nombre reservado con HOSPITAL DE MULCHÉN Y OTROS

C.A. de Concepción.

Concepción, trece de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Que el 1 de junio de 2023 se presenta el abogado Camilo Ignacio Veloso Ellis deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra del Hospital de Mulchén, del Servicio de Salud Biobío y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío, por haber vulnerado garantías constitucionales de la recurrente.

Relata que el 17 de mayo de 2022, cerca del mediodía, falleció la hija de la recurrente, nombre reservado, quien se había dirigido al Hospital de Mulchén debido a un malestar en el pecho, y luego de tomarle los signos vitales, se desploma, no logrando ser reanimada y certificándose su muerte como a las 12,30 horas de ese día; afirma que la doctora que se encontraba en el Hospital señaló que se encontraba incapacitada para determinar la causa de muerte y que debía ser remitida al Servicio Médico Legal, quien señaló que no habiendo un procedimiento policial no correspondía determinar la causa de muerte. Sostiene que el Hospital no emitió ningún certificado médico y para que se autorizara la sepultación debió recurrir a 2 testigos en el Servicio de Registro Civil; no obstante, más tarde se le emitió un certificado pero sin indicar la causa de muerte.

Manifiesta que hasta el día de hoy, la recurrente desconoce la causa de muerte de su hija, indicándosele que la causa es indeterminada, con todo el detrimento moral que ello significa al no tener certeza de la causa de muerte y patrimonial al no poder acceder a los seguros de desgravámenes y de vida de su hija que requieren la causa de muerte.

Aclara que el acto arbitrario e ilegal en contra del cual recurre, es la decisión de la funcionaria del Hospital de Mulchén, doctora nombre reservado, quien amparándose en el Decreto 460 de 1970 del MINSAL emitió un certificado sin la causal real de fallecimiento de la hija de la recurrente.

Estima conculcada la garantía de igual ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política, de la forma que indica.

Destaca que el recurso está interpuesto dentro de plazo puesto que hasta ahora la recurrente desconoce la causa de muerte de su hija y la última vez que acudió al Hospital de Mulchén fue el 15 mayo de 2023, señalándose que no se le entregaría información alguna.

Por lo que en mérito de lo expuesto, pide ordenar a los recurridos se corrija el certificado médico señalando la causa de muerte de nombre reservado, para posteriormente corregir el certificado de defunción por el Servicio de Registro Civil e Identificación, o bien cualquier otra medida que la Corte estime, con costas.

Informa la doctora nombre reservado, destaca que lo planteado por la recurrente excede el ámbito del recurso de protección; que éste, además, es extemporáneo puesto que el fallecimiento de nombre reservado ocurrió el 17 de mayo de 2022; y que, en todo caso, no se ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno puesto que se siguió el protocolo a que se refiere Decreto 460 de 1970 del MINSAL.

Cuenta que ese día 17 de mayo de 2022, nombre reservado, concurrió por sus propios medios al Hospital de Mulchén, acompañada de una compañera de trabajo, desplomándose a su ingreso al TRIAGE (proceso de priorización previa de atención en el Servicio de Urgencia); siendo de inmediato ingresada la Unidad de Reanimación y como se encontraba de turno le correspondió su atención; se encontraba sin pulso, procediendo a iniciar maniobras de reanimación avanzada, incluido trombólisis, pese a lo cual y luego de 45 minutos se declara su fallecimiento a las 12,30 horas; extendiendo un certificado de imposibilidad al tenor del referido puesto que la paciente se desplomó previo a recibir atención médica en el Servicio de Urgencias y carecía de antecedentes en ficha que explicaran con certeza la causa de la muerte.

Informa el Servicio Médico Legal señalando que no le corresponde efectuar autopsias a fallecidos por causas clínicas, ya que sólo efectúa procedimientos tanatológicos en el contexto criminalístico; no obstante ello, indica que cuando no es posible establecer la causa de muerte con los antecedentes que se cuente, se puede pedir una autopsia anatomopatológica al Servicio de Salud más cercano.

Informa el Servicio de Salud Biobío conjuntamente con el Hospital de Mulchén, alegando, en primer lugar, la improcedencia del recurso de protección entablado puesto que existe un procedimiento para realizar las modificaciones a las causas de fallecimiento, conforme lo regula la Ley 4.408 del registro Civil, de manera que el Director del Hospital de Mulchén carece de atribuciones para modificar el certificado de defunción de la hija de la recurrente.

Añade que el Hospital no ha incurrido en ninguna conducta arbitraria o ilegal y se ha ceñido a lo establecido en el Decreto 460, Reglamento sobre extensión de certificado de defunción.

