nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN Y OTRA

Concepción, miércoles doce de julio de dos mil veintitrés.

VISTO:

Compareció Eduardo Iturra Pezo, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, profesora, de su mismo domicilio, deduciendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Los Héroes, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y de la I. Municipalidad de Hualpén, representada por su Alcalde, Miguel Ángel Rivera Morales, ambos con domicilio en domicilio reservado; a fin de que esta Corte adopte las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio del derecho constitucional establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a esa parte, a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de las recurridas.

Señala que con fecha 22 de agosto de 2008, su representada adquirió un crédito con la recurrida Caja de Compensación de Asignación Los Héroes, Nº de Operación 100041276, por un monto de crédito de $ 14.369.451 y por un monto de deuda de $13.741.242, suscribiéndose un pagaré con la misma fecha. El monto singularizado se pagaría en 84 cuotas mensuales y todas vencerían sucesivamente. Que con fecha 06 de junio de 2010, se efectuó una reprogramación por un monto de $14.594.592, que se pagaría en 65 cuotas mensuales y sucesivas, por un valor cuota de $353.957.- Que la recurrente pagó dicha acreencia sólo parcialmente, quedando en su momento la cantidad de 58 cuotas morosas; que a consecuencia de lo señalado, el 10 de octubre de 2013, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra de doña nombre reservado, incoada ante el 28º Juzgado Civil de Santiago, caratulada “nombre reservado / nombre reservado”, ingresada bajo el Rol C-15.038-2013; que en esta causa, la única resolución dictada con el objeto de dar curso a los autos es la resolución que provee la demanda ejecutiva y el respectivo mandamiento de ejecución y embargo, de 23 de octubre de 2010, en el que se ordena la ejecución por la suma demandada de $10.946.873, más reajustes, intereses y costas.

Indica que con el objeto de diligenciar la notificación de la demanda se exhortó al Juzgado Civil de Concepción, exhorto que no fue diligenciado por la CCAF Los Héroes, sin que hasta la fecha, es decir, 10 años después, se haya notificado la demanda ejecutiva, de modo que, la ejecutada habiendo elegido la vía judicial para exigir el cobro de la deuda, debió únicamente circunscribirse a esta premisa y continuar con la prosecución del juicio.

Sostiene que la CCAF Los Héroes y la I. Municipalidad de Hualpén, jamás efectuaron el cobro o pago por medio de descuento de las remuneraciones, ésto hasta casi después de 13 años de la fecha de la obligación y luego de 10 años desde la fecha del ingreso de la demanda ejecutiva destinada a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, es decir, encontrándose ya transcurridos todos los plazos de prescripción, tanto de la acción ejecutiva como ordinaria. Inclusive, desde la fecha en que se contrajo la obligación y hasta hoy, nombre reservado ha trabajado para la I. Municipalidad de Hualpén, desempeñando actualmente funciones en el DAEM de esa corporación municipal. Que no obstante lo anterior, a partir de abril de 2023, mediante descuento directo de las remuneraciones de su representada, efectuado por parte de la I. Municipalidad de Hualpén, se procedió a efectuar unilateralmente un cobro totalmente arbitrario de una obligación ya extinta, saltándose los procedimientos judiciales, el estado de derecho y pasando por alto el procedimiento ejecutivo iniciado en su oportunidad, dejando a la afectada en la más absoluta imposibilidad de defenderse, oponer excepciones, alegar la prescripción, etcétera.

Alega que la CCAF Los Héroes, por medio de la empleadora de la recurrente, la I. Municipalidad de Hualpén, ha procedido a ejecutar dicha obligación en su contra, de forma arbitraria e ilegal, desconociendo bajo que antecedente ésta última recurrida procedió a efectuar los descuentos a partir de esa fecha; que, con sorpresa, su representada pudo advertir de su liquidación del mes de abril de este año, que en el ítem descuentos se incluía uno que jamás antes se había efectuado, desconociendo a esa fecha a que podía consistir. El descuento se denomina “Prest. Los Héroes”, por $353.957; que frente a tal situación, la actora consultó primero a su empleador DAEM, no obteniendo ninguna información; que luego concurrió a la oficina de la CCAF Los Héroes de Concepción, en donde no tenían mayores antecedentes, pero ante su exigencia, recién con fecha 25 de mayo pasado se le informó que el motivo del descuento era la deuda referida precedentemente.

