HELP SPA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CONCEPCIÓN Y OTRA

FVL/ari C.A. de Concepción.

Concepción, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno VISTOS:

En estos autos dedujo recurso de protección el abogado Juan Ignacio Chamorro Sepúlveda, en representación de HELP SpA, sociedad del giro de prestación de servicios de salud domiciliaria, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, representada por nombre reservado, Jefe de la Inspección Provincial, y en contra de Medegy del Pilar nombre reservado Rojas, Fiscalizadora de la misma repartición, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, solicitando que se deje sin efecto la Resolución de Multa Nº 3661 / 21 / 16; emitida por la recurrida por constituir dicha resolución un acto ilegal y arbitrario que priva y perturba los derechos garantizados en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º y artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 16 de agosto de 2021 se llevó a cabo un procedimiento de fiscalización por la fiscalizadora y funcionaria de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, Medegy del Pilar nombre reservado Rojas, al interior del establecimiento administrado por la recurrente, Help SpA, que se ubica en domicilio reservado. Acusa la parte recurrente que el motivo de dicha fiscalización se ignora, ya que al presentarse en las dependencias señaladas, la fiscalizadora no indicó si ésta se motivaba en reclamo o denuncia de uno o más trabajadores dependientes de Help SpA, o bien, si se actuaba de oficio. Sin perjuicio de lo anterior, durante su visita inspectiva, luego de revisar abundante documentación generada por la recurrente y suscrita por los trabajadores dependientes y la empleadora, la Fiscalizadora indicó que Help SpA no estaba pagando asignación de semana corrida a los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Lo anterior, según lo informado por la Fiscalizadora, luego de constatar que únicamente la trabajadora nombre reservado percibía remuneración mixta, lo que no es efectivo. Agrega que se refiere solo a una de los seis dependientes individualizados en la resolución de multa.

Señala que la fiscalizadora no indicó el objeto de la fiscalización desarrollada, impidiendo explicar la forma de cálculo y pago de las remuneraciones de los Agentes de Ventas o Ejecutivos Comerciales, cargos y funciones ejecutados por los trabajadores antes individualizados, impidiendo exponer que no se trataba de remuneraciones variables cuyo devengamiento fuese diario y que, en consecuencia, no daban lugar al pago de la asignación denominada semana corrida.

Expone que como consecuencia de dicha fiscalización se emitió la Resolución de Multa N° 3661 / 21 / 16, la cual fue notificada a Help SpA mediante carta certificada de Correos de Chile con fecha 2 de septiembre de 2021.

Estima que la fiscalizadora no constató hechos, sino que procedió a realizar una calificación jurídica de una situación concreta, limitándose a la trabajadora nombre reservado; sin embargo, luego sostiene que corresponde el pago de semana corrida a otros cinco trabajadores.

Afirma el recurrente que este acto implica una manifestación de un juicio de valor, arribando a conclusiones con efectos permanentes en su perjuicio, actividad que está reservada exclusivamente a los Tribunales de Justicia establecidos en la ley, por lo que, estima, la Resolución de Multa referida constituye una flagrante violación del principio de legalidad que debe regir los actos de la Administración del Estado.

Arguye que la competencia de la Dirección del Trabajo se limita a la fiscalización de la legislación laboral, y tales facultades sólo pueden ser ejercidas siempre y cuando se encuentre frente a situaciones de infracción de las normas laborales, es decir, cuando se sorprendan ilegalidades claras y precisas, al tenor de los hechos efectivamente constatados, pero jamás frente a la hipótesis sancionada en la Resolución de Multa N° 3661 / 21 / 16, toda vez que con ello se habría arrogado facultades privativas de los Juzgados del Trabajo, vulnerando las garantías que la Constitución Política de la República reconoce en los numerales 3° y 24° del artículo 19.

Estima que la Fiscalizadora realizó una actuación que tiene relación en el fondo con la existencia, aplicación e interpretación de supuestas cláusulas del contrato de trabajo y con la ponderación de elementos y antecedentes objetivos y, principalmente, subjetivos, lo que constituye una situación de hecho y apreciación de pruebas cuyo análisis corresponde a un procedimiento contencioso y que la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción y la Fiscalizadora Srta. nombre reservado, al pronunciarse sobre el asunto de fondo, habrían extralimitado el ámbito de atribuciones que le señala el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 30 de Junio de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, contraviniendo el artículo 76 de la Carta Fundamental y el artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales a los Tribunales de la República, y en particular a los Juzgados del Trabajo.

Argumenta el recurrente que no resulta procedente el pago de la semana corrida a los trabajadores a que se refiere la Resolución de Multa N° 3661/ 21 / 16, toda vez que la remuneración variable que perciben no se devengaría diariamente como lo exige la norma legal ya que los trabajadores de que se trata ejercen funciones de Agentes de Ventas o Ejecutivos Comerciales, por lo que no estarían afectos al régimen de semana corrida, previsto en el artículo 45 del Código del Trabajo, ya que tanto sus remuneraciones fijas como variables, no cumplen con el carácter diario exigido por la norma y por la propia Dirección del Trabajo.