Informa la Secretaría Regional Ministerial del Biobío, destacan conforme a la normativa a que le alude, que el Hospital de Mulchén es un centro asistencial de baja complejidad y de directa competencia del Servicio de Salud Biobío, por encontrarse bajo la organización administrativa de éste; de consiguiente, sostiene, no existe acto arbitrario o ilegal de esa Autoridad Sanitaria, la que recuerda no puede ser condenada en costas por poseer privilegio de pobreza.

Destaca la normativa que regula la emisión de un certificado de defunción Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción que persigue tutelar la privación, perturbación o amenaza que sufran las personas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producidas a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de las garantías o derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada.

Segundo: Que, en el caso que nos ocupa, recurre de protección una madre cuya hija adulta falleció en el Hospital de Mulchén sin conocerse la causa de muerte, ya que la médico de turno expresó la imposibilidad de consignar dicha causa atendida la falta de antecedentes clínicos de la difunta, pidiendo se corrija el certificado médico aludido consignándose una causa de muerte, para proceder posteriormente a enmendar el certificado de defunción consignándose la causa de muerte de la occisa.

Tercero: Que, tanto la médico de turno que atendió el día del fallecimiento a la hija de la recurrente, cuanto el Hospital de Mulchén, aducen haberse ceñido al protocolo para la emisión del certificado médico de fallecimiento contenido en el Decreto 460 de 1970 del MINSAL, sin perjuicio de alegar la primera, la extemporaneidad del presente recurso y, el segundo, su improcedencia.

Cuarto: Que, primeramente, en cuanto a la improcedencia que alegare el Hospital de Mulchén, basado en que existe un procedimiento especial para modificar un certificado de defunción, baste señalar para su rechazo que lo pretendido en el recurso es que se emita un certificado médico con la causa de muerte de la hija de la recurrente, por lo que no se refiere a modificar el certificado de defunción emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, para lo cual efectivamente existe un procedimiento reglado.

Quinto: Que, de acuerdo al mérito del recurso y de los informes emitidos, son hechos indiscutidos que nombre reservado, hija de la recurrente, acudió por sus propios medios a la Urgencia del Hospital de Mulchén por dolor en el pecho, el 17 de mayo de 2022, y que encontrándose en dicho recinto hospitalario, falleció luego de maniobras de reanimación, emitiéndose por la médico de turno un certificado de imposibilidad de atestiguar la causa de muerte por falta de antecedentes explicaran con certeza la causa de la muerte.

Sexto: Que, entonces, conforme a tales antecedentes fácticos, sin lugar a dudas, la recurrente tiene conocimiento cierto de la emisión del certificado médico de imposibilidad que cuestiona, desde el año 2022, de modo que la interposición de la presente acción constitucional, el 1 de junio de 2023, se encuentra fuera del plazo de 30 días corridos a que se refiere el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, que dispone “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

De modo, que lleva razón la informante doctora Ramos al postular que el recurso de protección resulta extemporáneo.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, en relación a la indicada actuación de la médico de turno, nombre reservado, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N°460 de 1970 del Ministerio de Salud, la obligación del médico que asiste a una persona que fallece, de extender un certificado de defunción señalando la causa de muerte (artículo 1), cesa cuando la interrogación de los deudos o demás personas que tengan conocimiento de los hechos, e inspección del cadáver, no le proporcionan antecedentes que permitan determinar la causa de muerte (artículo 5 inciso 1), y conforme se indica en el certificado de imposibilidad hubo interrogación de personas respecto del deceso y la occisa no contaba con ficha clínica en el establecimiento de salud, pues ningún dato al efecto existe en estos antecedentes; sin perjuicio de lo expresamente establecido en el artículo 141 del Código Sanitario.

Octavo: Que, por otro lado, de conformidad a los artículos 1 y 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de Salud, la Autoridad Sanitaria se representa por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, por lo que no resulta efectivo que sus funciones le excluya de efectuar las fiscalizaciones o atender las solicitudes o reclamos que por los motivos que nos ocupan lleguen a su conocimiento (en tal sentido sentencia de la Excma. Corte Suprema de 29 de junio de 2021 dictada en causa rol 150.316-2020); no obstante, no aparece en autos que haya sido requerida a la fecha en tal sentido, como tampoco el Servicio de Salud del Biobío conforme lo establecido en el artículo 16 y 17 del referido DFL N°1.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se desestima la alegación de improcedencia, acogiéndose, en cambio, la alegación de extemporaneidad, razón por la cual SE DESESTIMA, sin costas, la acción constitucional de protección entablada por el abogado Camilo Ignacio Veloso Ellis en representación de nombre reservado, y en contra de Hospital de Mulchén, del Servicio de Salud Biobío y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra suplente Margarita Sanhueza Núñez.

N°Protección-10804-2023.