nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Concepción Luc Concepción, trece de junio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte N° Protección 11359-2024, comparece deduciendo recurso de protección nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, en contra Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes, representada por su gerente general don nombre reservado.

Funda su recurso señalando que con fecha 05 de junio de 2007, el recurrente celebró un contrato de mutuo con la Caja de Compensación de Asignación familiar Los Andes, denominado "crédito social", en razón del cual, suscribe el pagare N°13.RUT reservado por un monto de $980.726, pagadero en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, por la suma de $27.873, la primera pagadera el 31 de julio de 2007, las cuotas serían descontadas "automáticamente" o "por planilla" de forma mensual de sus remuneraciones en ese entonces. El vencimiento del pagare debía producirse el 30 de junio del 2012, con la última cuota pactada.

Agrega que su empleador de esa época descontó las cuotas correspondientes a los primeros meses, por razones ajenas a su voluntad, la relación laboral terminó, perdiendo su fuente de ingresos, y entendiendo que caería en mora por el crédito al estar cesante, fue a la sucursal de Concepción de la recurrida para tratar de regularizar su situación, sin embargo, nada pudo hacer, ya que la única solución que le proponían era repactar la deuda con excesivos recargos por intereses, costas y gastos, además de la aceptación de un nuevo pagaré, sin entregar mayores detalles al respecto, y en esas condiciones estando cesante repactar sumas tan elevadas que superaban en mucho el crédito inicial era agravar su situación. Es decir, para evitar el cobro ejecutivo de la deuda, tenía que firmar otro documento por más del doble de lo que debía. Alcanzó a pagar 30 cuotas, la Caja de Compensación hizo efectiva la cláusula de aceleración e hizo exigible las otras 30 cuotas restantes por la suma total de $836.190, más los intereses penales en juicio ejecutivo, acompañando a la demanda el pagare N°13.RUT reservado.

Explica que el préstamo correspondiente al pagaré ya indicado código 13.RUT reservado; fue objeto de cobranza ejecutiva en causa Rol 12.071-2011, del ingreso del Primer Juzgado Civil de Concepción, cuya cuantía era la suma de $490.363, equivalente a 12, 56 UTM. El Procedimiento ejecutivo concluye el 06 de marzo de 2012, en virtud de avenimiento entre la demandada representada por el abogado Gonzalo Fuentealba Galloso y el recurrente (sin asistencia letrada), por el cual se obligó al pago de la suma total de $1.126.000, en 56 cuotas mensuales e iguales de $20.000.- la última cuota de $6.000, se incluía capital e intereses, se establecieron vencimientos mensuales y sucesivos para las cuotas en que se dividió la obligación, por lo cual no tenía una sola fecha de vencimiento, sino tantos como corresponden a las cuotas en los plazos establecidos. Las 56 cuotas pactadas tenían vencimientos los días 01 de cada mes y primer vencimiento fue el 01 de abril de 2012, y correspondiendo el último al mes de diciembre del año 2016, vale decir, hace 7 años y 4 meses. El recurrente concurría a la sucursal de la recurrida a efectuar los pagos de las cuotas, sin embargo, sin trabajo estable no alcanzó a pagar todas las cuotas, conservando en su poder los comprobantes de pago desde abril de 2012 a julio de 2013. De esta manera, la recurrida declinó de hacer el cobro individual y oportuno de cada cuota pactada, haciendo exigible la totalidad de la deuda mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conlleva la interposición de la demanda ejecutiva por el total de lo adeudado.

Por otra parte, tal avenimiento tiene efecto de cosa juzgada y la recurrida no ha realizado gestión alguna judicial para solicitar el cumplimiento del avenimiento.

