nombre reservado con BANCO DEL ESTADO DE CHILE

SAN/ari C.A. de Concepción.

Concepción, dos de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, chileno, divorciado, soldador, domiciliado en domicilio reservado, recurriendo de protección en contra del Banco del Estado de Chile de quien afirma ser cliente, por haber sido objeto de un fraude al haber sido suplantado y requerido en su nombre un crédito de consumo por la suma de $ 14.000.000 (catorce millones de pesos), respecto de lo cual el Banco recurrido le ha informado el 02 de septiembre de 2021, que no aplica la restitución de los fondos, afectando con ello el legítimo ejercicio del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Refiere que el 12 de agosto del 2021, alrededor de las 19:23 horas, recibió un mensaje de audio del número telefónico teléfono reservado, en el cual se le indicaba que había realizado un traspaso de dineros por la suma de $10.000.000 de pesos, lo que no era efectivo; inmediatamente, realizó un requerimiento a Banco Estado, el cual fue recibido el 13 de agosto de 2021 a las 01:07 minutos, contestando el Banco lo siguiente: “Estimado(a) nombre reservado. Tomamos conocimiento del requerimiento presentado por Ud. con fecha 13/08/2021 y hora 01:07, ante esto, le recordamos que procedimos a realizar el bloqueo de sus productos por su seguridad.- Su requerimiento ha registrado con el número 400342546. El bloqueo de sus productos ha quedado registrado con el número 400342546. Para conocer el estado, respuesta o desistir del requerimiento, lo puede realizar a través del Servicio de Atención Telefónica al 600 200 7000. Para obtener nuevamente sus productos deberá acudir a cualquier sucursal de Banco Estado o Banco Estado Express. Atentamente, Banco Estado”.

Señala que el 15 de agosto de 2021, concurrió a las oficinas del Banco Estado de la comuna de Laja, área de servicio al cliente a verificar dicha transferencia, y quien lo atendió verificó en ese momento que no tiene crédito ni transferencia a ninguna persona por el monto antes dicho; y que al siguiente día se dio cuenta que tenía un correo electrónico, de 12 de agosto de 2021, desde el Banco Estado, indicando “Te informamos que hoy 12 de agosto de 2021, has realizado la contratación de un Crédito de Consumo. Adjuntamos los documentos asociados a tu crédito, para mayor seguridad, debes abrir el archivo con la clave que corresponde a los cuatro dígitos de tu Rut (sin digito verificador)” ; a dicho correo se encontraban adjuntos los siguientes documentos: Mandato de Cargo de primas seguro de protección créditos de consumo canal Web/Mobile; Propuesta de seguro de protección créditos de consumo canal web/Mobile; contrato de crédito de consumo; anexo de contracción de productos y servicios de personas; hoja resumen seguro protección créditos de consumo canal web/Mobile; anexo-comisiones; y, calendario de vencimientos.

Relata que al volver de su trabajo en faena, el 30 de agosto de 2021, concurrió a las oficinas del Banco Estado de Laja, para solicitar una respuesta respecto al crédito de consumo que jamás había solicitado, allí se enteró que había obtenido un crédito por la suma de $14.000.000 de pesos y que aproximadamente las 00:00 horas del día 13 de agosto de 2021, se habrían realizado dos transferencias de $5.000.000 de pesos cada una, ambas a la cuenta de nombre reservado, a lo que el Banco le sugiere que concurra a Carabineros de Chile a estampar la denuncia respectiva. Los restantes $ 4.000.000 de pesos que quedaron en su cuenta, al pedir el bloqueo de su cuenta ya no pudieron volver a realizar otra transacción y allí quedaron. Añade, que el mismo 30 de agosto de 2021, realizó requerimiento ante el Banco Estado recibiendo la siguiente respuesta: “Tomamos conocimiento del requerimiento por usted presentado, con fecha 30/08/2021 13:38:46, el cual ha quedó registrado con el N° 2306019- 12513626” en la cual la descripción del requerimiento, El Cliente desconoce transacciones. Le solicitaron un crédito e hicieron 2 transferencias de $5.000.000 C/U. monto total $10.000.000 En chequera Electrónica, 2 transacciones. Se solicita investigación, restitución de los fondos”.

