertidumbre respecto de cómo será el trato y el respeto a los derechos fundamentales de las personas mayores y menores de edad a favor de quienes recurren, puesto que en reiteradas ocasiones han visto cómo lo acordado con las autoridades del nombre reservado no es respetado posteriormente en la visita, recibiendo un constante maltrato y hostigamiento de funcionarios de Gendarmería, no siendo el único involucrado el Sargento García, respecto de quien el Alcaide habría afirmado a funcionarios del INDH que no participaría más en el ingreso de visitas los días sábado. Sin embargo, eso no se ha materializado, siendo además necesario que una medida de tal naturaleza se extienda, a los días miércoles, que es el otro día destinado a visitas. Sobre dicho funcionario se debe agregar que, según afirman las familiares de los presos, anteriormente habría sido sancionado por hechos similares, lo que no impidió que posteriormente ejerciera funciones en la recepción de visitas durante los días asignados a los presos mapuche.

Más aún, a pesar de que varios de estos hechos han sido puestos en conocimiento del Alcaide del Centro de CCP Bío Bío y del Director Regional del Bío Bío de Gendarmería de Chile por los familiares de los presos mapuche, la situación persiste, lo que ha determinado la necesidad de la presente acción constitucional.

Finalmente, son también relevantes las condiciones en que se desarrollan las visitas, donde faltan mesas y sillas, debiendo los familiares en muchas ocasiones sentarse en el suelo y no hay un lugar adecuado para niños y niñas, ni se les permite ingresar algún juguete ni colaciones.

Y también resulta necesario señalar, que los familiares de los presos mapuche del Módulo N ° 89 solamente han podido identificar a algunos funcionarios, ya que muchos de ellos no cuentan con su identificación en el uniforme.

Sostienen que los actos que se denuncian están constituidos por una serie de conductas de hostigamiento, discriminación, maltrato verbal y físico, ejercidos en contra de personas mapuche o familiares de mapuche con ocasión de la visita a presos mapuche, en particular de los recluidos en el Módulo N° 89 del CCP Bio Bío, que por definición son contrarios al ordenamiento Jurídico y no se encuentran justificados por fundamento alguno que resulte razonable, de lo cual deviene también su arbitrariedad. Las actuaciones denunciadas contravienen el Convenio 169 de la OIT, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, por cuanto implican el desconocimiento y falta de respeto a la cultura, tradiciones y espiritualidad del pueblo Mapuche, a través de actos tales como la exigencia de desprenderse de vestimenta tradicional durante registro previo a la visita, lo que no es exigido a otras personas, amenaza de no permitir su uso en el futuro, negativa de funcionario a permitir el ingreso de “lawen”, restricciones al ingreso de alimentos con pertinencia cultural, comentarios racistas de funcionarios o acerca de la inexistencia del pueblo Mapuche y de los derechos de las personas pertenecientes a él, lo que revela el discurso imperante en la práctica institucional de Gendarmería. En su artículo 2 N° 2, letra b) impone a los Estados el deber de "incluir medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones". El artículo 4°, por su parte, establece que "deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados". Además, el artículo 5, letra a) establece que al aplicar las disposiciones del Convenio "deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; y en su letra b) que "deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos".

En relación al tratamiento del ingreso de los alimentos y bebidas (alimenticias y medicinales), denuncian la prohibición de ingreso de mudai y de "lawen", bebida medicinal a base de hierbas, así como de alimentos preparados para los presos mapuche del Módulo N° 89. Es especialmente reprobable que, habiéndose permitido mediante providencias el ingreso de las bebidas mencionadas, en la práctica y de manera arbitraria funcionarios de Gendarmería no hayan permitido hacerlo a los familiares, en el caso del mudai sin fermentar, llegando incluso a tarjarlo en la copia del documento que lo permitía; o que a pesar de que las familiares de los presos llevaran "lawen" en la cantidad establecida en la Providencia 08.01.11.594/2023 (1,5 litros) no se les haya permitido su ingreso, arguyendo exigencias que no se encuentran en el referido documento. Todo lo cual da cuenta del actuar arbitrario de los funcionarios de Gendarmería.

También resultan arbitrarias las restricciones que se han impuesto al ingreso de alimentos preparados. La misma Providencia 08.01.11.594/2023 presenta deficiencias, pues contiene una regulación en cuanto a alimentos preparados más limitada que la Resolución Exenta 728 de 6 de febrero de 2019, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, cuyo resuelvo II.- en su letra a), permite el ingreso mediante paquetes por personas en calidad de visitas de "alimentos preparados en envases desechables y en porción individual", sin restricción a algún tipo de alimentos. Así las cosas, la enunciación de la referida Providencia, no satisface plenamente las exigencias de pertinencia cultural, en orden a ampliar la gama de alimentos a ingresar en atención a criterios de identidad territorial, y resulta ser más restrictiva en cuanto a alimentos preparados que la normativa general de la institución, prestándose, además, para interpretaciones y aplicaciones carentes de razonabilidad.

De esta manera, resulta arbitraria la prohibición de ingresar algún tipo de alimento preparado, como cazuela y ají, para algún preso mapuche, aun cuando su nombre no aparezca en una providencia determinada.

En cuanto a la obligación de despojarse de vestimenta tradicional y prohibición de uso, es evidente la contravención a las normas citadas del Convenio N° 169 de la OIT.

Asimismo, las actuaciones a que se refiere la presente acción constitucional, tales como gritos hacia menores de edad, ejercicio de violencia verbal y física en presencia de menores, exposición junto a sus familiares a ofensas y eventuales ataques de otros usuarios, comentarios alusivos a su pertenencia o desconocimiento de su pertenencia al pueblo Mapuche, sometimiento a registro de vestimentas manual o a procedimientos de registro propios de los adultos, así como el desnudamiento de lactantes (obligación de sacar pañal), contravienen la Convención Sobre Derechos del Niño, también aplicable en virtud del artículo 5 ° inciso 2° de la CPR, toda vez que sin duda implican conductas de maltrato y discriminación en razón de su pertenencia al pueblo Mapuche o de ser familiares de presos mapuche, acciones desplegadas por agentes estatales que infringen el artículo 2 de dicha Convención y en cuanto implican injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y ataques ilegales a su honra, lo que infringe el artículo 16.1.

También implican infracciones a la ley 21.430, sobre Garantías y Protección Integral a los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en particular el artículo 8, conforme al cual "ningún niño, niña o adolescente podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, nacionalidad, cultura... o en razón de cualquier otra condición, actividad o estatus suyo o de sus padres y/o madres, familia, representantes legales o de quienes lo tengan legalmente a su cuidado"; al artículo 33 de dicha ley, en virtud del cual "ningún niño, niña o adolescente podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada"; al artículo 34, de acuerdo con el cual todo niño, niña y adolescente tiene derecho a su honra e intimidad; al artículo 36, en cuanto consagra el derecho de todo niño, niña y adolescente a ser tratado con respeto, establece la prohibición de ser sometido a violencia, malos tratos físicos o psíquicos, descuidos o tratos negligentes, abusos sexuales o de cualquier otra índole, venta, trata, explotaciones, tortura u otro trato ofensivo o degradante y la protección contra cualquier tipo de violencia con móvil discriminatorio.

