ENTRETENIMIENTO TOP FIVE LIMITADA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Concepción, veintisiete de enero de dos mil veintidós.

VISTO:

nombre reservado, empresario, en representación de la sociedad comercial ENTRETENIMIENTOS TOP FIVE LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, representada por su alcalde Álvaro Ortiz Vera, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de nombre reservado, DIRECTOR DE FINANZAS del mismo municipio, de su mismo domicilio, por el acto arbitrario e ilegal en que han incurrido al dictar los Decretos Alcaldicios N°147-FIN, 149-FIN, 152-FIN y 156-FIN, todos del 26 de agosto de 2021, los que impiden el normal desarrollo y explotación de los dos locales comerciales de la empresa Entretenimiento Top Five Limitada, todos ellos ubicados en la comuna de Concepción, específicamente en Aníbal Pinto 636, Rol Comercial 2-24985; Barros Arana 429-435, Rol Comercial 2-25185; Freire 501, Rol Comercial 2-24455; y Freire 560 Rol Comercial 2-22234.

Refiere que la sociedad que representa es titular de las patentes antes individualizadas, que entre sus giros está el de explotación máquinas de entretenimiento, explotación de videos juegos, compras ventas, servicio técnico, entre otros. Estas patentes fueron otorgadas después de la correspondiente tramitación administrativa establecida para la obtención las patentes municipales fijadas por la Ley de Rentas Municipales (DL 3063 del año 1979), oportunidad en que acreditó cumplir con todos los requisitos legales. Que durante muchos años se hicieron los pagos semestrales respectivos de las patentes antes indicadas en el mismo municipio, conforme a los giros que el departamento de rentas y patentes efectuaba según las normas que establece la Ley de Rentas Municipales. Sin embargo, en el año 2020 el municipio le impidió hacer el pago respectivo, bloqueando los pagos que se hacían vía internet, obligándole a efectuar el pago de la patente por consignación en la Tesorería General de la República. Lo mismo se tuvo que hacer el año 2021, ya que después de impedir el pago, les comunican que la patente estaba revocada en el municipio, sin que se haya efectuado un procedimiento administrativo de revocación como lo exige la Ley 19.880 en su artículo 61. Finalmente, el día 29 de septiembre del presente año 2021 recibió cartas certificadas de la recurrida, en donde se entera que se han dictado los siguientes decretos municipales: 1) Decreto Municipal 147-FIN-2021 del 26 de agosto 2021, donde se dispone la clausura del establecimiento comercial de domicilio reservado de Concepción; 2) Decreto Municipal 149-FIN-2021 del 26 de agosto 2021, donde se dispone la clausura del establecimiento comercial de domicilio reservado de Concepción; 3) Decreto Municipal 152-FIN-202 del 26 de agosto 2021, donde se dispone la clausura del establecimiento comercial de domicilio reservado; y 4) Decreto Municipal 156-FIN-2021 del 26 de agosto de 2021, donde se dispone la clausura del establecimiento comercial de domicilio reservado, de Concepción.

Manifiesta que todos estos decretos son idénticos, salvo el número y local comercial que expresan, y ordenan proceder en forma inmediata a la clausura del inmueble que indican, por encontrarse funcionando un local de Gestión (explotación) de juegos electrónicos a nombre de Entretenimientos Top Five 17 Limitada, sin patente municipal. Como fundamento de la orden de clausura, los aludidos decretos municipales señalan otros decretos alcaldicios, que son: N°92-FIN-2020, 95-FIN-2020, 97-FIN-2020, y 98-FIN-2020; citaciones de fecha 25 de mayo 2021 al Tercer Juzgado de Policía Local, lo dispuesto en los artículos 23 y 58 del Decreto Ley 3063 de 1979, ley de Rentas Municipales, las atribuciones que le confiere los artículos 12, 56 inciso 1 y 63 letra i) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Agrega que, al revisar los fundamentos, logró determinar que los aludidos Decretos Alcaldicios N°92, 95, 97 y 98-FIN-2020 corresponden a decretos firmados por el señor Director de nombre reservado, el mismo que firma los decretos de clausura, en donde se procede a la revocación de las patentes comerciales de los locales de la recurrente antes indicados. Luego se indican citaciones al Tercer Juzgado de Policía Local, incluyéndose en la carta una copia de la aludida citación, la cual es primera vez que toma conocimiento de ella, ya que nunca fue recibida en alguno de los establecimientos, ni ha recibido notificación alguna, sobre sanción alguna por parte de dicho tribunal.