Expone que los Agentes de Ventas o Ejecutivos Comerciales de Help SpA tienen derecho a percibir una remuneración variable asociada a ventas de acuerdo a lo pactado en sus contratos de trabajo y en sus Anexos y para la determinación del monto mensual de la referida comisión, se debe estar a lo establecido en la cláusula respectiva del Anexo de Contrato de Trabajo, suscrito por cada uno de los trabajadores que desarrollen los cargos mencionados, y a las tablas de ponderación establecidas en el anexo del contrato, denominadas “tabla de comisiones” para lo que se considerarán los contratos y anexos vendidos por el Agente o Ejecutivo, previamente ponderados y aceptados por la empresa, esto es, se paga la comisión el último día hábil de cada mes, respecto de las ventas perfeccionadas al día 20 de cada mes.

Señala que para determinar la comisión de un mes, se ubica el número total de contratos y productos cuya venta se encuentra perfeccionada, en el mes respectivo en el tramo que corresponda y se le aplica el Nº de veces de venta por prima mensualizada, por ejemplo, de 1 a 3 productos, equivale a 0,4 veces el valor de la primera cuota de cada contrato; de 4 a 7 productos es igual a 0,6 veces el valor de la primera cuota de cada contrato; de 8 a 11 productos genera 1,3 veces el valor de la primera cuota de cada contrato. Luego, según cual sea el sistema de pago de las cuotas futuras de cada contrato, se aplica a la comisión correspondiente devengada por la venta, uno de los siguientes factores: PAC cargo cuenta corriente 1,30; Descuento por Planilla 0,75; PAT Tarjeta de Crédito 1,20; Grandes Tiendas 0,90; Tarjeta Presto 0,85. De esta forma, el trabajador nombre reservado o Ejecuto Comercial no recibe directamente un porcentaje de la venta efectuada al Cliente, que se ha señalado sobre el valor del contrato. La suma de la ponderación de todos los productos vendidos por el trabajador y aprobados por la Empresa, es la que determinará mensualmente el monto de la remuneración variable por venta que corresponda al trabajador. La suma de los diversos productos vendidos arroja un resultado que es llevado finalmente a la tabla de comisiones y, en conformidad a ello, se determina el valor de la remuneración variable por venta, a la que posteriormente se le aplica un factor según la modalidad de pago por parte del afiliado. Por tanto, dependiendo de los productos vendidos y la forma de pago del contrato por el Cliente o afiliado en el mes respectivo, variarán todos los elementos de determinación de la remuneración variable comisión mensual, cambiando el factor, el sustraendo y el sumando.

El recurrente hace presente que “La Compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar los contratos y anexos que le proponga el trabajador en el ejercicio de su actividad”.

Indica que los trabajadores nombre reservado o Ejecutivos Comerciales tienen, también, pactada una remuneración variable consistente en un Bono de Productividad, en los siguientes términos: “La empresa pagará al trabajador, con al menos seis meses de antigüedad en la empresa, un bono determinado por la productividad en las ventas efectuadas por el trabajador en el trimestre anterior conforme a la siguiente escala: Productividades Total Trimestrales: Bono: 36 $ 120.000; 45 $ 192.000 60 $ 288.000; 90 o más $ 480.000.” Para que se haga efectivo el pago de este bono, la totalidad de las ventas deben estar vigentes y con sus cuotas pagadas por los Clientes. Este bono así devengado y determinado se paga en tres cuotas sucesivas a contar de la fecha en que se devenga, bajo la condición de que, al momento del pago de cada cuota, se mantengan vigentes las ventas y sus cuotas pagadas por los Clientes contratantes del servicio que presta mi representada. Es requisito también que esté vigente la relación laboral al momento del pago. Esta remuneración no es diaria y tampoco reviste la condición de “principal” que le haga aplicable el pago de semana corrida. En efecto, su pago guarda relación con la cantidad de productos vendidos por el nombre reservado o ejecutivo Comercial en el trimestre anterior al de su pago de acuerdo a la Tabla señalada.

Señala el recurrente que existe un Bono de desarrollo por el Nivel de Venta y otro Bono de Permanencia los que están pactados en el Anexo del contrato individual de los Agentes de Ventas o Ejecutivos Comerciales y son esencialmente temporales, esto es, se pagan sólo por 4 meses el Bono de Nivel de Venta y por 5 meses, el Bono de Permanencia. Luego, se entiende que la venta permanece cuando ella continúa vigente al mes siguiente de efectuada y con sus cuotas al día por parte del Cliente. Es requisito también que esté vigente la relación laboral al momento del pago.

Indica que esta remuneración no reviste el carácter de diaria necesaria para que proceda el beneficio de la semana corrida y es una remuneración de carácter accesoria.

