nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Concepción xsr Concepción, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 11123-2021 comparece recurriendo de protección el abogado Rodrigo Durán Araneda, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en Concepción, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, comerciante, con domicilio en domicilio reservado, en Concepción.

Dirige la acción en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Tesorero Regional del Biobío don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en Concepción.

El acto que denuncia ilegal y arbitrario y que sirve de fundamento al recurso es la compensación unilateral que hiciera el Servicio de Tesorerías sobre una suma total de $4.123.466 que como crédito ostentaba contra el Fisco por devolución de Impuesto a la Renta en el marco de la “Operación Renta Año Tributario 2021”, imputándolos la recurrida a una deuda añosa, actualmente discutida en el juicio rol C-4219-2020 del Primer Juzgado Civil de Rancagua en una demanda de prescripción extintiva.

Explica que el 30 de junio del año 2020, el recurrente señor nombre reservado, interpuso demanda de prescripción extintiva en contra de Tesorería General de la República, causa rol C-4219-2020 del Primer Juzgado Civil de Rancagua, que fue debidamente notificada a al Servicio de Tesorerías. En esa causa, el 22 de octubre del 2020 se pronunció el auto de prueba. Actualmente se halla paralizado el juicio no por un hecho que imputable al recurrente, sino en virtud del artículo 6 de la ley 21.226.

En el marco de la operación renta año 2021, el recurrente presentó ante el Servicio de Impuestos Internos, el 25 de abril de 2021, en Formulario Nº22, su declaración anual de renta, que reingresó en un formulario rectificatorio el 19 de agosto del año 2021, luego que el Servicio le hiciera observaciones. La declaración y revisión de los antecedentes fue resuelta con fecha 27 de agosto de 2021. El Servicio le informó ese día que “Tu declaración no presenta diferencias, por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos autorizó a la Tesorería General de la República a que deposite o emita cheque por el monto retenido originalmente. Posteriormente, la Tesorería efectuó una rebaja de $4.123.466 por concepto de compensación, por lo que no se emitirá cheque. Para mayor información, consulta los eventos que se detallan más abajo en la sección Historial”.

Añade que fueron dos los folios compensados, números 105069575 y 5272891086, por $1.107.722 y $3.015.744 respectivamente, los que no podían ser objeto de ninguna convención extintiva por estar actualmente disputada su exigibilidad ante la justicia ordinaria, constituyendo el actuar de la Tesorería verdadera autotutela, al desconocer la relación jurídico procesal válidamente trabada en la causa antes mencionada, colocando al tribunal Civil de Rancagua en la imposibilidad de declarar extinta por prescripción la obligación cuyo importe se indicó en la demanda presentada, toda vez que por la acción arbitraria del Servicio de Tesorerías se habría extinguido “por pago no voluntario” o “compensación” el monto de $4.123.466, impidiendo que la eventual acreencia de la recurrida se extinguiere por prescripción, si así lo hubiere declarado el tribunal civil.

Agrega que en la mencionada causa C-4219-2020, el recurrente litiga la prescripción de las acciones de la Tesorería General de la República por un total de $58.853.046, correspondientes a diez folios, que detalla, con vencimiento o fecha de exigibilidad entre los años 2009 y 2012, cuya prescripción operó entre los años 2012 y 2015. Como la deuda estaría prescrita, Tesorería debió esperar una sentencia para ejercer sus pretendidos derechos, y sin embargo, se cobra arbitrariamente, un año después de haber sido notificada de la demanda por prescripción extintiva deducida en la causa C-4219-2020.

Denuncia vulnerada las garantías constitucionales de los numerales 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se acoja este recurso, con costas; se declare arbitraria la actuación del Servicio de Tesorerías y se ordene el inmediato restablecimiento del derecho, ordenando que se dé curso al pago decretado por el Servicio de Impuestos Internos de los $4.123.466, más reajustes e intereses, mediante depósito en cuenta bancaria informada al Servicio de Impuestos Internos, ordenando también que en lo sucesivo la recurrida se abstenga de incurrir en los mismos actos de retención de devoluciones de impuestos del recurrente y sin perjuicio de las restantes medidas correctivas que determine esta Corte.

