nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS Y OTRO

C.A. de Concepción rtp Concepción, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO:

En estos antecedentes rol 11120-2023, compareció deduciendo recurso de protección nombre reservado, Sargento 2° de Carabineros, código funcionario, número de cédula de identidad y domicilio que indica en su recurso, en contra de la Dirección General de Carabineros, representada por su General Director don nombre reservado, y en contra de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, representado por el General don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda su acción señalando que cuenta con 19 años de servicio efectivos en Carabineros de Chile y en la última lista de calificación fue Uno, de méritos, con un puntaje asignado de 124 puntos y no se encuentra sometido a procesos disciplinarios o judiciales.

Expone que durante el desarrollo de su carrera profesional ha cumplido funciones en distintas Unidades del país, siendo la última la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Malleco, unidad en la que ha cumplido con todos los aspectos profesionales para desempeñar las tareas encomendadas atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y a la comunidad toda.

Sostiene que por lo anterior no comprende las motivaciones que fundan la decisión de traslado, por cuanto en dicho proceso se contempla criterios objetivos y equitativos que permiten conocer los fundamentos de las decisiones adoptadas, en concordancia con los principios de probidad y publicidad que la Constitución impone a la administración, y que son expuestos en el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, aprobado mediante la Orden General N° 2.707, de 13.11.2019, de la Dirección General, el que contempla determinadas consideraciones del recurso humano que se deben tomar en cuenta para proponer y disponer los movimientos del personal, siendo el primero de ellos los aspectos profesionales, los que en la especie son:

En relación al desempeño laboral, consta en las calificaciones anuales, anotaciones en la hoja de vida que el recurrente ha destacado por un irrestricto apego al régimen disciplinario y agrega que en el último proceso calificatorio fue encasillado en Lista 1 de méritos con un puntaje sobresaliente de 124 puntos, lo que da cuenta del cumplimiento de todos los factores y Subfactores que la institución espera. Refiere que no puede desconocer el hecho en que se vio involucrado en un proceso judicial que dio origen a una medida disciplinaria expulsiva; y, en consecuencia, al correspondiente sumario administrativo, proceso que ya se encuentra cerrado, firme y ejecutoriado, el que determinó que si bien es cierto existió algún grado de responsabilidad administrativa, los hechos no revestían de la gravedad, trascendencia ni importancia para la aplicación de la medida disciplinaría más lesiva del ordenamiento jurídico institucional, además el proceso judicial se encuentra concluido por acuerdo reparatorio. De esa forma, dice, castigar una conducta ya sancionada con una medida administrativa como lo es un traslado, sin ponderar sus circunstancias particulares, le parece injusto y merece ser reconsiderado.

En cuanto a las competencias, señala que el recurrente cursó satisfactoriamente su etapa de perfeccionamiento en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, destacando por ser un funcionario proactivo, que propicia el buen clima laboral, y que acata las órdenes del mando relativas al servicio policial. Agrega que ha cursado estudios superiores en el extra sistema obteniendo el título profesional de Ingeniero en Prevención de Riesgos.

Refiere que el 27 de febrero de 2023 la Dirección Nacional de Personal, dictó el Documento Electrónico N.C.U. 178011511, por el cual se le ordena el traslado, a contar del 16 de febrero de 2023, desde donde sirve actualmente a la 37ª Comisaría de la Prefectura Santiago Andes.

Añade que dicho acto fue motivo de reconsideración, sin embargo, no se atendieron ni analizaron los fundados antecedentes expuestos, siendo notificado de lo resuelto por la Dirección Nacional de Personal, el que, en síntesis, dice: “(…) Habiéndose analizado la peticion formulada por el citado p.n.i. y sus respectivos alcances administrativos este departamento p.2. en el uso de las facultades propias de gestión del recurso humano institucional, ha considerado plenamente atendible la solicitud en cuanto a su mérito y pertinencia. sin embargo, la solicitud de traslado requerida por el citado p.n.i. no resulta factible, ello teniendo en consideración que su traslado obedeció al estudio de la necesidades del servicio, conforme al grado jerárquico que ostenta el citado p.n.i.”. Añade que no se hace cargo de los antecedentes por los que se requirió reconsiderar el traslado, ni tampoco cuales fueron los criterios objetivos que la reglamentación institucional exige para disponer algún movimiento de personal, además de ser contradictoria, toda vez que reconoce atendible y pertinente el requerimiento, para luego rechazarla la solicitud.