Agrega que los descuentos realizados por la empleadora a solicitud de la Caja de Compensación Los Héroes en el mes de abril de 2023 y luego en la liquidación del mes de mayo, significan un gran perjuicio para la afectada y para su familia, ya que se mermó un monto importante de sus remuneraciones, de forma totalmente inesperada, arbitraria e ilegal. Es así como la situación relatada, no solo ha afectado a nombre reservado en su calidad de trabajadora, sino que, además, afecta de manera directa la estabilidad financiera de su familia, quienes dependen de sus remuneraciones.

Plantea que lo que acontece en el caso de autos, es que la Caja respectiva optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos de dicho crédito con el empleador de la recurrente, lo que conduce a calificar de arbitraria dicha actuación, al revivir un cobro basado en un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en este caso, de modo que tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que ha ejercido ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, acción de cobro ejecutiva.

Considera que el actuar de la recurrida no solo constituye una especie de autotutela, sino que además constituye un acto del todo arbitrario, obteniendo de esta manera el pago de la deuda de forma irregular, sin que para ello medie fundamento y sustento legal, vulnerando el derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, sobre las remuneraciones de la afectada, y también se vulnera por las recurridas la garantía del debido proceso, establecida en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

Argumenta que en armonía con la Constitución Política, el Código del Trabajo en su artículo 58, refiere los descuentos que se pueden realizar sobre las remuneraciones de los trabajadores, en su inciso tercero, señalando que: “Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador.”. Además, dictámenes de la Dirección del Trabajo han señalado que la remuneración es un componente o cláusula del contrato de trabajo y, por lo tanto, la alteración o disminución del mismo importa un acuerdo entre las partes, por lo que un descuento por planilla sin la debida autorización de la recurrente, constituiría un incumplimiento contractual de parte del empleador que vulnera el principio de la proporcionalidad en materia laboral y un actuar ilegal e incluso arbitrario. En igual sentido, la Dirección del Trabajo en dictamen ORD. Nº2210/35, del 10 de junio de 2009, a raíz del cual resulta que el empleador para poder limitar el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador o trabajadora, tendrá que cumplir con el "principio de la adecuación" y con el "principio de necesidad".

Cita jurisprudencia en apoyo a su posición y alega que los derechos emanados de los contratos o convenciones válidamente suscritos, como lo es un contrato de trabajo, en consecuencia, se encuentran amparados por la acción de protección, pues están incorporados en el patrimonio de sus titulares y, por ende, constituyen cosas incorporales patrimonializadas, lo que permite exigir el cumplimiento de las cláusulas, reglamentos o términos y condiciones por la vía de la protección, cuando éstas son flagrantemente violadas, como ha ocurrido en la especie, donde se ha privado ilegítimamente y arbitrariamente del derecho de propiedad del cual es titular la afectada, sobre sus remuneraciones.

Solicita se sirva tener por interpuesta la presente acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Los Héroes y de la Municipalidad de Hualpén, para que se acoja y se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho, ordenando a las recurridas que se dejen sin efecto los descuentos sobre las remuneraciones de su representada, acto realizado por la empleadora la I. Municipalidad de Hualpén (DAEM) a requerimiento de la Caja de Compensación de Asignación Los Héroes, sin perjuicio de otras medidas que se estime del caso adoptar, además de que se restituyan los montos descontados, desde la última liquidación de sueldo del mes de abril de 2023, por concepto de descuentos a su remuneración, los cuales ascienden a una suma mensual a la fecha de $353.957, con costas.

Informó Priscila del Pilar Riffo García, abogada, en representación de la I. Municipalidad de Hualpén, quien expresa que el recurso tiene su origen en los descuentos realizados por la Dirección de Administración de Educación de la Municipalidad de Hualpén, en las remuneraciones del mes de abril y mayo de 2023, de la funcionaria nombre reservado, descuentos que se detallan en las liquidaciones de los meses indicados como “056 Presta. Los Héroes” y cuya causa es la deuda que la funcionaria mantiene con la Caja de Compensación de Asignación Los Héroes.

Explica que la recurrente es docente desde el año 1996 a la fecha, en la comuna de Hualpén, desempeñando actualmente sus funciones en el establecimiento educacional “Liceo Pedro del Río Zañartu”, administrado por esa casa edilicia y que con fecha 6 de abril de 2023, se recibió por su representada correo electrónico de la CCAF Los Héroes, en el cual se adjuntó planilla con nómina de descuentos que debían efectuarse a los trabajadores, por pago de cuotas concerniente al crédito social otorgado a éstos, por parte de la caja de compensación recurrida. En dicha nómina se individualiza a la reclamante y el monto correspondiente al descuento.

