nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Concepción xsr Concepción, a cuatro noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 10805-2021 y acumulado 11160-2021, comparece recurriendo de protección el abogado Óscar Alejandro Ulloa Oviedo, domiciliado en domicilio reservado, en Concepción, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y de nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Dirige la acción en contra de la Alcaldesa de la Municipalidad de Arauco doña nombre reservado y también en contra del Secretario Municipal de la misma entidad edilicia don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Por resolución de 7 de octubre de 2021 se dispuso acumular al rol N°Protección-10805-2021 los autos rol N°Protección-11160-2021, deducido por el mismo letrado en representación de las mismas recurrentes, en los mismos términos y peticionando lo mismo, pero dirigido esta vez en contra de la Municipalidad de Arauco, representada por su Alcaldesa doña nombre reservado, y también en contra del Secretario Municipal de la misma entidad edilicia don nombre reservado.

El acto que se denuncia ilegal y arbitrario y que sirve de fundamento a los recursos es el término anticipado que el Municipio puso a las labores en calidad de contrata de las recurrentes, mediante la emisión de las resoluciones D.A. N°4112 en el caso de la señora nombre reservado y el D.A. N°4113 en el caso de la señora nombre reservado, ambas de 6 de septiembre de 2021.

Por separado se refiere a los vicios de adolecería cada decreto alcaldicio.

Para fundar el despido de nombre reservado, la autoridad expresa lo siguiente en la parte considerativa del Decreto Alcaldicio N°4113: «El D.A. 4421 de 1 de octubre de 2020, dispuso la contratación doña nombre reservado, en jornada parcial, hasta 31 de diciembre de 2020 y/o bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”. Luego el D.A. 34 de enero de 2021 estableció su duración hasta el 31 de diciembre de 2021. Ambos decretos, no tienen asignado cargo, ni funciones a la indicada funcionaria a contrata, solo se dispone prestará servicios en jornada parcial, se menciona que de “facto”, la funcionaria sin descriptor actualizado alguno, realiza motu proprio actividades en el programa “Mejor Comuna” conforme a lo que ella estima pertinente, de acuerdo a un contrato a honorarios de fecha 1 de octubre de 2020 aprobado por el D.A. 4451 de 2 de octubre de 2020, que fue dejado sin efecto. Que sobre este último punto, las funciones que presta una contratación a honorarios, son accidentales y no habituales dentro de una municipalidad y con el fin de cubrir una actividad específica que requiere de una experticia del prestador, razón por la que se opone a la prestación de servicios de un funcionario a contrata o planta, por lo que no puede existir desde luego una reconducción de una prestación de servicios a honorarios a una contrata en los términos referidos. Que, a mayor abundamiento, se estima que los servicios de la funcionaria no serán necesarios, ni tendrán justificación alguna dentro de la municipalidad, debiendo esta hacer de uso óptimo, racional y eficaz uso de sus recursos, en consonancia con el principio probidad administrativa que obliga a velar por el interés general por sobre el particular. Que estando formulada su contratación bajo la figura “mientras sean necesarios sus servicios “y constatando no existen funciones asignadas a la funcionaria, es decir, no existe servicio alguno sino una situación de hecho, debiendo resguardase además el patrimonio Municipal, máxime siendo irregular la forma en la que desarrolla actividades, ni necesarias conforme a lo analizado, se ha determinado el termino anticipado de la contrata por las razones ya anotadas. DECRETO: Dispóngase el termino anticipado a la contrata de doña nombre reservado, RUN RUT reservado y la ilustre Municipalidad de Arauco, en virtud de los antecedentes expuestos.»

Estima el abogado recurrente que esta decisión es arbitraria e ilegal, porque en el D.A. N°34 de fecha 4 de enero de 2021, que prorroga la contrata de la señora nombre reservado, se eliminó la frase “mientras sean necesarios sus servicios”. Por tanto, su desafectación o desvinculación debía regirse por lo que establece el inciso tercero del artículo 2 de la ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos”.