Estima que el acto impugnado se ha tornado en arbitrario e ilegal, por cuanto, vulneran sus garantías constitucionales, ya que para la adopción de la decisión no han sido consideradas las circunstancias de salud, personales y familiares, que fueron invocadas.

Explica que las circunstancias que fundamentaron la reconsideración, fueron en primer término su situación familiar, en la que indica que está casado con doña nombre reservado, con quien tiene un hijo de 7 años de edad, compatibilizando ambos sus labores profesionales con la crianza del menor. Agrega que además es padre de filiación no matrimonial de nombre reservado, de 20 años.

Continúa señalando que el grupo familiar antes mencionado se encuentra radicado en Los Ángeles, ciudad donde tiene su casa y donde además su cónyuge, educadora diferencial, cumple funciones en el servicio educacional municipal. Sostiene que de producirse el traslado se originará la disgregación familiar, toda vez que por el interés superior del hijo, no es prudente que el grupo familiar cambie su entorno habitual.

En relación a la salud del grupo familiar, indica que el 13 de agosto de 2021 fue atendido por médico psiquiatra, por presentar problemas por el consumo de alcohol, otorgándose tratamiento médico y consultas periódicas para dicha adicción, así a la fecha se encuentra en tratamiento prescribiendo el médico tratante que los periodos en casa con la familia y esposa han contribuido en la recuperación, por lo que el psiquiatra considera que el alejamiento del hogar podría ser perjudicial para su proceso de mejoría. En relación a su hijo menor de edad, éste se encuentra en tratamiento nutricional, en conjunto con evaluación sicológica y tratamiento adicional de auriculoterápia, por lo que el equipo multidisciplinario tratante sugiere mantener una estabilidad y continuidad con su equipo para el éxito de su tratamiento y un cambio de entorno irá en desmedro de su recuperación. En relación a su cónyuge, ésta se encuentra en controles periódicos en función a sus trastornos cardiovasculares, siendo catalogada de paciente con “alto riesgo de hipertensión”, siendo derivada al Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, además ha sido derivada a especialistas psicológico y psiquiatra producto de la inestabilidad emocional y nutricional.

Continúa relatando que en cuanto a la situación habitacional, la familia es propietaria de casa habitación en la ciudad de Los Ángeles, lugar que reúne todas las condiciones de confort y seguridad necesarias para vivir dignamente.

Afirma que de materializarse el traslado su situación económica se verá empeorada producto del detrimento patrimonial que ello irrogaría, toda vez que traerá aparejado la pérdida de algunos beneficios económicos, como la Asignación Zona, lo que sumado al hecho de tener que incurrir en gastos como pagar un arriendo mensual y tener que seguir costeando los gastos de la casa propia, los gastos de colegio, tratamientos médicos, entre otros, perjudicara el bienestar familiar.

Estima importante señalar que cuando prestó servicios en la Región Metropolitana fue objeto de una agresión, y posteriormente, delincuentes dieron con su casa ubicada en la comuna de la Florida, donde rayaron en la puerta: “Muerte al paco nombre reservado y a tu familia”, hechos por los cuales se dio cuenta a la Fiscalía Local de la Florida, originándose la causa RUC N° 1901366653-1, de la Fiscalía Local de la comuna. Producto de lo anterior su esposa sufrió un grave episodio de crisis de pánico, que aún no supera, por lo que regresar a la Región Metropolitana generará un rebrote de la patología.