Sostiene que es en virtud de esta planilla que en el mes de abril de 2023, se procedió a realizar descuento por el monto de $353.957, en las remuneraciones de la reclamante, por parte esa entidad edilicia, tal como da cuenta liquidación de sueldo en el ítem “056 Prest. Los Héroes”, que la actora acompaña a su acción; que igual situación ocurrió en el mes de mayo de 2023, en que se adjuntó nuevamente planilla por parte de la CCAF, descontando en la liquidación de sueldo del mes señalado en el ítem “056 Prest. Los Héroes”, un monto de $353.957.

Señala que en un primer momento la reclamante desconoció la deuda, por lo cual se consultó mediante correo electrónico a la CCAF “Los Héroes”, quienes señalaron: “Se revisa sistema y efectivamente hay un crédito pendiente de pago de la Sra. nombre reservado que data del año 2015, crédito cursado a 41 cuotas, sólo se cancelaron 4 cuotas, las restantes están en mora y se ha reactivado el descuento por planilla” y se acompaña “Listado Plan de Pagos” de la reclamante. Posteriormente se alega por la reclamante la prescripción de la deuda oponiéndola ante esa entidad edilicia.

Estima que de acuerdo a lo expuesto por la misma reclamante en su acción, en cuanto a que “el 22 de agosto de 2008, adquirí un crédito con la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Los Héroes, N° de Operación Original 100041276, por un monto de crédito por $14.369.451 y por un monto de deuda $13.741.242, suscribiendo al efecto, pagaré suscrito con la misma fecha”, quien también agrega que el “06 de junio de 2010, se efectúo una reprogramación por un monto reprogramado de $14.594.592, que se pagaría en 65 cuotas mensuales y sucesivas, por un valor cuota de $353.957”, es que se habría reconocido de esta manera la deuda contraída por la recurrente con la Caja de Compensación indicada y cuya modalidad de pago seria en cuotas mensuales (84), todas las cuales vencerían sucesivamente.

Expresa que en virtud de la interposición de la acción de protección se concedió la orden de no innovar en los términos solicitados, mediante resolución de 05 de junio de 2023, motivo por el cual se suspendieron los cobros hasta la resolución de dicha acción.

Argumenta que en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 18.833, que establece un nuevo Estatuto General para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y en el Dictamen N° 029526, de 09 de mayo de 2012, de la Superintendencia de Seguridad Social, Organismo Fiscalizador de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en relación al artículo 58, inciso primero del Código del Trabajo, se puede colegir que el empleador se encuentra obligado a deducir de las remuneraciones de los trabajadores afiliados a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, las cantidades que estos hayan percibido por concepto de crédito social, con el fin de remitirlas a la Caja respectiva, deducciones que deberán regirse por las normas aplicables a los descuentos de las cotizaciones previsionales.

Destaca que los descuentos a los cual alude la recurrente no son arbitrarios ni ilegales, pues es sabido por quienes solicitan créditos sociales a las Cajas de Compensación, que éstas están facultadas para solicitar el descuento de lo adeudado por prestaciones de crédito social a la entidad empleadora del trabajador afiliado a la Caja, conforme lo señala la Ley N° 18.833.- Alega que el recurso de protección está destinado a proteger garantías cuya existencia se encuentre indubitada y en el caso de autos esto no ocurre, por cuanto los derechos alegados y que son objeto del recurso no cumplen con el requisito de ser indubitados, sino que se encuentran discutidos, por lo cual se requiere una sede judicial que declare o no la prescripción que invoca la recurrente, materia de lato conocimiento y que requiere una etapa probatoria.

Afirma que la actuación de la Municipalidad de Hualpén, en orden de realizar descuentos a las remuneraciones por concepto de cobro de la CCAF del préstamo adquiridos por la reclamante en los meses de abril y mayo de la presente anualidad, obedecen a un razonamiento concordante con un imperativo legal establecido en el artículo 58 del Código del Trabajo y a los artículos 1° y 22 de la Ley N° 18.833, cumpliendo lo ordenado por dichas normas y no por un mero capricho o arbitrariedad de esa entidad, por lo cual no se afecta ninguna de las garantías constitucionales invocadas por la reclamante.