Sostiene que no es efectivo que los locales comerciales no tengan patente comercial, todos ellos la tienen con la respectiva individualización, habiéndose pagado oportunamente los derechos respectivos.

Añade que los aludidos decretos incurren en una serie de irregularidades que los transforman en actos arbitrarios e ilegales, toda vez que interpreta las normas que señala de una manera diferente a su correcta aplicación, así como también contradice normas e instrucciones contenidas en los órganos que cita al fundar su resolución. En efecto, el municipio recurrido establece una modalidad de acto jurídico que no existe en la ley de rentas municipales, esto es, la revocación de la patente comercial.

Afirma que todas estas actuaciones conculcan el derecho constitucional de su representada a ejercer libremente su actividad económica, además de atentar contra el principio de la igualdad ante la ley, toda vez que esa municipalidad para disponer la clausura de los locales, revocó las patentes comerciales sin tener la competencia para efectuar dicha actuación y sin respetar el procedimiento que la ley establece para la revocación de un acto administrativo.

Denuncia la vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución, solicitando, en definitiva, dejar sin efecto los Decretos Alcaldicios N°147-FIN-2021, 149-FIN-2021, 152-FIN-2021 y 156-FIN-2021, todos del 26 de agosto de 2021, notificados a la recurrente el 29 de septiembre del presente año 2021, por ser arbitrarios e ilegales al disponer la clausura de los establecimientos comerciales de la recurrente, no permitiéndole el ejercicio de una actividad económica que está autorizada por la ley, ordenando que la recurrida cese de cualquier amenaza, embarazo o perturbación en el desarrollo de la actividad comercial que ejecuta en sus locales comerciales, y condenarla al pago de las costas del recurso.

Informó el recurso el abogado Ricardo Radomiro Vargas Araneda, en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN y del DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del mismo municipio, alegando, en primer lugar, la errónea elección del presente recurso, ya que no es la vía idónea para dejar sin efectos los decretos municipales impugnados, desde que debió intentar el reclamo de ilegalidad previsto en el artículo 151 de la Ley 18.695.

En cuanto al fondo del recurso, refiere que los referidos decretos municipales, todos de 26 de agosto de 2021, forman parte de un largo procedimiento realizado por la I. Municipalidad de Concepción, destinado principalmente a indagar la naturaleza de los juegos electrónicos que se explotaban y desarrollaban en los locales en que desempeñaba sus actividades comerciales la parte recurrente, específicamente en relación a si constituían máquinas de juegos de destreza, o bien, si por el contrario, constituían máquinas de juegos de azar, a saber: 1) respecto del establecimiento ubicado en domicilio reservado, con fecha 6 de agosto de 2020 se dictó el Decreto Alcaldicio N°98- FIN-2020, el que decretó la revocación de la patente comercial Rol 2-24455, el cual se fundó en que, según verificación en terreno realizada por Inspectores Municipales, se operaban máquinas de juegos no susceptibles de ser calificadas como juegos de destreza por no contar con acreditación de la Superintendencia de Casinos y Juegos y no haberse acompañado por el titular de la patente antecedentes requeridos por esta I. Municipalidad de Concepción, destinados a acreditar, entre otros aspectos, la naturaleza de las máquinas de juegos electrónicos que operaban en su establecimiento; 2) respecto del establecimiento ubicado en domicilio reservado, con fecha 6 de agosto de 2020 se dictó el Decreto Alcaldicio N°95-FIN-2020, el que dispuso la revocación de la patente comercial Rol 2-22234, por los mismos fundamentes antes reseñados; 3) respecto del establecimiento ubicado en domicilio reservado, con fecha 6 de agosto de 2020 se dictó el Decreto Alcaldicio N°92-FIN-2020, que decretó la revocación de la patente comercial Rol 2-25185, por los mismos fundamentes antes reseñados; 4) respecto del establecimiento ubicado en domicilio reservado, con fecha 6 de agosto de 2020 se dictó el Decreto Alcaldicio N° 97-FIN-2020, el que dispuso la revocación de la patente comercial Rol 2-24985, por los mismos fundamentes antes reseñados.