Hace ver que pese a las diligencias desplegadas, el Banco no ha solucionado su problema, más aún el 2 de septiembre de 2021 a las 16:05 horas Banco Estado contestó el requerimiento, en el cual entre otras cosas le señala “Banco Estado realizó una investigación y determinó que no corresponde proceder a la restitución de los fondos o cancelaciones de los cargos; debiendo Banco Estado iniciar las acciones legales contempladas en la Ley N° 21.234” Y en la misma fecha el Banco Estado realizó un depósito a su cuenta por la suma de $1.048.266 pesos tipo abono en cual señala “Devolución Ley de Fraudes”

Sostiene que el acto de no restituir los fondos sustraídos es arbitrario, por cuanto priva y perturba el ejercicio de las Garantías Constitucional contempladas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución, esto es el derecho a la integridad síquica y al Derecho de Propiedad. Alega que la persona no puede ser privada de su derecho o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por la causa utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador, conforme lo dispone el inciso 30 del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide se acoja el recurso y se resuelva que la recurrida deje sin efecto el crédito de consumo el cual nunca solicitó, que retrotraiga las cosas al estado anterior a la perturbación de sus derechos vulnerados, con costas.

Informó don nombre reservado, Fiscal Adjunto del Ministerio Público de Yumbel, quien afirma que el 5 de septiembre de 2021 se recibió en esa Fiscalía local la denuncia por un supuesto delito que dice relación con la Ley 20.009, a la que se asignó el RUC 2100806405-6 y que dicha investigación se encuentra con diligencias pendientes, abierta y desformalizada.

Informó don nombre reservado, abogado, por la recurrida BANCO DEL ESTADO DE CHILE, ambos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, de Santiago, quien expone, que no han existido ni existen actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables al Banco del Estado de Chile, porque el recurrente no ha logrado acreditar la vulneración de las medidas de seguridad y que como consecuencia de la vulneración de las medidas de seguridad se hayan efectuado transferencias de fondos que ahora desconoce. Refiere que el recurrente desconoce la solicitud de un crédito por la suma de $14.000.000 de los cuales fueron transferidos $10.000.000 a terceros el 13e agosto de 2021. Sin embargo, dichas las transacciones reclamadas fueron realizadas a través del canal APP, fueron autorizadas con clave APP y Clave Bepass, las que no presentan la condición de error en su operación.

Afirma que de acuerdo con la Ley 20.009 el Banco procedió a realizar una investigación interna y determinó que existe culpa del recurrente, por lo cual se procedió a cumplir el 2 de septiembre último, con lo estipulado en el artículo 5° de la Ley N°20.009, realizando el abono normativo de 35 UF y a demandar por el saldo superior a dicho monto ante el Juzgado de Policía Local de Laja para que declare que ha existido dolo o culpa grave por parte del recurrente, en las operaciones que ha desconocido en su reclamo frente al Banco; que se proceda a dejar sin efecto la cancelación de los cargos y/o la restitución de fondos realizada por el Banco, ordenando al recurrente a restituir el abono normativo de 35 UF, con intereses, y que se declare al Banco liberado de toda responsabilidad respecto de las operaciones que el recurrente declara no haber realizado, causa que se encuentra en tramitación ante el Juzgado de Policia Local de Laja.

Destaca que no se acogió la petición del recurrente, porque los sistemas de seguridad del Banco del Estado de Chile no han sido vulnerados; la clave BEPASS sólo puede ser creada por el titular de la cuenta, mediante las siguientes acciones: Enrolar la aplicación móvil mediante el ingreso de la clave de acceso a internet más la clave de cajero automático y la tarjeta de coordenadas/clave enviada mediante mensaje de texto enviado al celular registrado en los datos seguros; para crear BEPASS, debe ingresar clave que se envía mediante mensaje de texto al celular registrado en los datos seguros. Además, cada vez que se activa BEPASS, se elimina la activación en otros dispositivos.

Y asevera que la tecnología antes mencionada cuenta con un sistema de llave virtual única, que se traduce en un algoritmo que permite generar una clave dinámica, la cual cuenta con mecanismos de encriptación que impide el acceso o modificación de clave BEPASS; Y en este caso las transacciones reclamadas no presentan condición de error y fueron realizadas con sus claves de acceso, cuyo resguardo y debida custodia es de su exclusiva responsabilidad.

Sostiene que Banco del Estado de Chile, actuando dentro de su esfera de resguardo, y adoptando una conducta proactiva, ha asumido un rol responsable al informar a sus clientes respecto de las formas en que terceros pueden intentar realizar fraudes electrónicos, siendo política el comunicar que ningún ejecutivo jamás, solicitará información confidencial para operar en sus productos bancarios. Por otra parte sostiene que no se ha acreditado por la actora la vulneración de las medidas de seguridad del Banco del Estado de Chile, de manera tal que no es posible sostener que las transacciones que se impugnan se hayan verificado en razón de dicha supuesta vulneración.

