nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DIRECCION REGIONAL DEL BIOBIO

C.A. de Concepción rtp Concepción, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 11008-2021 comparece deduciendo recurso de protección nombre reservado, psicopedagoga, cédula Nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, Rut N° RUT reservado, oficina de Concepción, representante legal doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso señalando que el acto cuya vulneración se reclama tiene lugar cada vez que el Servicio de Registro Civil e Identificación emite su certificado de nacimiento, en que se registra con anotación al margen, que informa haber sido adoptada el 12 de diciembre de 1990, por su madre nombre reservado.

Expone que a propósito de la actuación del Servicio de Registro Civil e Identificación se ha producido una vulneración de sus derechos garantizados por nuestra Carta Fundamental en su artículo 19, en particular la integridad psíquica consagrada en el artículo 19 N°1, la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 y el respeto y protección a la vida privada y honra de la persona y su familia del artículo 19 N°4, todos de la Constitución Política de la República.

Expone que el 13 de septiembre de 2021, descargó de la página del Servicio de Registro Civil e Identificación su certificado de nacimiento a fin de realizar un trámite relacionado a su trabajo y en dicho documento se puede observar que solo aparecen sus antecedentes personales como RUT y fecha de nacimiento, pero además, al margen contiene una subinscripción en que señala: “Según la inscripción especial de adopción 436 de fecha 12-12-1990 de la oficina de Registro Civil de Penco, doña nombre reservado a que se refiere esta inscripción, fue adoptada(a) por nombre reservado. Fecha de Subinscripción 20 de diciembre de 1990". Señala que dicha información puede ser extraída por cualquier persona que introduzca su número de cedula de identidad, es decir, accede a la circunstancia de que es una persona adoptada.

Sostiene que terceras personas tienen acceso directo a información personal e íntima como lo es haber sido adoptada, estima que es un trato discriminatorio, arbitrario e ilegal que atenta los derechos fundamentales del titular de dicha información, puesto que el haber sido adoptada, en nada se vincula a la fecha de nacimiento o el número de cédula de identidad, de ser así, todos los certificados deberían señalar si se es adoptado o no, o ser hijo de filiación matrimonial o no, y esta situación no es efectiva, por lo que respecto a su persona, el Servicio de Registro Civil e Identificación está obrando de manera discriminatoria.

Acusa como derechos conculcados el consagrado en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, en atención a que con el acto recurrido se coloca en riesgo su bienestar psicológico. Asimismo estima vulnerada la garantía del N.° 2 del artículo 19, la igualdad ante la ley, cuyo principal obligado es el Estado y en particular el legislador, todo emisor de normas jurídicas, cualquiera sea su rango, y toda autoridad incluyendo a quienes apliquen e interpreten las normas jurídicas. Agrega que también se ha conculcado el derecho consagrado en el N.° 4 del artículo 19, esto es el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y asimismo, la protección de sus datos personales, toda vez que con el actuar del Servicio de Registro Civil e Identificación, no se está ni respetando ni protegiendo su vida personal, que en nada dice relación con su nacimiento e identidad, sino más bien, con su condición de haber sido adoptada, por lo tanto, se está entregando una información de carácter personal que afecta su intimidad.

Señala que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 19.585, y luego con la dictación de la Ley 19.620, se ha consagrado en materia de filiación el principio de no discriminación entre hijos, sean éstos de filiación matrimonial o no matrimonial, e incluso, de filiación adoptiva, eliminándose las diferencias que hasta entonces existían entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, reconociéndoles a todos iguales derechos, entre ellos por cierto, los sucesorios, adecuando nuestra legislación a los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile que se refieren a esta materia, y que son particularmente la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Explica que el certificado de nacimiento debe entregar información relacionada a esto, es decir, fecha de nacimiento del titular, nombre de los padres, en su caso, y número de cédula de identidad, no información no relacionada al nacimiento, como lo es, si se tiene la calidad de adoptada o no, o si se es hija de filiación matrimonial o no. De ser así, todos los certificados de nacimiento deberían tener esta información, y en la práctica no es así, por lo que con el acto arbitrario e ilegal de la recurrida se le está tratando de manera diversa con respecto al resto de las personas, al entregar este tipo de información a todo público.

