nombre reservado con JUEZ JUZGADO DE GARANTÍA DE CORONEL Y OTRO.

C.A. de Concepción irm Concepción, veintinueve de julio de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece el abogado Julián Cancino Chaparro, en representación de doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Juez Titular del Juzgado de Garantía de Lota, con oficio en calle Galvarino, N° 111, primer piso, Lota; y en contra de don nombre reservado, en su calidad del Fiscal adjunto de la Fiscalía Local de la comuna de Coronel, con oficio en domicilio reservado.

Funda el recurso en que su representada se desempeña desde hace más de 10 años como vendedora de pescados y mariscos en el sector de la feria de Lota, pagando sus derechos municipales, con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y que tributa mediante renta presunta; producto de su trabajo dice que adquirió el predio ubicado en calle Tarapacá, N° 014, Villa El Trébol, comuna de Lota, según consta en escritura privada de compraventa de 16/12/2011. Además, producto de su actividad comercial, y tras años de trabajo, había logrado ahorrar la suma de $18.074.000.- los que a noviembre de 2018 guardaba en su casa: $14.700.000.- ocultos en una pared con doble fondo y $3.374.000.-, al interior de una cartera. Explica que la razón por la que guardaba el dinero en su domicilio, era porque debido a su actividad, los billetes terminaban expeliendo mal olor, y se cansó de recibir reproches de los cajeros del banco.

Relata que el 7/11/2018, la actora se encontraba en su trabajo cuando le avisan que la Policía de Investigaciones de Lota, había ingresado a su domicilio y detenido a su hijo nombre reservado que vive con ella en calidad de allegado, por lo que acudió a su domicilio donde la policía buscaban el dinero de un robo con intimidación atribuido a su hijo, que había ocurrido el día 6/11/2018 en el sector del Muelle de Lota, por lo que para evitar algún mal entendido le señaló a los funcionarios el dinero que mantenía en su propiedad, indicándoles donde lo tenía, y explicándoles que tanto el dinero como el inmueble eran de su propiedad, sin embargo, como su representada no llevaba libros de contabilidad, y no pudo justificar en ese momento la procedencia del dinero, aquél le fue incautado y se detuvo a su hijo nombre reservado. Detalla que el dinero que se le incautó se desglosaba en 234 billetes de $20.000; 1320 billetes de $10.000; 21 billetes de $5.000; 06 billetes de $2.000; y 77 billetes de $1.000, totalizando $18.074.000.

Indica que el robo con intimidación por el cual se formalizó al hijo de su representada se investiga en la causa RIT 1096​-2018 del Juzgado de Letras y Garantía de Lota, siendo víctima del mismo un trabajador de la ONG de Desarrollo Forjadores del Futuro Pro Empleo de la Isla Santa nombre reservado, a quien le robaron en la vía pública la suma de $15.430.124.-, y que según consta en la carpeta investigativa, el 6/11/2018, esta ONG detalló a la BRICRIM de Lota que el desglose del dinero que les fue robado correspondía a las siguientes denominaciones: 724 billetes de $20.000; 69 billetes de $10.000; 25 billetes de $5.000; 34 billetes de $2.000; 15 billetes de $1.000; 63 monedas de $500; 159 monedas de $100; 57 monedas de $50; 152 monedas de $10; totalizando $15.430.124.

Afirma que la nomenclatura del dinero denunciado no concuerda en lo absoluto con aquél que le fue incautado a la actora.

Dice que su representada concurrió en múltiples ocasiones a la Fiscalía Local de Coronel a solicitar la devolución de su dinero, donde no sólo le negaron la posibilidad de ingresar solicitudes, sino también la de acceder a la carpeta investigativa por no ser parte en la causa, y que finalmente cuando el fiscal encargado don Hugo Cuevas Gutiérrez le concedió una audiencia, le informó que el dinero había sido entregado a la víctima, verificando que efectivamente en audiencia llevada a cabo el 19/12/2018 en la causa RIT 1096-2018, para debatir la solicitud de la víctima de entrega del dinero, y a la que asistió el Ministerio Público allanándose a la solicitud, la juez accedió a entregar a la víctima la suma de $14.700.000- del dinero incautado.

