Protección contra Alcalde de la I

C.A. de Concepción rtp Concepción, siete de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece en este proceso Rol 11.383-2021, Protección, el abogado Mario Hidalgo Acuña, con domicilio en domicilio reservado, en nombre de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos profesores de educación diferencial y para estos efectos de su mismo domicilio, e interpuso recurso de protección en contra del Alcalde de la I. Municipalidad de Los Ángeles, nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expuso, en síntesis, que la Contraloría Regional del Biobío, durante el año 2019, inició un procedimiento administrativo de auditoría y examen de cuentas al proceso de remuneraciones y sus correspondientes descuentos legales, en el Departamento de Administración de Educación Municipal de la I. Municipalidad de Los Ángeles, en adelante DAEM, en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y 31 de diciembre de 2018, considerando el personal docente, asistentes de la educación y el personal que labora directamente en el DAEM.

Dice que en virtud de este procedimiento administrativo, la Contraloría Regional del Biobío confeccionó el pre informe de observaciones N° 405, de 24 de julio de 2019, que fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Los Ángeles, la que respondió cada una de las observaciones contenidas en el pre informe, y con las respuestas a las observaciones recibidas de parte del alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles, la Contraloría Regional elaboró el Informe Final N° 405 de 25 de septiembre de 2019, donde expuso los resultados de la auditoría, manteniendo la mayoría de las observaciones contendidas en el pre informe.

Agrega que este informe final fue objeto de una reconsideración por parte de la Municipalidad de Los Ángeles, de 21 de febrero de 2020, la que fue rechazada por la Contraloría Regional del Biobío el 23 de abril de 2020.

Hace presente que el informe final N° 405, de 25 de septiembre de 2019, no fue notificado a los recurrentes.

Precisa que en este informe final, la Contraloría General del Biobío concluyó que a 89 docentes de educación diferencial, entre los cuales se encuentran los recurrentes, en el periodo auditado se les pagó de manera errónea la asignación por Remuneración Básica Mínima Nacional, RBMN, asimilada al valor hora asignado a educación media, en circunstancias que procedía que fuera pagada asimilada al valor hora asignado a educación básica, indicándose en el anexo 5 del referido informe el monto de la deuda que cada uno de los 89 docentes tendría por concepto de esta diferencia remuneracional.

Indica que el 27 de agosto de 2021 los recurrentes tomaron conocimiento de un descuento efectivo de sus remuneraciones, el que no les fue informado por el DAEM.

Añade que la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y la Ley N°19.070, Estatuto Docente, no contemplan entre sus disposiciones, un debido procedimiento administrativo que pueda concluir en un acto administrativo terminal, que pueda disponer el descuento de remuneraciones de docentes municipales, por asignaciones remuneratorias que les son pagadas erróneamente, por lo que frente a este vacío legal procedimental, el alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles, sin dictar un acto administrativo ordenando al funcionario la restitución respectiva, decidió el 27 de agosto de 2021, por sí y ante sí, descontar de las remuneraciones de los recurrentes, la “eventual deuda’’ que éstos tendrían con dicho municipio.

Expresa que la ley no le ha conferido a un alcalde la facultad de descontar de las remuneraciones de un funcionario municipal las sumas que se le hayan pagado indebidamente, porque tal facultad, frente a tal hipótesis, la ley se la ha conferido expresa y únicamente, al Contralor General de la República, según lo expresa el inciso 1° del artículo 67 de la Ley 10.336.

Arguye que no obstante lo anterior, el alcalde recurrido optó por hacer efectiva dicha responsabilidad civil por sí y ante sí- efectuando un descuento remuneracional- sin recurrir a ningún tribunal de justicia, lo que es abiertamente ilegal, pues omite recurrir a los procedimientos jurisdiccionales previstos expresamente en la ley con la finalidad de hacer efectiva la responsabilidad civil de un funcionario público. Así las cosas, dice, este acto material recurrido adolece de un vicio de desviación de poder, más precisamente, de desviación de poder por desviación de procedimiento, pues se pretende hacer efectiva una responsabilidad civil de los recurrentes, sin que se haya seguido en la especie, el procedimiento jurisdiccional previsto expresamente por la ley.

Señala que la conducta del recurrido antes descrita vulnera las garantías constitucionales consagradas en los números 2, 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por las razones que detalla en su recurso.

Concluye solicitando que se acoja esta acción constitucional, ordenando, como medida de protección, que la Municipalidad de Los Ángeles deberá abstenerse de realizar descuentos en las remuneraciones de los recurrentes que, puedan tener por causa o la tengan, en el Informe Final N° 405, de 25 de septiembre de 2019, de la Contraloría Regional del Biobío; que dicho municipio deberá proceder a la inmediata devolución de las sumas que hayan sido efectivamente descontadas de las remuneraciones de los recurrentes que, puedan tener por causa o la tengan, en el Informe Final N° 405, de 25 de septiembre de 2019, de la Contraloría Regional del Biobío, todo ello con costas.