Estima que el obrar de la recurrida es arbitrario, y, por tanto, injusto e irracional, con un evidente desmedro del valor de la justicia y equidad, ya que, siendo un hecho que la evolución normativa con respecto a la no discriminación, tiene por objeto poner término a estos sucesos o actos discriminatorios, con motivo del nacimiento, estableciendo no solo la igualdad entre hijos, sino también las condiciones de filiación con respecto a sus padres. Es ilegal, toda vez que contraviene las disposiciones de nuestra Carta Fundamental, en lo que dice relación a los derechos conculcados señalados, dado que la coloca en una posición diferente con respecto al resto de las personas que obtienen su certificado de nacimiento de la base de datos de la recurrida. Cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Solicita se haga lugar al recurso con costas, ordenando a la recurrida, que se abstenga, y en consecuencia, elimine de su certificado de nacimiento la subinscripción relativa a su calidad de persona adoptada, teniendo presente que tal información vulnera sus derechos constitucionales señalados en el cuerpo de esta acción de protección, o en su caso, que esta Corte adopte las medidas pertinentes que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho, ordenando el cese inmediato del acto arbitrario e ilegal sus derechos fundamentales que la Constitución le garantiza.

Informó nombre reservado, Directora Regional, Dirección Regional del Bio Bio del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien señala que ese organismo en atención a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, le corresponde velar por la constitución legal de la familia y por ello su objeto principal es registrar los actos y hechos vitales que determinen el estado civil de las personas y la identificación de las mismas. Además, el artículo 4 de la mencionada ley señala las funciones “Inscribir en el registro correspondiente los nacimientos, matrimonios y defunciones; y dejar constancia en dichas inscripciones de los hechos y actos jurídicos que las modifiquen, complementen o cancelen”.

Indica que la Ley N°7613, actualmente derogada, consagraba un sistema de contrato de adopción que se celebraba entre el adoptante y adoptado y que por ser un contrato, no generaba estado civil. A su turno el artículo 5° establecía los requisitos de su perfeccionamiento y el artículo 7° disponía que la escritura a que se refiere el artículo 5° deberá inscribirse en el Registro Civil correspondiente al domicilio del adoptado y anotarse, también, al margen de la inscripción de nacimiento del adoptado, señalando además que la adopción no surtirá efectos entre las partes ni respecto de terceros sino desde la fecha en que se practique la inscripción ordenada por el presente artículo.

Hace presente que el artículo 14 de la Ley N° 7.613, en relación con las partidas del Registro Civil e Identificación y los apellidos del adoptado, señala que de conformidad al inciso segundo del precepto legal, plenamente vigente para los que tienen la calidad de adoptante y adoptado por dicho cuerpo legal, en los términos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 19.620, antes citada, el adoptado, personalmente o por medio de su representante, podía tomar el o los apellidos del o de los adoptantes, según el caso, manifestándolo así en la escritura pública de adopción. Agregaba la disposición que, por esta circunstancia, no se procedería a alterar la partida de nacimiento, procediéndose a registrar al margen de ella, la anotación correspondiente.

Sostiene que la adopción regulada por la Ley antes mencionada no constituía estado civil, de modo que el adoptado no podía, por el sólo hecho de haberse otorgado este tipo de adopción, tener como apellidos los de sus adoptantes, pero le asistía la facultad de usar los apellidos de éstos cuando se subinscribía al margen de la inscripción esta circunstancia, pero dejando subsistente los apellidos de su familia. Además hace presente que no obstante autorizarse por la Ley N°7613, el uso de una identidad distinta de la que consta en la respectiva inscripción de nacimiento, en cuanto a la facultad que le asiste al adoptado de usar los apellidos del adoptante, para que ello pudiera alterar el rubro “nombres del inscrito”, debía necesariamente configurarse los requisitos que señala la Ley N°17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos en los casos que indica.