El recurrente expone que la afiliación o incorporación de una persona como Cliente de Help SpA, es un proceso por el que una persona solicita su incorporación a HELP y que concluye con la aprobación de la venta del contrato de prestación de servicios suscrito para dichos efectos, es un acto complejo constituido a su vez por una serie de actos que se suceden en el tiempo, que pasa por varias instancias y que se encuentra regulado por las políticas comerciales de la Empresa. Primero, el nombre reservado o Ejecutivo Comercial de HELP S.A. debe captar a los clientes considerando las instrucciones y políticas comerciales de la Empresa. El nombre reservado debe ofrecer las diversas alternativas existentes al cliente, para la evaluación de éste y para que tome una decisión informada. Precisado lo anterior, las Etapas que conforman el Proceso de Venta al que deben sujetarse los trabajadores individualizados en la Resolución de Multa N° 3661 21 / 16 son las siguientes: 1. Entrevista del trabajador con el potencial cliente. Etapa descriptiva del producto y sus alternativas. 2. Llenado de formularios y documentos para la incorporación del potencial cliente y sus beneficiarios, en su caso. Se procede en esta etapa a completar los datos requeridos en el Contrato de Prestación de Servicios y se procede a la suscripción de este instrumento. 3. Predigitación e Identificación del Contrato en el Sistema Interno de HELP. En esta etapa el trabajador ingresa los datos del potencial cliente a los sistemas de Help. El Sistema, en esta etapa, está facultado para rechazar u objetar el contrato gestionado y los documentos asociados, en el caso de que no se ingrese el nombre del cliente, su dirección, su cédula de identidad, en la edad, además de diferencias en el valor de la prima como, también, por una venta a un cliente cuyo domicilio está fuera del radio en que opera HELP y por casos de doble incorporación o afiliación. 4. Visto Bueno del Supervisor. Cabe señalar que, al ingreso de un potencial cliente, el Supervisor del trabajador otorga el visto bueno al contrato, cotejando los antecedentes de la cédula de identidad con los ingresados al contrato, en este sentido, validando el nombre, RUT, edad de la persona incorporada así como la prima del precio del contrato; para ello el Supervisor cuenta con la facultad de contactar al cliente y verificar los antecedentes de la venta. En caso de existir inconsistencias en el contrato de prestación de servicios, el documento vuelve al nombre reservado que lo ingresó, a fin de que éste subsane los errores y luego efectúe el reingreso del contrato. 5. Visto Bueno del Área Control de Gestión. Esta etapa tiene por objetivo autorizar el otorgamiento de ciertos beneficios adicionales que se otorgan al cliente, entre otros, el no pago de primera cuota; regalo del seguro contra accidentes; descuentos superiores al 15% del valor del contrato. Al efectuarse esta revisión, el contrato puede ser rechazado por inconsistencias en el nombre, RUT, domicilio, prime, etc. En este caso, el contrato es devuelto al nombre reservado a cargo, quien debe subsanar los errores y reingresar el contrato. 6. Revisión de Caja. En esta etapa, el Cajero, a quien se envían los antecedentes y que es un trabajador distinto e independiente del nombre reservado o ejecutivo comercial, procede a revisar que el contrato de incorporación contenga los documentos que garanticen el pago de la primera cuota, y que se acompañe el documento “Mandato de Descuento” suscrito por el Cliente incorporado el documento que da cuenta de la forma cómo el contratante dará cumplimiento al pago de las cuotas. El Cajero revisa, además, que este documento sea coincidente con el valor de la prima pactada en el contrato. Este documento es rechazado por el Cajero cuando falta la firma de autorización para el descuento. También, el Cajero rechaza los documentos en esta etapa en caso que se acompañe un cheque mal extendido, que la tarjeta de crédito u otra esté bloqueada o no tenga cupo. En caso de rechazo, el contrato vuelve al nombre reservado o Ejecutivo Comercial a cargo de dicha venta, a fin de que éste subsane el error y posteriormente reingrese el contrato. 7. Revisión del Asistente Comercial. En esta etapa el Asistente Comercial, trabajador distinto e independiente del Agente de Venta o Ejecutivo Comercial, procede a la revisión de todos los antecedentes suscritos por el potencial cliente y de sus datos. Eventualmente puede rechazar los antecedentes en caso que observe enmendaduras o errores. En caso de rechazo, el contrato vuelve al nombre reservado o Ejecutivo Comercial a cargo de dicha venta a fin de que éste subsane el error y una vez subsanado el error reingrese el contrato. 8. Precontrato. Sistema de Operaciones. Una vez que el contrato y la documentación anexa pasa por las etapas de revisión anteriormente señaladas y, existiendo constancia de la aprobación por parte del Asistente Comercial, se ingresa al Sistema de Operaciones de la Empresa. Ello implica que el servicio está operativo para el cliente y sus beneficiarios. 9. Revisión y Visto Bueno Área de Administración y Finanzas. Una vez obtenida la validación de todos los datos contenidos en el contrato, contrarrestados éstos con aquellos ingresados en el Sistema Interno de HELP, el Área de Administración y Finanzas le otorga el visto bueno a la contratación. En caso que detecte inconsistencia de los datos e información cotejada, procede a enviar el contrato y sus antecedentes anexos al Área de Auditoría Comercial. 10. Auditoría Comercial. En esta etapa el área respectiva se comunica con el cliente a fin de validar su ingreso a HELP. En el evento que la persona individualizada como requirente del servicio desconoce haber solicitado los servicios, el contrato será dejado sin efecto. 11. Corrección Área de Venta. El nombre reservado o Ejecutivo Comercial contacta al Cliente para corregir la observación de rechazo. Una vez subsanado el motivo del rechazo, éste procede a devolver el contrato al área de Finanzas. 12. Remuneración Variable por Venta. Sólo si el contrato y sus antecedentes anexos ha cumplido con todas las revisiones y subsanado las objeciones de rechazo señaladas, el nombre reservado o Ejecutivo Comercial devenga una remuneración variable asociada a dicha venta. Importante es hacer presente que si, con posterioridad al devengamiento de la comisión, el contrato se deja sin efecto, se procede a descontar la remuneración variable percibida por el nombre reservado o Ejecutivo Comercial y también por el Supervisor de aquél. 13. Validación Área Recaudación. Cumplidas las etapas anteriores, se procede a remitir los mandatos suscritos por el cliente a las entidades bancarias correspondientes, según la forma de pago. 14. Encuesta de Bienvenida o Llamado de validación. En el evento que el contrato y sus documentos anexos hayan pasado todas las validaciones anteriores, el Call Center de HELP, integrado por trabajadores distintos del Agente o Ejecutivo, se comunica con el cliente contratante a fin de obtener de éste la confirmación de la totalidad de los datos contenidos en el contrato de prestación de servicios, los que son contrarrestados con aquellos ingresados en el Sistema Control Telefónico. En la eventualidad que existan reparos o rechazo por parte del contratante con ocasión del cotejo de datos, los antecedentes se remiten a Auditoría de la Empresa a fin que el área respectiva deje sin efecto el proceso de venta, descontándosele la remuneración variable pagada al nombre reservado o Ejecutivo Comercial, ya que jamás existió intención de contratar los servicios por parte del supuesto cliente. 15. Entrega de Credencial y Manual de Uso. Perfeccionado el contrato se procede a enviar, al domicilio del cliente contratante, la credencial que lo habilita en calidad de beneficiario de HELP para hacer uso de los servicios contratados y se le adjunta el Manual de Uso de los beneficios.