Informó el recurso el abogado Nelson Luis Escobar Sáez, por la I. Municipalidad de Los Ángeles, quien, luego de exponer el contexto sobre que versa el presente asunto, derivado del plan anual de fiscalización de la Contraloría General para el año 2019, refiere que se efectuó una auditoría a los procesos de remuneración y recuperación de subsidios de incapacidad laboral en la Dirección de Administración de Educación de Los Ángeles, por el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.

Indica que en ese entendido, con fecha 24 de julio de 2019, la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional del Biobío, presentó el pre informe de observaciones N° 405, que, en lo que se relaciona con estos autos de protección, consideró como partidas claves, “Capitulo III, Examen de Cuentas numeral 2.1. Pago de renta Básica mínima nacional RBMN (AC): Se constató que el DAEM de Los Ángeles pago improcedentemente la suma de $30.918.500 a 89 docentes de la educación especial toda vez que la RBMN fue asimilada al valor hora asignado a la educación media.”.

Agrega que dentro de los 89 docentes se encuentran los recurrentes a quienes el 8 de julio de 2019 se ingresó a Correos de Chile, 141 cartas para que sean despachadas como correo certificado a los domicilios informados por cada trabajador al momento de ingresar a ese municipio, de acuerdo a la nómina que se adjunta, notificándose en la referida carta lo siguiente:

1.- Decreto General N° 1.429 de 01 de Junio de 2020: que señala la suspensión y reintegro de montos que indica por las sumas indebidamente percibidas por los funcionarios individualizados en el Informe Final de la C.G.R. N° 405 DE 2019 2.- Decreto Individual: denominado Reintegro de Montos que indica por las sumas indebidamente percibidas por los funcionarios individualizados en el informe final de la C.G.R. N° 405 de 2019, dicho decreto contiene el valor exacto adeudado por cada docente.

Expresa que a raíz de dicha notificación del universo de docentes del Programa de Integración que se encontraba en la situación descrita en 1.- Capitulo III, Examen de Cuentas numeral 2.1. Pago de renta Básica mínima nacional RBMN (AC); 22 docentes demandaron en sede laboral causa RIT T-20-2020; 1 recurrió a la Corte de Apelaciones en causa Rol 14.875-2020 y 10 presentaron requerimientos ante el órgano contralor en orden a condonación de la deuda y/o pago en cuotas de la misma, acreditándose de esa manera que sí fueron notificados de la deuda remuneracional existente con ese municipio.

Arguye que habiendo trascurrido más que un tiempo razonable sin que el resto de docentes -entre los cuales se encuentran los recurrentes- ejecutaran acciones tendientes a eliminar y/o aminorar los efectos del resultado del Informe N° 405, y sumado a lo anterior el hecho que en el mes de mayo último fueron requeridos nuevamente por el ente Contralor, esta vez con la finalidad de informar la forma en que se ha dado ejecución a lo ordenado en el informe N° 405, debieron de manera imperiosa tomar la determinación de comenzar el descuento en cuotas respecto de los emolumentos adeudados por concepto de remuneraciones mal pagadas a los docentes faltantes, entre ellos los recurrentes.

Manifiesta que, en ese escenario, la jurisprudencia de la Contraloría General de la Republica ha manifestado, entre otros, en los dictámenes 46595/2000, 29948/2012, 5120/2017 y 20327/2018, que en atención a que al alcalde le corresponde privativamente, con la colaboración de la Unidad de Administración y Finanzas -conforme al artículo 27 de la Ley 18.695-, administrar los recursos económicos del municipio, encontrándose dentro de esta atribución la del manejo de los fondos destinados al pago de las remuneraciones del personal de su dependencia, cabe colegir que puede adoptar las medidas administrativas conducentes para descontar de éstas las sumas que hayan percibido indebidamente, debiendo entenderse que dentro de tal facultad también se comprende la de conceder facilidades para su reintegro, considerando el carácter autónomo de los municipios. Comenta que las facultades del alcalde para efectuar descuentos por sumas percibidas indebidamente y para otorgar facilidades en el reintegro, en ningún caso pueden ser ejercidas de manera arbitraria o discriminatoria, en cuanto ello pueda importar infringir las garantías individuales de libertad de trabajo y su protección en lo relativo a la justa remuneración, debiendo respetar el principio de juridicidad, que lleva implícita la racionalidad y la proporcionalidad en el actuar de los Órganos de la Administración del Estado, que consagra el ordenamiento constitucional vigente, especialmente en sus artículos 6 y 7, en relación con el artículo 2 de la Ley 18.575.

