nombre reservado con BANCO FALABELLA S.A.

C.A. Concepción.

Concepción, veinticinco de julio de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece el abogado Antoine Laurent Peñaloza Carrillo, en representación de nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de BANCO FALABELLA S.A., pues dice que el recurrido rechazó una solicitud de crédito de consumo sin entregar las razones precisas del rechazo.

Explica que el 24 de mayo 2023, la ejecutiva de Banco Falabella, nombre reservado., desde correo reservado, le informó a la recurrente lo siguiente:

“nombre reservado buenas tardes, Junto con saludar, te comento en estos momentos no es posible ingresar una solicitud de crédito de consumo, te recomiendo que revises tus antecedentes financieros ya que ingresar la solicitud se realiza una evaluación general de antecedentes financieros, puede que estés informado en alguna otra entidad financiera o casa comercial y eso afecta al momento de solicitar crédito.”.

Afirma que las razones del rechazo obedecerían a que la recurrente se sometió a un proceso de liquidación concursal de la ley 20.720, terminado por medio de resolución de término de fecha 04.marzo.2022, en causa rol C-818-2021 del 3° Civil de Concepción, por lo que conforme los términos del artículo 255 de la misma norma, la compareciente se encuentra rehabilitada para todos los efectos legales.

Expone que el objetivo de la recurrente es bancarizarse nuevamente, pero las actuaciones de la recurrida vulneran normas expresas en la materia, indagando en informaciones y registros históricos clandestinos que, por ley, no deben existir.

A continuación cita la normativa contenida en la Ley General de Bancos como exigencias mínimas para la apertura de cuentas corrientes y afirma que todos esos requisitos fueron cumplidos por la recurrente, en atención a que es trabajadora dependiente con un sueldo estable.

Ssotiene que la recurrida no señala mayores motivos para ni siquiera evaluarla; al parecer obedece a que tuvo deudas que fueron extinguidas por un procedimiento concursal de liquidación, aun cuando actualmente no sean objeto de información por estar al día en sus obligaciones o porque por disposición legal la información financiera sea un dato denominado caduco, manteniéndolo las recurridas sin tener en cuenta el efecto de la resolución de termino. Agrega que la negativa de las recurridas de acceder a sus productos bancarios, como indicio claro, se basa en las deudas extintas que tuvo el recurrente y que no deberían estar en plataforma alguna, atendida la disposición de la ley 20.720, por lo que existe la sospecha, fundada, de que lo obrado es ilegal y arbitrario.

Precisa que los actos denunciados como ilegales y arbitrarios corresponden al rechazo infundado, discriminatorio y arbitrario de las solicitudes de apertura de productos financieros, de forma tal que la existencia de un acto u omisión ostensiblemente arbitrario o ilegal de la recurrida es evidente.

En su concepto, la conducta denunciada provoca una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las siguientes garantías:

1. Artículo 19, n° 2 de la Constitución Política: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados”.

Al recurrente se le ha dispensado un trato diferenciado con respecto al resto de las personas, injustificadamente, por cuanto las recurridas no ha dado un fundamento plausible, razonable ni legal para negarle el acceso a los productos financieros que ofrecen al público, dejándolo en la indefensión, no teniendo herramientas para refutar datos que ya están caducos.

2. Artículo 19, n° 4 de la Constitución Política: “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”.

Todo lo que se ha expuesto, ha generado, una afectación grave a las garantías fundamentales en referencia, por el desigual tratamiento a mi representado y la inclusión en un registro clandestino e ilegal, limitando cabalmente su vida financiera y la posibilidad de participar activamente en la economía.

En definitiva, solicita hacer lugar al recurso adoptando las medidas o providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de quien recurre, en especial el efectivo acceso al mercado financiero, conforme a las normas legales y reglamentarias que regulan la materia, en forma igualitaria que toda otra persona consumidora, con costas.

Informó el abogado Roberto Sepúlveda Núñez, en representación del recurrido Banco Falabella, solicitando el rechazo de la acción constitucional incoada, con costas.