Finalmente, en cuanto no permiten el desarrollo de visitas en condiciones adecuadas, afectan el derecho a la vida familiar previsto en el artículo 27 de la ley 21.430 y el derecho del niño, niña o adolescente "que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular", previsto en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Todo ello, sin perjuicio de la vulneración al principio orientador del interés superior del niño, niña o adolescente, consagrado en el artículo 3.1 de la citada Convención y recogido en el artículo 7° de la ley 21.430.

Ahora bien, a pesar de que la regulación de Gendarmería de Chile en materia de visitas y en particular en lo relativo a registros corporales de los/as visitantes de los internos podría considerarse insuficiente, se debe señalar que, igualmente, las acciones descritas implican una infracción a esa regulación. En efecto, como se dijo, en el caso de los menores, éstos no ingresan y salen por un lugar diferenciado, como lo exige el artículo 21 de la Resolución Exenta N° 2598, de 3 de mayo de 2019, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, que establece Disposiciones Generales para el Ingreso, Permanencia y Egreso de las Visitas a la Población Penal que permanece en los Establecimientos Penitenciarios del Subsistema Cerrado, el que dispone que “La Administración Penitenciaria propenderá a que los menores de edad ingresen y egresen del Establecimiento Penitenciario por accesos diferenciados, de acuerdo a sus condiciones de infraestructura y disponibilidad de las mismas, debiendo los menores permanecer siempre en compañía del adulto responsable.

También se constata una infracción al artículo 22, de conformidad con el cual “el registro corporal de los menores de edad se deberá realizar preferentemente en lugares diferenciados, asegurando la privacidad de éstos, siempre bajo supervisión del adulto responsable”, cuestión que tampoco ocurre, sino que se hace en el mismo lugar que los adultos, incluso con otras visitas (salvo la situación de lactantes, que se realiza en una pequeña sala con una especie de mudador). Por otra parte, ninguno de sus artículos permite el desnudamiento, ni siquiera parcial, como sería la exigencia de sacar el pañal a lactantes para su registro, práctica contraria a derecho, conforme a las normas ya citadas de la Convención Sobre los Derechos del Niño y la ley N° 21.430.

Sin embargo, como se dijo tal regulación es insuficiente a la luz de la normativa sobre infancia a que se ha hecho referencia, pues si bien establece que “esta revisión deberá realizarse bajo los cuidados necesarios, velando por el respeto a su dignidad e integridad física y psicológica, y resguardando el interés superior de éstos” (artículo 22 inciso 2°), no contempla métodos diferentes de registro corporal que a los de los adultos, lo que en la práctica se ha traducido en el empleo de la revisión manual o táctil.

“Sin perjuicio de lo razonado precedentemente, el solo hecho de que los procedimientos de registro de las visitas se encuentren definidos en normas previamente establecidas, ello no exime al ente administrativo de adecuar su conducta y reglamentación internas a los parámetros y límites que fija el respeto a las garantías fundamentales de todas las personas que acuden a los centros penitenciarios en calidad de visitas a aquellos que se encuentran privados de libertad en dichos centros. La sola circunstancia de que la normativa interna de Gendarmería establezca un trato igual al de los adultos, para los menores que concurren a visitar a familiares u otras personas privadas de libertad, sin considerar su especial condición de mayor vulnerabilidad, y que además deje a criterio de un funcionario la forma de practicar el registro a tales menores, se divisa como una eventual vulneración de las garantías fundamentales de quienes, atendida su corta edad, muchas veces no están en condiciones de hacerlas efectivas” (Considerando Octavo, sentencia causa Rol 1378-2017, Corte de Apelaciones de La Serena).

Por último, no se da cumplimiento a la obligación de propender a la utilización de medios tecnológicos para el registro corporal, establecida en los artículos 16, 18 y 19 de la citada Resolución Exenta, lo que por cierto no se ha observado para las personas adultas a favor de quienes recurre, como tampoco respecto de los menores. Y demás está decir que ni siquiera para adultos dicha normativa contempla el desnudamiento ni el desprendimiento de vestimentas, lo que confirma el carácter arbitrario e ilegal de las conductas denunciadas en ese sentido (situación de doña nombre reservado, obligada a bajarse pantalones, y nombre reservado, obligada a desprenderse de vestimenta tradicional).

Otro factor de ilegalidad y arbitrariedad, dice relación con el ejercicio de violencia que implica el maltrato y hostigamiento sistemático a que han sido sometidas las familiares mujeres de los presos mapuche, a través de expresiones ofensivas, obligación de sacar vestimenta, exposición a ofensas y eventuales ataques de familiares de otros presos, lo que configura ejercicio de violencia psicológica y también física, como habría ocurrido en el episodio de la puerta metálica.

Tales actuaciones constituyen un atentado contra el derecho de las mujeres mapuche y familiares de presos mapuche, a vivir una vida libre de violencia, el que se encuentra garantizado por el artículo 3° de la Convención de Belem Do Pará.

Añaden que nos encontramos en un evidente caso de violencia, cubierto por dicha Convención en su artículo 2°, letra c), en cuanto a que “se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”, pues las mujeres mapuche y familiares de presos mapuche han sufrido hostigamiento y maltrato de parte de funcionarios de Gendarmería de Chile. En cuanto a la violencia psicológica, es toda aquella agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Se puede dar por una o más personas a la vez y se manifiesta básicamente de forma verbal: descalificativos, humillaciones, desvalorizaciones, menosprecios, entre otros. En el caso de la violencia física, quedan comprendidas acciones como la del funcionario de Gendarmería que empujó una puerta de metal contra dos mujeres en el contexto de una discusión en el sector de ingreso de visitas.

Tales conductas, al ser toleradas por la administración penitenciaria, contravienen lo dispuesto en el artículo 7° de la referida Convención, en cuanto a que “los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.

Señalan que se trata de relaciones asimétricas y en un contexto público entre un agente del Estado (Gendarmería de Chile) y un grupo de especial protección (mujeres mapuche). En este sentido, los funcionarios de Gendarmería, de manera reiterada y generalizada, han proferido comentarios, dichos, realizado gestos y otras acciones que nada dicen relación con sus atribuciones como funcionarios públicos. Además, no se trata de opiniones o comentarios realizados en la esfera privada o fuera de su jornada de trabajo, por lo que se torna doblemente grave la situación.

La discriminación de carácter racista que afecta a las mujeres mapuche se evidencia en aspectos cultural, educativo, laboral, institucional, de salud, en el tratamiento jurídico-penal, entre otros. La forma más notoria y cotidiana de discriminación por parte de la sociedad chilena hacia el pueblo mapuche tiene relación con su actitud prejuiciosa hacia las personas que hacen uso de la vestimenta típica mapuche, y sobre todo, hacia aquellos que posean rasgos faciales indígenas, en lo cual va envuelto racismo, actitud que en este caso se ha traducido en acciones como la exigencia de despojarse de vestimenta tradicional y la amenaza de no poder usarla en futuras visitas a familiares presos.