Estima que el beneficio legal de la semana corrida opera respecto de los trabajadores remunerados con remuneraciones fijas y variables, de carácter exclusivamente diario, y aquellos con sueldo mensual y remuneraciones variables de carácter diario, tales como tratos o comisiones, pero sólo respecto de la parte variable de sus remuneraciones, todo de acuerdo a la modificación introducida a dicha norma por la ley N° 20.281. Concluye que una misma clase de remuneraciones variables, trato o comisión, entre otros, puede dar lugar a la semana corrida, o no, según concurra en ellas su carácter diario, esto sin perjuicio de que el derecho se extienda ahora a trabajadores remunerados con un sueldo mensual y remuneraciones variables diarias, pero sólo en cuanto a estas últimas. Así, indica, la modificación introducida al artículo 45 del Código del Trabajo por la ley Nº 20.281 que dio lugar a la emisión, entre otros, del dictamen Nº 3262/066, de 5 de Agosto de 2008, mediante el cual la Dirección del Trabajo precisa las remuneraciones que, en su concepto, son susceptibles de considerarse como base de cálculo para la semana corrida. Al efecto, deja constancia, en primer lugar, que la modificación obedeció esencialmente a la conveniencia de garantizar el pago de dicho beneficio a trabajadores que por imperio de la ley pasarían a tener un sueldo mensual, extinguiéndose, a lo menos en la práctica, la posibilidad de convenir un sueldo por día.

Argumenta que a juicio de la Dirección del Trabajo, la base de cálculo de la semana corrida debe integrarse por los estipendios que reúnan las siguientes características: 1) Deben constituir remuneración; 2) En el caso de una remuneración fija, ésta debe devengarse diariamente y ser de carácter principal y ordinario; 3) En el caso de remuneraciones variables, éstas deben devengarse también diariamente y ser principales y ordinarias. Es remuneración variable la que implica la posibilidad de que el resultado mensual total no sea constante entre un mes y otro, conforme lo prescribe el artículo 71 del Código del Trabajo, tales como tratos, comisiones y primas. Se basa en supuestos condicionantes, que pueden ocurrir o no, o cuya magnitud es imprevisible; es remuneración diaria, según se dijo, la que se devenga diariamente, pues el trabajador la incorpora a su patrimonio día a día, por cada día trabajado. No se devenga diariamente aquella remuneración, por ejemplo, que se determina mensualmente sobre la base de los montos generados por el rendimiento colectivo de los trabajadores. Así ocurriría en el caso de una comisión calculada sobre la totalidad de los ingresos brutos de una empresa, o de uno de sus establecimientos.

El recurrente considera que en atención a los antecedentes y fundamentos expuestos el actuar y resolver de la Fiscalizador Srta. nombre reservado, en representación de la IPT de concepción, ha infringido los artículos 6 y 7 de la Constitución Política vigente, en relación con el artículo 76 de la Carta Fundamental, la garantía del artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República y la establecida en el 19 N° 24 de la misma Carta ya que la Resolución de Multa N° 3661 / 21 / 16 impone una multa que afecta el derecho de propiedad de Help SpA.

Finalmente, solicita dejar sin efecto la Resolución de Multa Nº 3661 / 21 / 16, adoptando de las providencias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de la recurrente, con expresa condena en costas.

