nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Concepción Concepción, dos de marzo de dos mil veintidós.

Visto:

nombre reservado, conductor clínico, con domicilio en domicilio reservado, recurriendo de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada para estos efectos por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por no haberse pronunciado respecto del reclamo efectuado por el recurrente ante esa repartición pública ni haber sido notificado de ninguna resolución acogiendo o rechazando la impugnación respectiva, lo que le causa un perjuicio material, puesto que a la fecha no percibe subsidio alguno con motivo de la enfermedad; con el fin de que esta Corte adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y brindarle la debida protección, ordenando que la recurrida otorgue respuesta fundada; en subsidio, para el caso que la recurrida haya otorgado una respuesta y ésta sea desfavorable, calificar si dicha respuesta es fundada, y, en caso contrario, ordenar a dicho organismo o a cualquier otro, aprobar el pago de las licencias médicas referidas, salvo otra decisión que adopte esta Corte de Apelaciones, con costas, en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Expone la recurrente que producto de un deplorable estado de salud mental, provocado por problemas personales y familiares, su representado concurrió ante el médico siquiatra, nombre reservado, facultativo que constató tal circunstancia y como consecuencia la enfermedad del recurrente. En razón de lo anterior, le otorgó sucesivas licencias médicas de 21 días cada una, a partir del día 31 de marzo y al 13 de julio, ambos de 2020. Adicionalmente, se le otorgó medicación para tratar su trastorno de salud y las dificultades para dormir.

Al respecto hace presente que dichas licencias médicas fueron todas rechazadas en las respectivas instancias, en la última etapa por la Compin, sin mayor fundamento técnico alguno, por lo que, el recurrente nombre reservado, a fin de agotar la vía administrativa reclamó dentro de plazo ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que a la fecha no se ha pronunciado al respecto, o, al menos el recurrente no ha sido notificado de ninguna resolución acogiendo o rechazando la impugnación, lo que evidentemente le causa un perjuicio material, puesto que a la fecha no percibe subsidio alguno con motivo de la enfermedad.

En cuanto al derecho, analiza en este caso, la omisión de la recurrida, la que consiste en la falta de pronunciamiento, a la fecha de la presentación del recurso, respecto a la reclamación que hizo la recurrente en cuanto al rechazo de las licencias médicas por parte de la Compin, lo cual implica un supuesto de ilegalidad y arbitrariedad.

Argumenta con distinta normativa constitucional y legal que se refieren al principio de legalidad, el que implica una sumisión estricta a la ley que debe observar la administración del Estado. Se refiere al principio que denomina de “fundabilidad” de los actos administrativos, es decir, que la administración deberá siempre motivar sus actos explicando las razones y el razonamiento que la lleva a tomar determinada resolución.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que se refiere a este principio y que concluye que, si un acto administrativo se limita a meras consideraciones formales, ello implica arbitrariedad e ilegalidad. Esto se plasma en el Decreto Supremo N° 3 del 28 de mayo de 1984 que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que en su artículo 16 establece como requisito de las decisiones que tome la COMPIN, la fundabilidad en sus resoluciones.

En cuanto a la privación, perturbación o amenaza de derechos, manifiesta que la omisión ya expresada es arbitraria e ilegal debido a que amenaza, perturba y priva el legítimo ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la Republica, que se refiere a la integridad física y psíquica; y el derecho de propiedad, al que se refiere el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental. En efecto, afirma el recurrente, la omisión imputable al recurrido, genera una lesión concreta al derecho fundamental a la integridad física y psíquica, toda vez que estas negativas injustificadas indujeron a que sus síntomas de ansiedad y angustia se acentuaran. Y, por otra parte, la omisión denunciada, genera una afectación concreta al derecho de propiedad sobre un bien corporal, en particular, la remuneración derivada de su trabajo.

Termina solicitando a esta Corte de Apelaciones que adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y brindar la debida protección al afectado, y, en definitiva, dar lugar en todas sus partes al recurso de protección, y ordenar que se otorgue respuesta al recurrente. En subsidio, para el caso que el recurrido haya otorgado respuesta y ésta sea desfavorable, solicita calificar si dicha respuesta es fundada y, en caso contrario, ordenar a dicho organismo o cualquier otro aprobar el pago de las licencias médicas referidas, salvo otra decisión que adopte este Tribunal, con costas.

Informó don nombre reservado, Presidente Regional COMPIN Región del Bio Bio, el que señala que nombre reservado presenta recurso de protección por el rechazo de las siguientes licencias médicas: 1) licencia médica N° 2-59205556; 2) licencia médica N° 2-59382947; 3) licencia médica N° 259389039; 4) licencia médica N° 2-59207376 y 5) licencia médica N° 2-59208683.