También denuncian una infracción a la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en los términos contemplados en los artículos 1° y 2°.

Por último, la negativa a permitir a la visita ingresar con un libro relativo a la llamada “Operación Huracán”, que trata de una causa judicial, pruebas falsas y montaje que afectó a parte de los presos mapuche del Módulo 89, es un acto ilegal y arbitrario, incluso bajo los términos de la regulación interna de Gendarmería, que en el resuelvo II -, letra c) de la Resolución Exenta 728, de 6 de febrero de 2019, de la Dirección Nacional de Gendarmería, prohíbe el ingreso de "todos los textos cuyo contenido pueda vulnerar la seguridad o las actividades normales del establecimiento”, no vislumbrándose de qué manera el libro indicado puede producir dichas consecuencias, libro que por lo demás ni siquiera ha sido leído por quienes no permitieron su ingreso.

Reprochan la insuficiencia de la reglamentación que hace Gendarmería a través de actos administrativos de rango inferior a la ley, específicamente resoluciones exentas, que establecen normas sobre aspectos que inciden en el ejercicio de derechos fundamentales, lo que infringe el artículo 19 N° 26 de la CPR, que establece la reserva legal en tales materias.

A través de los actos denunciados se han vulnerado el Derecho a la integridad física y psíquica; el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria (racial y contra la mujer); derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Solicitan las medidas necesarias para que cese la privación perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución a que se ha hecho referencia, ordenado a la recurrida poner término a los actos de hostigamiento y maltrato en contra de las personas a favor de quienes se recurre, personas mapuche y familiares de presos mapuche recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bío, y, además: que Gendarmería de Chile elabore un Protocolo para las vistas, paquetes y encomiendas a presos mapuche recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bio, que se ajuste al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la normativa internacional de nombre reservado, con pertinencia cultural y criterios de identidad territorial; que no prohíba el uso de vestimenta tradicional mapuche a las visitas de los referidos presos; que destine a funciones de recepción de visitas de presos pertenecientes a pueblos indígenas y en particular de los presos mapuche del CCP Bío Bío a funcionarios/as con formación en nombre reservado e interculturalidad; que el CCP Bio Bío, adecúe el procedimiento de registro de niños, niñas y adolescentes a las normas de la Convención sobre Derechos del Niño y la ley N° 21.430; que se investigue la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios de Gendarmería involucrados, que hayan tenido participación, en los hechos que sirven de fundamento a esta acción constitucional; que se oficie a la Defensoría de la Niñez para que adopte las medidas necesarias para otorgar protección a los menores por las vulneraciones sufridas en el contexto de la visita en el CCP Bio Bío; y las demás medidas que la Corte estime pertinentes, con costas.

Informó nombre reservado, nombre reservado en grado de Coronel, Director Regional (s) de Gendarmería de Chile Región del Bíobío, haciendo presente que Gendarmería de Chile, y el nombre reservado incluido, ha establecido un trato diferenciado para las personas sujetas a su custodia que pertenezcan a etnias originarias, compartan la cosmovisión y formas de vida de pueblos indígenas, y se identifiquen como miembros de sus comunidades, todo ello en virtud de la necesidad de adopción de medidas positivas en favor de personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad o que requieren de protección especial por su condición o situación personal, esto conforme con los lineamientos establecidos en las reglas Nelson Mandela -en lo particular, Regla N° 2-, así como también del contenido de las normas que emanan del Convenio N° 169 de la OIT. En este orden de cosas, el principio de “pertinencia cultural” -que se recoge en el Convenio- se aplica, no obstante no estar recogido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, con el debido criterio de adaptación que dicho Convenio reconoce en forma expresa. Esto es así, desde que la normativa penitenciaria no aborda adecuadamente las necesidades específicas de las personas indígenas o miembros de comunidades indígenas recluidas bajo la custodia de la Administración Penitenciaria.

Añade que el año 2020, se emite la Resolución Exenta N° 3925, del Director Nacional que “Aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, referidas a pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias”. En este orden de cosas, el nombre reservado a través de su Alcaide, a fin de adecuar el rudimentario tratamiento que la legislación interna dispone sobre el particular, ha emitido variadas instrucciones con el objeto de satisfacer las necesidades especiales para población penal indígena y quienes hacen las veces de referentes de aquéllos en el medio exterior (familiares directos y visitas en general, autoridades médicas y espirituales), y que importan una adecuación de las instrucciones generales establecidas para la población penal en general. Tal es así, que dentro del marco de la regulación sobre ingreso, registro y control de especies permitidas que sean ingresadas por las visitas o mediante encomiendas en los establecimientos penitenciarios del subsistema cerrado, contenida en la Resolución Exenta N° 6640 de 31.12.2020, del Director Nacional, la que conforme con su artículo 1° será aplicables a todos los establecimientos penitenciarios, la misma Resolución dispone (en el apartado III.-) que se delega en el jefe de cada establecimiento penitenciario la facultad para permitir el ingreso de otras especies y/o sustancias restringidas y/o autorizadas, lo cual deberá realizar mediante un acto administrativo. En virtud de esta potestad discrecional, en el mes de septiembre del año 2022, la jefatura del nombre reservado se reúne con su equipo de trabajo y se decide resolver la solicitud de algunos internos comuneros de ese establecimiento, referida a poder ingresar y recibir alimentación distinta a lo establecido y determinado en la Resolución N° 6640, atendiendo a su pertinencia cultural, con lo que se generó desde ese entonces una Providencia que permitió el ingreso de algunos alimentos adicionales, señalando en qué cantidad y de qué forma podían ingresarse aquellos. Los internos que presentaron la solicitud (mediante escrito) y que fueron autorizados, son: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

El acto administrativo en comento es la Providencia N° 1427 de 26.09.2022. Este acto dispositivo ha sufrido modificaciones, básicamente en razón de lo complejo que resulta inspeccionar el contenido de la bebida “muday", la que originalmente se autorizó ingresar bajo la fórmula “sin fermento”, lo que es imposible de detectar si no es a través del gusto, lo que implica que el custodio a cargo de la revisión debe de probar el contenido de brebaje, lo que en las circunstancias de emergencia sanitaria en las que aún nos encontramos, y sin que dentro del personal del nombre reservado existan peritos “catadores” de bebidas alcohólicas, se hizo imposible de mantener esa disposición normativa. Esta modificación consta en la Providencia N° 1470 de 04.10.2022. La Providencia N° 1427 también versa sobre vestimentas para autoridades mapuche que hagan ingreso al penal. En el tiempo intermedio, y en paralelo a estas referidas acciones, se emitió la Providencia 1575 de 20.10.2022, sobre normalización de visitas conforme a plan de apertura por COVID-19, en que se imparten instrucciones generales y a las que debe de someterse la totalidad de los usuarios del nombre reservado.