Refiere que el 04 de diciembre de 2023, el recurrente comenzó una nueva relación laboral siendo su empleador el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de la Paz, relación que actualmente se mantiene. Fue al recibir la remuneraciones del mes de marzo de 2024, la cual siempre está disponible para los trabajadores a partir del último día hábil del mes, vale decir, el 31 de marzo del 2024, que se percató que le habían efectuado un descuento en su remuneración de marzo por la suma de $49.138, en la colilla se consignaba: "préstamo CCAF 42/60", al solicitar una explicación de estos descuentos a su empleador se le indica que viene en la nómina de deudores de la recurrida por un préstamo, (crédito social), y la empleadora le entrega copia de documento denominado "Nómina Mensual de Retenciones Previsionales" del mes de marzo de 2024, emitido por la recurrida (los nombres y datos de sus compañeros de trabajo estaban tachados por su empleador para que no aparecieran los deudores) . En dicho documento en el N°12 se individualiza al recurrente, como deudor del producto crédito social, código 13.RUT reservado, correspondiente a la cuota 42/60: valor a descontar $49.124; total descuento al beneficiario 49.124.-Obs. 31.- Destaca que este no ha sido el único descuento que la recurrida ha efectuado a su remuneración, durante el mes de febrero de 2024, se le descontó una cantidad similar, pero solo se dio cuenta cuando buscó y revisó las colillas para hacer este recurso.

Por otra parte la recurrida decidió judicializar el cobro de la deuda en diciembre de 2011, en causa ya individualizada, sustrayéndolo del ámbito extrajudicial, y luego pretende revivir el sistema de descuento previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, para una situación de normalidad en el servicio de la deuda, que ya no se verifica en el caso de la especie. Mediante actos extrajudiciales pretende dar continuidad a descuentos a más de 17 años de la suscripción del crédito, a 15 años del último descuento por planilla por el pagare 13.RUT reservado; procediendo a ordenar los descuentos en sus remuneraciones. Es decir, en forma arbitraria y en una decisión unilateral se ordena un descuento de cuotas de un crédito de su remuneración, sin aviso ni notificación alguna, además, desconoce como hacen el cálculo para determinar el monto de la cuota. Sin perjuicio, que, de los antecedentes se desprende que la recurrida dedujo demanda ejecutiva para el cobro del saldo insoluto de la deuda en causa Rol 12.071-2011, del ingreso del Primer Juzgado Civil de Concepción, oportunidad en la cual ejerció su derecho de hacer caducar los plazos pendientes, optando por el cobro total del crédito, por lo que no cabe si no concluir que han desaparecido las cuotas originalmente pactadas, mismas que ahora pretende hacer efectivas, contraviniendo sus propios actos, usando al efecto el procedimiento especial y de excepción contenido en la Ley 18.833.

Considera que en tal orden de ideas, es posible concluir que el acto cuestionado resulta caprichoso e injustificado, al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley 18.833 concede a la recurrida para cobrar oportunamente los créditos que otorgan, toda vez que en la especie resultaba improcedente, considerando la acción ejecutiva iniciada por la recurrida para cobrar el crédito discutido a través de esta acción y el extenso plazo transcurrido previamente en que se hace el descuento reclamado.

Pide que se acoja la presente acción constitucional, que la recurrida cese en su totalidad la retención o descuento en la remuneración del recurrente y para el caso de hacerse efectivo los descuentos, restituir al recurrente los montos descontados, antes y durante la tramitación de la presente acción, condenando expresamente en costas.

Informó Ines Riquelme Arao, abogada, en representación de Caja De Compensación De Asignación Familiar De Los Andes, quien señala que su representada con fecha 05 de junio 2007, otorgó al recurrente la operación de crédito código N° RUT reservado, por un capital inicial de $980.726.-, a una tasa de Interés mensual de 1.95%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $28.314, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de julio 2007. Las cuotas de los meses de julio 2007 a diciembre 2010, cuota N°1 a N° 42, fueron pagadas con fecha 09 de agosto 2007 al 03 de abril 2024. A la fecha, la presente operación de crédito mantiene en estado moroso las cuotas de los meses de enero 2011 a junio 2012, cuotas N° 43 a N° 60. Hace presente que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece que "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales".

Por otro lado, su representada se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por su representada existe y es plenamente exigible. A lo anterior agrega que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Por ende, mal puede el recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento. En síntesis, rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Además señala que la circunstancia que la entidad empleadora no dé cumplimiento a la obligación de remesar a la recurrida las sumas descontadas a sus trabajadores por crédito social, no habilita a la recurrida para accionar en contra del trabajador, ya que, respecto de él la obligación se extinguió. Lo que procede en tal caso es cobrar a la entidad empleadora las sumas adeudadas por dicho concepto, conforme a las normas de cobro de las cotizaciones previsionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra la empresa. Es también preciso que quede establecido que el trabajador no puede oponerse ni negarse al 'descuento por planilla', porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al 'descuento por planilla', entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago; y Finalmente, es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del 'descuento por planilla' constituya una gestión de cobro por parte de la recurrida, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que su representada no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de 'créditos sociales'.