Informa por la parte recurrida el abogado Luis Molina Gacitúa, expresando que en contra de las resoluciones dictadas por la Dirección del Trabajo que, constatando hechos infraccionales, aplican multas administrativas, existen en el Código del Trabajo medios de impugnación, tanto administrativos como judiciales y por otra parte, la acción de protección ampara o resguarda el respeto de las garantías consagradas en nuestra carta fundamental, entre las cuales se cuenta la supuestamente vulnerada por el acto reclamado, esto es, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, garantizado en el Art. 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República vigente.

En cuanto a la existencia de medios de impugnación en contra de las resoluciones de multa, expone el recurrido que ellos se encuentran establecidos en el Código del Trabajo y son los siguientes: 1.- Acción judicial, la contenida en el artículo 503; 2.- Recurso administrativo, contenido en el artículo 506 ter; 3.- Recurso administrativo, contendido en el artículo 511; 4.- Acción judicial, contenida en el artículo 512.

Estima el recurrido que el análisis de la institución laboral de la semana corrida, no es propio de analizar en autos de esta naturaleza y por tanto dicha acción constitucional no constituye el medio idóneo para atacar las resoluciones de multas, salvo que, en su dictación o en el procedimiento administrativo en que se enmarcan, se haya vulnerado alguna garantía constitucional, lo que en la especie, según el recurrente, no es el caso.

En razón de lo expuesto, solicita el rechazo del presente recurso de protección.

En cuanto a que no existe vulneración a la garantía del art. 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, señala que la recurrente sostiene que la fiscalizadora procedió a interpretar un contrato, el suscrito entre las trabajadores involucradas en el hecho infraccional y su representada, Help S.A., lo que no sería efectivo ya que lo que la fiscalizadora ha realizado es constar hechos, los cuales, en su criterio vulneran la normativa laboral, en el presente caso, la norma contenida en el artículo 45 inciso 1º del Código del Trabajo, que establece precisamente la institución de la semana corrida.

Expone que la fiscalizadora concluyó de este modo, previo desarrollo de todo un procedimiento de fiscalización (al que alude la comisión Nº 599 del año 2021 de la Inspección del Trabajo de Concepción), en el que se entrevistó al trabajador denunciante, a otros trabajadores y a representantes de la empresa, además de tener a la vista todos los antecedentes documentales idóneos para constatar el cumplimiento de la normativa legal en estos casos. Y, por otro lado, estima que la fiscalizadora no actuó sin estar facultada para ello. Indica que es la propia ley la que faculta a la Dirección del Trabajo, conforme se establece en el artículo 505 del Código del Trabajo y 1 del DFL Nª 2 de 1967. La primera norma señala: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen.” Y la segunda, a su turno, expresa: “La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría del Trabajo. Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden: a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”

El recurrido concluye que la Dirección del Trabajo, a través de sus funcionarios, está facultada para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral e interpretarla y, por otro lado, no puede estimarse que en el desempeño de dicha función constituya como una comisión especial.

Expone el recurrido que cabría preguntarse entonces ¿Qué es una Comisión Especial para la Constitución? Sobre el particular, transcribe contenido del opúsculo “El derecho a no ser juzgado por comisiones especiales: análisis crítico de jurisprudencia”, de nombre reservado, Asistente del Tribunal Constitucional. Profesora de Organización Judicial, Universidad Adolfo Ibáñez. En que se señala: “La voz comisiones especiales, desde luego, no se refiere a tribunales que en virtud de la materia de que conocen pueden ser clasificados como tribunales especiales, tales como por ejemplo, los tribunales de familia o del trabajo. Tampoco se refiere a tribunales establecidos fuera del Poder Judicial. La categoría más bien apunta a la prohibición de establecimiento de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular, sin que se garantice la imparcialidad e independencia del juzgador, vulnerando el principio de igualdad conforme al cual todos los ciudadanos en idénticas situaciones deben ser juzgados por el mismo tribunal. Ello se explica por el origen histórico del término, que surge en nuestra historia constitucional, en 1828, al mismo tiempo que se eliminan los fueros especiales (Silva, 2002; Roldán, 1924). De ahí que la fuente por la cual los tribunales deban establecerse sea la ley, en tanto norma de carácter general y abstracta. Así, es posible afirmar que cuando el artículo 19 N°3, inciso 5°, de la Constitución prohíbe ser juzgado por comisiones especiales, apunta a dos elementos que se señalan claramente. Con ellos es posible determinar cuándo estamos frente a una comisión especial, utilizando un test que se pregunte, en primer lugar, cuál es la fuente por la cual se estableció el tribunal y, en segundo lugar, en qué momento se ha establecido dicho tribunal en relación a los hechos que juzgará.”