En el marco de la huelga de hambre que mantenían dichos internos, se emitió la Providencia N° 1761 de 29.11.2022, que autorizó el ingreso de insumos líquidos, sólo mientras tuviera lugar la huelga. Ya en diciembre de 2022, se emite la Providencia N° 1833, qué fija los horarios de ingreso de visita para los reos comuneros del nombre reservado. En la actualidad, rige la Providencia N° 919 del 22.06.2023, que “amplía cobertura de criterios en ingreso de visitas” para los internos mapuche que allí se señalan (del módulo N° 89), estableciendo los horarios de visitas, alimentos que pueden ingresar y vestimentas permitidas. Aparte de estas disposiciones especiales para atender los requerimientos de la población penal indígena del nombre reservado, existen regulaciones de carácter general sobre ingreso y enrolamiento de visitas a la población penal, y sobre ingreso de visitas, contenidas en las resoluciones 6622 y 2598, ambas de la Dirección Nacional institucional.

Afirma que el nombre reservado a través de su Alcaide, la Dirección Regional del Servicio, y la Institución en general, no ha pretendido privar, entorpecer o vulnerar los derechos y garantías que le asisten a la población penal, menos en el caso de los internos mapuche que habitan ese establecimiento penitenciario, ya que todas las decisiones que se han venido adoptando en materia de atención de requerimientos especiales, en consideración a su pertinencia cultural, han sido satisfechos en todos los aspectos posibles, solo con la limitación de resguardar de la seguridad del penal, de los funcionarios y usuarios del subsistema de reclusión cerrado.

En cuanto a las reclamaciones de las familias de los internos, el Sr. nombre reservado informó al Director Regional del Servicio, mediante Ordinario 5152 de 05.06.2023, que el sábado 27 de mayo se genera una reclamación porque familiares de internos comuneros pretendían ingresar alimentos especiales para nombre reservado y nombre reservado, sin que desde su ingreso hayan presentado solicitud para ser incorporados en la Providencia sobre ingreso especial de alimentos. Otro hecho que los molestó, tiene relación con que el personal se apega a las cantidades y raciones individuales permitidas, según acto administrativo emitido al efecto, sin embargo, en cada visita ellos tratan de ingresar cantidades superiores y distintas a las autorizadas. El Alcaide señaló al efecto que personalmente revisó de manera acuciosa las grabaciones de cámara GoPro (portátiles que llevan los funcionarios) sobre esa situación y registradas en el sector visita, y es categórico en indicar que el personal actuó de buena manera, dando buen trato y en que los familiares de los reclusos siempre interactuaron con el Sargento nombre reservado, no apreciando un actuar inadecuado de parte del Sargento nombre reservado, el cual estuvo presente en el lugar pero sin mayor participación. Sin embargo, se visualiza y se escucha claramente una falta de respeto de nombre reservado en contra del Sargento García S., hecho que fue informado, razón por la cual y según sus facultades el Alcaide dispuso a través de la Resolución 1413, 29.05.2023, la prohibición de ingreso a visita por 60 días.

Sin perjuicio de lo anterior y del buen actuar del personal, se determinó re instruir y fortalecer el conocimiento y la normativa vigente, coordinando con la Oficina de Protección y Promoción de los nombre reservado de la Dirección Regional Institucional, realizar una capacitación sobre grupos vulnerables, dirigida al personal de trato directo en módulo como también al personal de visita, la que se programó para el 14.06.2023. En relación a las prohibiciones de ingreso al establecimiento para algunas visitas, cierto es que la Administración local del nombre reservado, en el ejercicio de sus facultades, ha limitado la libertad de desplazamiento dentro del establecimiento en dos ocasiones (la de más arriba citada es la segunda, la primera data de enero del presente año, Resolución Interna 140 de 12.01.2023), mas esas situaciones, que constan en los registros documentales respectivos, han sido objeto de reclamación ante el juez de garantía competente (de Los Ángeles RIT 5458- 2021), emitiendo las respectivas resoluciones judiciales, donde alza estas prohibiciones, las que se han cumplido cabalmente por el nombre reservado. En todo caso, la última vez en que el juzgado de garantía de Los Ángeles dejó sin efecto la prohibición de ingreso que el Alcaide dispusiera en contra de la pareja de uno de los internos mapuche, dicha resolución fue apelada, en autos ROL Corte N° 831-2023.

En relación a la denuncia pública efectuada en junio del presente año por familiares de los internos mapuche habitantes del módulo N° 89 del nombre reservado, se precisa que mediante Providencia 901 de 16.06.2023, se instruyó la realización de una investigación interna con el fin de establecer las posibles responsabilidades administrativas que por acción u omisión pudiesen corresponder al personal de Gendarmería de Chile. El investigador, Teniente Primero nombre reservado, entre las gestiones realizadas, procedió a tomar declaración al Suboficial Mayor nombre reservado, a quien conforme a su grado le ha correspondido cumplir Dirección Regional Unidad Jurídica funciones como Jefe (S) de Visita y Encomienda en el nombre reservado, quien declara: "que los procedimientos que se adoptan con la comunidad mapuche, son conforme a lo instruido por la Jefatura de unidad, donde no hay impedimento alguno para que ingresen con sus vestimentas típicas, ya sean sus autoridades ancestrales y la visita común mapuche. Además, se tomó en consideración ciertos alimentos típicos, para quienes lo hayan solicitado formalmente, tales como: mote, harina tostada, tortilla, ají molido, entre otros, que se suman al listado de insumos para la población penal común". Luego, al ser consultado sobre si ha recibido algún reclamo formal por parte de las visitas de los comuneros mapuche, indica que no, pero que ha habido oportunidades en que estos últimos intentan ingresar más cantidad de alimentos e insumos permitidos por interno, pero en ningún caso esto ha generado un reclamo formal. Lo señalado se ajusta a las disposiciones normativas emanadas desde la Jefatura de la unidad, esto es, Providencia N° 919 del 22.06.2023, que autoriza respecto de los internos mapuches habitantes del módulo N° 89, los horarios de visitas, alimentos que pueden ingresar, vestimentas permitidas, todo ello, además de hacérseles aplicables las regalas de visitas y encomiendas de la población penal común.

Respecto de las vestimentas típicas, no existe razón para contravenir las órdenes que emanan de la propia autoridad penitenciaria, que estableció que en la eventualidad que ingrese una autoridad mapuche -tal como Lonko, Machi o Werken- solo ellos podrán ingresar usando sus vestimentas e instrumentos típicos de usos ceremoniales (01 por autoridad), en tanto los acompañantes o integrantes de comunidades mapuche podrán ingresar usando sus vestimentas típicas, incluidas las de colores negros y accesorios como trapelacucha, trarilonko, entre otros, quedando restringido para los demás integrantes el ingreso de instrumentos o accesorios. Expresa que Gendarmería de Chile, en pleno cumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT, y concordándolo con el imperativo legal encomendado a su Servicio mediante la legislación interna, esto es, el resguardo, custodia y atención de la población penal, ha incluido las tradiciones y ritos ceremoniales mapuche para su realización intramuros, poniendo sólo como límite aquello que pugna con la reglamentación vigente.