Reconoce la potestad legal y reglamentaria del General Director y del Director Nacional del Personal de Carabineros de ubicar al personal y trasladarlo, potestad que, señala, debe fundarse en criterio de igualdad, equidad y objetividad, debiendo considerarse los aspectos personales, por cuanto lo contrario puede influir en el desempeño de la función policial, razón pe la cual se regulan los movimientos de personal por el Manual de Traslados.

Explica que la Contraloría General de la República ha manifestado que el ejercicio de estas facultades discrecionales de la autoridad no puede implicar arbitrariedad, por lo que la decisión de un traslado debe estar suficientemente motivada y fundamentada. Añade que el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, señala que: “Con la finalidad de ampliar el espectro de antecedentes a ser analizados y considerados al momento de evaluar, proponer y disponer los movimientos de personal, con motivo del Proceso Anual de Traslados; se tendrán en consideración los aspectos profesionales y personales del recurso humano, que se detallan a continuación:” y agrega que estos pueden, de acuerdo al numeral 2.4.2. referirse a aspectos personales, que indica. Afirma que lo allí señalado cabe perfecto en la especie en lo que dice relación con el trabajo de la cónyuge y con la situación de salud ella y su hijo.

Acusa que por los hechos ya descritos se ha conculcado la garantía del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República. Añade que también se ha vulnerado el derecho garantizado por el Art. 19 N° 2 de la Carta Fundamental ya que la facultad discrecional entregada por ley al recurrido no ha sido ejercida de manera razonable, toda vez que el recurrido solicitó por conducto regular para ser recibido en audiencia por sus mandos a objeto se ponderen y analicen nuevamente los fundados antecedentes que hacen necesario dejar sin efecto el traslado, sin embargo se le ha negado, sin justificación alguna.

Reitera que en el caso de marras la interpretación y aplicación por parte de las recurridas tanto de los preceptos legales como del Manual de Traslados para el Personal de Carabineros han trastocado las garantías del recurrente pues la inobservancia de éstas, ponen en peligro su integridad física y psicológica del recurrente y su grupo familiar, y se vulnera además el principio de igualdad ante la ley.

Sostiene que al no expresarse las razones en virtud de las cuales se dispuso el traslado del recurrente, torna la orden en arbitraria y afecta la garantía prevista en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental.

Indica que las normas que regulan los traslados que contienen elementos que posibilitan la consideración de situaciones especiales, como las que se presentan en la especie.

Luego se señalar que los efectos del acto recurrido se producen y surten sus efectos en la comuna de Los Ángeles, domicilio del recurrente y su grupo familiar, esta Corte es la competente para conocer de la presente acción constitucional, solicita que se declare la arbitrariedad de los actos y las decisiones que se han adoptado, ordenando que se deje sin efecto la orden de traslado, de la Dirección Nacional del Personal; se disponga que se condene al recurrido a pagar las costas de la presente acción de protección y demás medidas que se estimen pertinentes.

Informó nombre reservado, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Personal, quien señala que el recurrente ingresó a la Institución el 16 de noviembre de 2004 y destinado a la Subcomisaría Laja, y así mediando varias destinaciones más, el 16 abril de 2021 fue trasladado a la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Malleco N° 21. Indica que durante el tiempo que prestó servicios en su última repartición, fue sometido a un proceso disciplinario, por cuanto el 17 de junio de 2022 fue detenido por el delito de daños simples, en circunstancias que se encontraba en calidad de franco y en estado de ebriedad, procedimiento policial que fue informado a la Fiscalía Local de Los Ángeles. Por lo anterior se instruyó sumario administrativo, Orden de Sumario N° 17012/1, de 18 de junio de 2022 de la Prefectura Malleco, y en forma paralela, por medio de la Resolución Exenta N° 390, de 18 de junio de 2022 dispuso su baja de la Institución por conducta mala, con efectos inmediatos, quedando supeditada dicha medida al término del proceso sumarial. Continúa señalando que por Dictamen N° 17012/1, de 13 de enero de 2023, el Mando de la Prefectura Malleco, determinó modificar la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, aplicando en subsidio la medida disciplinaria consistente en “quince días de arresto, con servicios”.