Además, se dice que estuvo contratada a honorarios, en circunstancias que el D.A. N°4451 de 2 de octubre de 2020 fue dejado sin efecto, por las contrataciones que se le hicieron con posteridad bajo la modalidad de contrata.

Asimismo, se dice que no tenía asignada función alguna dentro de la Municipalidad, cuando lo cierto es que cumplió funciones como encargada del programa Mejor Comuna en Carampangue- Ramadillas, entre los años 2012 hasta el año 2017, donde su relación laboral fue a través de contrato a honorarios, pero siempre cumpliendo la misma función. Posteriormente, por motivos de traslado familiar a otra Región, renunció en abril del año 2017, pero luego volvió a ingresar a la dotación de la Municipalidad de Arauco en calidad de contrato a honorarios por los meses de agosto y septiembre del año 2020. En los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020, se le cambió de modalidad de contrato a media contrata (mitad honorario y mitad contrata), con duración hasta el 31 de diciembre del año 2020, cumpliendo la misma función y cargo como Encargada del programa Mejor Comuna Carampangue- Ramadillas. En enero de 2021 se le renovó el contrato pero esta vez calidad de contrata total, grado 12 de la planta profesional y siguió cumpliendo la misma función antes mencionada.

Para fundar el despido de nombre reservado, la autoridad expresó lo siguiente en la parte considerativa del Decreto Alcaldicio N°4112: «El D.A. 53 de 4 de enero de 2021, dispuso la contratación doña nombre reservado, desde el 1 de Enero de 2021 hasta 31 de Diciembre de 2021. El decreto, no tiene asignado cargo, ni funciones a la indicada funcionaria a contrata, solo se dispone su contratación por el plazo referido, como redunda el memorando del Sr. nombre reservado en que se menciona que de “facto”, la funcionaria sin cargo, ni funciones o descriptor alguno, realiza motu proprio actividades en el programa de Servicio Comunitario, conforme a lo que ella estima pertinente, de acuerdo a un contrato a honorarios de fecha 1 de abril de 2020 el que concluyó por vencimiento del plazo con fecha 31 de Diciembre de 2021. Que sobre este último punto, las funciones que presta una contratación a honorarios, son accidentales dentro de una municipalidad y no habituales dentro de la municipalidad y con el fin cubrir una actividad específica que requiere de una experticia del prestador, razón por la que se opone a la prestación de servicios de un funcionario a contrata o planta , por lo que no puede existir desde luego una reconducción de una prestación de servicios a honorarios a una contrata en los términos referidos. Que las funciones que indicaban dicho contrato a honorarios se referían a “Análisis problemáticas internas y externas por departamento para la actualización y creación de manuales de procedimientos y protocolos. Propuestas de nuevos organigramas y perfiles de procedimientos de cargo y otras funciones de similar naturaleza encomendadas por la Administración Municipal” las que ya fueron afinadas durante la anterior administración municipal. Que, a mayor abundamiento, el memorando N°012, los servicios de la funcionaria no son necesarios, ni tienen justificación alguna dentro de la municipalidad, debiendo esta hacer uso óptimo, racional y eficaz uso de sus recursos, en consonancia con el principio probidad administrativa que obliga a velar por el interés general por sobre el particular. Lo que significará una nueva etapa de revisión de antecedentes relacionado con gestión interna, encontrando reglamentos y procedimientos desactualizados, instrumentos de gestión que permite el buen funcionamiento de nuestra institución. En proceso de actualización de gestión interna, para ello cuento con personal en el cual se repite funciones. Que constatando no existen funciones asignadas a la funcionaria, es decir, no existe servicio alguno sino una situación de hecho, debiendo resguardarse además el patrimonio Municipal, máxime siendo irregular la forma en la que desarrolla actividades, ni necesarias conforme a lo memorando del Sr. nombre reservado, se ha determinado el termino anticipado de la contrata por las razones ya anotadas. DECRETO: Dispóngase el termino anticipado a la contrata de doña nombre reservado, RUN RUT reservado y la ilustre Municipalidad de Arauco, en virtud de los antecedentes expuestos.»