Solicita el rechazo del recurso, por cuanto en caso alguno los actos de su representada han significado o importan una actuación arbitraria o ilegal, ni una amenaza o vulneración seria y grave a los derechos constitucionales invocados por la recurrente; con costas.

Informó en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, la abogada Rosario Infante Medina, solicitando el rechazo del recurso, con costas, sosteniendo que la recurrente reconoce haber contratado un crédito con su representada el 22 de agosto de 2008, por un capital de $14.236.956, pagadero en 84 cuotas de $358.552 cada una, salvo la última que sería de $358.517, y que efectuó una reprogramación de su crédito, el 6 de mayo del año 2010, acordando el pago del monto adeudado en 65 cuotas de $353.957, cada una, salvo la última cuota que sería de $353.847. Y, respecto de esta deuda la misma recurrente afirma haber pagado únicamente 7 cuotas, quedando 58 cuotas morosas.

Señala que con motivo de la obligación contraída por la actora con la Caja de Compensación Los Héroes, su representada ejerció acciones de cobranza en causa Rol C-15038-2013, del 28° Juzgado Civil de Santiago, la que a la fecha no ha sido notificada a la parte demandada o ejecutada, por lo que no se ha trabado la litis, al no existir un emplazamiento del demandado, vale decir, no existe juicio vigente.

Indica respecto del referido crédito N°100041276, y en atención a sus facultades legales, que su representada reinició los descuentos de las cuotas de las liquidaciones de sueldo de la recurrente, en el mes de abril de 2023, mediante instrucción otorgada a su empleadora, cuota que fue pagada a su mandante con fecha 25 de mayo de 2023, y hace presente que a la fecha de la presentación de su informe, no se ha declarado la prescripción ni de la acción cambiaria emanada del pagaré N°100041276, ni de la acción ordinaria emanada del contrato de mutuo.

Explica qué son las Cajas de Compensación y la naturaleza jurídica de las prestaciones que otorgan, según lo previsto en las Leyes N° 18.833 y N° 17.322, y alega que para que sea procedente y luego prospere como acción cautelar, el recurso de protección requiere del cumplimiento estricto y copulativo de las exigencias establecidas en el artículo 20 de la Constitución y en el Auto Acordado sobre la materia.

Arguye que cuando en el año 2010, la recurrente reprogramó su deuda, lo hizo comprometiéndose que la pagaría en 65 cuotas mensuales, las que han sido descontadas de su remuneración, según fuera acordado al momento de contratar el crédito, por lo que no se ve cual sería el derecho de propiedad vulnerado, si el de la señora nombre reservado o el del Fondo Social, que si bien administran las Cajas de Compensación pertenece a todos los trabajadores/as afiliados a una Caja de Compensación, y que al igual que la señora nombre reservado acuden para atender sus necesidades diversas de financiamiento, por lo que un deber ineludible de estas entidades es obtener el pago de los créditos para no perjudicar al Fondo Social que beneficia a otros trabajadores, igual que benefició a la recurrente. En consecuencia, difícilmente puede considerarse que las acciones de cobro que ejerció CCAF Los Héroes constituyen un acto u omisión arbitrario o ilegal.

Alega en cuanto al derecho de propiedad que la recurrente estima vulnerado, que respecto del crédito N° 100041276, no existe juicio de cobranza vigente en su contra, y conforme lo permite el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil y la Ley 17.322, se solicitó reiniciar los descuentos de las cuotas de los créditos sociales, mediante el envío de nómina a su empleador. Por tanto, no existe un actuar caprichoso o injustificado de parte de la Caja de Compensación al cobrar la deuda pasado un tiempo después de haber recibido el último pago de cuota, pues se reinició el cobro extrajudicial, tal cual lo permite el señalado artículo 156.- Niega haber infringido con el actuar de su mandante la garantía del debido proceso, ya que su representada únicamente ha cumplido con su deber de resguardar el Fondo Social que administra, mediante el descuento de las cuotas adeudadas y según el procedimiento previamente aceptado por la recurrente; y que la recurrente no puede desconocer su propia autorización a los referidos descuentos desde su remuneración, pues al momento de suscribir el contrato de mutuo se autorizó expresamente a su representada a hacerse del pago de las cuotas mediante dichos descuentos.