Refiere que por la Orden N° 35, de 23 de febrero de 2023 de esa Dirección Nacional de Personal, se dispuso el traslado de diferentes funcionarios, entre ellos del recurrente, a contar del 16 de febrero de 2023 desde la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Malleco N° 21, a la 37a Comisaria de la Prefectura Santiago Andes, y el 28 de febrero de 2023 se notificó personalmente al funcionario del contenido íntegro del documento electrónico N.C.U. 178011511 que comunicó el traslado dispuesto, manifestándose no conforme y haciendo uso de la instancia reglamentaria que le asiste. Agrega que presentó solicitud de reconsideración, la que fue resuelta por documento electrónico N.C.U. 184117657, de 29 de mayo de 2023 denegándose su solicitud, toda vez que dicho movimiento obedeció al estudio de las necesidades del servicio, conforme al grado que ostenta el funcionario, como también a los demás argumentos que se indican el documento, de lo que fue notificado el 30 de mayo de 2023.

Precisa que el funcionario no ha sido despachado a su lugar de destinación toda vez que se encuentra haciendo uso de licencia médica por 30 días a contar del 03 de junio de 2023.

Hace presente que la facultad de trasladar al personal institucional y los derechos que de ella emanan se encuentran regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile. Añade que el artículo 31 de la Ley N° 18.961, establece que le corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial, lo que se ve reafirmado en el artículo 10 del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios. Asimismo, dice, que el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, tiene como finalidad definir, ordenar, regular, coordinar, resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados, manual que precisa, entre otras cosas, que todo miembro de la Institución, de cualquier grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, obligación que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile.

Explica que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha sostenido que esa Institución, por razones de buen servicio, se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las diversas localidades del país, sin que esta atribución pueda verse reducida o limitada por objetivos personales de quienes son trasladados, de esa forma es la autoridad competente la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar el interés público por sobre el interés particular del servidor. Explica que ese criterio también ha sido recogido por la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones del país.

Expresa que la atribución institucional en materia de traslados, en orden a decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de Carabineros, responde a un proceso de responsabilidad de la Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses, demandas y necesidades de personal a lo largo del país.

Señala que la Contraloría General de la República, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 3503, de 2020, ha manifestado que el ejercicio de facultades discrecionales, como la de la especie, por parte de este Director Nacional de Personal, de ningún modo puede implicar arbitrariedad, lo que conlleva que la decisión adoptada tiene que ser suficientemente motivada y fundamentada.

Explica que las razones que motivaron el traslado dicen relación con que la autoridad competente pueda, luego de un proceso de evaluación de la situación fáctica institucional y de las necesidades que, como consecuencia de ello se generen, adoptar una decisión de traslado del personal que estime pertinente, lo que es concordante con las observaciones dispuestas por la Contraloría General de la República, al refrendar la imposibilidad de pronunciarse sobre aquellos hechos que justifican la decisión adoptada o las razones de conveniencia u oportunidad ponderadas por la autoridad.

Precisa que el traslado institucional del funcionario se produce a raíz de la Orden N° 35, de 23.02.2023, de esa Dirección Nacional, publicada en el Boletín Oficial de Carabineros N° 5050, de 27.02.2023, movimiento que fue comunicado al recurrente a través del citado documento electrónico N.C.U. 178011511, de 27.02.2023, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.). Respecto a los argumentos vertidos por el funcionario, en torno a la situación personal y sus problemas de salud del funcionario y de su cónyuge e hijo menor de edad, precisa que dichas circunstancias no se presentan como un obstáculo insalvable para la vida familiar, pudiendo realizar los tratamientos médicos que el recurrente y su núcleo familiar puedan necesitar, en las mismas condiciones que las reciben actualmente en el lugar de su nueva destinación, siendo un hecho público y notorio que en la Región Metropolitana, destino del traslado decretado, cuenta con la mayor cobertura médica del país, donde además, se encuentra el Hospital de Carabineros de Chile, no constituyendo una razón para dejar sin efecto el traslado del recurrente, sobre todo si la decisión adoptada, es de aquellas previstas en la reglamentación respectiva y vigente.