Acompañó copias de 1.- Captura de Pantalla de la página Web del Servicio de Impuestos Internos en la que consta la información dada por el Servicio en el sentido de que la devolución de impuestos fue retenida por Tesorería General de la República, obtenido el 3 de septiembre del año 2021; 2.- Comprobante de Movimiento emitido por la Tesorería General de la República, de 3 de septiembre de 2021, en el que informa inyección a la Cuenta Única Tributaria de la suma de $4.123.466; 3.- Expediente electrónico de la causa Rol C-4219-2020 del Primer Juzgado Civil de Rancagua (e-book); 4.- Certificado de Deudas cuyas acciones de cobro están sometidas a conocimiento en la causa C-4219-2020 del Primer Juzgado Civil de Rancagua.

Por escrito folio 148434 (15) acompañó copias de dos sentencias.

Informó el recurso la recurrida Tesorería General de la República, Regional del Biobío, a través de nombre reservado, Tesorero Regional, pidiendo el rechazo del mismo porque el Servicio de Tesorerías ha actuado por expreso mandato legal, sin haber conculcado las garantías constitucionales que se denuncian vulneradas o amenazadas.

Expone que las deudas individualizadas con los folios 105069575 y 5272891086 del contribuyente nombre reservado, RUT RUT reservado, han sido demandadas por la Tesorería General de la República en la jurisdicción de Talcahuano, en el Expediente Administrativo 10208-2012, notificándose dicha demanda y requiriendo de pago al deudor, sin que se hayan opuesto excepciones por el ejecutado dentro del plazo establecido en el artículo 176 del Código Tributario. Esta situación es reconocida y afirmada por el contribuyente en su libelo.

Añade que en el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias establecido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario se distinguen dos etapas: una administrativa y otra judicial, que pasa a explicar.

La etapa administrativa está a cargo de funcionarios del Servicio de Tesorerías. Esta etapa no constituye un juicio; el Tesorero no resuelve contienda alguna, siendo su actividad de carácter meramente administrativo. En efecto, el Tesorero actuando en el carácter de Juez Sustanciador, despachará el mandamiento de ejecución y embargo mediante una providencia que estampará en la Nómina de Deudores Morosos, que hará de auto cabeza del proceso. Recibido el escrito de oposición del ejecutado, el Tesorero examinará su contenido y sólo podrá pronunciarse sobre ella cuando fundándose en el pago de la deuda proceda acogerla íntegramente, caso en el cual dictará una resolución en tal sentido, ordenando levantar el embargo aplicado y dejar sin efecto la ejecución; y en los demás casos, las excepciones serán resueltas por el Abogado del Servicio de Tesorería o la Justicia Ordinaria en subsidio.

La etapa judicial se desarrolla ante los Tribunales de Justicia que indica la ley. Dicha etapa se inicia con la solicitud que realiza el Abogado Provincial del Servicio de Tesorerías al Tribunal Ordinario para que se pronuncie sobre las excepciones deducidas, ordene el retiro de las especies embargadas o la realización de los bienes embargados. Así comienza la contienda entre partes, que da origen a una instancia jurisdiccional ante la justicia ordinaria.

Agrega el informante que el recurso de protección es una acción extra-proceso y su procedencia discurre sobre la base que no exista un procedimiento jurisdiccional preestablecido en el ordenamiento jurídico que resuelva la contienda en forma inmediata, resultando eficaz sólo cuando no hay una acción directa, sea ordinaria o especial para la tutela de los derechos que se alegan como agraviados. En consecuencia, siendo del caso que el Fisco se encuentra actualmente ejerciendo sus derechos como acreedor de las obligaciones tributarias de la demandante en los expedientes administrativos antes citados, no existiendo causal de suspensión alguna de cobro, la presente no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de esta acción cautelar, sino por el juez sustanciador que lleva el proceso. Ergo, este recurso es improcedente, como consecuencia de existir entre las partes un proceso pendiente que conoce de la cuestión debatida.

Además, la compensación opera por el solo ministerio de la ley, no siendo necesaria una resolución que así lo ordene e incluso sin conocimiento de los deudores, por lo que no es válida la alegación del recurrente en orden a que la compensación se realizó sin que mediara un acto administrativo y sin que éste le fuera notificado. El artículo 1656 del Código Civil previene que en la compensación ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra sean en dinero o cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, ambas deudas deben ser líquidas y ambas actualmente exigibles. En la especie, si lo que se pretende es la nulidad de la compensación realizada, ella no puede prosperar, pues la compensación no tiene descanso ni fundamento en la resolución, sino que deriva de la ley.