Afirma que el procedimiento adoptado por la Municipalidad de Los Ángeles posterior a la notificación del Informe N°405/2019, siguió ajustándose a la normativa legal y los dictámenes emanados de la Contraloría General de la República, toda vez que en estricto acatamiento de lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 10.336 por un lado, y, por otro, conforme las facultades privativas que tiene el alcalde en cuanto a la administración de los recursos económicos del municipio y, por ende, la de adoptar medidas administrativas tendientes para descontar de sus funcionarios dependientes sumas que estos hayan percibido indebidamente. Sostiene que el municipio no ha actuado de manera ilegal ni arbitraria ni ha vulnerado las garantías constitucionales denunciadas conculcadas, sin perjuicio de argumentar que la acción de protección no es la vía idónea para discutir conflictos remuneratorios.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto;

2°) Que lo que pretende la parte recurrente es que la I. Municipalidad de Los Ángeles se abstenga de realizar descuentos en sus remuneraciones, que puedan tener por causa o la tengan en el Informe Final N° 405 de 25 de septiembre de 2019 de la Contraloría Regional del Biobío, y que dicho municipio debe proceder a la inmediata devolución de las sumas que hayan sido efectivamente descontadas de las remuneraciones de los actores motivados por dicho acto administrativo.

En el mencionado informe, en lo que dice relación con los actores, se estableció lo siguiente: “1.- Capitulo III, Examen de Cuentas numeral 2.1. Pago de renta Básica mínima nacional RBMN (AC): Se constató que el DAEM de Los Ángeles pagó improcedentemente la suma de $30.918.500 a 89 docentes de la educación especial toda vez que la RBMN fue asimilada al valor hora asignado a la educación media.”;

3°) Que cabe precisar que dentro de los 89 docentes aludidos en el Informe Final 405 a los que se les calculó en forma errónea el Pago de Renta Básica Mínima Nacional (RBMN AC), se encuentran los recurrentes, respecto de quienes el 08 de julio de 2020 se ingresó a Correos de Chile, 141 cartas fechadas el día 03 del mismo mes y año, para ser despachadas como correo certificado a los domicilios informados por cada trabajador al momento de ingresar al municipio, de acuerdo a la nómina que adjuntó, notificándose en la referida carta el Decreto General N° 1.429 de 01 de junio de 2020, que informó la suspensión y reintegro de los montos que se indica en cada caso por las sumas indebidamente percibidas por los funcionarios individualizados en el Informe Final de la Contraloría General de la República N° 405 de 2019. Se les remitió también en dicha carta certificada sendos Decretos Individuales de 30 de junio de 2020 denominados “Reintegro de montos que indica por las sumas indebidamente percibidas por los funcionarios individualizados en el informe final de la C.G.R.N° 405 de 2019”. Dicho decreto contiene el valor exacto adeudado por cada docente.

La documentación recién referida fue acompañada al informe del recurrido;

4°) Que a raíz de la recién referida notificación del universo de docentes del Programa de Integración que se encontraban en la situación descrita en “1.- Capitulo III, Examen de Cuentas numeral 2.1. Pago de Renta Básica Mínima Nacional RBMN (AC)”, según lo informó la recurrida, 22 de ellos demandaron en sede laboral causa R.I.T. T-20-2020, 1 interpuso recurso de protección ante esta Corte de Apelaciones en causa Rol 14.875-2020 y 10 de ellos presentaron requerimientos ante el órgano contralor en orden a condonación de la deuda y/o pago en cuotas de la misma.

Como puede apreciarse de lo indicado precedentemente, a diferencia de lo que se señala en el recurso, los actores sí fueron notificados de la deuda remuneracional existente con la recurrida, tal es así que, como recién se dijo, algunos de los 89 trabajadores ya referidos demandaron en sede laboral, uno recurrió de protección y otros solicitaron condonación de la deuda y/o pago en cuotas de lo ordenado reintegrar, conducta esta última que no fue seguida por los actores de autos, quienes esperaron hasta el 24 de septiembre último para deducir esta acción de protección;

5°) Que habiendo trascurrido tiempo suficiente sin que el resto de los docentes -entre los cuales se encuentran los recurrentes- ejecutaran acciones tendientes a eliminar y/o aminorar los efectos del resultado del Informe Final N° 405 y, sumado a lo anterior, el hecho de que en mayo último la Municipalidad de Los Ángeles fue requerida nuevamente por la Contraloría Regional del Biobío, esta vez con el fin de informar el modo en que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el referido informe, el municipio tomó la determinación de comenzar a efectuar el descuento en cuotas respecto de las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones mal pagadas a los docentes faltantes, entre ellos los recurrentes de autos.