En relación con la alegación que refiere a la disgregación familiar que ocasionaría el traslado, dada la supuesta imposibilidad de su núcleo familiar directo de trasladarse a la ciudad de Santiago, atendido las funciones laborales que cumple su cónyuge, circunstancia, estima, que tampoco constituye una limitante o un impedimento absoluto para dejar sin efecto el traslado, habida consideración que el mando de Carabineros de Chile debió hacer primar el interés general por sobre el particular del funcionario.

En relación a las circunstancias relativas a la situación habitacional, y socioeconómica del funcionario y su grupo familiar, asociadas a la merma y detrimento económico, que ocasionaría el traslado dispuesto, considera que aquello no es efectivo por cuanto el recurrente está entre aquellos funcionarios respecto de los cuales se verifica el traslado “con los derechos reglamentarios”, tales como, pasajes, fletes e indemnización por cambio de residencia, conforme a la citada Orden Dipecar N° 35, de 23.02.2023, los cuales son asumidos financieramente por el Fisco. Respecto a los otros gastos que tenga que asumir el recurrente como arriendo de inmueble, servicios básicos, gastos de la casa propia, de colegiatura de sus hijos, y tratamientos médicos, precisa que dichas circunstancias exceden las competencias institucionales.

Afirma que de acuerdo a la normativa atingente, el recurrente al momento de ingresar voluntariamente a la Institución se obligó al cumplimiento de las normas que rigen a la misma, y específicamente en cuanto a la materia recurrida, por la naturaleza de la función que sirven y el interés público prevaleciente, no siendo posible sostener que goce de una suerte de inamovilidad en el ejercicio del cargo en la Repartición de origen. Cita jurisprudencia al efecto.

En definitiva, señala que por lo relatado el movimiento decretado no resulta atentatorio contra la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental por cuanto no se advierte la concurrencia de un acto arbitrario y lesivo de dichas dimensiones personales, toda vez que el actuar de la Institución se enmarca en el ejercicio de una atribución legal.

En relación a la vulneración de la garantía del artículo 19 N° 2, incisos primero y segundo, de la Constitución Política de la República, señala que conforme a lo establecido en el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, que establece que los traslados del Personal son determinados en base a una serie de consideraciones, entre ellas el equilibrio de dotación de las Unidades policiales; la existencia de personal femenino en éstas; los aspectos profesionales de los funcionarios (competencias, desarrollo de carrera, experiencia profesional, antigüedad y condiciones actuales), y finalmente los aspectos personales, así las circunstancias personales forman parte de los antecedentes que son tenidos en consideración al momento de disponer el traslado del Personal. Agrega que el traslado se realizó respetando lo previsto en el manual, a través de un acto administrativo formal a través del cual se resolvió la solicitud de reconsideración, y estos consignan los fundamentos de hecho y derecho que permiten a la autoridad destinar al personal a las diversas Zonas del país, de esa forma el acto administrativo no resulta ilegal ni arbitrario, ni tampoco obedeció a un traslado efectuado de forma aislada, toda vez que en la Orden Dipecar N° 35, de 23.02.2023, existe una relación nominal de 77 funcionarios de distintas Unidades policiales que fueron trasladados por esa Alta Repartición, no de manera caprichosa o infundada, sino que basada en el interés público.

Precisa que la posibilidad de plantear sus alegaciones y ejercer los recursos que franquea la ley, demuestra que el traslado del recurrente cumplió con la normativa legal y reglamentaria, constituyendo un proceso reglado.