Refiere que el 18 de febrero de 2019, su representada presentó ante el Juzgado de Garantía de Lota una tercería de posesión y de reclamo por infracción al artículo 188 del Código Procesal Penal, solicitando la entrega del dinero incautado, o en su defecto, que se ordenara la restitución del dinero que se había entregado a la ONG, al Ministerio Público hasta la conclusión del proceso penal, fundando su petición en que los dineros fueron incautados en un inmueble de su propiedad y en que la nomenclatura del dinero denunciado por la ONG, no concordaba con aquella correspondiente a los dineros encontrados en su casa. En subsidio, solicitó que al menos se le devolviera la diferencia no disputada ascendente a $3.374.000.- que siguen en poder de la fiscalía.

Indica que en audiencia de 7/05/2019, fijada por la juez para resolver su petición, la magistrado, luego de rechazar la solicitud de recusación amistosa planteada por su parte, y que sin siquiera examinar la documentación acompañada por el abogado compareciente para acreditar el dominio y posesión de su representada respecto del dinero incautado en su domicilio, dio traslado al Ministerio Público quien pidió rechazar la solicitud fundado en había cosa juzgada por haberse declarado el dominio de la víctima sobre la suma de $14.700.000, para finalmente la juez rechazar su petición, arguyendo que la recurrente sólo había acreditado su calidad de comerciante, mas no la propiedad del dinero cuya restitución solicitaba, y, además, porque existía cosa juzgada.

Estima que por las circunstancias en que fue incautado el dinero, no procedía que se le hubiese entregado a la víctima, más aun considerando que el Fiscal don Hugo Cuevas Gutiérrez estaba en conocimiento de la incongruencia que existía entre el dinero encontrado en la casa de la actora y aquél que declaró la víctima que le habían sustraído; además, agrega que el Fiscal nunca instó a su representada a solicitar una tercería, como sí lo hizo con la víctima, y que incluso fue el que le instruyó a allanarse a la solicitud de la víctima de que se le devolviera la suma de $14.700.000.

Sostiene que la razón principal para no haber dado lugar a la devolución solicitada por la víctima, estaba en el artículo 188 del Código Procesal Penal, y que en virtud de lo establecido en esta norma resultaban más graves las acciones realizadas por la Magistrado recurrida porque a pesar de estar en conocimiento de lo antes expuesto, resolvió entregar a la víctima la suma pedida, sin existir resolución del proceso penal.

Aduce que la negativa de la juez a adoptar las medidas necesarias para restablecer la debida prosecución del proceso penal, constituye un actuar arbitrario e ilegal porque tampoco consideró que a los imputados les ampara el principio de presunción de inocencia, de manera que su decisión de entregar los dineros estando aún la investigación vigente, implica un prejuzgamiento a los imputados lo que excede de sus atribuciones.

Concluye que las acciones realizadas por los recurridos son ilegales y arbitrarias por haber pasado por sobre las normas de los artículos 4, 188 y 189 del Código Procesal Penal, afectando los derechos de su representada quien es totalmente ajena a este proceso penal y para todos los efectos legales tiene la calidad de terceros, estimando vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 3 inciso 5º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide acoger el presente recurso de protección en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Juez Titular del Juzgado de Garantía de Lota, y en contra de don Hugo Cuevas Gutiérrez, en su calidad Fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Coronel, ordenándose restituir a su representada la suma de $18.074.000; en subsidio, que se le restituya la suma de $3.374.000.- por ser un monto no disputado en juicio, y adoptándose todas aquellas medidas que se estimen pertinentes a fin de restablecer el imperio del derecho y el resguardo de las garantías constitucionales de su representada.

Informa doña nombre reservado, Juez Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Lota, y señala que el 07/11/2018 se inició en ese Juzgado la causa Rit 1096-2018, en actual tramitación, y en la que se formalizó por los delitos de robo con intimidación, porte de arma prohibida y tenencia de municiones, a tres personas, y entre ellas a nombre reservado.