Es por ello que la recurrida comenzó a descontar en agosto último del sueldo de los actores el rubro “Pago de Renta Básica Mínima Nacional RBMN”, tomando como base de cálculo y de cuotas, lo resuelto por la Contraloría Regional del Biobío en relación a las solicitudes presentada por otros docentes educadores diferenciales que estaban en la misma situación de los recurrentes;

6°) Que así las cosas, se acreditó con los documentos acompañados al proceso, que a los actores sí se les notificó de la situación expuesta en el Informe Final N° 405 emitido por el ente contralor, así como del monto total de lo adeudado, y que si bien no se le notificó la totalidad de dicho informe, sí se notificó en los decretos la información pertinente emanada del mismo;

7°) Que en la parte final del Capítulo III del Informe N° 405, se obliga al recurrido a efectuar el reintegro cuestionado, señalando que procede que la Municipalidad de Los Ángeles arbitre las acciones pertinentes a fin de que el DAEM obtenga por parte de los 89 funcionarios advertidos el reintegro de las sumas percibidas indebidamente ascendentes en total a $30.918.500, lo que tendrá que ser verificado por la directora de control municipal y documentado en la plataforma de seguimiento SSA-CGR pestaña “Registro de Observaciones” en un plazo que no exceda del 30 de julio de 2021.

Como puede apreciarse, si bien es efectivo que la Contraloría Regional ordenó el reintegro de los dineros en comento, ello no significa necesariamente que ello debe realizarse a través del descuento de las remuneraciones de los actores, pues existen otras formas de lograr dicha finalidad y dar cumplimiento al reintegro ordenado por el órgano contralor;

8°) Que, en consecuencia, la conducta del municipio al efectuar los descuentos reprochados por los actores, ha sido ilegal y no se ha ajustado a Derecho. En efecto habiéndose detectado por el ente contralor el pago de la planilla suplementaria y el exceso de la asignación de incentivo profesional, por apartarse de su contenido legal, si bien el municipio estaba obligado a acatar lo resuelto y disponer el reintegro de lo percibido, eventualmente en forma indebida, ello debió hacerlo a través de los mecanismos legales correspondientes;

9°) Que, en efecto, en el caso de autos, antes de ejecutar el acto material de descuento de las remuneraciones de los recurrentes, el alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles debió haber dado inicio a un debido procedimiento administrativo, y no prescindir de las garantías y principios básicos que informan las relaciones entre los particulares con la Administración, en especial, tratándose de la ejecución de un acto material de evidente contenido patrimonial desfavorable, como es el descuento de parte las remuneraciones, que afecta derechos fundamentales de los destinatarios de tal acto, de ahí que la participación de éstos en el debido procedimiento administrativo era un imperativo para determinar la procedencia, razonabilidad, proporcionalidad y oportunidad de la medida de restitución adoptada.

En este sentido resolvió la Excelentísima Corte Suprema de Justicia el 7 de junio de 2021, en el recurso de protección Rol N° 11.439-2021, estableciendo que es ilegal y arbitraria la determinación de la autoridad administrativa de descontar remuneraciones sin un procedimiento administrativo sancionador o un juicio de cuentas previo. Agregando que sólo el Contralor tiene la facultad de ordenar que se descuenten de las remuneraciones de funcionarios, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, a través del procedimiento administrativo correspondiente.

En efecto, en el referido fallo se dijo: “Séptimo: Que, en consecuencia, al decidir la recurrida unilateralmente, sin procedimiento previa alguna, como un procedimiento administrativo sancionatorio, o un juicio de cuentas, afecta las remuneraciones de los actores y ha actuado de un modo vulneratorio de la garantía consagrada en el artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política de la República a través de un acto ilegal y arbitrario.”;

10°) Que la ley no le ha conferido a un alcalde la facultad de descontar de las remuneraciones de un funcionario municipal las sumas que se le hayan pagado indebidamente, porque tal facultad, frente a tal hipótesis, la ley se la ha conferido expresa y únicamente, al Contralor General de la República, según lo expresa el inciso 1° del artículo 67 de la Ley 10.336.

En efecto, la mencionada disposición dispone: “El Contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas’’.

Como puede apreciarse de la norma recién transcrita, es el Contralor General de la República quien puede ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los organismos que controla, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente, cuyo es, precisamente, el caso de los estipendios remuneratorios que el alcalde ha ordenado que devuelvan los recurrentes;

11°) Que la eventual responsabilidad civil de los actores recurrentes debe hacerse efectiva conforme al procedimiento jurisdiccional previsto al efecto, pues el ordenamiento jurídico nacional ha establecido dos procedimientos específicos para hacer efectiva las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos.