Dice el abogado que esta decisión es arbitraria e ilegal, porque en él se dice que la señora nombre reservado no tendría una tarea específica asignada, lo que no es cierto y se demuestra incluso con el hecho que ella manifestó su interés en integrar la nueva Asociación de Funcionarios al amparo de la ley 19.296, figurando en el lugar 24 de la nómina de funcionarios que manifestaban interés en constituirla.

Agrega el letrado que las funciones que estaban cumpliendo las recurrentes siguen desarrollándose por otros funcionarios. Por ejemplo, las funciones que desarrollaba doña nombre reservado ahora las desarrolla la funcionaria nombre reservado.

No existe ninguna investigación o sumario administrativo que acredite que hasta la fecha de la desvinculación, las actoras habían incurrido en algún incumplimiento laboral que ameritara su desvinculación anticipada.

Denuncia vulnerada las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 16, 19, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En efecto, la decisión de la autoridad edilicia ha desestabilizado la integridad psíquica de las actoras; se ha afectado la libertad de trabajo ante la imposibilidad de que las mismas puedan continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata a lo menos hasta el 31 de diciembre de 2021, pues existía la confianza legítima de que podrán seguir trabajando hasta la fecha antes indicada; se ha establecido una diferencia arbitraria en el igual tratamiento que debe adoptarse respecto de los demás trabajadores contratados bajo la modalidad a contrata en la Municipalidad de Arauco, a los cuales sí se les va aplicar el procedimiento del artículo 2 de la ley 18.883; se ha vulnerado el derecho a sindicarse, pues se amedrenta o disuade a trabajadores que quieran formar una nueva asociación de funcionarios; como asimismo el derecho de propiedad que las actoras tenían sobre sus contrata mientras no mediare incumplimiento de sus obligaciones funcionarias.

Pide que se acoja este recurso, con costas, y se dejen sin efecto los actos administrativos que se impugnan, ordenando el reintegro de las recurrentes en forma inmediata a sus trabajos, el pago de sus remuneraciones y además se ordene que deben mantenerse con sus fuentes laborales a lo menos hasta el 31 de diciembre de 2021, tal como se estipuló en los actos administrativos que las designaron como funcionarias a contrata.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Copia de Decreto Alcaldicio N° 4113 de fecha 6 de septiembre de 2021, por medio del cual pone término anticipado a contrata de doña nombre reservado. 2.- Copia de Decreto Alcaldicio N° 4421 de fecha 1 de octubre de 2020, que aprobó la designación a contrata de doña nombre reservado. 3.- Copia de Decreto Alcaldicio N°34 de fecha 04 de enero de 2021 que aprobó la designación a contrata de doña nombre reservado, hasta el día 31 de diciembre de 2021. 4.- Copia de Decreto Alcaldicio N° 4112 de fecha 6 de septiembre de 2021, por medio del cual pone término anticipado a contrata de doña nombre reservado. 5.- Copia de Decreto Alcaldicio N° 53 de fecha 04 de enero de 2021 que aprobó la designación a contrata de doña nombre reservado, hasta el día 31 de diciembre de 2021. 6.- Copia de Correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2021, en donde se está solicitando la participación de doña nombre reservado, para que colabore en el programa Anual de Mejoramiento de la Gestión de la Municipalidad de Arauco año 2022. 7.- Copia de Correo electrónico enviado por doña nombre reservado, al Administrador Municipal don nombre reservado, solicitando la asistencia de este funcionario a una reunión en que se trataría sobre la plataforma de Subvenciones Municipales. 8.- Copia de oficio enviado el día 2 de Septiembre de 2021, donde se solicitó a la dirección del trabajo la designación de un ministro de fe para constituir una nueva asociación de funcionarios al amparo de la ley 19.296 en la municipalidad de Arauco y nómina adjunta. 9.- Copia de Comunicación que se le efectúa a la recurrida nombre reservado, el día 3 de septiembre de 2021, respecto a la constitución de la nueva asociación. 10.- Copia del Sistema de Gestión subvención municipal, el cual está firmado por doña nombre reservado, como apoyo profesional. 11.- Copia de correo electrónico enviado por doña nombre reservado con fecha 3 de septiembre de 2021 al a Administrador Municipal don nombre reservado, dando cuenta de la situación que le estaba ocurriendo, ya que otra funcionaria había sido designado en su puesto de trabajo, en el cual aún mantenía sus efectos personales. 12.- Copia de oficio de fecha 6 de septiembre de 2021, enviado a la recurrida nombre reservado, en donde se le dio a conocer diversas situaciones que estaban ocurriendo con la constitución de la nueva Asociación en la Municipalidad de Arauco.