Que conforme la información proporcionada en el sistema de datos de Fonasa, el paciente inicia reposo médico continuo el 19.08.2019 al 13.07.2020 por patologías psiquiátricas, acumulando un total de 351 días, de los que la Compin ha autorizado 246 días.

Aclara que la Compin sólo se pronunció respecto de la pertinencia del reposo médico prescrito al recurrente mediante la licencia médica N° 2-59205556, y que el resto de las licencias médicas, esto es: N° 2-59382947; N° 259389039; N° 2-59207376 y N° 2-59208683, fueron revisadas por el Compin Metropolitano.

Que, en cuanto a la licencia médica N° 2-59205556, esta fue rechazada por Compin por reposo médico prolongado, sin cambio de curso de la enfermedad, no aporta ningún plan de reintegro laboral; antecedentes médicos insuficientes para justificar la extensión del reposo médico, más allá del período previamente autorizado (246 días). Señala respecto de la misma licencia que se considera reposo muy extenso para patología psiquiátrica, en especial basado en las guías referenciales de reposo médico y reintegración laboral en personas con problemas y/o enfermedad mental MINSAL 2010; y Decreto Supremo 7/2013 que aprueba Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas.

Informa que el recurrente el día 27.05.2020 presentó recurso de reposición por licencia médica N°2-59205556, ante Compin Concepción y con fecha 15.06.2020, se resuelve mantener el rechazo de la licencia médica N°2-59205556, por las mismas causales señaladas precedentemente: reposo médico prolongado, sin cambio de curso de la enfermedad, no aporta ningún plan de reintegro laboral; sin antecedentes clínicos que justifiquen la extensión del reposo médico, más allá del período previamente autorizado.

Sostiene que, de acuerdo a la normativa vigente, la COMPIN ha actuado según las facultades que le confiere el D.S. 3/84, sobre Reglamento de autorización de licencias médicas, en sus artículos 14, 16, 21 y 48, y el Decreto Supremo 7/2013 que aprueba Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas y dentro de los plazos establecidos para la tramitación de licencias médicas.

Acompaña a su informe, copia del expediente administrativo del recurrente.

Informó nombre reservado, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Argumenta que, la COMPIN R.M., resolvió rechazar las licencias médicas N°(s) 2-59382947; 2-59389039; 2-59207376; y 2-59208683, extendidas por un plazo total de 84 días de reposo a contar del día 21 de abril de 2020 hasta el día 13 de julio de 2020. Dicha decisión se fundamenta en que en virtud de los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013, el reposo no se encontraba justificado.

Esta conclusión se basa en que no fue apreciable la vigencia de algún rol terapéutico para el periodo cubierto por las licencias médicas cuestionadas, cuestión relevante si se considera que el Sr. nombre reservado acumulaba más de 359 días de reposo laboral antes del primer rechazo de sus licencias médicas. Entonces, tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto. Todo esto en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Agrega que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por los servicios de salud e instituciones de salud previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la unidad de licencias médicas de la Compin o de la Isapre, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Estima importante señalar que la Compin es un organismo de carácter técnico, razón por la cual cuenta con conocimientos específicos y de carácter objetivo al momento de evaluar los diagnósticos señalados en las licencias médicas. En este orden de ideas, deviene indispensable hacer presente que el D.S. N°3/84 ha conceptualizado la licencia médica en su artículo primero como “el derecho del trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por médico cirujano…”, vale decir, es un reposo de carácter temporal, que supone necesariamente la posibilidad cierta y real de recuperar la capacidad de trabajo y en condiciones de reincorporación al trabajo.

En esta situación y ante la suspensión transitoria de la capacidad laboral, el trabajador o trabajadora debe hacer uso de las licencias médicas, reposo que, unido en la mayoría de los casos, a un tratamiento médico farmacológico, o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en estado de reintegrarse a su trabajo.

Expresa que, en consecuencia, de lo anteriormente señalado, se colige que la Compin R.M., ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para llevar a cabo la labor de contraloría médica, establecidas tanto en el D.S. N° 3, en el Decreto N° 7/2013 y en el artículo 3° inciso tercero de la ley 20.585, lo que excluye de plano el que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal que reprochar a la recurrida.

Concluye que en vista de lo expuesto y de la revisión de los demás antecedentes que se han remitido a esta Comisión, se ha estimado que el pronunciamiento es justificado ajustándose a la normativa y a los criterios médicos de general aplicación.

Acompañó a su presentación, copia de listado maestro de licencias médicas FONASA y cartola médica.