Dijo que su representada es una sociedad de giro bancario, cuyas actividades se encuentran estrictamente reguladas por la Ley General de Bancos, leyes complementarias y normativas de Comisión para el Mercado Financiero, “CMF”, cuyas atribuciones en la materia fueron ejercidas por bastantes años por la extinta Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Añadió que entre su mandante y la recurrente existe un contrato de cuenta corriente (información que, durante la vista de la causa, en su alegato, fue rectificada por el abogado de la recurrida, precisando que no existe tal contrato); y que la cuenta corriente bancaria es un contrato de confianza en virtud del cual el Banco se obliga a cumplir las órdenes de pago del cliente hasta la concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado. De esta forma, el titular de la cuenta corriente podrá girar cheques o hacer retiros de dinero mediante tarjetas de débito, hasta por un valor que en total no supere las cantidades depositadas previamente en el Banco, o los montos disponibles en la línea de crédito si la tuviere.

Dijo que, dentro de su actividad bancaria, su representada ofrece diversos productos financieros como créditos hipotecarios, de consumo, entre otros, los que son posibles de contratar por parte del público, en tanto se cumplan con requisitos definidos en base parámetros objetivos, por las exigencias propias a las que se ve expuesta la actividad bancaria.

Arguyó que el recurso se funda en una supuesta negativa injustificada, ilegal y/o arbitraria a evaluar una solicitud de crédito de consumo de la actora, respecto de quien se sostiene por el solo hecho de haberse puesto término a un procedimiento de liquidación concursal “... poseer antecedentes financieros íntegros...” lo que sin duda dista o es diferente de cumplir con requisitos para un crédito. En efecto, dice, y pese a que el fundamento del recurso es confuso en cuanto, por una parte, el supuesto de hecho es la supuesta negativa a evaluar un crédito de consumo, pero se cita como Ley infringida el artículo 69 de la Ley General de Bancos, en su numeral 1, referido a la cuenta corriente y los requisitos mínimo de contratación de este tipo de cuenta, de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la Comisión para el Mercado Financiero, Capítulo 2-2, siendo cuenta corriente y crédito de consumo dos productos financieros diferentes.

De hecho, añade, luego de transcribir los requisitos mínimos de contratación de una cuenta corriente, el numeral 6.- del recurso dice “Todos estos requisitos fueron cumplidos por mi representado, en atención a que es trabajadora dependiente con un sueldo estable”, ante lo que debemos realizar dos observaciones: se demuestra la confusión sobre el producto del cual se trata y no consta la acreditación de la calidad de trabajadora dependiente ni con sueldo estable ni en aquel entonces ni al presentarse este recurso.

Acto seguido, el recurso sostiene que incluso más importante es haberse sometido a un procedimiento de liquidación concursal.

Expone que el mero hecho de rehabilitarse en un procedimiento concursal por sí sola no transforma a una persona en sujeto de crédito. En el caso particular de su representada se publican en su página de internet los requisitos mínimos para optar a un crédito de consumo, en información que es objetiva y aplicable a todos los interesados por igual.

Agrega que se sostiene por la recurrente que se afectaría su interés en bancarizarse, pero una bancarización vía contratación de cuenta corriente no fue lo solicitado. De hecho, si la recurrente se presenta en cualquier sucursal presentando antecedentes que acrediten su situación y nivel de ingresos, puede ser evaluada para apertura de una cuenta, debiendo analizarse si cumple criterios de renta, capacidad de endeudamiento, entre otros. Es más, los podría haber acompañado a este recurso, o acompañarlos en cualquier etapa de tramitación, si quisiere. Con todo, en la solicitud de liquidación concursal acompañada como documento, la actora afirma que su ingreso mensual es de $300.000, cifra menor a la requerida como optar a crédito.

Por otra parte, niega categóricamente que se revise algún tipo de registro que esté fuera del margen de la Ley.

Explicó que no se debe perder de vista que en la actividad bancaria hay un compromiso importante de la Fe Pública, por cuanto la actividad por definición de dicho giro es la captación y colocación de dineros. Es en la calidad de depositario que tienen los bancos respecto de recursos o dineros ajenos, en que se funda la estricta regulación y fiscalización que tienen, puesto que su actividad de colocación - siendo el otorgamiento de crédito una de las más sino la más relevante - se realiza con y/o en base a los dineros que ha captado y respecto de los cuales tiene el carácter de depositario. De hecho existe una garantía estatal a los depósitos. En consecuencia, un banco tiene un deber de diligencia en la gestión extremadamente superior que el de cualquier otro giro o actividad económica. Y una de estas gestiones en las que se debe ser altamente diligente es en la administración del “riesgo de crédito”, concepto que en términos simples consiste en la posibilidad o riesgo de que los créditos que se otorguen no sean pagados por los “clientes deudores”.