Que el 12 noviembre 2018, a instancias del abogado de la víctima de estos antecedentes ONG de Desarrollo Forjadores del Futuro, se realizó el 19 de noviembre de 2018, audiencia para debatir tercería conforme a lo previsto en el artículo 189 del Código Procesal Penal, solicitándose la devolución del dinero sustraído el 06/11/2018; a esta audiencia compareció el Ministerio Público, la Defensa de los imputados, y el apoderado de la víctima, y donde luego de terminado el debate, el tribunal declaró el derecho de la víctima sobre la suma de $14.700.000, ordenando al Ministerio Público que realizara la devolución de estos dineros.

Señala que posteriormente, el 18/02/2019, doña nombre reservado formula tercería por la suma de $18.074.000.- fundada en que era dueña y poseedora de ese dinero, y que en la audiencia que finalmente se realizó el 07/05/2019, con asistencia del Ministerio Público, de las defensas de los acusados y del solicitante, para debatir respecto de la solicitud planteada por la tercerista, el tribunal rechazó su solicitud por no haber acreditado el dominio de los dineros reclamados, ordenando que éstos se mantuvieran en poder de la Fiscalía mientras durara la investigación, conforme lo dispuesto en el artículo 189 del Código Procesal Penal.

Complementa su informe, e indica que en la referida audiencia se debatió la solicitud del recurrente, acompañando a su petición diversos documentos -que detalla- y que daban cuenta de su actividad comercial, además de una copia simple de escritura privada de compraventa de 16/12/2011, para acreditar su dominio respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado; además de otros antecedentes relativos a los dineros incautados; agrega que el fiscal presente en la audiencia se opuso a la solicitud, fundado en que el tema ya había sido debatido en audiencia de 19 noviembre 2018, en la que el tribunal resolvió a favor de la víctima respecto de la suma de $14.700.000 incautados, por lo que existía cosa juzgada. Añade que los antecedentes acompañados por el tercerista, no fueron incorporados en forma, y reitera que sólo daban cuenta de su actividad comercial, pero no de la posesión y propiedad de los dineros cuya devolución solicitaba, resolviendo en definitiva que con los documentos incorporados, si bien se acreditaba que el inmueble donde se realizó la incautación del dinero era su propiedad, y que tenía efectivamente la calidad de comerciante, eran insuficientes para acreditar el dominio del dinero solicitado devolver, y para declarar su derecho sobre el mismo, según lo prescribe el artículo 189 del Código Procesal Penal, en consecuencia, no dio lugar a la solicitud.

Informa Hugo Cuevas Gutiérrez, Fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Coronel; expone que ante esa Fiscalía se investiga la causa RUC- 1810050877-6 relativa a un robo con intimidación que afectó el 06/11/2018, a don nombre reservado, a quien bajo amenaza con armas cortantes le sustrajeron un bolso con aproximadamente $15.000.000 en dinero efectivo en su interior, para el pago de sueldos de trabajadores de la ONG Forjadores del Futuro. Respecto de este ilícito, uno de los imputados es nombre reservado, hijo de la recurrente y detenido el mismo día, en calle Atacama, frente al N° 14 de la comuna de Lota, correspondiente al domicilio de doña nombre reservado; relata que la policía, premunido de la correspondiente orden de entrada y registro, allanó el inmueble e incautó, entre otras especies, una escopeta de fabricación artesanal y que estaban aún efectuando el registro del domicilio cuando llega la recurrente y les manifiesta que en el doble fondo de una pared ubicada a la entrada de su habitación, guardaba la suma de $14.700.000, y que al interior de una cartera tenía $3.374.000, dinero que le fue incautado en atención a que no justificó su origen, y ante la evidencia que se trataba del dinero sustraído por haber sido hallado en el domicilio del principal implicado en el robo. Añade que la ONG afectada informó que la cantidad exacta sustraída fue la suma de $15.430.124.

Señala que a solicitud de la ONG Forjadores del Futuro, víctima de estos hechos, en audiencia de 19/11/2018 en el Juzgado de Garantía de Lota el tribunal, con el mérito de los antecedentes acompañados por los solicitante, habiéndose allanado el Ministerio Público, y sin oposición de la defensa (correspondiente a la defensa del hijo de la recurrente), declaró, conforme a lo previsto en el artículo 189 del Código Procesal Penal, el derecho del reclamante (ONG Forjadores del Futuro) sobre la suma de $14.700.000, ordenando la entrega de esa suma a la víctima.