A mayor abundamiento, menciona que la señora nombre reservado cuando solicitó su préstamo se “enriqueció”, al obtener un beneficio de aquello, ya que, se le entregó una suma de dinero que destinó a cubrir alguna necesidad que tenía en ese momento, y que de no haber obtenido no la podría haber satisfecho y quizás hasta habría sufrido un perjuicio o un daño por la falta de ese dinero.

Agrega que junto con ello y dada la naturaleza propia del contrato de crédito, se comprometió a devolverlo a 84 meses plazo, aceptando pagar el precio por esa facilidad (los intereses), y respecto de todo ello manifestó su voluntad libre y espontáneamente suscribiendo al efecto el contrato y su pagaré, por lo cual sinceramente no se comprende cómo podría la señora nombre reservado haber sufrido una privación, perturbación o amenaza en su garantía del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, cuando ella misma aceptó que se le descontaran mensualmente las cuotas de un préstamo. Ella misma aceptó que mes a mes y durante 84 meses una parte de sus remuneraciones se destinara a pagar el crédito.

Afirma que Caja de Compensación Los Héroes sólo ha ocupado los medios de cobro que establece la Ley 17.322, en su artículo 2°, criterio que ha sido ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social, la Contraloría General de La República y la Dirección del Trabajo. (Dictámenes N° 2907/036, del año 2014 y N°4527/93, del 2011 de la Dirección del Trabajo. Dictámenes, Nº 3646-2017 y N° 14.951 -2019, de la Contraloría General de la República). Asimismo, manifiesta que su representada ha actuado en conformidad con la normativa establecida para las instituciones de previsión social, que es, realizar las gestiones de cobranza que permite la Ley 17.322 y la Ley N° 18.833, tendientes a recuperar los dineros que se deben al Fondo Social que administra.

Suma a lo anterior, que la Superintendencia de Seguridad Social, en su Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (que reemplazó a la antigua Circular 3567), establece que las Cajas de Compensación no pueden permanecer en inactividad respecto de la mora y deben ocupar todos los medios de cobro que le permite la legislación para recuperarlo.

Agrega que en el juicio ejecutivo no se notificó la demanda y menos se dictó sentencia, por lo cual no se ha declarado ni la prescripción de la acción ordinaria derivada del mutuo, ni la prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré. Por ende, y tal como lo ha reconocido su entidad fiscalizadora, la Superintendencia de Seguridad Social, hasta el momento y mientras no se declare la prescripción de ambas acciones, se puede perseguir legalmente el recupero de sus acreencias, atendido lo dispuesto por la señalada Superintendencia en el Dictamen 144477-2022, de 25 de octubre de 2022.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, ahora bien, el acto ilegal y arbitrario que acusa la recurrente, se trasunta, en síntesis, en el descuento que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.) Los Héroes, a través de su empleadora –la I. Municipalidad recurrida-, ha procedido a efectuar de sus remuneraciones de abril y mayo de 2023, asilada en un crédito que le otorgó en el año 2008 y que fue reprogramado en junio de 2010, y del cual adeuda 58 cuotas, deuda a cuyo respecto la referida C.C.A.F., en octubre del año 2013, interpuso en su contra una demanda ejecutiva ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, ingresada bajo el rol C-15.038-2013, siendo proveída la demanda (dándosele curso y despachándose el correspondiente mandamiento de ejecución y embargo por la suma demandada de $10.946.873, más intereses, reajustes y costas) con fecha 23 de octubre de 2013, ordenándose un exhorto ante el juzgado civil de Concepción para los efectos de la respectiva notificación (a la ejecutada), pero dicho exhorto no fue diligenciado por la ejecutante y la demanda aún no ha sido notificada.

A su turno, la Caja de Compensación recurrida adujo, en resumen, que no ha incurrido en ningún acto ilegal y/o arbitrario, dado que sólo ha ajustado su actuar a la normativa que indica (referida en la sección expositiva precedente), y respecto de lo adeudado por la actora no ha se ha alegado ni declarado la prescripción extintiva, y, en cuanto a la demanda mencionada, ella no ha sido notificada, razón por la cual no se trabado legalmente la litis.

Y, por su parte, el municipio recurrido alega que solamente se limitó a cumplir con los preceptos normativos que indica (también más arriba anotados), ya que, en su calidad de empleadora de la recurrente, está legalmente obligada a efectuar los descuentos impetrados por la citada Caja respecto de crédito social que le fuera otorgado aquélla.