En estas materias resulta aplicable la RAN 1-13 sobre Clasificación de Gestión y Solvencia de los bancos, emitida en cumplimiento del artículo 62 de la Ley General de Bancos, en virtud del cual la CMF realiza evaluaciones a las entidades bancarias en diferentes aspectos relacionados al nombre que le da el título. En relación a materias de otorgamiento de crédito, el numeral 3.2. de la RAN 1¬13 señala que una de las materias que la CMF debe evaluar de los bancos es la administración del riesgo de crédito y gestión global del proceso de crédito, señalándose que “La evaluación comprende el examen de la gestión del riesgo de crédito y de los factores de riesgo del proceso de crédito, que va desde la definición del mercado objetivo hasta la recuperación de los préstamos.” .

En específico, sobre administración del riesgo de crédito, la RAN 1-13 define que “En lo que toca a la administración del riesgo de crédito, se evaluarán los mecanismos y técnicas de detección, acotamiento y reconocimiento oportuno de los riesgos que asume la entidad en el desarrollo de sus actividades de crédito. En este ámbito, es clave la capacidad de la entidad para mantener permanentemente bien clasificada su cartera, su dominio sobre los factores de riesgo asociados a sus operaciones y su disposición para reconocer en forma oportuna en sus resultados los riesgos individuales de crédito a que está expuesta, como también su capacidad para limitar los riesgos de concentración de la cartera en general.”.

Es de suma relevancia, entonces, de acuerdo a las obligaciones a evaluar que impone la CMF, el que los bancos tengan una adecuada evaluación de los riesgos de crédito no solo a nivel global sino que de cada cliente o deudor en particular, motivo por el cual en el párrafo anterior que se transcribe se contiene aquella parte donde se exige la obligación de reconocer los “riesgos individuales de crédito”. Lo anterior implica que los bancos no solo tienen la facultad de evaluar a los requirentes de productos financieros de carácter crediticio, como es aquél que ha dado origen al recurso materia de autos, sino que la obligación de hacerlo. Todo en conformidad a la Ley, que para este tema en concreto es la Ley 20.575, que consagra el Principio de Finalidad del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial a que se refiere el Título III de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en virtud del cual el tratamiento de dichos datos es exclusivamente para el proceso de crédito y para la evaluación de riesgo comercial y para ese solo fin, obteniéndose de bases de datos que centralizan y tratan información.

En consecuencia, habida consideración del marco normativo y las múltiples circunstancias que podrían haber sucedido en relación a las deudas informadas como morosas y que motivaron a la actora a pedir su liquidación, resolver qué información mantenían los bancos de datos de libre acceso al público y hasta qué época es algo que excede a este recurso. Tampoco la contraria ha señalado que requirieron por su parte las aclaraciones pertinentes con los documentos pertinentes.

Sostiene que su representada sí dio una respuesta, de acuerdo a tener una respuesta por escrito y fundada en razones objetivas, pero lo que en la especie ocurre es que la actora pretende en este procedimiento cautelar discutir el mérito de la respuesta, lo que es impropio de plantear en sede de protección.

De otra parte sostuvo que los supuestos del recurso se relacionan con lo dispuesto en la regulación específica o especial para los consumidores de productos y servicios financieros contenida en la Ley 19.496, hipótesis bajo la cual necesariamente debe existir una relación de consumo, es decir, con contrato - en este caso de crédito - entre un proveedor y un consumidor y el fundamento de lo que se demanda es precisamente el cumplimiento tanto del contrato como de la disposiciones de la Ley 19.496 aplicables a relaciones crediticias.

Así, una controversia como la de autos debe ser resuelta conforme a la legislación aplicable que corresponda tanto en lo que es norma decisoria litis como procedimental, que en este caso es la Ley 19.496 respecto de ambos tópicos.