Agrega que el 11 de noviembre se tomó declaración a la recurrente nombre reservado quien ratificó su pretensión de ser propietaria del dinero, afirmando que lo ganó con su trabajo en la feria de Lota y mediante un sistema de juego de "polla”, y que lo guardaba en su casa escondiéndolo entremedio de la pared, “ya que nunca le ha gustado echar plata al banco porque hay que hacer muchos trámites”, versión ésta última que se contradice con lo expuesto en el recurso, donde señala que si hubo trámites bancarios, pero que los cajeros le reprochaban el mal olor de los billetes. Añade que hasta la fecha no ha presentado documentación fundante y suficiente que acredite la propiedad de las sumas totales, sino solamente la que acredita su condición de comerciante. Complementa su informe, e indica que los motivos para allanarse a la solicitud de la tercería de la víctima, fueron porque a diferencia de la recurrente nombre reservado, aportó antecedentes serios para acreditar la propiedad del dinero, adjuntando al efecto cheques cobrados y nóminas de sueldo de los trabajadores, que sumados hacía un monto muy similar entre lo robado y los dineros que se encontraron en el doble fondo de la pared del domicilio de la recurrente. Explica que la razón por la que se opuso a la tercería interpuesta por el recurrente, obedece a que el 19/11/2018, el Tribunal de Garantía ya se había pronunciado sobre la cuestión declarando el derecho de la víctima del robo sobre la propiedad del dinero incautado ($14.700.000), resolución que dada su ejecutoriedad tenía el efecto de cosa juzgada y porque los antecedentes aportados por la tercerista sólo acreditaban una actividad comercial más no la posesión o dominio sobre tales dineros. Finalmente respecto de la nomenclatura de los billetes a que alude la recurrente, ello está clarificado en la copia de la carpeta investigativa que se acompaña.

Precisa que el caso criminal se encuentra vigente y con su investigación cerrada por lo que el Ministerio Público formulará dentro de plazo la acusación respectiva, siendo en el ulterior juicio oral donde se ventilará el fondo del asunto, entre cuyos antecedentes se haya la propiedad del dinero incautado y su carácter de evidencia incriminatoria respecto de las personas imputadas, uno de los cuales corresponde al hijo de la recurrente en cuyo domicilio se halló el dinero presuntamente proveniente del robo, por lo que a su entender, cualquier pronunciamiento respecto de la propiedad del dinero corresponde al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de fondo y no a este Tribunal por la vía del recurso de protección, pues ello implicaría la dictación de una sentencia anticipada sin forma de juicio por parte de tribunal incompetente. Se acompaña en formato digital copia de la carpeta investigativa RUC 1810050877-6.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°.- Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario, esto es, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

3º.- Que los actos que el recurrente tilda de ilegales y arbitrarios los siguientes:

a.- La circunstancia de haber accedido la juez recurrida, a entregarle a la víctima la suma de $14.700.000, antes de haber terminado el juicio, y que a dicha solicitud se allanara el fiscal don Hugo Cuevas Gutiérrez;

b.- Que la recurrida se negara a adoptar las medidas pertinentes para restablecer la debida prosecución del proceso penal, ordenando el reintegro del dinero entregado a la víctima;

c.- Que el recurrido fiscal adjunto de Coronel, don Hugo Cuevas Gutiérrez, con conocimiento de la incongruencia existente entre los dineros incautados y los denunciados, se allanara a la solicitud de entrega de los dineros a la denunciante ONG;

d.- Que la entrega de estos dineros a la ONG, vulneró la presunción de inocencia del hijo de su representada, y ha arruinado su derecho a defensa porque no puede pedir diligencias sobre las especies que le podrían eventualmente ayudar a probar su inocencia;

e.- Que la resolución de 7 de mayo de 2019, de la recurrida magistrada nombre reservado nombre reservado y la actitud adoptada por el recurrido fiscal adjunto de Coronel, don Hugo Cuevas Gutiérrez, al no dar lugar a la tercería interpuesta por su parte, ha conculcado el derecho al debido proceso de su representada, contemplado en el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución, porque no sólo han obviado lo dispuesto en los artículos 188 y 189 del Código Procesal Penal, sino que ha afectado su derecho de propiedad sobre los dineros incautados.