Por último agrega que, no obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, la recurrida ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Solicita el rechazo de la acción incoada, por falta de oportunidad de la acción de protección.

A folio 19 se decretó medida para mejor resolver y a folio 21 consta informe evacuado por la Caja de Compensación recurrida a propósito de lo decretado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°).- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

2º).- Que el acto que se estima ilegal y arbitrario consiste en que la recurrida le efectuó descuentos en su remuneración que no se ajustan a derecho y que vulneran gravemente el derecho de propiedad que tiene su representada sobre ésta.

3°).- Que son hechos que no han sido discutidos en esta sede, que:

- La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, otorgó a la parte recurrente, con fecha 5 de junio de 2007 un crédito inicial de $980.726.-, pagadero en 60 meses, con cuotas de $ 28.314.- del cual habría pagado 30 cuotas, quedando pendiente otras 30.

-La referida deuda fue objeto de cobranza ejecutiva en causa rol 12.071-2011, del Primer Juzgado Civil de Concepción, el que terminó en virtud de avenimiento entre el demandado, nombre reservado, y la caja de compensación ejecutante, donde el primero se obligó a pagar la suma total de $1.126.000 pesos, en 56 cuotas mensuales iguales de $20.000 pesos, de las que sólo alcanzó a pagar 15 de ellas, siendo el ultimo pago- previo a los hechos que se reclaman- el de julio de 2013, sin que la caja de compensación recurrida instara por su cobro.

- Y, que desde el mes de febrero de 2023, las cuotas restantes del crédito están siendo descontadas por la Caja de Compensación Los Andes, de las remuneraciones del recurrente a través de su empleadora.

4º) Que, conforme las circunstancias establecidas en el razocinio anterior, surge de manifiesto que se ha actuado de manera injustificada por la recurrida, al haberse hecho uso injustificado de la garantía que contempla el artículo 22 de la Ley 18.833 para el cobro oportuno de un crédito, cuyo no es el caso de acuerdo a lo asentado precedentemente.

5º) Que, así lo ha sostenido la Excma Corte Suprema, en causa Rol 2.895-2018, la decisión de la caja de compensaciones recurrida “de provocar el pago de la deuda a través de esa vía deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios”, vulnerando “la legítima expectativa del recurrente en orden a percibir sus remuneraciones de forma íntegra, por lo que afecta la esencia de las garantías previstas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución.” . Y en causa más reciente Rol Nº 201.269-2023 en que refiere que, “ (…) El proceder de la recurrida, resulta manifiestamente arbitrario, desde que por su intermedio la Caja de Compensación soslaya la existencia de los medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de su crédito, por lo que corresponde que se otorgue amparo al actor, de lo contrario la institución recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción, que afirma un método abusivo de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.”

6º) Que, en suma, la acción de la recurrida aparece como una indebida autotutela, puesto que con el pretexto de una supuesta deuda -pactada en el año 2007 y cuyo último pago de una cuota se retrotrae a más de 10 años-, sin autorización alguna, procedió a hacerse pagos con fondos de la remuneración descontados directamente por el empleador desde la liquidación de sueldo, por lo que la Corte acogerá el recurso en los términos que se indicará en lo resolutivo.

7º) Que, la Caja de Compensación recurrida, solicitó el rechazo de la acción constitucional por haber perdido oportunidad al haber accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución de lo solicitado, sin embargo tal enunciación sólo se limita a dichos sin un sustento fáctico, pues no adjuntó antecedentes que avalen sus afirmaciones, no obstante haberse decretado por esta Corte, una medida para mejor resolver en la que se requirió los acompañara, lo que no hizo.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, con costas, la acción de protección deducida en representación de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación Familiar Los Andes, y, en consecuencia, se dispone el cese inmediato de los descuentos practicados sobre la remuneración del actor a requerimiento de la signada Caja de Compensación, debiendo ésta, además, proceder a la devolución de los dineros que motivan el recurso y efectivamente descontados de su remuneración, dentro del plazo de 5to día de ejecutoriado este fallo.

Cúmplase oportunamente con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Jimena Troncoso Sáez.

No firma el abogado integrante señor Matus, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Protección-11359-2024.