Dice que la facultad que asiste a la Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco está contemplada en el artículo 6º del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones, los cuales en este caso concurren. La afirmación del recurrente referido a que su deuda fiscal no era exigible al momento de efectuarse la compensación, no es efectiva, por no existir a ese tiempo ninguna orden de suspensión vigente que suspendiera el cobro de los impuestos reclamados.

Por último, agrega que reiterada jurisprudencia de los Tribunales de Justicia ha establecido que si bien es efectivo que los créditos sometidos a un reconocimiento judicial pendiente no son exigibles, ello se ve excepcionado por la norma contenida en el artículo 147 del Código Tributario, que autoriza al Fisco para cobrar los impuestos sometidos a reclamación, a menos que medie la suspensión de tal cobro dispuesta por el Director del Servicio de Impuestos Internos pertinente o por los Tribunales de Justicia, de lo que se sigue que si tal cobro es procedente, ello deriva de la exigibilidad de dichos impuestos.

En consecuencia, no existiendo sentencia firme y ejecutoriada en un proceso civil que declare prescrita la deuda; tratándose, como se explicó, del ejercicio de una facultad legal del Servicio, y no mediando tampoco orden de suspensión del cobro, no existe la pretendida autotutela que el recurrente acusa habría ejercido el Servicio de Tesorerías, ni conculcación de garantía constitucional alguna.

Acompañó al informe copias de los expedientes 10208-2012 de la comuna de Talcahuano y 10038-2018 de la comuna de Quinta de Tilcoco.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

La acción u omisión ilegal, esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitraria, producto del mero capricho de quien incurre en él, debe provocar algunas de las situaciones o efectos antes indicados, afectando aquellos derechos preexistentes y no discutidos protegidos por la Carta Fundamental de manera tal que la Corte pueda adoptar medidas en orden a restablecer el imperio del derecho de que se trata.

SEGUNDO: Que, la parte recurrente denuncia ilegal y/o arbitraria la compensación que hiciera el Servicio de Tesorerías de Arauco al crédito de $4.123.466 que el contribuyente ostentaba contra el Fisco como devolución de Impuesto a la Renta en el marco de la “Operación Renta Año Tributario 2021”, sin que mediare notificación previa de acto administrativo alguno que dispusiese practicar la aludida compensación y existiendo, en cambio, en tramitación, la causa rol C-4219-2020 del Primer Juzgado Civil de Rancagua en que el actor demandó la prescripción extintiva de la deuda.

Por su parte, la Tesorería Regional del Biobío se excepcionó diciendo que no existe acto ilegal ni arbitrario de su parte, comoquiera que resolvió ejerciendo la potestad que le confiere el artículo 6 del DFL N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico de Tesorerías, que en materia tributaria habilita la compensación por el solo ministerio de la ley, no siendo necesaria resolución dictada al efecto por el Tesorero General ni notificación previa al contribuyente para que produzca efectos, facultad que en este caso ejerció habida cuenta que el actor mantiene deuda vigente por un monto total de $58.853.046 por concepto de diversos folios de distintas anualidades. Respecto de los dos los folios compensados, números 105069575 y 5272891086, por $1.107.722 y $3.015.744, dijo que su cobro ha sido demandado por la Tesorería General de la República en la jurisdicción de Talcahuano, en el Expediente Administrativo 10208-2012, notificándose dicha demanda y requiriendo de pago al deudor, sin que éste haya opuesto excepción alguna.