Sostiene que lo dicho por el recurrente en cuanto a que el traslado es una represalia con motivo del sumario administrativo instruido a raíz de los hechos en que se vio involucrado, expediente que se encuentra afinado, y con una sanción disciplinaria a firme no expulsiva, aquello no es motivo para trasladar al personal, así la medida adoptada se fundó en miras satisfacer un eficiente rodaje operativo y en un mejor aprovechamiento de las aptitudes del funcionario, acorde a la evaluación que la autoridad efectúe de las necesidades propias de la labor institucional. De tal forma no se aprecia como el actuar de Carabineros haya podido vulnerar el principio de igualdad ante la ley, toda vez que los actos administrativos que dispusieron y ratificaron el traslado del recurrente cumplen con el estándar de fundamentación para todos los actos de autoridad similares, no habiéndose aplicado a su respecto un procedimiento distinto al del resto del personal de esta Institución.

Hace presente que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, el que sería la inamovilidad del cargo que actualmente desempeña, según el actor, y la supuesta arbitrariedad de los actos administrativos que dispusieron su traslado, así lo que pretende el recurrente de esta Corte es la declaración de un derecho del que no es poseedor, evidenciando la intención de tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

Explica que para que procesa la acción de protección es necesaria la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, presupuesto que en el caso particular no se verifica, toda vez que no se dispuso arbitrariamente el traslado del funcionario, sino que aquello obedeció a la observancia de la normativa que rige el traslado del personal de Carabineros de Chile. Añade que al no existir la conculcación de las garantías esgrimidas por el recurrente, resulta improcedente la acción constitucional impetrada.

Concluye afirmando que el traslado del recurrente fue dispuesto con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, junto con haberse procurado el cumplimiento de lo establecido por los dictámenes de la Contraloría General de la República, como jurisprudencia administrativa; el recurrente no tiene en su haber un derecho indubitado que reclamar; el traslado dispuesto ha sido realizado con expresa sujeción a la normativa legal y reglamentaria de Carabineros de Chile, , el recurrente no cuenta con un derecho indubitado, asi no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección.

Solicita que se rechace el recurso de protección, con costas.

Informó nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de Zona, quien lo hace en los mismo términos que el Director Nacional de Personal de Carabineros.

Informó nombre reservado, teniente coronel de Carabineros, nombre reservado quien indica que el 17.06.2022 personal de Carabineros de dotación de la 1ra. Comisaría Los Ángeles, detuvo al Sargento 2° nombre reservado, por el delito de daños simples, ya que en tanto se desplazaba por la vía pública encontrándose en estado de ebriedad rompió los espejos laterales de un vehículo que se encontraba estacionado. A propósito de aquellos hechos, el Mando de Repartición dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo, disponiendo en forma paralela la Baja por Conducta Mala, con efectos inmediatos, por Resolución Exenta N° 390, de 18.06.2022.

Precisa que una vez concluida las indagaciones y no obstante no haberse logrado desvirtuar los hechos, el Mando de la época mediante el Dictamen N° 17012/1, de 13.01.2023, resolvió modificar lo resuelto inicialmente y aplicó la medida disciplinaria de “quince días de arresto, con servicios”, lo cual le fue notificado al recurrente, quien se manifestó conforme.

Relata que por Orden N° 35, de 23.02.2023, de la Dirección Nacional de Personal, se dispuso el traslado del recurrente, desde la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Malleco N° 21, a la 37va. Comisaría de la Prefectura Santiago Andes, a contar del día 16.02.2023. Notificado de lo anterior el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el que fue resuelto mediante Documento Electrónico N.C.U. 184117657, de 29.05.2023, del Departamento Personal Nombramiento Institucional (P.2.), denegándose su solicitud en virtud de los argumentos que en dicho documento se indican.

Explica que la facultad de trasladar al personal institucional se encuentran debidamente regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile. Agrega que el artículo 31, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que le corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial, lo que se ve reafirmado en el artículo 10, del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, N° 9, al indicar que los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director, a través de la Dirección Nacional de Personal. Continúa explicando que el “Manual de Traslados para el Personal de Carabineros”determina en forma clara y precisa las políticas institucionales relativas a los traslados, pudiendo mencionarse, entre otras consideraciones, que todo miembro de la Institución, de cualquier grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas a Carabineros de Chile por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, atendiendo a las necesidades del servicio.