Señala que la misma autora distingue 4 grupos respecto de los cuales la jurisprudencia se ha pronunciado en esta materia, siendo el cuarto el que nos ocupa. Y señala: “La Administración actúa como comisión especial. En el cuarto grupo se encuentran los casos en que la Corte analiza casos en que a su juicio la Administración actúa como una comisión especial. En este grupo encontramos la gran mayoría de los casos en que la Corte utiliza la categoría de comisión especial. Estos casos pueden subdividirse en dos tipos: a) aquellos en que la Corte estima que la Administración ejerce una atribución fuera del marco previsto en la ley para su ejercicio, pero sin embargo le reconoce dicha facultad en abstracto, y b) aquellos casos en que la Corte estima que la Administración ejerce una atribución que la ley no le reconoce bajo ningún motivo, sino que pertenece a los tribunales. En el primer grupo de casos, la Corte analiza la normativa del órgano de la administración de que se trata y luego identifica una determinada potestad aplicativa de derecho, pero concluye que el caso en concreto tal aplicación no cabe dentro de los casos previstos por la norma. Este es un caso típico en que el recurso de protección opera como un recurso del contencioso administrativo. En el segundo grupo, la Corte derechamente no reconoce una determinada facultad de la administración, pese a que la ley se la reconoce. Acá la Corte suele confundir las facultades fiscalizadoras de la administración con atribuciones jurisdiccionales, considerando que en tales casos la Administración actúa como una comisión especial. Así, la Corte señala que interpretar contratos o calificar una relación jurídica es una facultad que corresponde exclusivamente a los tribunales y no a la Administración. De modo ejemplar lo hace en un caso en que la Inspección del Trabajo ordenó regularizar contratos que se encontraban bajo el régimen ilegal de subcontratación, sosteniendo que el acto administrativo que fiscalizaba incursiona derechamente en el ámbito de la interpretación de los contratos de trabajo, actividad que sólo cabe desarrollar cuando las expresiones empleadas por las partes resultan oscuras o ambiguas, lo que constituye un asunto del cual conocen y deciden exclusivamente los tribunales. En estos casos, vinculados a la Inspección del Trabajo, resulta especialmente curiosa la distinción desarrollada por la Corte referida a qué se entiende por jurisdicción. A juicio de la Corte, la Inspección del Trabajo para ejercer sus facultades fiscalizadoras debe limitarse a “constatar” hechos, pero no puede calificarlos jurídicamente, pues ello pertenece a los tribunales por tratarse de actividad propiamente jurisdiccional. ¿Cómo distinguir cuando la Inspección del Trabajo está constatando un hecho objetivo de cuando está calificando los hechos que constata? ¿Cómo puede alguien constatar un hecho sin al mismo tiempo calificarlo? El límite que traza la Corte parece antojadizo. Esta es la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema, salvo contados casos en que la Corte ha señalado que la Inspección del Trabajo actúa dentro de sus facultades al constatar –sin calificar– hechos que no consisten en una relación contractual, por lo que ha sostenido que no invade atribuciones jurisdiccionales o bien porque su facultad se ha limitado a emitir una opinión no vinculante. Me parece muy valiosa la nueva tendencia que parece estar surgiendo en la jurisprudencia, por la influencia de los votos de los Ministros Pierry, Brito y Carreño. Así, encontramos un voto de mayoría de la Corte Suprema, redactado por el Ministro Pierry en el cual se sostiene que la calificación jurídica que hace la autoridad es parte integrante de la actividad administrativa, la que puede ser controlada por el juez y que “en el procedimiento destinado a la elaboración de un acto administrativo, la calificación jurídica ocurre cada vez que la autoridad aplica a un hecho una norma o un concepto jurídico que le sirve de fundamento a aquél y que justifica su dictación, por lo que privarla de dicha facultad paralizaría a la Administración e impediría el cumplimiento de su función.” Es de esperar que esta sana doctrina prospere. Al respecto, existe pleno consenso en el reconocimiento de las facultades inspectivas y sancionatorias de la Administración del Estado, sin que por ello se señale que la Administración actúa como comisión especial. Sobre todo en consideración a que existen acciones para que la judicatura revise la legalidad de la actuación de la administración, sin desconocer su facultad.”

Finalmente, solicita se rechace el recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º Que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

Requiere para su procedencia, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto u omisión viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, y, finalmente, que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

2º Que la acción ilegal y arbitraria invocada por la recurrente consiste en la dictación de la Resolución de Multa N° 3661 / 21 / 16, de 16 de agosto de 2021, por falta de pago de semana corrida a los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Señala la recurrente que la fiscalizadora que suscribe la resolución de multa no constató hechos sino que realizó una calificación jurídica de la situación concreta, interpretado la norma legal contenida en el artículo 45 del Código del Trabajo, lo que al exceder de sus facultades constituye un acto ilegal y arbitrario.

3º Que la recurrida por su parte expresa que lo que la fiscalizadora realizó fue una constatación de hechos en las dependencias de la recurrente, los cuales vulneraban el artículo 45 inciso 1º del Código del Trabajo. De esta forma, la fiscalizadora actuó dentro de sus facultades en virtud de los dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo y 1 del DFL Nª 2 de 1967.

4º Son hechos no controvertidos y jurídicamente relevantes para los efectos de la presente causa los siguientes:

a.- Según consta de acta de fiscalización de la funcionaria recurrida, revisados los contratos de trabajo y comprobantes de pago de remuneraciones, la empresa recurrente Help SpA tiene trabajadores contratados como ejecutivos comerciales con una remuneración mixta, compuesta de sueldo base, gratificación legal, comisión especial, comisión por venta, premio comercial, bono desarrollo ventas, bono arranque rápido y bono de productividad; y b.- De acuerdo con los mismos antecedentes, la fiscalizadora constató que no se pagó la semana corrida a los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

5º La recurrente sostiene que en este caso la remuneración variable consistente en la comisión por venta no se devenga diariamente, de modo que no cumple con ese requisito indispensable para que proceda el pago de la semana corrida, según lo dispuesto por el artículo 45 inciso primero del Código del Trabajo.