Informaron el recurso los recurridos nombre reservado y nombre reservado, por medio del abogado Gabriel Rodrigo Ramírez Maldonado.

Aclaró el letrado que la señora nombre reservado recién llegó a sus funciones en julio de 2021, es decir, dos meses antes de poner término a los actos nulos de nombramiento de las recurrentes. Que los actos administrativos objeto del recurso se dictaron precisamente por la fiscalización, probidad y a fin de resguardar el patrimonio municipal. Antes recurrentes presentaron licencia médica antes de comunicarse los actos administrativos de término de contrata, por lo que les fueron notificados por carta certificada.

Respecto de la responsabilidad de la señora nombre reservado en los hechos denunciados en autos, informó lo siguiente.

Sobre la separación de la señora nombre reservado, en el libelo de protección se omite el informe que realizó el administrador municipal sobre su caso particular, que señaló “los servicios de la funcionaria no son necesarios, ni tienen justificación alguna dentro de la municipalidad, debiendo ésta hacer de uso óptimo, racional y eficaz uso de sus recursos, en consonancia con el principio probidad administrativa que obliga a velar por el interés general por sobre el particular”. El acto administrativo no es ambiguo, indica pormenorizadamente cada uno de los hechos por los que el acto en que se le nombró a la funcionaria a contrata el 1 de octubre de 2020, como el de enero de 2021, generaba una situación “de facto”, conocido en derecho administrativo bajo el concepto de “funcionario de hecho”, adoleciendo de nulidad por falta del requisito de existencia del acto administrativo que es la “motivación”. Se dejó sentado en el decreto 4413, que no existía servicio alguno que prestara la señora nombre reservado, por lo que menos aún se entendía la fórmula que se ocupó en el decreto de nombramiento “mientras sean necesarios sus servicios” sino existía servicio alguno que cumplir. Relativamente a la expresión “mientras sean necesarios sus servicios” que el recurrente extraña en el D.A. N°34 de fecha 4 de enero de 2021, dice que no era necesaria, pues la formulación con el que se realizó el decreto 4421 indicó la formula “a contar de octubre de 2021 hasta 31 de Diciembre de 2021 y/o mientras sean necesarios sus servicios” y el decreto Nº34 de 4 de enero de 2021 dispuso su “prórroga”, es decir, se entiende que está formulado de la misma manera, puesto es para supuestamente proveer la misma necesidad del servicio. De esta manera, la interpretación que hace el recurrente es errónea. Reitera que los D.A. 4421 de 2020 y D.A. 34 de 2021 adolecen de un requisito de existencia del acto administrativo, el que fue explicitado en el decreto 4413 de 2021, que es la falta de “motivación”. Sobre la falta de fundamentación de que reprocha adolece el DA 4413 de 2021, no es tal, dice el informante, porque en él se dejó establecido claramente que “la funcionaria sin cargo, ni funciones o descriptor alguno, realiza de motu proprio actividades en el programa “Mejor Comuna” conforme a lo que ella estima pertinente, de acuerdo a un contrato a honorarios de fecha 1 de octubre de 2020 aprobado por el D.A. 4451 de 2 de octubre de 2020, que fue dejado sin efecto. Que sobre este último punto, las funciones que presta una contratación a honorarios, son accidentales y no habituales dentro de una municipalidad, y con el fin cubrir una actividad específica que requiere de una experticia del prestador, razón por la que se opone a la prestación de servicios de un funcionario a contrata o planta, por lo que no puede existir desde luego una reconducción de una prestación de servicios a honorarios a una contrata en los términos referidos.”