En su opinión, los hechos descritos en el libelo de protección, y sus peticiones concretas, exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, teniendo presente que se denuncia un conflicto contractual y se reclaman derechos que deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial que corresponda, por lo que no debió ser admitido a tramitación, y en definitiva debe ser rechazado, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, es decir, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, en el caso de que se trata, quien recurre de protección ha tildado de ilegal y arbitrario el proceder el Banco del Estado de Chile, que no acogió el requerimiento presentado por su parte y se negó a “restituir los fondos o cancelaciones de los cargos” relacionados con un crédito por $14.000.000 abonados a su cuenta que él nunca solicitó, así como las transferencias por $10.000.000 que se hicieron desde su cuenta hacia un tercero, lo que estima, vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, la recurrida al informar, sostiene que el crédito pedido por internet a través del canal APP por $14.000.000 y las transferencias que se realizaron desde la cuenta del recurrente hacia un tercero, fueron ejecutadas el día 13 de agosto último, autorizadas con clave APP y clave Bepass, las que no presentan error en su operación, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 20.009 se procedió a depositar en la cuenta del recurrente el equivalente a 35 UF y a presentar la demanda correspondiente ante el Juzgado de Policía Local de Laja, por lo que considera que no se ha incurrido en acto ilegal o arbitrario.

CUARTO: Que con los antecedentes incorporados al recurso que son apreciados de acuerdo a la sana critica, se tienen por acreditadas los siguientes hechos:

a) El 12 de agosto de 2021 a las 23:49:54 horas el Banco recurrido comunicó a nombre reservado, vía web, que había realizado la contratación de un crédito de consumo y le adjuntó los documentos asociados al mismo.

b) El 10 de septiembre de 2021, el Banco del Estado en uso de la facultad que la Ley 20.009 le concede, presentó querella ante el Juzgado de Policía Local de Laja en contra de nombre reservado, por infracción a la Ley 21.234 por haber existido dolo o culpa grave en las operaciones que ha desconocido en su reclamo frente al Banco.

En ella se especificó, que se trató de un crédito obtenido por internet por $14.000.000 el 13 de agosto de 2021, y las dos transferencias realizadas a nombre reservado el mismo día, por $5.000.000 cada una.

El 13 de septiembre de 2021 el Juzgado de Policía Local de Laja admitió a tramitación la referida querella asignándole el ROL N° 69.427.

c) Según consta del Parte de Carabineros de Chile, Subcomisaria de Laja, el 30 de agosto de 2021 don nombre reservado interpuso denuncia por Fraude en Transacción Electrónica en contra de nombre reservado y de nombre reservado, a nombre de este último se habrían efectuado las dos transferencias por $5.000.000 cada una. Ambos poseen antecedentes prontuariales, que se encuentran en conocimiento del Ministerio Público.

QUINTO: Que, de lo establecido anteriormente, se colige que en la situación de autos no existe un derecho preexistente e indubitado, requisito esencial a la hora de decidir si esta es la vía adecuada para resolver el conflicto suscitado entre el recurrente y el Banco del Estado.

En efecto, resulta evidente que la cuestión promovida no es de aquellas que compete ser dilucidada a través del ejercicio de la presente acción cautelar extraordinaria, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que siendo preexistentes e indubitados, se vean amagados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende, en posición de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre.

SEXTO: Que, corrobora la conclusión precedente, la circunstancia cierta, que actualmente existen dos organismos públicos competentes, abocados al conocimiento de los hechos a que se refiere este recurso, a través de los respectivos procedimientos, uno de naturaleza infraccional y civil seguido ante el Juzgado de Policía Local de Laja, en tanto que el otro de naturaleza penal, dirigido por el Ministerio Público, de lo que se deriva que la materia controvertida ya se encuentra bajo el imperio del derecho.

SÉPTIMO: Que, atendido lo concluido precedentemente, es innecesario entrar al análisis de las garantía constitucionales que se dicen conculcadas y ponderar a ese respecto los documentos acompañados por las partes.

En consecuencia, el presente recurso de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a al recurrente don nombre reservado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del BANCO DEL ESTADO DE CHILE.

Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese.

Redactó la Ministra Valentina Salvo Oviedo.

Rol Protección N° 11.661-2021.