El primero de ellos es el juicio de cuentas, que tiene por objeto determinar la responsabilidad civil de aquellos funcionarios que han tenido a su cargo la administración y disposición de fondos o bienes públicos, y se han formulado reparos en su gestión, ya sea, porque los egresos no están debidamente justificados o se han destinado a un fin distinto del previsto por la ley, conforme así lo establecen los artículos 95 y siguientes de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

El segundo de ellos es el juicio ordinario de responsabilidad civil, regido por los artículos 253 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, en relación con los artículos 2314 y siguientes del Código Civil;

12°) Que, sin embargo, el alcalde recurrido optó por hacer efectiva dicha responsabilidad civil por sí y ante sí- efectuando un descuento remuneracional- sin recurrir a ningún tribunal de justicia, conducta que resulta ser ilegal, pues omite recurrir a los procedimientos jurisdiccionales previstos expresamente en la ley con la finalidad de hacer efectiva la responsabilidad civil de un funcionario público.

Así las cosas, tal como lo dice la parte recurrente, este acto material recurrido adolece de un vicio de desviación de poder, más precisamente, de desviación de poder por desviación de procedimiento, pues se pretende hacer efectiva una responsabilidad civil de los recurrentes, sin que se haya seguido en la especie, el procedimiento jurisdiccional previsto expresamente por la ley;

13°) Que el Excelentísimo Tribunal conociendo del recurso de apelación deducido en el recurso de protección Rol 8.121-2021 deducido en contra del alcalde de la I. Municipalidad de Los Ángeles, referente a descuento de remuneraciones a un funcionario municipal producto del informe final de auditoría N° 405 –mismo que originó el descuento efectuado a los actores de estos autos- en sentencia revocatoria de 08 de noviembre en curso, Rol 63.408-2021 determinó: “Tercero:

Que es preciso tener presente el contenido del artículo 67 de la Ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, el que dispone que sólo el contralor tiene la facultad de ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios, en las condiciones que él determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente, a través de un procedimiento en el que los funcionarios afectados podrán interponer una solicitud de condonación o descuento en cuotas según lo previsto en el inciso cuarto del artículo referido, considerando, especialmente, su buena o mala fe.

Cuarto: Que, resulta evidente que si se determina por la autoridad afectar los derechos de los funcionarios, ha de adoptar los resguardos necesarios en orden a respetarlos respecto de aquellos que no estaban en condiciones de conocer la improcedencia del pago que habría sido indebidamente percibido y, a su tiempo, hacer efectivas la responsabilidades en aquellos que sí se favorecieron con pleno conocimiento de ello, o fueron quienes tomaron estas decisiones ahora cuestionadas en virtud de las prerrogativas de que gozaban, a través de los mecanismos administrativos pertinentes, para decidir sobre la obligación, personal, de cada funcionario, de efectuar una restitución o no.

Quinto: Que, en consecuencia, al decidir la recurrida unilateralmente, sin procedimiento previo alguno, como un procedimiento administrativo sancionatorio, o un juicio de cuentas, afecta las remuneraciones de la actora y ha actuado de un modo vulneratorio de las garantías consagradas en el artículo 19, numeral 3 inciso quinto y numeral 24 de la Constitución Política de la República de a través de un acto ilegal y arbitrario.

Sexto: Que, en virtud de lo razonado corresponde acoger la acción deducida en los términos que se señalará en lo resolutivo.”

Y en lo dispositivo, luego de revocar y acoger el recurso, ordenó dejar sin efecto el decreto alcaldicio que individualiza, “y lo resuelto en lo pertinente por la Contraloría Regional del Biobío, debiendo devolverse a la funcionaria los dineros que hayan sido efectivamente descontados y/o pagados, debiendo llevarse previamente a cabo el debido procedimiento sobre los supuestos pagos en exceso, y proceder en consecuencia.”.

Por esas consideraciones y de conformidad, además, a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Mario Hidalgo Acuña en nombre de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Alcalde de la I. Municipalidad de Los Ángeles, nombre reservado, sólo en cuanto éste deberá proceder a la inmediata devolución a los actores de las sumas que hayan sido efectivamente descontadas de las remuneraciones de los recurrentes, que puedan tener por causa o la tengan en el Informe Final N° 405, de 25 de septiembre de 2019, de la Contraloría Regional del Biobío, y lo resuelto en lo pertinente por dicho ente contralor, debiendo llevarse previamente a cabo el debido procedimiento sobre los supuestos pagos en exceso, y proceder en consecuencia.