En el caso de la separación de la señora nombre reservado, dice que aquí sí es más patente que la recurrente no tuviese asignada funciones. El municipio desconocía por completo que la recurrente habría estado en la nómina presentada en la Inspección del Trabajo y la otra supuestamente participaba de manera “activa” en organizaciones de esta índole, sin participar en esta entidad en formación. Insinuar que en la especie se trata de una práctica antisindical encubierta es propio de una acción judicial de lato conocimiento y no de una acción de protección. El hecho de no existir sumario en contra de la recurrente por “incumplimiento laboral”, no es óbice para todo lo anteriormente expuesto, ni ello lo transforma en arbitrario e ilegal, más aún si difícilmente se puede hablar de incumplimiento cuando ni siquiera tenía asignada funciones. Respecto del reproche que se le hace a la recurrida de estar obrando contrario a la “estabilidad del empleo” y el principio de confianza legítima, dice que para que ésta concurra debe existir un acto administrativo consolidado y reiterado en el tiempo, cuestión no ocurre en la especie, al existir solo una prórroga de la contrata y en el otro, sólo un periodo de contrata. Además, de la ilegalidad nada puede nacer, reiterando de todo acto administrativo uno de sus requisitos de existencia es la “motivación”, cuestión carecían los decretos de nombramiento. Sobre el argumento de que las funciones de la recurrente estarían siendo cumplidas por otros funcionarios, en efecto es así, y se dejó claridad de ello en el Decreto, consignando que puso término al ilegal nombramiento puesto se repetía “la misma labor” en los funcionarios, no siendo necesarios los servicios de las recurrentes, quienes no tenían funciones y al no tenerlas hacían supuestamente las mismas de los otros, por lo que no se justificaba de ninguna manera su contrata.

Respecto de la intervención del Secretario Municipal, señor nombre reservado, en los decretos alcaldicios impugnados, dice el abogado que no se aclara en el recurso de protección de qué manera tuvo injerencia en los hechos, lo que basta para que sea rechazado el recurso interpuesto en su contra. Agrega que la función del Secretario Municipal de conformidad al artículo 20 de Ley Nº18.695, en los decretos recurridos, fue ser Ministro de Fe de los mismos, no teniendo funciones de control de fondo de estos actos administrativos, ni menos tomó parte de la decisión. El secretario municipal ninguna potestad legal tiene para cumplir los solicitado por las recurrentes en orden a reintegrarlas a sus labores y pagarle sus remuneraciones. Además, ambas presentaron sendas licencias médicas antes de comunicarse los decretos de término de contrata, y por esta razón la petición del recurso referente “al pago de las remuneraciones” es del todo improcedente.

Agrega el informante que las recurrentes eran “funcionarias de hecho”, que se autoimponían labores. Los actos administrativos que nombraron a las funcionarias carecían de motivación. Las funcionarias no cumplían con el estándar impuesto por la ley en el artículo 11 de la Ley 19.880, siendo un acto sin motivación. El actuar de las municipalidades obedecen al principio de estricta juridicidad, por lo que a diferencia de lo indicado por las recurrentes, no se le puede asignar funciones de “hecho” por haberlas supuestamente ejecutado en programas que prestaron bajo la figura de contrato a honorarios, tal y como se expuso en los decretos que se pretenden impugnar por esta vía, ni menos perpetuar esta ilegalidad, debiendo someter las municipalidades su acción de conformidad al artículo 2 de la ley 18.575 Los decretos 4112 y 4113 que ponen término a las contratas están adecuadamente fundados; explican y fundamentan pormenorizadamente los antecedentes tenidos a la vista, la legislación aplicable y los motivos del término de la contrata, lo que se opone a la arbitrariedad y naturalmente a la ilegalidad que se atribuye al actuar de los recurridos, por lo que necesariamente el recurso debe ser rechazado.