En la Investigación Interna, declaró el Sargento Primero nombre reservado, quien da cuenta que le ha correspondido estar a cargo de la visita y encomiendas, y que respecto de la comunidad mapuche ha seguido los lineamientos de la jefatura de unidad atendiendo siempre la cosmovisión que la comunidad mapuche requiere. Agrega, que nunca ha recibido un reclamo formal y que no hay restricciones respecto de la vestimenta.

Resalta el Oficio Ord. 5152 del 05.06.2023, en que el nombre reservado remite antecedentes en relación al reclamo interpuesto por nombre reservado, por hechos que habrían ocurrido el 27 de mayo pasado en la visita, indicando que de conformidad con la Res. Ex. N° 6640 de 31.12.2020, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, el nombre reservado resolvió favorablemente la solicitud de algunos internos comuneros en cuanto a poder ingresar y recibir alimentación distinta a lo establecido y determinado en la comentada Resolución Exenta N° 6640, atendiendo a la pertinencia intercultural de los reclusos, generando una Providencia que permite el ingreso de alimentos típicos de su comunidad. Indica que Gendarmería de Chile siempre ha estado llano a responder los requerimientos y necesidades de los comuneros mapuche, y más aún, respetando sus tradiciones y comunidad, careciendo de sentido emitir instrucciones con el fin de no cumplirlas.

Con fecha 08 de mayo pasado, se autorizó una visita especial de miembros de la comunidad Temucuicui al establecimiento, concretamente los Sres. nombre reservado, nombre reservado, y doña nombre reservado, con la finalidad de visitar al interno nombre reservado, quien a esa fecha se encontraba en huelga de hambre; con fecha 14 de mayo se permitió el acceso de una de las principales autoridades de la comunidad mapuche, la autoridad ancestral nombre reservado (Lonco), quien solicitó el ingreso para visitar al interno nombre reservado con el objeto de establecer un diálogo y requerirle desistirse de la huelga de hambre que hasta ese entonces aún mantenía. El Jefe del sector visita, en una muestra de respeto a la autoridad que representa la Lonco, y en razón del acervo cultural y creencias religiosas del interno, autoriza su ingreso, lográndose en definitiva que el reo depusiera su huelga de hambre; con fecha 29 de junio de 2023, se autorizó la visita extraordinaria de doña nombre reservado, doña nombre reservado (Machi), doña nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, quienes con fines espirituales, visitaron a ios internos nombre reservado y Hanthu nombre reservado Quidel, previa solicitud que formulara in situ el vocero de la comunidad Temucuicui, Sr. nombre reservado (Lonco), al jefe del establecimiento; con fecha 23 de junio de 2023, se autorizó la visita extraordinaria, con fines religiosos y para la celebración del ritual wetripantu, de 8 adultos y 5 menores de edad, respecto del interno nombre reservado, con autorización además para el ingreso de instrumentos y alimentos en cantidad acotada y debidamente controlada conforme con los estándares de seguridad ya mencionados.

En la ya citada Investigación Interna, se concluye que conforme con los antecedentes recopilados se pudo establecer que existe un trabajo serio, formal y comprometido de parte de Gendarmería de Chile, generándose actos administrativos de inclusión de las tradiciones mapuche y que no tienen relación con actos de discriminación como los denunciados, careciendo estas denuncias de prueba suficiente.

Añade que la administración local del nombre reservado ha dado cuenta de una serie de acontecimientos asociados a faltas de respeto para con los funcionarios de Gendarmería de Chile que familiares de los reos mapuche han protagonizado en las afueras del recinto carcelario, en el sector de acceso a visitas: con fecha 11 de enero de 2023, las personas que realizaban visitas a los internos del módulo 89 (comuneros mapuche) no se retiran en el horario establecido para ello, tomándose la atribución arbitraria de mantenerse en la visita por un tiempo superior al autorizado (Parte N° 119); con fecha 11 de enero de 2023, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, insultan con palabras soeces y garabatos al personal de servicio (Parte N° 46); con fecha 12 de enero de 2023, nombre reservado, quien visitaba al imputado nombre reservado, insulta al personal de servicio (Parte N° 02); con fecha 14 de enero de 2023, nombre reservado comenzó a golpear el portón de la puerta principal del ingreso a visitas, además de insultar al personal de servicio (Parte N° 60); con fecha 18 de marzo de 2023, nombre reservado, quién concurrió a visitar al interno nombre reservado, comienza a lanzar sus prendas de vestir sobre el habitáculo de incendios de la sala de visita, siendo conminada por los funcionarios a retirar su ropa, intentando la ciudadana vulnerar los controles y medidas de seguridad, deambulando por los pasillos de la sala de visita espetando ofensas verbales a los funcionarios de servicio (Parte N° 306); con fecha 06 de mayo de 2023, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, pretendieron vulnerar los controles de seguridad, maltratando verbalmente al personal de servicio con garabatos y amenazas de provocar desorden en la sala de visita (Parte N° 484); con fecha 12 de mayo de 2023, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, se dirigen al personal con garabatos e insinuaciones de provocar desórdenes en la sala de visita a fin de que la jefatura de unidad accediera a sus peticiones (Parte N° 08); con fecha 27 de mayo de 2023, nombre reservado, desata un desorden generalizado en el acceso a la visita, dirigiéndose además con garabatos al personal de servicio (Parte N° 561).

Estima que Gendarmería de Chile ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones legales y reglamentarias, no configurándose a través de sus actuaciones institucionales, en modo alguno, una afectación ni inmediata ni remota que ponga en situación de privación, perturbación o amenaza las garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Lo anterior, desde que dándose cumplimiento a los imperativos normativos que regulan la actividad penitenciaria, se han cumplido los protocolos generales y especiales sobre ingreso de visitas y encomiendas, con pertinencia cultural respecto de la población penal mapuche del nombre reservado y su entorno social, dictándose los actos administrativos atingentes a las necesidades expresadas por los mismos reclusos y sus familias, accediéndose a las solicitudes sobre ingreso de alimentos especiales, sobre número y calidad (autoridades ancestrales) de las personas que han requerido visitas especiales, y sobre adminículos y vestimentas propios de la costumbre general, ritos y ceremonias del pueblo mapuche. Muestra de esto son el cúmulo de Providencias y actos resolutivos que se han citado, todo dentro de los marcos que tanto nuestra legislación nacional establecen sobre la materia, como conforme con las reglas que el Derecho internacional prescribe al efecto.

Se trajeron los autos en relación.