Expone que revisada la base de datos computacional, se registra una persona con los nombres de nombre reservado, titular de la inscripción de nacimiento N°358, del año 1988, de la Circunscripción de Arauco. Consta, asimismo, al margen de la inscripción de nacimiento precedentemente individualizada, que su titular fue adoptada conforme a las normas de la Adopción Especial, regulada por la Ley N°7613, que establecía disposiciones sobre la adopción, actualmente derogada por la Ley N°19.620. La subinscripción de fecha 20 de diciembre de 1990, señala: “Adopción Uso Sin Nombres”, “Según la inscripción especial de adopción 436 de fecha 12-12-1990 de la Oficina de Penco don (A) nombre reservado a que se refiere esta inscripción, fue adoptado(a) por nombre reservado”. Conforme a la Solicitud de Anotación de Subinscripción de 20 de diciembre de 1990, requerida en la Oficina de Penco se señala: “Según inscripción especial de adopción N°436, de fecha 12 de diciembre de 1990, de la Oficina de Registro Civil de Penco, doña nombre reservado, a que se refiere la presente inscripción, fue adoptada por doña nombre reservado. Consta en la escritura pública de adopción que la adoptada conservará sus apellidos, es decir: nombre reservado”. Por lo tanto, y de conformidad a la normativa, ese Servicio procedió a dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 7° de la Ley N°7613, subinscribiendo al margen de la inscripción de nacimiento la anotación correspondiente y, por ende, no puede catalogarse dicha acción de arbitraria y/o ilegal.

Refiere que la única forma de eliminar la Subinscripción de Adopción Especial de la Ley N° 7613, anotada al margen de la inscripción de nacimiento N°358, del año 1988, de la Circunscripción de Arauco, es acreditando algunas de las causales mencionadas en el artículo 32 y que permiten poner término a la adopción en comento. Para ello la recurrente tendría que presentar en sus oficinas una Solicitud de Rectificación Administrativa, en la cual también podría indicar su voluntad de omitir en los certificados computacionales la referida subinscripción materia de estos autos.

Finaliza señalando que el Servicio de Registro Civil e Identificación actuó con estricto apego al principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y con respeto a las garantías establecidas en el artículo 19 N° 1, 2, y 4, de nuestra Carta Fundamental.

Solicita tener a bien rechazar el presente recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

2°.- Que el acto ilegal y arbitrario que se le atribuye al recurrido y cuya vulneración se reclama, tendría lugar cada vez que el Servicio de Registro Civil e Identificación emite su certificado de nacimiento, se registra con anotación al margen, informando haber sido adoptada el 12 de diciembre de 1990, por su madre nombre reservado. El 13 de septiembre de 2021, descargó de la página del Servicio de Registro Civil e Identificación su certificado de nacimiento a fin de realizar un trámite relacionado a su trabajo y en dicho documento se puede observar que solo aparecen sus antecedentes personales como RUT y fecha de nacimiento, pero además, al margen contiene una subinscripción en que se consigna: “Según la inscripción especial de adopción 436 de fecha 12-12-1990 de la oficina de Registro Civil de Penco, doña nombre reservado a que se refiere esta inscripción, fue adoptada(a) por nombre reservado. Fecha de Subinscripción 20 de diciembre de 1990". Señala, el recurrente, que dicha información puede ser extraída por cualquier persona que introduzca su número de cedula de identidad, es decir, accede a la circunstancia de que es una persona adoptada.

3°.- Que para una acertada decisión en la materia objeto de esta acción, se deja establecido que son hechos no discutidos y por lo demás acreditados los siguientes:

A)

Certificado de Nacimiento de nombre reservado, donde se puede observar que aparecen sus antecedentes personales y además, al margen contiene una subinscripción en que se consigna: “Según la inscripción especial de adopción 436 de fecha 12-12-1990 de la oficina de Registro Civil de Penco, doña nombre reservado a que se refiere esta inscripción, fue adoptada(a) por nombre reservado. Fecha de Subinscripción 20 de diciembre de 1990".

B)

Inscripción de nacimiento N°358, del año 1988, de la Circunscripción de Arauco, correspondiente a nombre reservado, sin que conste la identidad de los padres, consignándose “no compareciente”

C) Certificado de Nacimiento oficial uso exclusivo de Oficinas Públicas correspondiente a la inscripción de nacimiento N°358, del año 1988, de la Circunscripción de Arauco., que contiene el nombre de la inscrita, antes referida, RUN, fecha de nacimiento, sexo femenino y, la siguiente constancia, “SEGÚN LA INSCRIPCIÓN ESPECIAL DE ADOPCIÓN 436 DE FECHA 12-12-1990 DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE PENCO DON (A) nombre reservado A QUE SE REFIERE ESTA INSCRIPCIÓN, FUE ADOPTADO (A) POR nombre reservado. FECHA SUBINSCRIPCIÓN: 20 Diciembre 1990”

D)

Solicitud de Anotación de Subinscripción de 20 de diciembre de 1990, requerida en la Oficina de Penco, de nombre reservado, donde se consigna: “SEGÚN INSCRIPCIÓN ESPECIAL DE ADOPCIÓN N°436, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 1990 DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE PENCO, DOÑA nombre reservado, A LA QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN, FUE ADOPTADA POR DOÑA nombre reservado. CONSTA EN LA ESCRITURA DE ADOPCIÓN QUE LA ADOPTADA CONSERVARÁ SUS APELLIDOS, nombre reservado.”