El recurrente expone latamente en su recurso que la incorporación de una persona como Cliente de Help SpA, hecho que da lugar al pago del bono en cuestión, es un proceso constituido por una serie de actos que se suceden en el tiempo, que pasa por varias instancias y que en síntesis contempla las siguientes etapas: el ejecutivo comercial de HELP S.A. debe captar a los clientes; llenar formularios y documentos para la incorporación del potencial cliente y sus beneficiarios, en su caso; predigitación e identificación del Contrato en el Sistema Interno de HELP; obtener el visto bueno del Supervisor y del área control de gestión; revisión de caja y del asistente comercial; celebración del precontrato; revisión y visto bueno del área de administración y finanzas; auditoría comercial; y corrección del área de venta. Sólo si el contrato y sus antecedentes anexos han cumplido con todas las revisiones y subsanado las objeciones de rechazo que pudieran presentarse, el trabajador devenga una remuneración variable asociada a dicha venta. Si con posterioridad al devengamiento de la comisión, el contrato se deja sin efecto, se procede a descontar la remuneración variable percibida por trabajador y también por el supervisor de aquél.

De la forma dicha, se trataría de un proceso complejo y largo el cual impide considerar esta comisión por venta una remuneración que se devengue diariamente.

6º Que para resolver el asunto planteado debe señalarse en primer término que el artículo 45 del Código del Trabajo dispone “El trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo devengado en el respectivo período de pago, el que se determinará dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar en la semana. Igual derecho tendrá el trabajador remunerado por sueldo mensual y remuneraciones variables, tales como comisiones o tratos, pero, en este caso, el promedio se calculará sólo en relación a la parte variable de sus remuneraciones.”

Por su parte el artículo 505 del mismo código señala: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen.”.

Finalmente, el artículo 1º del DFL Nº 2 de 1967 expresa: “La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con el cual se vincula a través de la Subsecretaría del Trabajo. Le corresponderá particularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden: a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”

7º Que en uso de las facultades que el artículo 505 del Código del Trabajo otorga a la Dirección del Trabajo, esta repartición a través del Dictamen 3262/66 de 5 de agosto de 2008 estableció las características que debía reunir un estipendio para ser considerado en la base de cálculo de la semana corrida, esto es: a) que se trate de una remuneración a la luz de lo dispuesto en el artículo 41 inciso primero del Código del Trabajo, de carácter fijo o bien variable, b) que se devengue diariamente, esto es, que el trabajador la incorpore diariamente a su patrimonio, c) que sea principal, esto es, que subsista por sí misma independiente de otra remuneración y d) que sea ordinaria, esto es, que no tengan un carácter excepcional o infrecuente.

Lo que el recurso ataca es que la resolución de multa recurrida consideró a la denominada “comisión por venta” una remuneración que se devenga diariamente lo que, en primer lugar, supone que la fiscalizadora interpretó los hechos constatados careciendo de facultades para ello y, en segundo lugar, es erróneo pues el devengo de la comisión por venta es un proceso largo y complejo por lo que el trabajador no la incorpora diariamente a su patrimonio.

8º Que, además, debe tenerse presente que también en uso de las facultades que el artículo 505 del Código del Trabajo otorga a la Dirección del Trabajo, esta repartición, entre otros en los ordinarios Nº 5599 de 4 de diciembre de 2019 y Nº 1175 de 11 de marzo de 2015, ha precisado que el devengo diario de una remuneración variable no se altera por la circunstancia de que la gestión que le da origen no se realice en un solo día, sino que comprenda varios de ellos e incluso meses. La citada doctrina ha analizado el caso de trabajadores que perciben remuneraciones variables por operaciones de venta que son el resultado de una secuencia de actos y operaciones técnicas complejas, que abarcan un período prolongado de tiempo y una atención diaria y sostenida del dependiente, concluyendo que tales rasgos y características del trabajo realizado determinan que las respectivas remuneraciones se integran diariamente al patrimonio del trabajador.

9º Que, en este caso, la fiscalizadora afirma en su acta de fiscalización que las remuneraciones de los trabajadores que desempeñan el cargo de ejecutivo comercial consistente en la comisión por venta se devenga diariamente, esto es, el trabajador la incorpora a su patrimonio día a día en función de su trabajo diario, aunque el proceso de venta que genera el pago de la comisión involucre una serie de actos continuos que la fiscalizadora enumera y que son los mismos reproducidos en el recurso.

10º Que, así, la fiscalizadora se limitó a constatar hechos y aplicar la doctrina que la Dirección del Trabajo en uso de sus facultades legales ha sostenido al respecto, en cuya virtud la remuneración variable consistente en la ya referida comisión por venta da lugar al pago de semana corrida.