En cumplimiento medida para mejor resolver informó Cherie Palomera Astroza, Jueza de Garantía de Los Ángeles, en relación al amparo verbal del artículo 95 del Código Procesal Penal, presentado el 10 de junio de 2023 por el abogado de los imputados en la causa RIT 5458 - 2021 de ingreso de su tribunal. Señaló que el 9 de junio de 2023, en la audiencia de preparación de juicio oral, se resolvió la solicitud de la Defensa de nombre reservado, respecto a la suspensión de visita de su esposa nombre reservado, lo que sigue: “Se dispone que Gendarmería de Bio Bio informe a este tribunal en un plazo de 48 horas, si es que efectivamente ha habido una resolución por parte de dicha institución en cuanto a la suspensión de visita respecto del imputado, y hasta no contar con dicho antecedente, se da lugar a solicitar por la defensa en cuanto que no se suspenda en este caso las visitas que tienen programadas de acuerdo al ordenamiento interno del centro penitenciario, contando con dicho antecedente el tribunal analizará si se fija o no la audiencia respectiva, por cuánto en esta audiencia se lleva a cabo audiencia de preparación de juicio oral deberá dictarse el día hoy el correspondiente auto de apertura de juicio oral y si este se encontrare firme y ejecutoriada este tribunal ya no sería el competente para conocer de la reclamación efectuada en esta audiencia por parte de la defensa. Si así no fuera el caso se fijará la audiencia obviamente en el más breve plazo a efecto de resolverlo en el Tribunal de Garantía de Los Ángeles. Pero se concede un plazo de 48 horas por cuánto no se informó este tribunal dicha situación y se en este caso se acoge la solicitud planteada por la defensa de que se recaben los antecedentes e informen de la situación por la cual fue suspendida las visitas en relación al imputado nombre reservado. Sirva la presente resolución como suficiente oficio remisor”. El informe aludido se remitió por interconexión el mismo día 9 en la tarde, se incorporó a la causa el 11 de junio y se proveyó el 12 de igual mes, fijando audiencia de cautela de garantías respecto del imputado nombre reservado, el 16 de junio de 2023. Entretanto, el 10 de junio de 2023 en la tarde, el abogado Luis Arteaga Sepúlveda se comunicó telefónicamente interponiendo amparo verbal a favor del imputado precitado, fundado en que se impedía por Gendarmería a esa misma hora el ingreso de la pareja o cónyuge del interno, esgrimiendo que sus visitas –las de ella- estaban suspendidas por la sanción que se le había aplicado, cuya suspensión había cesado porque la institución ya había cumplido con enviar la información que el tribunal le había requerido. Añade la jueza que tomó contacto telefónico con el encargado de visitas de la unidad penal, explicándole cuál era el sentido y alcance de lo dispuesto por el juzgado, esto es, que la suspensión de la sanción estaría vigente hasta que se evaluara lo informado y se resolviera en audiencia lo que se estimara pertinente, aclaración a la que se respondió posteriormente –después de consultarlo con el superior a cargo- a la suscrita por el subteniente nombre reservado, que la visita se había autorizado. De ello se agregó una constancia escrita a la causa el 12 de junio de 2023. El 16 de junio del año en curso, en la audiencia fijada para ello y oyendo a Gendarmería de Chile, se resolvió reducir la sanción impuesta a doña nombre reservado al tiempo durante el cual la prohibición de visitas al interno nombre reservado había estado efectivamente cumpliéndose. Ello y en síntesis, por estimarla desproporcionada a la entidad de los hechos atribuidos a la mencionada ciudadana y por los cuales se aplicó la medida. El 22 de junio se dedujo apelación por parte de Gendarmería, recurso actualmente pendiente ante esa Ilustrísima Corte de Apelaciones.

Adicionó su informe el Director Regional de Gendarmería, señalando que si bien el Fiscal propuso archivar la investigación interna, la unidad jurídica de la Dirección Regional propuso ampliar la investigación con diligencias concretas, lo que fue ordenado con fecha 4 de agosto de 2023.

Finalmente, CAROLINA CONSTANZA CHANG ROJAS, Abogada, Jefa de la Sede Regional del nombre reservado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, informó que los familiares de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, se contactado con el INDH, desde que se encuentran privados de libertad en el nombre reservado, solicitando gestiones relativas a entrevistas a estas personas en la unidad penal y recepción de denuncias sobre la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. A partir de dichas denuncias el INDH ha realizado coordinaciones con Gendarmería de Chile, consistente en reuniones con el nombre reservado, las que en algunos casos han culminado en elaboración de oficios informando las diferentes denuncias que ellos han realizado en contra de Gendarmería de Chile a su Director Regional. Dentro de las situaciones informadas se encuadran aquellas descritas en el presente recurso, relativas a las dificultades en el desarrollo de la visita, en particular, el procedimiento de registro de vestimentas de dichas personas, lidiando los familiares con los funcionarios de Gendarmería de Chile, en cuanto a uso de la vestimenta tradicional del pueblo mapuche, puesto que esto depende del criterio del funcionario a cargo; por otro lado, las complicaciones en cuanto a los alimentos que se encuentran autorizados para ser ingresados conforme Providencia instruida por el Alcaide de dicha unidad penal (N° 594/2023), debido a que esta es aplicada por el funcionario de Gendarmería de Chile que se encuentra en el ingreso conforme a su criterio. La providencia referida, ha ido siendo modificada a partir de las sugerencias y buenos oficios que se han logrado mediante reuniones entre nombre reservado, encargada regional de DDHH de Gendarmería de Chile e INDH.

Añade que con posterioridad a lo anterior, en vista de que algunas situaciones seguían ocurriendo, a raíz mayoritariamente de descoordinaciones entre los diferentes funcionarios de Gendarmería de Chile que intervienen en estos procesos, es que el INDH por medio de Oficio N° 2 de fecha 18 de enero de 2023, dirigido al Director Regional de Gendarmería Chile, solicitó que se puedan disponer las pertinentes medidas administrativas para respetar lo dispuesto en las providencias ya dictadas a este efecto, incluida además la eventual investigación de los hechos denunciados que se tradujeron en el retraso conjunto de la realización de la salida de las visitas para evitar a futuro la reiteración de dichos hechos. Con fecha 1 y 2 de junio de 2023, a través de Oficios N° 153 y 156 respectivamente, se informaron al Director Regional de Gendarmería de Chile nuevamente situaciones acaecidas durante los meses de enero, abril y mayo de 2023 según se describe en ambos Oficios. El día miércoles 12 de julio en horas de la tarde, se coordinó reunión con el Director Regional (s) de Gendarmería de Chile don nombre reservado con la finalidad de hacer presentes estas situaciones, refiriendo la autoridad regional, que él no tiene injerencia en estas medidas puesto que es de competencia exclusiva y excluyente Alcaide de la referida unidad penal, quien ya habría dictado una serie de Providencias e Instrucciones que regulaban a saber: régimen de alimentación y visitas.

Agrega que durante estos meses, el INDH en la labor de promoción de los nombre reservado, y a efectos de ayudar a Gendarmería de Chile, a que sus funcionarios comprendieran a cabalidad las implicancias del Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales, y en particular, sobre las condiciones de la privación de libertad de personas indígenas, ofreció jornadas de capacitación al Alcaide de la unidad penal ante referida y al Director regional de Gendarmería de Chile, indicando ambos que no era necesario puesto que conocían a cabalidad dicho Convenio y sus alcances en la privación de libertad.