Afirma que la facultad de trasladar al personal de Carabineros de Chile ha sido reafirmada mediante la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, señalando que sólo la autoridad pertinente de Carabineros de Chile, es la que destina a sus empleados de acuerdo con las necesidades de la labor policial, por lo que se advierte que es ésta la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de ordenar esa medida. Asimismo el Ente Contralor ha sostenido que Carabineros de Chile, por razones de servicio, está facultada para trasladar a sus funcionarios a las distintas localidades del país, atribución que no puede verse limitada por la conveniencia de quienes son destinados, pues en su ejercicio debe primar el interés público por sobre el particular del servidor, toda vez que, el objetivo perseguido por esta medida es optimizar las tareas asignadas por la Constitución Política y las leyes a la Institución.

Hace presente que los artículos 6° y 7°, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2°, de la Ley N° 18.575, consagran el principio de juridicidad y en ese sentido la Contraloría General de la República, ha manifestado que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de facultades discrecionales, como la de especie, por parte del Director Nacional de Personal, de ningún modo puede implicar arbitrariedad, lo que conlleva que la decisión adoptada tiene que ser suficientemente motivada y fundamentada, a fin de asegurar que las actuaciones sean concordantes con el objetivo considerado por la normativa pertinente al otorgarlas, de manera que no signifiquen, en definitiva, una desviación del poder.

Como conclusión indica que los traslados del personal de la Institución son dispuestos por el General Director, a través de la Dirección Nacional de Personal, de manera que el traslado del recurrente, con los derechos reglamentarios, fue dispuesto con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, no teniendo injerencia alguna en aquello esa Repartición.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de derechos y garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, en estos antecedentes el recurrente osé nombre reservado, Recurre en su calidad de sargento segundo, en cuanto se rechazó su reconsideración de 29 de mayo de 2013 respecto del traslado de sus funciones desde la Fiscalía Administrativa de Malleco a Santiago Andes, señala tener problemas personales y médicos.

Expresa el recurrente que cuenta con 19 años de servicios, en distintas unidades policiales, está calificado con 129 puntos, y reconoce que en estado de ebriedad causó daños en espejos retrovisores y resultando sancionado y en sede penal, esto terminó con un acuerdo reparatorio. Señala que tiene dos hijos vive con su señora, y su hijo menor vive en Los ángeles y trabaja en el Daem de esa ciudad y desde 13 de agosto se le diagnóstico consumo excesivo de alcohol señalándole el psiquiatra que lo trata, que le sería perjudicial el estar solo en otra ciudad, tiene riesgo de hipertensión, en lo económico pierde asignación de zona, y deberá pagar arriendo en la Región Metropolitana. En cuanto la normativa el manual respectivo de carabineros dispone que debe considerarse la salud y situación personal de la familia y situación de trabajo y de estudios de la cónyuge e hijos En su caso el recurrido, Director Nacional de Personal de Carabineros, señala que el traslado se debe a necesidades del servicio. Se refiere a la situación de daños causados por ebriedad disponiéndose en principio la baja del servicio de recurrente, terminando, el 13 de enero de 2023, con la aplicación de 15 días de arresto con servicios. Señala que se dispuso el traslado, y el 29 de mayo se resolvió la solicitud de oposición al traslado rechazándola.

Informando la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros informa en idéntico sentido, y señala que el traslado se dispuso de conformidad a las normas legales y reglamentarias, señalando que los asuntos familiares y personales, no son un obstáculo insalvable, destacando que al ingresar a la, institución de carabineros, se asume que es facultad del mando disponer traslado con considerando para ello consideraciones propias del servicio, como lo es la situación de número de personal operativo, en una y en otra zona . En similar sentido, informó nombre reservado, teniente coronel de Carabineros, nombre reservado.