Expone que, previo a la dictación de los Decretos N°98-FIN-2020, N°95-FIN-2020, N°92- FIN-2020 y N° 97-FIN-2020, se efectuaron por parte del Departamento de Patentes y Rentas Municipales varias actuaciones, en que se fundaron precisamente dichos decretos y que describe en detalle, destacando que, en septiembre de 2019, en cada uno de los casos hubo una inspección por parte del personal del Departamento de Patentes y Rentas Municipales, en donde se constató la existencia de varias máquinas de juegos electrónicos, cuya naturaleza como juegos de destreza era cuestionable. Por tal razón, se le envió una carta al recurrente para que acompañara los siguientes documentos antes del 30 de octubre de 2019: 1) iniciación de actividades autorizada por el Servicio de Impuestos Internos; 2) singularización de cada una de las máquinas que se explotan en el local comercial; 3) si es dueño de las máquinas, acreditarlo con la factura de compra; 4) si es arrendatario o comisionista de las máquinas, acreditarlo mediante el contrato correspondiente; 5) si es propietario del local, acreditar su dominio mediante la escritura e inscripción respectiva; si es arrendatario o subarrendatario, acreditarlo con el respectivo contrato; 6) manual o guía de usuario de Juego. Frente a esta solicitud de documentos y antecedentes, el contribuyente, representado por nombre reservado, presentó, con fecha 30 de octubre de 2019, un escrito en que se niega a acompañar documentos tendientes a acreditar las circunstancias solicitadas, en especial la naturaleza de las máquinas juegos electrónicos que se operaban en su establecimiento, sólo acompañando la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Relata que, posteriormente, con fecha 07 de febrero de 2020, se dictó por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Concepción, el Oficio Ordinario N°104, por el cual se indicó al Departamento de Patentes y Rentas Municipales el procedimiento a seguir en relación con los establecimientos que tengan patentes para hacer funcionar máquinas de juegos electrónicos. En base a dicho oficio, el Departamento de Patentes y Rentas Municipales, con fecha 21 de febrero de 2020, envió carta a Entretenimientos Top Five Limitada a cada uno de los establecimientos de que se trata, solicitándole, para más tardar al 31 de marzo de 2020, el Informe de la Superintendencia de Casinos en el que conste que las máquinas no son susceptibles de ser registradas como juegos de azar en el catálogo respectivo, la iniciación de actividades autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, la singularización de cada una de las máquinas, señalando cuántas y acompañando registros fotográficos de cada una de ellas. Pero estas solicitudes de documentos y antecedentes no fueron respondidas por parte de Entretenimientos Top Five Limitada.

Agrega que, como consecuencia de estos procedimientos descritos, se dictaron los Decretos Alcaldicios antes referidos, que decretaron la revocación de las patentes comerciales Rol 2-24455, 2-22234, 2-25185, y 2-24985. Estos decretos alcaldicios, de fecha 6 de agosto de 2020, fueron notificados correctamente a la parte recurrente, en cada uno de los domicilios registrados para cada patente, como aparece en la solicitud de despacho de correspondencia de fecha 11 de agosto de 2020 acompañadas. Y que estando revocadas las patentes comerciales, personal del Departamento de Patentes y Rentas Municipales practicaron fiscalizaciones en los establecimientos, constatándose como infracción tener abierto al público sin contar con patente municipal. Es en razón de estas fiscalizaciones en que se dictaron los decretos alcaldicios que son objeto del presente recurso de protección, que decretaron la clausura de los establecimientos de la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO. Que el actor tilda de ilegal y arbitraria la dictación de los Decretos Alcaldicios N°147-FIN, 149-FIN, 152-FIN y 156-FIN, todos de 26 de agosto de 2021, que dispusieron la clausura de los establecimientos comerciales de la parte recurrente.