Indica que a la fecha de este informe, el INDH no ha recibido nuevas denuncias por parte de los recurrentes, que hagan procedente su intervención ya sea de manera administrativa y/o judicial.

Considerando:

1.- Los recurrentes han sostenido que las personas a cuyo favor comparecen son madre, parejas, hijos y nietos de los internos mapuches individualizados, quienes han sido víctimas de hostigamiento, discriminación y violencia, de manera continua y persistente por funcionarios de Gendarmería de Chile en el sector de ingreso de visitas al CCP Bío Bío, reprochando que en ocasiones no se ha respetado el horario de ingreso a la visita, con la consiguiente pérdida de tiempo para ver a sus familiares, se les ha insultado, gritado, y sometido a un rigor excesivo en el registro de vestimentas, obligándolos incluso a desprenderse de las vestimentas tradicionales, tanto a niños como adultos. Detallan sucesos ocurridos los días 11 de enero, 25 de marzo, 27 de mayo, 3, 10 y 17 de junio de 2023, todos ellos referidos a tratos racistas y discriminatorios, tanto de palabra como por vías de hecho.

Añaden que tales acciones constituirían ilegalidad y o arbitrariedad por parte de la administración penitenciaria, y una vulneración de las garantías y protecciones establecidas tanto a nivel interno como en el Derecho internacional, estimando que se transgreden en la especie el derecho a la integridad física y psíquica de los protegidos, la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, y el respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia.

2.- La recurrida, por su parte, informó que ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones legales y reglamentarias, no configurándose a través de sus actuaciones institucionales una afectación, privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Asevera que han cumplido los imperativos normativos que regulan la actividad penitenciaria, los protocolos generales y especiales sobre ingreso de visitas y encomiendas, con pertinencia cultural respecto de la población penal mapuche del nombre reservado y su entorno social, dictándose los actos administrativos atingentes a las necesidades expresadas por los mismos reclusos y sus familias, accediéndose a las solicitudes sobre ingreso de alimentos especiales, sobre número y calidad de las personas que han requerido visitas especiales, y sobre adminículos y vestimentas propios de la costumbre general, ritos y ceremonias del pueblo mapuche.

3.- En el tema sometido a nuestro conocimiento es preciso tener presente las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, cuya regla 2 N° 2 señala "Con el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las administraciones penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales, y dichas medidas no se considerarán discriminatorias".

Coherente con lo anterior la Corte Interamericana de nombre reservado, en Opinión Consultiva OC 29/22 de fecha 30 de mayo de 2022, en su Considerando N° 282, ha indicado que “Dada su especial relación con el territorio y su comunidad, las personas indígenas constituyen un grupo desproporcionadamente afectado por la pena privativa de libertad. Esta medida representa un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la identidad cultural de las personas indígenas, cuyos efectos se extienden a toda la comunidad”.

4.- Además, los Tratados Internacionales sobre nombre reservado obligan a orientar la ejecución de las penas privativas de libertad hacia la prevención especial positiva, esto es, hacia la reinserción social (arts. 10.3 del PIDCP y 5.6 de la CADH), lo que implica, entre otras cosas, contar con un régimen penitenciario que prepare al condenado para la libertad mediante una “acción educativa necesaria para la reinserción social”, función que le corresponde asumir a Gendarmería, conforme al artículo 1° de la Ley Orgánica de dicho Servicio y artículo 1° del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

En el mismo sentido el artículo 2° de la Resolución Exenta 2598, de 3 de mayo de 2019, del Director Nacional, que aprueba disposiciones generales para el ingreso, permanencia y egreso de las visitas a la población penal que permanece en los establecimientos penitenciarios del subsistema cerrado, señala que el objetivo principal del régimen de visitas es, mantener los vínculos familiares y redes de apoyo externos que contribuyan al proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad, considerando que estas continúan formando parte de la sociedad.

5.- El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en su Párrafo 6°, regula las visitas de los familiares y demás personas que los reclusos hayan autorizado previamente (art. 46). Asimismo señala que el Director Nacional, mediante resolución, podrá, para casos especiales no previstos en este reglamento, regular la forma en que se realizarán las visitas, pudiendo delegar esta facultad en los Directores Regionales, luego agrega que en resguardo del derecho a visitas, los condenados deberán permanecer recluidos preferentemente cerca de su lugar habitual de residencia (art.53). Luego expresa que todos los visitantes y sus pertenencias serán registrados por razones de seguridad, registro que será realizado y dirigido por personal del mismo sexo del visitante conforme a los procedimientos determinados en la regulación que al respecto dicte el Director Nacional, respetándose siempre la dignidad de la persona. Tal registro podrá ser manual, pero se propenderá a su reemplazo por sensores u otros aparatos no táctiles (incisos 3° y 4° del art. 54). También ha de respetarse al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones que las impuestas por razones de seguridad y de buen orden del establecimiento (art. 56). Asimismo dispone que los Jefes de los establecimientos podrán impedir las visitas de determinadas personas por razones de seguridad, mala conducta de ellas, o cuya presentación sea indecorosa, claramente desaseada o alterada, o que se encuentren bajo el efecto del alcohol o drogas (art. 57).

5.- Toda la normativa existente sobre esta materia debe ser analizada con enfoque de derechos y protección especializada, por tratarse de un grupo de personas, mujeres y niños, pertenecientes a un pueblo originario, vale decir con una mirada interseccional, reforzando la eficacia de las garantías que hacen vigentes sus derechos.

En ese contexto es deber del Estado y sus órganos crear mecanismos adecuados para controlar las actuaciones de sus funcionarios, investigar y resolver las quejas y reclamos que se formulen a su respecto, estableciendo procedimientos disciplinarios, administrativos o judiciales apropiados para los casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de las personas privadas de libertad y sus familiares que los visitan.

Tratándose de las personas indígenas, los Estados miembros de la OEA han declarado que “adoptarán las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación, en particular contra las mujeres, las niñas y los niños indígenas”.

6.- En la especie, si bien no es posible acreditar racionalmente todos los hechos denunciados por los recurrentes, lo cierto es que la forma en que se ha ido ejecutando la regulación general y específica que ha dictado la Dirección Nacional y el nombre reservado Bío Bío, por parte de los funcionarios/as encargados/as de atender a las visitas de familiares y otras personas autorizadas por los internos mapuches ha sido errática, mostrando avances y retrocesos en el respeto y vigencia de los derechos y garantías de estas personas, en especial en lo que concierne a los procedimientos disciplinarios recaídos en familiares de los internos y en funcionarios de Gendarmería, muestra de lo cual es la circunstancia de haberse suspendido y luego reducido la sanción aplicada a nombre reservado, por estimar la Jueza de Garantía que era desproporcionada, más allá de encontrarse firme o no la; así como también la reapertura y ampliación de la investigación interna donde se indagan los sucesos objeto de la presente acción constitucional, conforme se informó con fecha 4 de agosto de 2023, constatándose la falta de diligencia y acuciosidad del Fiscal a cargo.