Informó Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso de protección, por cuanto, no ha existido de parte de la recurrida actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza.

Sostiene que la Superintendencia de Seguridad Social en el caso del Sr. nombre reservado, y de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan a este informe, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó el recurrente en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Señala que según consta en el expediente administrativo que acompaña a su informe, que el Sr. nombre reservado recurrió ante esa Superintendencia, mediante presentación de fecha 10 de septiembre de 2021, reclamando por el rechazo de las licencias médicas N°s 59382947, 59208683, 59205556, 59389039, 59207376, rechazadas por SubComision Concepción - Compin Región del Bío Bío y que revisados los antecedentes aportados se informó al Sr. nombre reservado que no fue posible darle curso a su reclamo, por cuanto no se acompañan los documentos necesarios para que los especialistas de este Servicio analicen y resuelvan su presentación. En efecto, el recurrente no aportó copia de las licencias médicas reclamadas de manera tal que se visualice, al menos, el diagnóstico contenido en ellas.

Sin perjuicio de lo anterior, se informó la posibilidad de ingresar nuevamente el reclamo, para cuyo efecto se deberá acompañar los siguientes: 1) Copias de las licencias médicas reclamadas; 2) Informes de su médico tratante y cualquier otro antecedente clínico que mantenga en su poder.

Adicionalmente, se comunicó al recurrente que la reclamación se puede efectuar a través de la página web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl), todo referido expresamente en Ord. R-01-DASU-98651-2020, de fecha 05 de octubre de 2021, notificado al Sr. nombre reservado esa misma fecha, al correo electrónico correo reservado, según registra su distribución.

En definitiva, estima que lo expresado evidencia la imposibilidad que su representada, la Superintendencia de Seguridad Social, pueda haber incurrido en la perturbación o siquiera amenaza del ejercicio legítimo de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto no se ha pronunciado en relación a lo reclamado en la acción de protección que se discute en autos.

Afirma que la actuación de esta Superintendencia se ajusta a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. Señala que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo ya señalado, hace presente que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “… sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por su parte, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

A mayor abundamiento, sostiene, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.

Por lo expuesto, no existe como pretende el recurrente, derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con licencias médicas autorizadas, cuestión que como se ha señalado no media en la especie.

Acompañó a su informe, copia del expediente administrativo, relativo al caso del recurrente de autos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de esta acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, -esto es-, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, -o arbitrario-, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes -protegidas-, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

2°) Que, en el caso en cuestión, se recurre de protección por la falta de pronunciamiento respecto de la impugnación presentada por el recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 10 de septiembre de 2021, reclamando por el rechazo de las siguientes licencias médicas: 1) licencia médica N° 2-59205556; 2) licencia médica N° 2-59382947; 3) licencia médica N° 259389039; 4) licencia médica N° 2-59207376 y 5) licencia médica N° 2-59208683, omisión que estima ilegal y arbitraria.

3°) Que de acuerdo a lo informado por la Compin Región del Bíobio, el recurrente inició reposo médico continuo el 19.08.2019 hasta el 13.07.2020, por patologías psiquiátricas acumulando un total de 351 días, de los que la Compin ha autorizado 246 días. Que esa Compin sólo conoció de la licencia médica N° 2-59205556, siendo las otras conocidas - y rechazadas- por la Compin Metropolitana.

Que respecto de la licencia médica N° 2-59205556 señala que esta fue rechazada por la Compin Región del Bíobio por reposo médico prolongado, sin cambio de curso de la enfermedad, no aporta ningún plan de reintegro laboral; antecedentes médicos insuficientes para justificar la extensión del reposo médico, más allá del período previamente autorizado (246 días); y agrega que el recurrente el día 27.05.2020 presentó recurso de reposición por el rechazo de la licencia médica N°2-59205556, ante Compin Concepción y con fecha 15.06.2020, se resolvió mantener el rechazo de la licencia médica N°2-59205556, por las mismas causales señaladas precedentemente.

4°) En cuanto a lo informado por la Compin Metropolitana, este organismo resolvió rechazar las licencias médicas del recurrente N°(s) 2-59382947; 59389039; 2-59207376; y 2-59208683, extendidas por un plazo total de 84 días de reposo a contar del día 21 de abril de 2020 hasta el día 13 de julio de 2020. Dicha decisión se fundamentó en que en virtud de los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013, el reposo no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que no fue apreciable la vigencia de algún rol terapéutico para el periodo cubierto por las licencias médicas cuestionadas, cuestión relevante si se considera que el Sr. nombre reservado acumulaba más de 359 días de reposo laboral antes del primer rechazo de sus licencias médicas.