Finalmente dice que en los recursos no se explica la manera en que se conculcarían las garantías que se denuncian amagadas. Se dice que con la separación se las habría “desestabilizado”, no dando seña alguna en qué habría consistido esto. No existe en la especie diferencia arbitraria, sino que en el caso de ambas recurrentes, el acto administrativo de nombramiento carecía de motivación, es decir, eran contrarios a derecho. Como eran funcionarias de hecho, sin funciones, ejercían su actividad fuera de la legalidad, y por esta razón ningún derecho de propiedad pueden tener sobre un acto administrativo sin motivación y por tanto ilegal. Por todas las razones anotadas, pide que se rechace el recurso, en todas sus partes, con costas.

Informó la recurrida Municipalidad de Arauco por medio del abogado Rodolfo Iglesias Iglesias, solicitando el rechazo en todas sus partes, con costas, en razón a ser falsos los hechos y por tanto errados los fundamentos de derecho en el que se asila.

Dijo que los hechos expuestos en el recurso no son efectivos. En la determinación que se le reprocha, la Corporación se ha ceñido estrictamente a la ley y al principio de juridicidad que informa el actuar de las municipalidades.

En efecto, los actos de nombramiento de las contratas de las recurrentes son contrarios a derecho; en el texto de los decretos Nº 34 y Nº53 ambos de 4 de enero de 2021, no se indica ni cargo a desempeñar ni menos funciones, adoleciendo entonces del elemento objetivo, “motivo” y “fin” y del elemento formal de la “motivación exigido por la ley, en los términos que prevé el artículo 11 de la ley 19.880. Pero no solamente el nombramiento de las funcionarias adolece de requisitos legales, sino que en los hechos no se justifica el nombramiento, toda vez que sus funciones se encuentran “repetidas” con otros funcionarios. Por tanto, ni en el derecho ni en los hechos, los nombramientos a contrata tienen justificación alguna, razón por la que no existe en los actos de nombramientos de las contratas fundamento alguno que hagan posible continuar con un acto inválido, existiendo mérito suficiente para poner término anticipado a ellas, como se realizó. En este sentido, el término de las contratas se encuentra ajustado a derecho.

Agrega que, por el contrario, los decretos alcaldicio N°4112 y N°4113 en que se puso término a las contratas de las actoras cuentan con todos los elementos del acto administrativo, explicando detallada y pormenorizadamente los motivos del término de la contrata. Cada uno indica toda la documentación que se tuvo en vista, dictámenes y normas que facultan la decisión. Ambos decretos cumplen con cada una de los requisitos de los elementos del acto administrativo y por lo demás no son ni arbitrarios ni ilegales. Incluso, de conformidad a la ley, a ambas funcionarias se les citó a audiencia, a las 15.30 del día 6 de septiembre de 2021, a la que no asistieron, otorgándoles la oportunidad de derecho a defensa de conformidad al artículo 53 de la ley 19.880, del que ellas mismas se abstuvieron de asistir, presentando licencias médicas. Se les intentó luego notificar personalmente, no siendo posible, notificando a ambas por carta certificada el término anticipado de su contrata. Añade que ahora las recurrentes pretenden un doble pago, en razón a estar haciendo uso de licencia médica y por ende con reposo laboral; entonces ninguna remuneración pueden pretender se les paguen durante éstas duren.

Estima que la argumentación de los recursos es propia de un juicio de lato conocimiento y la ley consagra distintas vías para su tramitación; por vía del ejemplo, las previstas en el artículo 53 inciso final de la ley 19.880, como reclamo de ilegalidad, o bien, el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, no siendo la vía ocupada por las recurrentes la idónea.

Por todas estas razones, pide que se rechacen los recursos deducidos, con costas.