Tales déficit y omisiones no son excusables, frente a toda la normativa interna que la Institución se ha venido dando, así acontece con el nombre reservado de la Función Penitenciaria, Capítulo 3°, relativo a los Grupos Vulnerables, donde establece que se debe tener especial consideración en “…el uso de vestuario autóctono, como mantas tradicionales o cintillos, el largo del cabello o el porte de objetos simbólicos. El mismo respeto a la interculturalidad debe tenerse con las personas que visitan a los privados de libertad de pueblos originarios, especialmente, en la introducción al Establecimiento de artículos o símbolos de gran importancia para su cultura. En estos casos, los funcionarios deben velar por la seguridad del recinto, sin afectar las características propias de la identidad de una cultura determinada. En estos casos, la jefatura del Establecimiento, debe tomar las medidas necesarias para evitar cualquier acción que ponga en peligro la seguridad del recinto y el cumplimiento del Reglamento Penitenciario”.

7.- Lo anterior demuestra que no basta con las modificaciones normativas si no van acompañadas del cambio cultural de los funcionarios, quienes deben internalizar su rol y el respeto de lo propugnado en el Convenio N°169 de la OIT, cuyo artículo 4° establece que se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios, como reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los pueblos y respetarse la integridad de sus valores, prácticas e instituciones. El principio de "pertinencia cultural" contenido en este Convenio debe ser considerado en el desarrollo concreto de las actividades penitenciarias de quienes están privados de libertad y sus familiares que pertenezcan a pueblos originarios.

8.- En consecuencia, tales actuaciones pueden ser calificadas de ilegales, en tanto no cumplieron con el estándar de protección de los derechos de las personas pertenecientes a ese pueblo originario, tanto respecto de los reclusos como de sus familiares, nos llevan a dar la tutela constitucional solicitada, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas la acción de protección presentada por los abogados Josefa Ainardi Delgado y Luis Arteaga Sepúlveda a favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, los menores L. Ll. P., de 4 años de edad, M. Ll. P., de 2 años de edad y A. B. P., de 9 años de edad, y nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile, CCP Bío Bío solo en cuanto dicho organismo deberá:

I.- Adoptar de inmediato las medidas tendientes a capacitar a los directivos y funcionarios operativos del CCP Bío Bío, en lo relativo a la comprensión cabal del Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales, los derechos de las personas privadas de libertad y sus visitas, pertenecientes a dichos pueblos, debiendo coordinarse para dicho efecto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Región del Bío Bío.

II.- Informar a esta Corte, en su oportunidad, el resultado de la investigación interna abierta para indagar los sucesos denunciados en el presente recurso de protección.

Acordado con el voto en contra del abogado integrante Gonzalo Montory Barriga, quién estuvo por rechazar el recurso con los siguientes argumentos:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, disposición ésta que instaura una acción cautelar de urgencia, autónoma, y que goza de una tramitación informal y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de su aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, ilegalidad y arbitrariedad que como se dirá, no se advierte en la especie por este contradictor.

SEGUNDO: Que, en efecto, los recurrentes relatan una serie de hechos consistentes en arbitrariedades y discriminaciones sufridas a manos de Gendarmería de Chile, en el ingreso de visita a sus familiares mapuches recluidos en el CCP Bío-Bío, afirmaciones que contrastan con lo informado por la institución recurrida, quién relata la sujeción y cumplimiento de una nutrida normativa interna, además de disposiciones legales y reglamentarias que regulan el acceso de las visitas al referido centro penitenciario, muchas de las cuales han debido adaptarse a la especial situación que presentan los reclusos pertenecientes a la etnia mapuche, por exigirlo la normativa internacional en materia de nombre reservado y pueblos originarios.

TERCERO: Que, el control que realiza Gendarmería de Chile en el ingreso a un penal es siempre un punto de tensión entre las pretensiones de los familiares de los reclusos, que reclaman mayores derechos y libertades en el acceso, y el deber de la institución de hacer cumplir la ley y los reglamentos para prevenir, bajo riesgo de incurrir en serias responsabilidades funcionarias, el ingreso de elementos o de personas que pudieran atentar en contra de la seguridad de los propios gendarmes e internos, o facilitar la fuga e, incluso, permitir actividades delictivas desde la prisión para que se concreten en el medio libre, por señalar sólo algunos de los fines que procura dicho control y que, a pesar de su rigidez, suele ser burlado con variadas artimañas, entre las que se cuentan la ocultación de diversos elementos en las vestimentas de mujeres, infantes y niños. Por otra parte, no se puede desconocer que esta delicada labor de Gendarmería se complejiza cuando afecta a familiares de reclusos mapuches los que, atendida esa condición, requieren de un trato especial, sin que por ello pueda ser calificado de discriminatorio respecto de los demás reclusos y sus familias, por tratarse de una etnia originaria.

CUARTO: Que, de los informes agregados al proceso se desprende que en aquellos casos en que los recurrentes se han sentido hostigados o agraviados por la actuación de Gendarmería de Chile, se han puesto en movimiento los mecanismos legales y reglamentarios idóneos para instar por el cese de la conducta, ya sea a través de investigaciones internas o jurisdiccionales, algunas aún pendientes de resolución en tribunales, a lo que se debe agregar la supervisión permanente que procura el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en estas materias, entidad a la que luego de solicitársele informe, ha señalado que los reclusos mapuches mantienen un contacto permanente con dicha institución desde que quedaron privados de libertad en el CCP Bio-Bío; que la entidad se encuentra al tanto de las denuncias que ellos o sus familiares han formulado en contra de Gendarmería de Chile y de su Director Regional, en razón de no respetarse su condición de pueblo originario en los procesos de ingreso al penal; y que su intervención, frente a estas denuncias, ha sido más bien por vía administrativa, en orden a intentar orientar e instruir a Gendarmería de Chile en materia de tratados internacionales y de nombre reservado aplicables a los pueblos originarios, pero sin llegar a deducir acciones judiciales a favor de los denunciantes, lo que es demostrativo de que el problema de fondo que se presenta en este caso, es más bien un problema de límites entre los derechos de los reclusos y sus familiares versus el deber que ellos tienen, como todo ciudadano, de someterse a la regulación de ingreso a un penal, sin perjuicio de las especificidades que demanda su condición étnica y cultural.

QUINTO: Que, en estas condiciones, no se advierte por parte de este contradictor que, en la especie, se esté frente a acciones ilegales o arbitrarias cometidas por Gendarmería de Chile que pudieren afectar en forma grave y con evidencia ostensible las garantías constitucionales de los recurrentes, atendidas las circunstancias concretas en las que se han suscitado los hechos denunciados, por lo que en su parecer, el recurso debe ser desechado.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Redactó el Ministro Rodrigo Cerda San Martín y la disidencia su autor.

No firma el ministro Rodrigo Cerda San Martín, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Protección N° 11.856-2023.