11º Que, de acuerdo a lo expresado, no existe en este caso un derecho indubitado del recurrente que esta Corte pueda amparar por la vía de esta especial acción constitucional, razón por la cual el recurso será rechazado.

Lo anterior, sin perjuicio que la interpretación administrativa referida no es obligatoria para los Tribunales de Justicia en el conocimiento de las demás acciones que la ley otorga al recurrente para impugnar la resolución de multa objeto de estos autos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza sin costas el recurso de protección deducido por el abogado Juan Ignacio Chamorro Sepúlveda, en representación de HELP SpA, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción y de funcionaria Medegy del Pilar nombre reservado Rojas.

Se previene que la Ministra señora Nancy Bluck Bahamondes, concurre al rechazo del recurso teniendo únicamente presente:

1° Que con fecha 30 de mayo de 1967 se promulgó el DFL N° 2, que dispone la reestructuración y fija funciones de la Dirección del Trabajo, persiguiendo alcanzar un adecuado desarrollo económico y social del país, y en el entendido que es función primordial del Estado velar por la correcta aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales de los trabajadores; a cuyo efecto se dejó claramente establecido, ya en el preámbulo de dicha normativa, cuál era la finalidad de dicho organismo “creado por ley para supervigilar la aplicación de esas leyes y realizar las demás funciones tendientes a asesorar al Supremo Gobierno en el desarrollo de la política social”;

2° Que en concordancia con lo anterior, el artículo 1° del citado DFL N° 2, establece cuáles son, en particular y sin perjuicio de otras que le encomienden leyes generales o especiales, las funciones de la Dirección del Trabajo, entre las que se cuentan, la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral y la fijación, de oficio o a petición de parte, por medio de dictámenes, el sentido y alcance de las leyes del trabajo. Por su parte, el artículo 505 del Código del Trabajo le encomienda la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación justamente a la Dirección del Trabajo;

3° Que así las cosas, no sólo porque la normativa que fija las atribuciones del organismo fiscalizador laboral es prístina en cuanto se le encomienda la interpretación de las leyes del trabajo con una generalidad y amplitud que ciertamente se condice con la finalidad cautelar que el marco legal impone al Servicio aludido, sino porque no existe ninguna posibilidad de que dicha institución cumpla su mandato legal sin realizar una actividad interpretativa, es que no existe infracción de ley alguna en la conducta desplegada por el recurrente.

4° Que con el objeto de dar sustento a las afirmaciones antes vertidas, cabe tener presente que la expresión “interpretar” tiene, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, diversos significados que resultan aplicables al asunto que convoca a esta Corte, entre los que se cuentan los siguientes: explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto; explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos; determinar el significado y alcance de las normas jurídicas. En efecto, el único modo en que la Dirección del Trabajo puede cumplir el imperativo de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral es mediante la fijación del sentido y alcance de las normas que rigen la materia y la explicación, a la luz de esas normas, de las acciones desplegadas por las partes que intervienen en una relación laboral.

5° Que lo anterior en caso alguno implica una invasión de prerrogativas jurisdiccionales, especialmente aquellas contempladas en la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo, que radica en los tribunales de esta especialidad, la competencia para resolver las cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos de trabajo.

Una correcta y armónica interpretación de la normativa en comento, nos lleva a concluir que la tarea fiscalizadora de la Dirección del Trabajo implica necesariamente una labor intelectual interpretativa con el objeto de discernir si una determinada conducta empleadora se ajusta a la norma cuyo cumplimiento se fiscaliza; pudiendo todo ello ser revisado por la judicatura laboral, en aquéllos casos en que el Código del ramo establece la procedencia del respectivo reclamo.

6° Que, a mayor abundamiento, y sin perjuicio que esta ministra estima que la prerrogativa interpretativa de la Dirección del Trabajo resulta clara en los textos legales analizados, en el evento de estimarse que tanto la letra b) del artículo 1° del DFL N° 2 como el artículo 505 del Código del Trabajo resultan confusos, el principio pro operario obliga al órgano judicial a aplicar aquella interpretación que resulta más favorable al trabajador, en este caso, la que posibilita que el organismo técnico especializado cuente con las atribuciones que le permitan fiscalizar y sancionar oportunamente las infracciones a la legislación laboral. Concluir lo contrario, constituye, además, un incentivo a que los empleadores regulen las relaciones con sus trabajadores del modo más complejo posible, recurriendo a expresiones oscuras o dudosas, y a conductas ambiguas, para impedir una adecuada fiscalización, bajo el argumento que los inspectores del trabajo no pueden interpretar dichas expresiones, cláusulas o conductas.

7°.-Que así las cosas, el organismo fiscalizador laboral no ha incurrido en ninguna conducta ilegal o arbitraria.

Se previene que la Ministra señora Valentina Salvo Oviedo, concurre al rechazo del recurso, no compartiendo el fundamento final del fallo.

Redacción de la abogada integrante Riola Solano Guzmán Se deja constancia que no firma la Ministra señora Nancy Bluck Bahamondes, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

Se deja constancia que no firma la abogada integrante señora Riola Solano Guzmán, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse fuera de la jurisdicción.

Rol Corte 11.688-2021 Protección