TERCERO: Que, son hechos indubitados y no discutidos los siguientes:

a) se autorizó por el Servicio de Impuestos Internos la devolución del Impuesto a la Renta solicitada por el recurrente ascendente a un crédito por la suma de $4.123.466, en el marco de la operación renta 2021.

b) la Tesorería General de la República, con fecha 27 de agosto de 2021, compensó esa suma del excedente de la renta del año 2021, imputándoselo al pago de los folios números 105069575 y 5272891086, con fechas de vencimiento de documento el 5 de septiembre de 2011 y el 15 de marzo de 2012, según se desprende de fojas 1 del expediente administrativo 10.208-2012-Talcahuano.

c) en el sistema de tramitación de causas civiles aparece ingresada en el Primer Juzgado Civil de Rancagua bajo el Rol C-4219-2020 la demanda de prescripción extintiva, presentada por nombre reservado en contra del Fisco de Chile, Servicio de Tesorerías de la República, proceso que estuvo suspendido conforme a la Ley 21.226 desde noviembre de 2020 y hasta el 12 de octubre de 2021, en que a petición del abogado demandante (recurrente ahora) se decretó reanudar el término probatorio a partir de la notificación por cédula de la contraparte.

d) en el expediente administrativo 10208-2012 las últimas actuaciones son el exhorto 146-2012, decretado en resolución de 29 de agosto de 2012, que el Tesorero Provincial de Talcahuano dirige el Tesorero Regional de Rancagua, para que un recaudador fiscal efectúe la diligencia de notificar, requerir de pago y embargar al ahora recurrente en los domicilios indicados, y dos informes de diligencia fallida del recaudador fiscal Manuel Cáceres Pérez, de la jurisdicción de Rancagua.

CUARTO: Que, lo que se debe dilucidar en este recurso es si la decisión de la Tesorería para compensar la deuda del contribuyente con créditos de éste contra el Fisco, requiere de un acto administrativo fundado, o si por el contrario, basta que Tesorería únicamente constate la suma que debe compensar para realizar dicha compensación.

Las normas en juego son especialmente las consagradas en el artículo 6 del DFL N°1 y artículo 177 del Código Tributario.

QUINTO: Que, artículo 6 del DFL N°1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, dispone: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de estos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagadas, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

A su turno, el artículo 177, en lo pertinente, señala: “Sin perjuicio de las excepciones enumeradas en este artículo, el ejecutado que fuere a su vez acreedor del Fisco podrá solicitar administrativamente la compensación de las deudas respectivas extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor. Para solicitar esa compensación, será necesario que se haya emitido la orden de pago correspondiente. La Tesorería Regional o Provincial practicará una liquidación completa de las deudas cuya compensación se solicita. Si la deuda en favor del contribuyente fuera inferior a la del Fisco, aquél deberá depositar la diferencia. Si efectuada la compensación quedare un saldo a favor del ejecutado se le pagará en su oportunidad o se le abonará en cuenta según lo solicite”.

SEXTO: Que, en las citadas normas legales se autoriza tanto al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco (artículo 6 del DFL N°1), como al contribuyente, ejecutado, que fuere a su vez acreedor del Fisco, el que podrá solicitar administrativamente la compensación de las deudas respectivas extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor (artículo 177 Código Tributario).

SÉPTIMO: Que, cuando se autoriza al contribuyente para solicitar administrativamente la compensación de la deuda, el mismo artículo 177 exige que la Tesorería Regional o Provincial “practicará una liquidación completa de las deudas cuya compensación se solicita”, y agrega que si la deuda en favor del contribuyente fuera inferior a la del Fisco, aquél deberá depositar la diferencia, y si efectuada la compensación quedare un saldo a favor del ejecutado, se le pagará en su oportunidad o se le abonará en cuenta según lo solicite.

OCTAVO: Que, no se vislumbra razón alguna para que la Tesorería, estando en las mismas condiciones para realizar el trámite de la compensación, ahora de conformidad al artículo 6 del DFL N°1, no dé los mismos fundamentos fácticos y legales que le permitan compensar la deuda conforme a dicha normativa.

En efecto, en ambos casos la situación es similar; luego, lo que debe hacer Tesorería es practicar una liquidación completa de la deuda, precisamente para determinar, por una parte, si es procedente la compensación y, por otra, si la deuda a favor del contribuyente fuera inferior a la del Fisco, aquél debe depositar la diferencia y si efectuada la compensación quedare un saldo a favor del ejecutado se le pagará en su oportunidad o se le abonará en cuenta según lo solicite.

NOVENO: Que si bien esta liquidación no la indica expresamente la norma del artículo 6 del DFL N°1, lo cierto es que la misma disposición en cuanto autoriza al Tesorero para compensar la deuda, exige dos requisitos copulativos: a) que los documentos respectivos estén en la Tesorería y b) Que estén en condiciones de ser pagadas. Sólo en esas circunstancias se extinguen las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

DÉCIMO: Que lo anterior sería suficiente para acoger la acción constitucional, por falta de fundamento.