Acordada con el voto en contra del ministro Sr. Solís, quien fue de opinión de acoger este recurso de protección, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones:

Primera: Que lo que pretende la parte recurrente es que la I. Municipalidad de Los Ángeles se abstenga de realizar descuentos en sus remuneraciones, que puedan tener por causa o la tengan, en el Informe Final N° 405 de 25 de septiembre de 2019 de la Contraloría Regional del Biobío, y que dicho municipio debe proceder a la inmediata devolución de las sumas que hayan sido efectivamente descontadas de las remuneraciones de los actores motivados por dicho acto administrativo.

En el mencionado informe, en lo que dice relación con los actores, se estableció lo siguiente: “1.- Capitulo III, Examen de Cuentas numeral 2.1. Pago de renta Básica mínima nacional RBMN (AC): Se constató que el DAEM de Los Ángeles pagó improcedentemente la suma de $30.918.500 a 89 docentes de la educación especial toda vez que la RBMN fue asimilada al valor hora asignado a la educación media.”;

Segunda: Que cabe precisar que dentro de los 89 docentes aludidos en el Informe Final 405 a los que se les calculó en forma errónea el Pago de Renta Básica Mínima Nacional (RBMN AC), se encuentran los recurrentes, respecto de quienes el 08 de julio de 2020 se ingresó a Correos de Chile, 141 cartas fechadas el día 03 del mismo mes y año para ser despachadas como correo certificado a los domicilios informados por cada trabajador al momento de ingresar al municipio, de acuerdo a la nómina que adjuntó, notificándose en la referida carta el Decreto General N° 1.429 de 01 de junio de 2020, que informó la suspensión y reintegro de los montos que se indica en cada caso por las sumas indebidamente percibidas por los funcionarios individualizados en el Informe Final de la Contraloría General de la República N° 405 de 2019. Se les remitió también en dicha carta certificada sendos Decretos Individuales de 30 de junio de 2020 denominados “Reintegro de montos que indica por las sumas indebidamente percibidas por los funcionarios individualizados en el informe final de la C.G.R.N° 405 de 2019”. Dicho decreto contiene el valor exacto adeudado por cada docente.

La documentación recién referida fue acompañada al informe del recurrido;

Tercera: Que a raíz de la recién referida notificación del universo de docentes del Programa de Integración que se encontraban en la situación descrita en “1.- Capitulo III, Examen de Cuentas numeral 2.1. Pago de Renta Básica Mínima Nacional RBMN (AC)”, según lo informó la recurrida, 22 de ellos demandaron en sede laboral causa R.I.T. T-20-2020, 1 interpuso recurso de protección ante esta Corte de Apelaciones en causa Rol 14.875-2020 y 10 de ellos presentaron requerimientos ante el órgano contralor en orden a condonación de la deuda y/o pago en cuotas de la misma.

Como puede apreciarse de lo indicado precedentemente, a diferencia de lo que se señala en el recurso, los actores sí fueron notificados de la deuda remuneracional existente con la recurrida, tal es así que algunos demandaron en sede laboral, uno recurrió de protección y otros solicitaron condonación de la deuda y/o pago en cuotas de lo ordenado reintegrar, conducta esta última que no fue seguida por los actores de autos, quienes esperaron hasta el 24 de septiembre último para deducir esta acción de protección;

Cuarta: Que habiendo trascurrido tiempo suficiente sin que el resto de los docentes -entre los cuales se encuentran los recurrentes- ejecutaran acciones tendientes a eliminar y/o aminorar los efectos del resultado del Informe Final N° 405 y, sumado a lo anterior, el hecho de que en mayo último la Municipalidad de Los Ángeles fue requerida nuevamente por la Contraloría Regional del Biobío, esta vez con el fin de informar el modo en que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el referido informe, el municipio se vio obligado a tomar la determinación de comenzar a efectuar el descuento en cuotas respecto de los emolumentos adeudados por concepto de remuneraciones mal pagadas a los docentes faltantes, entre ellos los recurrentes de autos.