4°.- Que la adopción a la que optó la recurrente estaba establecida en la Ley 7613, (actualmente derogada por la Ley N°19.620 de fecha 27 de octubre de 1999), la que en su artículo 1°, establecía a la adopción como un acto jurídico destinado a crear entre adoptante y adoptado los derechos y obligaciones que establecía la ley, agregaba que la adopción no constituye estado civil.

5°.- Que en lo que interesa para los efectos del recurso, el artículo 5° establecía en cuanto a los requisitos de su perfeccionamiento que: “La adopción deberá ser otorgada por escritura pública en la cual conste el consentimiento del adoptante y la aceptación del adoptado.

La adopción será siempre autorizada por la justicia ordinaria con conocimiento de causa y previa audiencia de los parientes a que se refiere el inciso primero del artículo 12, si los hay. La resolución que la autorice se insertará en la escritura pública a que se refiere el inciso primero”.

Luego el artículo 7° señalaba que: “La escritura a que se refiere el artículo 5° deberá inscribirse en el Registro Civil correspondiente al domicilio del adoptado y anotarse, también, al margen de la inscripción de nacimiento del adoptado.”

6°.- Que de acuerdo a esta normativa el recurrido Registro Civil considera que dio cumplimiento a lo prevenido en el artículo 7° de la Ley citada, subinscribiendo al margen de la inscripción de nacimiento N°358, del año 1988, de la Circunscripción de Arauco, la anotación correspondiente y, por ende, estima que no puede catalogarse dicha acción de arbitraria y/o ilegal.

7°.- Que no obstante se debe analizar la evolución legislativa de la adopción para establecer si nos encontramos frente a un acto discriminatorio de los denunciados en el recurso. Es así que con la dictación de la ley N°16.346, la cual sin suprimir la adopción de la ley 7613, reguló lo que se denominó la “Legitimación Adoptiva”, la que en su artículo 1° tenía “por objeto conceder el estado civil de hijo legítimo de los ligitimantes adoptivos con sus mismo derechos y obligaciones en los casos y con los requisitos que se establecen en la Ley…”

8°.- Que esta ley en su artículo 8°, establecía que “La sentencia que conceda la legitimación adoptiva ordenará que el legitimado adoptivamente se inscriba en el Registro de Nacimientos de la Oficina del Registro Civil que corresponda al domicilio de los legitimantes adoptivos como hijos de éstos, sin dejar constancia de la resolución en cuya virtud la práctica, determinará las indicaciones que deberán contener la inscripción en conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley N°4808, sobre Registro Civil, al tenor de los antecedentes que el juez hubiere reunido en la tramitación y ordenará la cancelación de la inscripción del nacimiento del legitimado adoptivamente y la destrucción de la ficha individual del menor y de todo otro antecedente que permita su identificación.” A su vez el artículo 11 disponía, “Todas las tramitaciones, tanto judiciales como administrativas, a que dé lugar esta ley, serán absolutamente secretas y los empleados públicos que violaren este secreto serán sancionados con la pena establecida en el artículo 244 del Código Penal.”

9°.- Que ya a partir de esta ley se observaba una clara diferencia con la ley anterior, en lo que concierne a esta acción de protección, esto es, la finalidad de la reserva y secreto tanto en el procedimiento judicial, como administrativo, con el objeto de que no se permitiera dar a conocer la calidad de adoptado.

10°.- Que en forma semejante y en igual sentido de mantener en reserva la adopción se continuó con la ley N°18703, la que admitía un modelo dual, la adopción simple y adopción plena, dictando nuevas normas sobre adopción de menores derogando la ley 16.346 sobre Legitimación adoptiva, y en lo pertinente se reiteró la reserva; al respecto el artículo 33 disponía: “Ejecutoriada la sentencia que acoge la adopción plena, se remitirán los autos al oficial del Registro Civil que corresponda para que se practique la nueva inscripción de nacimiento. Además, se oficiará a la Dirección General del Registro Civil, para que cancele la antigua inscripción de nacimiento del adoptado. Para estos efectos, la referida Dirección recibirá los autos del oficial del Registro Civil que haya practicado la inscripción de la adopción. Cumplida dicha diligencia, la Dirección los enviará al Jefe del Archivo General del Registro Civil, quien mantendrá los autos bajo su custodia en sección separada, de la cual sólo podrán salir por resolución judicial. Sólo podrán otorgarse copias autorizadas de la sentencia de adopción por resolución judicial, a pedido del adoptado o de sus descendientes legítimos o de los adoptantes.