Específicamente, respecto de la acción u omisión imputada, dijo que existe una interpretación inadecuada y descontextualizada de los hechos, incluido el correo electrónico que se acompaña por la contraria. El correo no expresa ningún rechazo, sino a una sugerencia en forma previa a comenzar un proceso de evaluación.

Luego, para que exista un rechazo propiamente tal, la actora debería haber presentado antecedentes o documentos necesarios para efectuar una evaluación crediticia. De hecho, los ingresos informados al solicitar la liquidación concursal son menores al mínimo requerido para optar a crédito.

El acto denunciado como arbitrario citado previamente y expuesto en el numeral 15 del recurso, es contradictorio con el numeral 14.1 donde el libelo es indeciso en imputar el rechazo a la contratación o bien la no evaluación, porque incluso en un pasaje dice que no se persigue que se obligue a su representada a otorgar crédito, imputación que por largos pasajes sí se efectúa repitiendo que se cumplían los requisitos, sin acreditación alguna.

Negó haber incurrido en la vulneración de garantías constitucionales y, conforme a todo lo expuesto solicitó rechazar el recurso de protección interpuesto, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, la recurrente hace consistir la ilegalidad y arbitrariedad denunciada en la no apertura de cuenta corriente y/o en el no otorgamiento de un crédito de consumo por parte del banco recurrido, sin entregársele “razones precisas y legales del rechazo”.

El recurrido, por su parte, sostuvo que no queda claro si lo reclamado es la negativa a la apertura de una cuenta corriente o al otorgamiento de un crédito de consumo, pero que, en todo caso, dado que la recurrente no ha presentado una solicitud formal de tales productos, no se le ha negado su otorgamiento.

TERCERO: Que, el presente es un procedimiento especial, breve y de urgencia, destinado a obtener protección de ciertas garantías constitucionales que son señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que requiere la existencia de una situación de hecho que amerite otorgar la protección solicitada. Es decir, debe justificarse plausiblemente la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que justifique el otorgamiento del amparo constitucional que se pide.

CUARTO: Que, en el presente caso nos encontramos ante la afirmación de la recurrente en orden a que se le negó una petición de crédito de consumo (o la apertura de una cuenta corriente bancaria, lo que no queda claro del tenor de su libelo) sin darle razones para ese rechazo; y, por otra parte, el recurrido negó los hechos y explicó que la recurrente no ha hecho ninguna solicitud formal de algún producto bancario. Hay, pues, una evidente controversia respecto de la efectiva existencia de los hechos que sirven de sustento a la presente acción.

QUINTO: Que, entre los pocos antecedentes presentados por los comparecientes se encuentra la copia de un mensaje de correo electrónico, cuyo remitente es nombre reservado. y dice: “nombre reservado buenas tardes Junto con saludar, te comento en estos momentos no es posible ingresar una solicitud de crédito de consumo, te recomiendo que revises tus antecedentes financieros ya que ingresar la solicitud se realiza una evaluación general deantecedentes financieros, puede que estés informado en alguna otra entidad financiera o casa comercial y eso afecta almomento de solicitar crédito Saludos!

Atte., nombre reservado

Ejecutiva de atencion Canales Digitales”.

Tal como expresamente se lee, allí no se contiene una negativa a alguna solicitud, sino simplemente se indica que “en estos momentos no es posible ingresar una solicitud de crédito de consumo”, lo cual sólo da cuenta de una imposibilidad, aparentemente temporal, que puede obedecer a diversas causas, pero que no contiene una negativa a alguna petición.

Así las cosas, no puede tenerse por establecida la conducta atribuida al recurrido.

SEXTO: Que, por consiguiente, no encontrándose acreditada la existencia de la conducta que ha sido calificada como arbitraria e ilegal por la recurrente, no concurren los presupuestos para que pueda prosperar la presente acción constitucional, por lo que ella será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de BANCO FALABELLA S.A..

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Juan Ángel Muñoz López.

No firma el ministro redactor señor Muñoz López, por tener problemas en su sistema de trabajo remoto, imposibilitando el uso del dispositivo de firma electrónica avanzada.

Rol N°11794-2023 - Protección.