Pero, aún más, ello se encuentra en armonía con normas legales, que exigen la imperiosa obligación de fundamentar los actos administrativos para su validez, mediante un acto administrativo escrito, fundado y notificado, que contenga los hechos y fundamentos de derecho, como exigen los artículos 3, 11 y 45 de la Ley 19.880.

El contribuyente debe tener claridad en cuanto a las deudas tributarias a las que se le está aplicando, vía compensación, la devolución a que él tenía derecho, actuación que, además, debe ser notificada al administrado, como ocurre con todo acto administrativo, dando así la oportunidad a éste para reclamar o hacer efectivos sus derechos ante el órgano administrativo correspondiente o ante el Tribunal, en su caso, nada de lo cual ha acontecido en autos. No hay antecedente alguno que permita establecer que la compensación le fue noticiada al contribuyente en la fecha en que ésta se practicó, y en estrados el abogado que alegó el recurrente hizo ver a estos sentenciadores que únicamente de los informes evacuados con ocasión de este recurso de protección, se enteró de la compensación del Servicio de Tesorerías con cargo a los folios 105069575 y 5272891086, con fechas de vencimiento de documento el 5 de septiembre de 2011 y el 15 de marzo de 2012, respectivamente.

UNDÉCIMO: Que, por consiguiente, es posible concluir que la conducta reclamada resulta, además, arbitraria y carente de fundamento razonable, pues el ente recaudador pretende compensar su crédito con una deuda del actor, respecto de la cual existe discusión acerca de su actual exigibilidad, desde que se ha iniciado causa en la jurisdicción de Rancagua, en la que se demandó la declaración de prescripción extintiva de las deudas cobradas por el Fisco (Primer Juzgado Civil de Rancagua bajo el Rol C-4219-2020).

Dicho obrar ilegítimo afecta el derecho de propiedad del recurrente, puesto que se le ha privado del pago de la suma que le ha sido compensada. La omisión de las formas prescritas por la ley para el actuar de la Administración conllevan la ilegalidad de la medida de compensación, lo que se ve reafirmado si se toma en consideración que el desconocimiento del acto y sus fundamentos priva al recurrente de la posibilidad de defenderse frente al actuar de la autoridad.

En este mismo sentido ha resuelto ya esta Corte en el Recurso de Protección Rol N°7918-2017, en sentencia de 5 de marzo de 2018, donde se dejó establecido, que el criterio expuesto ha sido manifestado por la Corte Suprema en los autos rol 266-2008, de 28 de septiembre de 2009,... el cual en su motivo noveno, señala: “Que, de conformidad a lo dispuesto en el Nº 3 del precitado artículo 1656 del Código Civil, para que opere el modo de extinguir las obligaciones mediante la compensación se requiere que ellas sean actualmente exigibles, esto es, que el acreedor se encuentre condiciones de exigir inmediatamente su pago al deudor”, razonamiento que resulta plenamente aplicable al caso de autos. En los mismos términos también resolvió el máximo tribunal en Rol N° 5756-2013. Asimismo esta Corte en causa Rol N°12.532-2019, de fecha 2 de agosto de 2019.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 20 y 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, y nombre reservado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

SE ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesto por el abogado Rodrigo Durán Araneda, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en Concepción, en favor de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, comerciante, con domicilio en domicilio reservado, en Concepción y, en consecuencia, se ordena que el Servicio de Tesorerías deberá dejar sin efecto la compensación imputada a los giros folios 105069575 y 5272891086, con fechas de vencimiento de documento el 5 de septiembre de 2011 y el 15 de marzo de 2012, respectivamente, procediendo al pago al recurrente de la suma de $4.123.466, que ostentaba contra el Fisco como devolución de impuesto a la renta en el marco de la operación renta 2021, debidamente reajustada desde la fecha de la compensación hasta la de su pago efectivo.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

Aunque concurrió a la vista de la causa y al acuerdo de la causa y redactó esta sentencia, no firma el ministro señor Hadolff Ascencio Molina, por estar ausente, en comisión de servicios por curso de la Academia Judicial.

N°Protección-11123-2021.