Su artículo 35 prescribía, “Todas las tramitaciones, tanto judiciales como administrativas y la guarda de documentos a que dé lugar la adopción, serán reservadas; salvo que los solicitantes, en su demanda de adopción, hayan manifestado lo contrario. En este caso, en la sentencia se dejará constancia de ello y no será aplicable lo dicho en la parte primera de este inciso. Cuando el procedimiento de adopción se haya tramitado en forma reservada, los funcionarios públicos que violaren esta reserva, serán sancionados con la pena señalada en el artículo 47.”

11°.- Que, en esta misma línea argumentativa, se observa en la actualidad con la dictación ley N°19620, sobre la misma materia, basada, esencialmente, en la Convención de Derechos del Niño, en que la adopción se justifica, no en interés de los adoptantes, sino por sobre todo, en el interés y la necesidad de protección y asistencia del niño, y, en lo que nos concierne, todos los documentos y tramitación de la adopción se mantienen en reserva, salvo que los adoptantes renuncien a ella o cuando se emitan certificados durante la tramitación del proceso para impetrar derechos o realizar actuaciones en beneficio del menor, todo ello de conformidad con el artículo 28 de la ley. En este mismo orden de ideas el artículo 27 dispone “La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación recibirá los antecedentes del oficial del Registro Civil que haya practicado la inscripción de la adopción. Cumplida dicha diligencia, la Dirección los enviará al Jefe del Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien los mantendrá bajo su custodia en sección separada, de la cual sólo podrán salir por resolución judicial. Podrán únicamente otorgarse copias de la sentencia o de los antecedentes de adopción por resolución judicial, a pedido del adoptado, de los adoptantes o de los ascendientes y descendientes de éstos.”

“Para este efecto, cualquier interesado mayor de edad y plenamente capaz que tenga antecedentes que le permitan presumir que fue adoptado podrá solicitar personalmente al Servicio de Registro Civil e Identificación que le informe si su filiación tiene ese origen.

12°.- Que, siguiendo este mismo hilo conductor, el artículo 20 de la Ley N°4808 sobre Registro Civil, después de señalar en su inciso primero que las copias expedidas por los Oficiales del Registro Civil deberán contener todas las inscripciones y subinscripciones que correspondan a la persona a que este documento se refiera, mantiene una excepción que es precisamente la materia tratada, al disponer en su inciso final, “No obstante todo lo anterior, en los certificados expedidos por los Oficiales del Registro Civil relativos a partidas de nacimiento de hijos legitimados o reconocidos como naturales, no se dejará constancia de las subinscripciones referidas, salvo petición expresa de que se consignen dicha o dichas subinscripciones.

13°.- Que del contexto de las normas contenidas en las leyes antes citadas con posterioridad a la ley 7613, es constante la reserva de la adopción, incluso su infracción constituye delito sancionado penalmente.

14°.- Que de la correcta inteligencia y aplicación de las normas antes citadas, se deriva como consecuencia razonablemente lógica que en el certificado de nacimiento no se debe dejar constancia alguna sobre la adopción. En efecto, si en las leyes posteriores a la N°7613, existía una reserva de prohibición, ello es demostrativo que en el certificado de nacimiento no se consignen tales hechos, resultando discriminatorio que actualmente se estampe en el certificado que se le otorga al recurrente, la subinscripción contenida en la ley N°7613, sin que se pueda desconocer que al tomar conocimiento otras personas de la condición de adoptada le otorguen un sentido peyorativo de deshonra y estigma social por no tener la calidad de hijo matrimonial lo que en algunos casos repercute en ciertos sectores de la sociedad, perjudicando moralmente a la recurrente, tornándose eventualmente en un problema de identidad y de abandono, que lógicamente afecta y conculca sus garantías constitucionales, como se dirá a continuación.