Es por ello que la recurrida comenzó a descontar en agosto último del sueldo de los actores el rubro “Pago de Renta Básica Mínima Nacional RBMN”, tomando como base de cálculo y de cuotas, lo resuelto por la Contraloría Regional del Biobío en relación a las solicitudes presentada por otros docentes educadores diferenciales que estaban en la misma situación de los recurrentes;

Quinta: Que así las cosas, se acreditó con los documentos acompañados al proceso, que a los actores sí se les notificó de la situación expuesta en el Informe Final N° 405 emitido por el ente contralor, así como del monto total de lo adeudado, y que si bien no se le notificó la totalidad de dicho informe, sí se notificó en los decretos la información pertinente emanada del mismo, siendo suficientes los antecedentes remitidos para su acertada inteligencia, de modo que los recurrentes tuvieron conocimiento que se les iba a efectuar los descuentes reclamados por esta vía al menos desde la segunda quincena de julio de 2020;

Sexta: Que a la luz de lo reflexionado precedentemente, puede concluirse que no es efectivo lo aseverado por los actores en el sentido que el recurrido se haya atribuido la competencia sobre materias que la Carta Fundamental y la ley entregan al ente contralor o, en último término, a los tribunales de justicia, sino que simplemente el municipio dio cumplimiento a lo ordenado por Contraloría Regional del Biobío en virtud de lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley N° 10.336;

Séptima: Que en la parte final del Capítulo III del Informe N° 405, se obliga al recurrido a efectuar el reintegro cuestionado, señalando que procede que la Municipalidad de Los Ángeles arbitre las acciones pertinentes a fin de que el DAEM obtenga por parte de los 89 funcionarios advertidos el reintegro de las sumas percibidas indebidamente ascendentes en total a $30.918.500, lo que tendrá que ser verificado por la directora de control municipal y documentado en la plataforma de seguimiento SSA-CGR pestaña “Registro de Observaciones” en un plazo que no exceda del 30 de julio de 2021.

Octava: Que en otro orden de consideraciones, cabe señalar que no existiría responsabilidad civil de los recurrentes en la percepción indebida de parte de sus remuneraciones, porque el error de cálculo no fue de ellos, no existiendo un procedimiento jurisdiccional en virtud del cual accionar. Lo que ocurrió en la especie es que se efectuaron pagos por concepto remuneracional de manera equivocada y contrario a la norma legal, lo que fue detectado por la Contraloría Regional de la República, y ello debe enmendarse través de la devolución de los dineros percibidos en exceso por los actores, existiendo en tal sentido una orden del ente contralor destinada a arbitrar las acciones correspondientes a fin que el DAEM de Los Ángeles, obtenga por parte de los 89 funcionarios advertidos de efectuar el reintegro de las sumas percibidas indebidamente;

Novena: Que, en consecuencia, la conducta del municipio no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que se ha ajustado a Derecho. En efecto habiéndose detectado por el ente contralor el pago de la planilla suplementaria y el exceso de la asignación de incentivo profesional, por apartarse de su contenido legal, el municipio estaba obligado a acatar lo resuelto y proceder al correcto pago de ese concepto remuneratorio y, además, debía disponer el reintegro de lo indebidamente percibido.

En este sentido se resolvió en el recurso de protección Rol 54.780-2019 de esta Corte, en el que se dijo, en lo pertinente: “SEXTO: Que, de lo precedentemente consignado puede inferirse, sin lugar a dudas, que el proceder de la I. Municipalidad de Los Ángeles, una de las entidades recurridas en estos autos, encuentra su legítimo cauce en el Informe Final n° 405 de la Contraloría General de la República, segunda entidad recurrida, ya que de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 10.336, aquel tiene el carácter de obligatorio para el Municipio.

SEPTIMO: Que, en este punto no puede dejar de anotarse que la Contraloría General de la República es el órgano que constitucionalmente debe velar por la legalidad de los actos de la Administración del Estado, por lo que no puede calificarse de ilegal o arbitraria una actuación realizada por ella en el cumplimiento de dicho imperativo legal.

Resulta pues que una de las recurridas, se encuentra en el imperativo legal de observar y cumplir lo ordenado por la Contraloría General de la República, también recurrida, y esta a su vez, está obligada constitucionalmente a velar, como ya se ha dicho, por la legalidad de los actos de la Administración del Estado y por el buen uso del patrimonio público y la probidad administrativa, consecuentemente no se observa ilegalidad ni arbitrariedad alguna en los actos que se les imputan… NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la acción constitucional de autos está destinada a resolver situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento sumarísimo y, en consecuencia, para acoger dicha acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado del que las recurrentes sean titulares, lo que no acontece en autos, cuando lo pretendido es verdaderamente la extinción del Informe Final N° 405 de la recurrida Contraloría General de la República, que generó el acto administrativo de la municipalidad de Los Ángeles, acto administrativo, cuyas causales, fundamentos, prueba y valoración, escapan a la finalidad y naturaleza del procedimiento fijado para la acción deducida, sin que pueda inferirse entonces la existencia indubitada de una garantía constitucional de la que ellas sean titulares y que haya sido amagada o vulnerada por la Municipalidad de Los Ángeles o por la Contraloría General de la República.”.