Tercero: Que, para que la acción constitucional de la especie sea acogida, es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos copulativos; dichos requisitos se desprenden del desglose del referido artículo 20 que consagra el recurso de protección, y se consideran como tales, los siguientes; i) que existan actos u omisiones arbitrarios o ilegales; ii) que dichos actos u omisiones arbitrarios o ilegales produzcan privación, perturbación o amenaza; y iii) que, tal privación, perturbación o amenaza conculque el legítimo ejercicio de los derechos y garantías contempladas en dicha disposición.

Del mismo modo, doctrinariamente se han agregado otros, como consta de lo expresado por la Excma. Corte Suprema, en causa rol 41-2017: “La acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria; b) la afectación, expresada en la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”.

Cuarto: Que, para entender cumplidos los requisitos de procedencia de esta clase de acción constitucional, no basta únicamente con aducirlos, sino que es estrictamente necesario acompañar antecedentes suficientes que permitan a los sentenciadores de grado, valorando los antecedentes de acuerdo a sana crítica, alcanzar la convicción sobre la existencia y realidad de los actos u omisiones arbitrarios e ilegales denunciados, que son los que habrían producido privación, perturbación o amenaza en los derechos cuya conculcación se estima.

Quinto: Que, de lo expuesto por las partes, lo alegado por los letrados, y documentos aparejados al recurso, y apreciando los antecedentes del recurso conforme a sana crítica, atendido que así lo autoriza el numeral 5, del Auto Acordado sobre la materia, cabe considerar que el traslado del recurrente a la Región Metropolitana, obedece a un estudio y derivado del déficit de personal en aquella región, en donde el índice de cobertura de personal de carabineros es de 56% y en Malleco, alcanza un 73%. Debiendo consignarse que el traslado se dispone respecto del recurrente con todos los derechos reglamentarios que a este le asisten.

Cabe además señalar que los miembros de carabineros por el solo hecho del ingreso a tal institución, no solo se comprometen al desempeño de las tareas que se les puede encomendar, sino también a que pueden ser destinados conforme a las necesidades del servicio, en distintos lugares del país; y en el caso, la precisa resolución, efectivamente considera las necesidades del servicio, y el traslado de que se trata se lleva a cabo a través de una resolución debidamente fundada y acorde a las facultades y dentro de la normativa legal reglamentaria vigente.

En efecto, en línea con lo que se viene indicando la resolución que dispuso el traslado está debidamente fundada y acorde a la legislación y reglamentación, vigente artículo 31 de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, que consagra como facultad exclusiva la posibilidad de trasladar a funcionarios. En su caso la Orden General 207, que establece el Manual de la institución, define que los funcionarios pueden ser trasladados obedeciendo ello a necesidades estratégicas del servicio, cuyo precisamente es el caso de la especie.

Por demás estas facultades han sido reconocidas por la Contraloría General de la república (CGR); en el mismo sentido hay jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema.

Sexto: Que, el particular escenario colacionado precedentemente, determina que, para los efectos del ámbito restringido de esta acción constitucional, de naturaleza de emergencia y cautelar, la recurrente no ha logrado acreditar ni siquiera indiciariamente la existencia de parte del recurrido de algún acto ilegal o arbitrario.

De este modo y resultando que el recurso de protección no es declarativo de derechos, sino que, por el contrario, la labor encomendada a las cortes de apelaciones, por el constituyente, es el restablecimiento de un derecho del que el recurrente es titular indiscutido, y respecto del cual ha sido despojado ilegal o arbitrariamente o, al menos, perturbado en su legítimo ejercicio, aún en grado de amenaza.

Séptimo: Que, en la especie sólo cabe rechazar recurso sub-judice, al no comprobarse acto ilegal ni arbitrario en el quehacer de los recurridos. De esta forma y conforme a lo que se viene reflexionando, el recurso interpuesto no participa de ninguno de los presupuestos o requisitos que se consignaron para dar lugar a la protección impetrada, razón por la que ésta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones, lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, Sargento 2° de Carabineros, en contra de la Dirección General de Carabineros, y de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Rafael L. Andrade Díaz, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en curso de la Academia Judicial.

N°Protección-11120-2023.