TERCERO. Que, primeramente, cabe destacar que ambas partes durante sus alegaciones hicieron referencia a la existencia de un reclamo de ilegalidad interpuesto por el actor en contra del municipio, en actual tramitación ante esta Corte. Consultados ambos abogados durante la vista de la causa, mencionaron que tal reclamo de ilegalidad lleva el rol 47-2020 (Contencioso-Administrativo) y versa sobre la impugnación de los decretos municipales que dispusieron la revocación de las patentes comerciales de los establecimientos de la recurrente, cuya clausura se reprocha por los presentes autos.

CUARTO. Que, en este entendido, lo que pretende el recurrente es dejar sin efecto los Decretos Alcaldicios N°147-FIN, 149-FIN, 152-FIN y 156-FIN, todos del 26 de agosto de 2021, lo que excede del marco del presente arbitrio constitucional, desde que la ineficacia de los actos administrativos tiene sus propias vías de solución en los procedimientos pertinentes que consagra el ordenamiento.

QUINTO. Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que el principal argumento del actor para calificar de ilegales y arbitrarios a los decretos alcaldicios recurridos, es la imposibilidad de la municipalidad recurrida de decretar la revocación de las patentes comerciales, lo que, como se dijo, es objeto del reclamo de ilegalidad interpuesto por el recurrente en los autos rol 47-2020 (Contencioso-Administrativo), por lo que tal aspecto ya se encuentra sometido al imperio del derecho y conducido por la vía idónea para lograr el resultado perseguido por aquél.

Por lo demás, no debe olvidarse que la dictación de los decretos de clausura objeto del presente arbitrio constitucional son una consecuencia directa de tal acto de revocación, tal como lo reconoce el actor en su libelo.

SEXTO. Que, sin perjuicio de lo anterior, la municipalidad recurrida tiene plena facultad para decretar la clausura de los locales comerciales sin patente municipal, como sucede en la especie.

En efecto, los dos primeros incisos del artículo 58 del Decreto N°2.385 del año 1996, que contiene el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N°3.063, sobre Rentas Municipales, señalan que “la mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado.

Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes”.

A mayor abundamiento, conforme lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el reseñado artículo 58 inciso 2° “no contempla una hipótesis limitada, únicamente, al evento en que la actividad económica de que se trata se lleva a cabo sin contar con patente municipal, sino que la misma abarca otros supuestos distintos y, en particular, aquel conforme al cual, otorgado el permiso municipal en comento para el desarrollo de una labor específica, su titular extiende inopinadamente su ocupación incluyendo rubros no comprendidos en la patente respectiva…” (sentencia de 31 de julio de 2020, rol 16.227-2019, citando, a modo ejemplar, los roles 24.766-2018, 6230-2019 y 20.969-2020).

SÉPTIMO. Que, en este escenario, no se advierte acto ilegal ni arbitrario alguno de la Municipalidad de Concepción al dictar los decretos alcaldicios impugnados por esta vía, máxime si, además, si gozan de una presunción de legalidad, al amparo del inciso final del artículo 3 de la Ley 19.880.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por ENTRETENIMIENTOS TOP FIVE LIMITADA.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la sentencia el abogado integrante Carlos Céspedes Muñoz.

No firman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, el Ministro Sr. Muñoz ni el Fiscal Judicial Sr. Rodríguez, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Protección Nº11.849-2021.

1