Dicha sentencia fue confirmada, sin modificación alguna, por la Excma. Corte Suprema de Justicia en sentencia de 20 de abril de 2020 en la causa Rol 2.924-2020;

Décima: Que los pagos efectuados a los recurrentes por los conceptos antes indicados, son improcedentes, por lo cual el municipio debe abstenerse de seguir pagándolo, y quienes lo han percibido en el período indicado deben reintegrarlo, pues a juicio de la Contraloría Regional del Biobío, tales funcionarios, recurrentes de autos, no tendrían derecho a ello, por las razones que ya se han mencionado y, por lo demás, el reintegro dispuesto lo es como consecuencia de lo ordenado expresamente por la Contraloría General de la República en su Informe Final N°405, el que es obligatorio para la municipalidad recurrida, conforme lo dispone el inciso final del artículo 9 de la Ley 10.336;

Por otro lado, una controversia como la presente supone la prueba de ciertos presupuestos de hecho, lo que sólo se puede realizar en un procedimiento en que pueda acreditarse aquello y recibirse prueba de descargo, cuyo no es el caso;

Undécima: Que la suspensión del pago de parte de las remuneraciones de los actores y el reintegro ordenado no es ilegal, por cuanto el municipio recurrido no se ha apartado de ningún procedimiento, ya que el límite de la asignación de incentivo profesional y la forma como se calcula la planilla suplementaria está determinado por la ley.

Se concluye lo aseverado precedentemente, pues la Municipalidad de Los Ángeles procedió a realizar el correcto pago de la planilla suplementaria conforme a lo establecido en el artículo decimonoveno transitorio de la Ley N° 20.903, sin perjuicio que, además, sus actuaciones se han basado en lo vinculante que resulta ser para las municipalidades el dar cumplimiento a los dictámenes de la Contraloría General de la Republica, conforme lo dispone el inciso final del artículo 6° de la Ley 10.336, sin perjuicio de los demás derechos que los actores puedan ejercer conforme lo establece el artículo 67 de la ley recién mencionada, tal como lo hicieron algunos de los 89 docentes a quienes se pagó indebidamente el bono en comento, según se indicó en el considerando 4° de este fallo.

Respecto de esto último, cabe señalar que en los respectivos decretos “Decretos Personales” dictados en relación a cada uno de los 89 docentes ya referidos, entre los cuales se encuentran los recurrentes de autos, en el considerando VI de las mismos, luego de señalar la obligación de reintegro, se dice textualmente “Todo lo anterior, es sin perjuicio del derecho de los profesionales afectados de acogerse a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N°10.336”;

Duodécima: Que no sólo no fue ilegal la conducta del municipio recurrido, sino que tampoco fue arbitraria. En efecto, lo actuado es consecuencia de la adecuación del recurrido a una norma legal, sin que éste pueda actuar discrecionalmente, en el marco del principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, debiendo rendir cuentas de la corrección de dicha irregularidad al ente contralor, en un plazo determinado por este último;

Décima tercera: Que como ya se dijo, no se aprecia ilegalidad en el actuar concreto de la recurrida al efectuar los descuentos ya referidos en sus remuneraciones, desde que el artículo 27 de la Ley N° 18.695 -Orgánica Constitucional de Municipalidades- le reconoce al alcalde, con la asesoría de la unidad encargada de administración y finanzas, la administración de los recursos económicos del municipio, dentro de los cuales se contempla el pago de las remuneraciones respectivas.

Precisando el alcance de dicha atribución, la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N° 5.120 de 10 de noviembre de 2017, declaró que ella incluye la posibilidad de ordenar el descuento de las sumas percibidas indebidamente por los funcionarios municipales, incluyendo dentro de la misma la de conceder facilidades para su reintegro.

De esta manera, la existencia de la atribución legal antes mencionada y lo interpretado a su respecto por el citado ente fiscalizador -obligatorio para los municipios al amparo de los artículos 6 y 9 de la Ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría, y artículo 52 de la Ley 18.695, impiden calificar de ilegal el acto reprochado por los recurrentes;

Décima cuarta: Que, no existiendo ningún acto ilegal ni arbitrario, y no siendo ésta la sede idónea para discutir la pertinencia o no de una decisión administrativa como la recurrida, el recurso debe ser desestimado, sin perjuicio del derecho de los profesionales afectados de acogerse a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N°10.336 (lo que hicieron otros docentes afectados), resultando innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se mencionan como conculcadas.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó el ministro Claudio Gutiérrez Garrido y la disidencia su autor.

No firma el ministro señor Jaime Solís Pino, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse presidiendo el Tribunal Electoral.

Protección Rol 11.383-2021.