CUARTO: Que, al respecto, es del caso señalar que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, dispone que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

De esta manera que, la Caja acreedora está legalmente facultada para pagarse del crédito moroso, a través de descuentos desde la planilla de remuneraciones del afiliado.

QUINTO: Que, sin embargo, en este específico caso, la Caja acreedora -Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes-, optó por judicializar el cobro de la obligación, interponiendo demanda ejecutiva ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, ingresada bajo el rol C-15.038-2013, no constando que desde la época en que fue presentada y debidamente proveída (en el mes de octubre de 2013) haya sido notificada ni requerida de pago la ejecutada (la recurrente nombre reservado), pero tampoco que dicha demanda haya sido retirada (artículo 148, primera parte, del Código de Procedimiento Civil) o que hubiere mediado alguna actuación procesal y/o resolución de la que pudiere colegirse que esa actuación de parte tomara un derrotero distinto al hecho de mantenerse vigente y pendiente de trámite y gestión, ante el órgano jurisdiccional en que se interpuso en el referido mes octubre de 2013.- De este modo, al haber optado por ejercer sus derechos por la vía jurisdiccional, resulta arbitraria la medida de efectuar, además, los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma citada, y en fecha posterior a la presentación de la demanda ejecutiva, haciendo de esta manera, y en concepto de esta Corte, un uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a las Cajas de Compensación.

SEXTO: Que, así las cosas, una vez elegida la vía judicial, la C.C.A.F. recurrida queda privada de ejercer el derecho consagrado en el citado artículo 22 de la Ley N° 18.833, vulnerando con su conducta el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al haber ejercido dos vías independientes de cobro de su acreencia, y en ésto no tiene mayor importancia lo aducido por dicha recurrida en cuanto a que en la causa anotada no se encontraría trabada la litis -debido a la ausencia de notificación de la demanda ejecutiva-, comoquiera que, lo que interesa y es de relevancia para los efectos del recurso de que se trata, es la clara manifestación de voluntad de la Caja acreedora de acudir en su día y en su hora a vías jurisdiccionales para obtener la satisfacción de su acreencia, no pudiendo razonablemente redundar los efectos de su propia inactividad procesal en la particular situación de la recurrente.

Huelga señalar aquí, que en nada contradice a lo que se viene exponiendo, la norma contenida en el artículo 156 de la mencionada codificación y de la cual ha hecho caudal la Caja recurrida, dado que en el procedimiento civil ejecutivo singularizado más arriba, no consta que se haya solicitado ni declarado el abandono del procedimiento.

SÉPTIMO: Que, entonces, no cabe sino acoger la acción de protección intentada y en los términos que se dirá, máxime cuando la Caja recurrida impetró, además, a la empleadora de la actora, es decir, a la I. Municipalidad de Hualpén, el cobro, mediante descuento de las remuneraciones de nombre reservado, de la suma mensual ascendente a $353.957, durante los meses de abril y mayo del año en curso, por concepto del crédito social en comento.

Y ello también se hará extensiva al referido municipio, en la medida que directamente este órgano, en su calidad de empleador, fue quien precisamente procedió al descuento recién anotado en un caso que resultaba improcedente.

La protección impetrada, como se dijo, habrá de ser acogida de la forma en que se pasará a expresar, accediéndose a la restitución dineraria solicitada por cobros indebidos a la actora, y que en la especie corresponden a las sumas y por los períodos señalados, lo que arroja un total de $707.914, suma cuyo descuento, como es lógico, debió naturalmente provocar una impacto importante en el monto de las remuneraciones que percibe la recurrente en su calidad de profesional docente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE ACOGE el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar “Los Héroes” y de la I. Municipalidad de Hualpén, en cuanto se ordena el inmediato cese de los descuentos, por concepto del crédito social singularizado, efectuados sobre la remuneración de la referida recurrente.

Asimismo, se dispone que la C.C.A.F. recurrida, deberá restituir a la actora nombre reservado la suma ya cuantificada y que le fue descontada de sus remuneraciones de los meses de abril y mayo del presente año, dentro de décimo día de ejecutoriada que sea esta sentencia.

Se imponen las costas del recurso a la Caja de Compensación recurrida y se absuelve de las mismas al municipio recurrido, en razón de estimarse que este último órgano tuvo motivos plausibles para oponerse al acogimiento del recurso.

Dese oportuno cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

Rol 10.937-2023 – Protección.-