15°.- Que estos cambios legislativos en esta materia tienen como finalidad igualar, de acuerdo a una interpretación evolutiva y extensiva de la misma, los derechos de los hijos, acorde con el progreso que ha tenido la adopción como se constata de la legislación en general y en particular lo relativo a esta acción constitucional.

16°.- Que lo anterior se encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de la República que dispone que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, por lo que cuando se consignan en el certificado de nacimiento la adopción en los términos antes señalado, como se dijo, es un trato discriminatorio que no se les aplica a los demás casos, lo que fluye además de obligaciones contraídas por Chile al ratificar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San nombre reservado Rica, la que señala expresamente en el artículo1.1., que los Estados partes están obligados a respetar los derechos a todas las personas bajo su jurisdicción “sin discriminación alguna por motivos…nacimiento o cualquier otra condición social”. Prohibición que también se encuentra en el artículo 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En su artículo 17 N°5 la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo, principio que se encuentra igualmente contenido en la Convención sobre los Derechos del niño. Por consiguiente, es deber de los órganos del estado respetar y promover tales derechos garantizado por la Constitución y por las normas internacionales que comprometen a Chile, tal como lo ordena la Constitución”.

17°.- Que este acto discriminatorio contenido en el certificado de nacimiento aparecen los antecedentes personales de la recurrente, del RUT y fecha de nacimiento, y al margen contiene una subinscripción en que señala: "Según la inscripción especial de adopción 436 de fecha 12-12-1990 de la oficina de registro civil de Penco, doña nombre reservado a que se refiere esta inscripción, fue adoptada(a) por nombre reservado. Fecha de Subinscripción 20 de diciembre de 1990”.

18°.- Que dicha información puede ser extraída por cualquier persona que introduzca el número de la Cedula de Identidad, la que fácilmente puede obtenerse de varias páginas de internet y tener acceso a esta información, y a la circunstancia de conocer que es una persona "adoptada”, información personal e íntima que constituye trato discriminatorio, arbitrario e ilegal que atenta los derechos fundamentales del titular de dicha información, puesto que el haber sido adoptada, no se vincula con los elementos esenciales que debe contener el documento como lo son nacimiento o el número de cédula de identidad, lo contrario equivaldría que todos los certificados deberían señalar si se es adoptado o no en cualquiera de sus calidades, o ser hijo de filiación matrimonial o no, por lo que el actuar del Servicio de Registro Civil Identificación es ilegal y arbitrario.

19° Que el acto así establecido es una amenaza y vulnera derechos fundamentales, afectando las Garantías Constitucionales consagradas en el artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, particularmente las siguientes:

N.° 1 "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica", en atención a que con el acto recurrido se coloca en riesgo la integridad psicológica de la recurrente.

N.° 2 "Igualdad ante la Ley". “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias’’ en este caso se evidencia un trato discriminatorio y no de igualdad al resto de las personas y, por ende, un trato injustificado y arbitrario, lo cual vulnera además la garantía del N.° 4 "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia", “y así mismo, la protección de sus datos personales", que no dicen relación con el nacimiento e identidad, sino más bien, con la condición de haber sido adoptada, por lo tanto, se está entregando una información de carácter personal que afecta a la intimidad.

Por estas consideraciones disposiciones legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, representada por el Abogado don Rodrigo Ignacio Limpert Navarrete, en contra del Servicio de Registro Civil oficina de Concepción, en la parte que se consigna en su certificado de nacimiento correspondiente a la inscripción de nacimiento N°358, del año 1988, de la Circunscripción de Arauco, la inscripción especial N° 436 de fecha 12-12-1990 de la oficina del Registro Civil de Penco, motivo de esta acción, debiendo en lo sucesivo la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación del Bio Bio, instruir que cada vez que se solicite un certificado de nacimiento de la recurrente, por ésta o por terceros se deberá omitir dicha inscripción especial, tomando para ello las medidas administrativas pertinentes para el debido y fiel cumplimiento de esta sentencia.

Se previene que el ministro Sr. Gutiérrez concurre al acogimiento del recurso teniendo presente que la conducta del recurrido únicamente es arbitraria en el sentido de la sin razón y que, además, solamente vulnera la garantía constitucional consagrada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. Asimismo, estima que la instrucción dada al recurrido en lo resolutivo sólo debe decir relación con la presente acción constitucional.

Se deja constancia que se utilizó el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Jaime Simón Solís Pino.

N°Protección-11008-2021.