Acompañó a su informe los siguientes documentos: 1. Decreto 4112 de 6 de Septiembre de 2021. 2. Decreto 4413 de 6 de Septiembre de 2021. 3. Comprobante tramitación Licencia Médica de fecha 6 de Septiembre de 2021 de la Recurrente nombre reservado 4. Comprobante tramitación Licencia Médica de fecha 20 de septiembre de 2021 de la Recurrente nombre reservado. 5. Decreto Alcaldicio 4451 de 2 de octubre de 2020. 6. Decreto Alcaldicio 4699 de 26 de octubre de 2020. 7. Decreto Alcaldicio 4574 de 14 de octubre de 2020. 8. Decreto Alcaldicio 4421 de 1 octubre de 2020. 9. Decreto Alcaldicio Nº 34 de 4 de enero de 2021. 10. Decreto Alcaldicio N1 2941 de 1 de abril de 2020. 11. Decreto Alcaldicio 53 de 4 de enero de 2021. 12. Comprobante tramitación Licencia Médica de fecha 6 de septiembre de 2021 de la Recurrente nombre reservado. 13. Solicitud de Permiso Administrativo de nombre reservado. 14. Memorando Nº 12 de 1 septiembre de 2021.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

La acción u omisión ilegal, esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitraria, producto del mero capricho de quien incurre en él, debe provocar algunas de las situaciones o efectos antes indicados, afectando aquellos derechos preexistentes y no discutidos protegidos por la Carta Fundamental de manera tal que la Corte pueda adoptar medidas en orden a restablecer el imperio del derecho de que se trata.

2.- Son hechos pacíficos, apoyados además por la documental aportada por recurrentes y recurridos, que nombre reservado y nombre reservado eran funcionarias a contrata de la Municipalidad de Arauco, en virtud de los Decretos Alcaldicios 53 y 34, de fecha 4 de enero de 2021. Encontrándose en esa calidad y con nombramientos vigentes la entidad edilicia mencionada procedió a dictar los Decretos Alcaldicios 4112 y 4113, de 6 de septiembre de 2021, en cuya virtud puso término anticipado a tales contratas, que se encontraban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021, aduciendo que los actos de nombramiento eran nulos, por ser carentes de motivación al no tener señalados cargos ni funciones específicas, tildándolas de “funcionarias de hecho”, aduciendo adicionalmente al uso y manejo adecuado y eficiente de los recursos.

3.- Sin entrar a la discusión de fondo relativa a la validez o no de los decretos de nombramiento de las recurrentes, lo claro es que tales actos administrativos se encontraban vigentes y produciendo efectos, de modo que la supuesta nulidad de los mismos ameritaba de un acto específico que hiciera tal declaración, con la debida fundamentación y previo proceso legalmente tramitado y no operar de pleno derecho, por sí y ante sí, alterando el estado actual de las cosas mediante una acción de búsqueda de justicia por propia mano, no autorizada por nuestro ordenamiento jurídico, de la forma como se hizo, en especial teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2°, inciso 3°, de la Ley N° 18.883.

4.- En consecuencia, la forma de obrar de la Municipalidad recurrida es ilegal y arbitraria y conculca los derechos constitucionales previstos en los números 1, 2 y 24 de nuestra Carta Fundamental, al proceder al término anticipado de sendas contratas, cuyas titulares tenían legítimas expectativas de estabilidad y continuidad hasta el 31 de diciembre de 2021, con el consiguiente detrimento psicológico de las afectadas, respecto de quienes se actuó de una manera diversa a la que prevé la ley para casos de ese tipo, sin razón válida para ello y afectando, consecuentemente, su fuente de ingresos.

5.- Todo lo anterior nos conduce a prestar la protección constitucional solicitada, con el fin de reestablecer el imperio del derecho, adoptando las medidas que se señalarán en lo resolutivo.

Por lo expuesto, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesta el abogado Óscar Alejandro Ulloa Oviedo, en representación de nombre reservado y de nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Arauco y de su Alcaldesa, doña nombre reservado; en consecuencia se dejan sin efecto los Decretos Alcaldicios 4112 y 4113, ambos de fecha 6 de septiembre de 2021, debiendo los recurridos reintegrar de inmediato a las recurrentes en sus funciones, restituyendo dentro del plazo de quince días, desde que la presente sentencia quede firme, las remuneraciones que debieron pagárseles durante el tiempo que permanecieron fuera de sus cargos por actos que no le son imputables.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro Rodrigo Cerda San Martín.

Aunque concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina, por estar con permiso y ausente.

N°Protección-10805-2021 y acumulado 11160-2021.