4º.- Que, según aparece las actuaciones realizadas por la jueza recurrida, no puede catalogarse de ilegales, toda vez que han sido dictadas dentro del ámbito de sus facultades, como lo fue también la resolución que no dio lugar a la tercería y al reclamo conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código Procesal Penal, la que se resolvió en audiencia contradictoria y previo debate de los intervinientes. Es decir, cada una de las resoluciones cuestionadas por el recurrente, ha sido dictada por una jueza de la República, dentro del ámbito de su competencia y dentro de la esfera de sus atribuciones, investida de las atribuciones y facultades necesarias para resolver las peticiones que se le formulen, respetando obviamente la garantía del debido proceso y la bilateralidad de la audiencia, cuyo es el caso.

5º.- Que, asimismo, tampoco puede calificarse tal conducta como arbitraria o caprichosa, ya que lo resuelto por la juez a quo está sustentada en los fundamentos y reflexiones que menciona en su resolución 07 de mayo de 2019, en los que expone los argumentos jurídicos soportantes de su decisión, luego de haber escuchado a los intervinientes. Tampoco, puede estimarse arbitraria la negativa del fiscal recurrido a la solicitud de devolución de los dineros incautados en el domicilio de la recurrente y cuya propiedad alega, porque los fundamentos que esgrime resultan acordes al mérito de los antecedentes que constan en la respectiva carpeta investigativa, y se fincan además, en normas legales que avalan tal decisión.

6º.- Que, encontrándose la materia planteada en este recurso de protección sometida al imperio del derecho, ante tribunal competente, y vigente la realización del juicio oral pertinente donde se deberán debatir entre otras, la materia objeto de esta acción constitucional, se debe concluir que este amparo constitucional no es la vía idónea para acceder a lo planteado por el recurrente.

En efecto, el recurso de protección ha sido establecido por el legislador en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, para amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en la misma disposición se enumeran, frente a un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, lo que no acontece en la especie, en que, precisamente se discute la propiedad de dineros incautados en el domicilio de la recurrente en el marco de un procedimiento policial, legalmente realizado y cuyo objetivo era la ubicación de uno de los imputados -hijo de la demandante- sindicado como presunto autor de un delito de robo con intimidación, y la ubicación de los dineros producto de ese ilícito.

7º.- Que, por lo demás, no puede soslayarse que lo que se pretende a través del presente recurso es lograr la revocación o modificación de una resolución judicial, lo que reiteradamente ha sido rechazado por la jurisprudencia, al indicar que no resulta admisible utilizar el recurso de protección como si fuera un recurso procesal ordinario y por esa vía atacar resoluciones judiciales.

Este criterio también ha sido sostenido por la doctrina, para la cual admitir la presente acción constitucional en contra de una resolución judicial “supone una absoluta desnaturalización del recurso de protección, ya que lo transforma en un procedimiento ordinario para conocer asuntos litigiosos en que se ve comprometido cualquier tipo de derechos”. (Ferrada Bórquez, J.C., “Sentencias en recurso de protección contra resoluciones judiciales”, en Revista de Derecho U. Austral, vol. XV (2003), p. 224).

8º.- Que, finalmente, el supuesto en estudio tampoco se encuadra dentro del grupo de aquellos casos excepcionales en que se ha admitido esta acción cautelas en contra de decisiones judiciales, desde que, como ya se ha indicado, lo perseguido a través de este recurso corresponde precisamente a una de las cuestiones controvertidas, que deberán ser conocidas, debatidas y resueltas, en el respectivo juicio oral.

Por estas consideraciones y de conformidad, además con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve que SE RECHAZA, el deducido por el abogado Julián Cancino Chaparro, en representación de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Juez Titular del Juzgado de Garantía de Lota; y en contra de don nombre reservado, en su calidad de Fiscal adjunto de la Fiscalía Local de la comuna de Coronel.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro señora Viviana Iza Miranda.

Rol N° 11.784-2019-protección