5°) Por último, en relación a lo informado por la recurrida, la Superintendencia de Seguridad Social, el Sr. nombre reservado recurrió ante esa Superintendencia, según consta en el expediente administrativo que acompaña a su informe, mediante presentación de fecha 10 de septiembre de 2021, reclamando por el rechazo de las licencias médicas N°s 59382947, 59208683, 59205556, 59389039, 59207376, rechazadas por SubComision Concepción - Compin Región del Bío Bío y que revisados los antecedentes aportados se informó al Sr. nombre reservado que no fue posible darle curso a su reclamo, por cuanto no se acompañaron los documentos necesarios para que los especialistas de este Servicio analicen y resuelvan su presentación. Que el recurrente no aportó copia de las licencias médicas reclamadas de manera tal que se visualice, al menos, el diagnóstico contenido en ellas.

Sin perjuicio de lo anterior, se informó la posibilidad de ingresar nuevamente el reclamo, para cuyo efecto se deberá acompañar los siguientes: 1) Copias de las licencias médicas reclamadas; 2) Informes de su médico tratante y cualquier otro antecedente clínico que mantenga en su poder.

6°) Que, como se puede apreciar, tanto la Compin Región del Biobio como la Compin Region Metropolitana rechazaron las licencias médicas presentadas por el recurrente: N° 2-59205556; N° 2-59382947; N° 259389039; N° 2-59207376 y N° 2-59208683, sin que existan fundamentos objetivos tenidos a la vista para rechazarlas ni constancia que el trabajador haya sido sometido a un examen médico dispuesto por el órgano de salud, a través del cual sea posible explicitar y aclarar la patología y diagnóstico de que se trata y su actual incidencia en la salud del afectado.

Tal exigencia se encuentra contemplada en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Asimismo, no se dio aplicación a la norma contenida en el artículo 21° del Reglamento de Autorización de licencias Médicas, al no practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas, al no disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, sin que se haya solicitado al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios, y sin disponer otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Con lo anterior, se infringe además lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, norma que exige, para adoptar la respectiva decisión administrativa, se actúe de manera imparcial y motivada, dejando constancia de los hechos y fundamentos de derecho en que ésta se apoya.

7°) Que, por su parte, la conducta de la Superintendencia de Seguridad Social al no dar curso al reclamo del recurrente, por cuanto “no se habrían acompañado los documentos necesarios para que los especialistas de este Servicio analizaren y resolvieran su presentación”, carece de todo fundamento legal y por ello deviene en arbitraria, ya que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 30 y 31 de la ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración, ley 19.880, la conducta exigida a la Suseso, como órgano de la administración del Estado, y por tanto, ejerciendo una función pública, era precisamente la contraria a la que asumió en estos autos.

En efecto, debió requerir al interesado para que, dentro de un plazo de 5 días, subsanare la falta de que adolecía su presentación o acompañare los documentos respectivos, según lo prescribe el artículo 31 de la ley citada. A mayor abundamiento, si tales documentos existían en la Administración, el administrado está exento de presentar documentos que ya se encuentran en poder de la administración (artículo 17 letra c) de la misma ley).

8°) Que en estas circunstancias, la Superintendencia de Seguridad Social en no dar curso a la solicitud del recurrente, ha incurrido en una conducta ilegal y arbitraria, según se ha señalado precedentemente. Y por su parte, las decisiones de la Compin Región del Biobío y de la Compin Metropolitana al rechazar las licencias médicas, carecen de un fundamento valorativo suficiente que, en sí mismo justifique una decisión de rechazo de las licencias médicas dubitadas, amagando de esta manera los derechos constitucionales del recurrente, específicamente el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad, en cuanto se le ha privado del derecho al subsidio que le correspondería por el reposo médico correspondiente a su patología. En razón de ello, el rechazo de las licencias médicas del recurrente por parte de ambas Compin es arbitrio e ilegal.

9°) Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por las Compin Regional Biobio y Compin Metropolitana no se apoyan en ningún elemento de convicción que las avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren sus decisiones, carencias que las privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

10°) Que, en consecuencia, la conducta de los organismos de salud ya mencionados no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente, como al negar derechamente dar curso a la solicitud del recurrente, y decidir archivar su reclamación.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, como la omisión en dar curso a su reclamación, son decisiones que debieron sujetarse a mayor rigurosidad y análisis antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

11°) Que en virtud de lo razonado, la decisión de los órganos recurridos deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por lo razonado y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso será acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social Región del Biobío, la que deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente conforme a derecho acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente libelo.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción de la abogada integrante Constanza Cornejo Ortiz, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en sus funciones.

Rol N° 11.133-2021-Protección