nombre reservado con nombre reservado (VISTA CONJUNTA REC. PROTECCIÓN ROL 1086-2025)

Concepción, jueves catorce de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO:

Compareció nombre reservado, comerciante, deduciendo acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Reclama que el Estado, a través de sus agentes (Carabineros), ha incumplido su deber de protegerlo, pues durante tres años ha sido objeto de constante flagelo, delitos e impunidad por parte de los recurridos, sin que hayan sido detenidos, no obstante haber sido atrapados en flagrancia, acusando a los recurridos de engañar, burlar la justicia y mentir a Carabineros, victimizándose.

Enfatiza que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y que los recurridos se atribuyen derechos sobre la propiedad sin la intervención del Estado, utilizando la fuerza para violar sus derechos de propiedad y su integridad física y psíquica, lo que lo llevó a sufrir un coma diabético grave, perdiendo visión y experimentando neuropatía en sus extremidades, aprovechando que los Carabineros de Hualqui mantienen una amistad con los recurridos, mientras que él es estigmatizado.

Agrega que la familia Cabezas afectó su vida privada y pública y su honra, haciendo presente la existencia de causas por injurias y calumnias contra varios miembros de esta familia, asegurando que cometieron grave perjurio, contradiciéndose y mintiendo descaradamente. Agrega que los recurridos ingresan constantemente a su domicilio rural con palos, motosierras y machetes para destruir, mover e instalar cercos.

Explica que sus predios fueron comprados y cuentan con la debida inscripción, documentación y registro de planos, acusando a los recurridos de ignorar las órdenes y consejos de medir sus propiedades, intentando apropiarse de los terrenos por la fuerza, aprovechándose de la falta de acción por parte de instituciones o magistraturas para detener estos actos.

Finaliza su recurso solicitando que se ordene a los recurridos abstenerse de cercar o romper cercos mientras no exista un fallo judicial que declare el supuesto dominio que está en su posesión (sic), la cual está respaldada por inscripciones y planos registrados en diversas instituciones como el Conservador de Bienes Raíces, Bienes Nacionales, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Impuestos Internos.

Informó de nombre reservado, negando las afirmaciones de nombre reservado y señalando que es éste quien ha sido la fuente de tormento para él y su familia durante tres años, utilizando la fuerza, amenazas y armas de fuego como medio de intimidación, disparando armas de fuego dentro de su propiedad, intentado retener a miembros de su familia, hechos que fueron denunciados al Ministerio Público.

Reclama que el actor, en compañía de terceros, ha destruido deslindes y puentes dentro de su propiedad durante los últimos tres años, creando y modificado planos arbitrariamente con el objetivo de dar fundamento a una usurpación en curso de su propiedad, lo cual está siendo investigados por el Ministerio Público en la causa RIT 497-2024 del Juzgado de Garantía de Chiguayante, por el delito de usurpación.

Agrega que, sin perjuicio de la disputa por la tierra, el recurrente mantiene innumerables episodios de conflicto con miembros de su comunidad, incluso acusándolos de injurias y calumnias que han sido rechazadas, destacando la agresividad de Osorio, quien apareció en el sector en 2022 y se asentó en terrenos que habían sido entregados a sus primas y que colindan con su propiedad, agregando que es Osorio quien, de forma sistemática, continua y concertada con terceros, ha usurpado, amenazado y provocado daños a su propiedad, intentado modificar deslindes, utilizado armas de fuego contra miembros de su familia y los ha retenido por la fuerza.

Relata que ha sufrido los actos vulneratorios por parte del recurrente desde finales de 2022 e inicios de 2023, y que han continuado hasta la actualidad, con amenazas constantes con armas de fuego a jóvenes y mujeres de avanzada edad.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso interpuesto.

Informó Luciano Adolfo Henríquez Alarcón, abogado, en representación de nombre reservado y nombre reservado, sosteniendo que sus representados y su familia son víctimas de innumerables delitos cometidos por el recurrente y sus cómplices, consistentes en daños, amenazas, lesiones, retención ilegal y disparos injustificados, todos ejercidos de forma clandestina y violenta con el fin de usurpar terrenos de la comunidad a la que pertenece nombre reservado, agregando que todos los ilícitos han sido debidamente denunciados y se encuentran en investigación ante la Fiscalía Local de Concepción.

Indica que el actor no es propietario de terreno alguno que colinde con la propiedad de nombre reservado, y que sus representados son dueños en comunidad del predio denominado "Fundo Toquihua", en la comuna de Hualqui, con una superficie aproximada de 300 hectáreas, adquirido por su comunidad a la empresa familiar Forestal y Agrícola Toquihua Limitada, hace más de 50 años y que actualmente se encuentra inscrito a nombre de nombre reservado y sus familiares desde 2023.

Afirma que nombre reservado utilizó maquinaria pesada (retroexcavadora) para derribar los cercos que delimitaban la propiedad de nombre reservado a inicios de 2023 y destruyó un puente para impedir el ingreso de su familia al terreno usurpado, denunciando numerosos actos fraudulentos por parte de Osorio y su pareja nombre reservado, describiendo al recurrente como una persona sumamente agresiva no solo con sus representados, sino también con terceros, añadiendo que existen diferentes denuncias y querellas contra Osorio, las cuales están agrupadas y en actual investigación, con diligencias pendientes.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso interpuesto contra sus representados.

Informó nombre reservado, señalando que el actor es una persona de conducta agresiva que ha hecho la vida imposible a su familia, con el objetivo de quedarse con sus tierras. Agrega que el actor no vivía en Hualqui antes de 2022, ni conocía la extensión de los terrenos, residiendo supuestamente en Chillán con nombre reservado, sin embargo, desde su llegada en 2022, comenzaron los problemas, introdujo maquinaria pesada en su terreno, destruyó un puente para impedir el acceso a la totalidad de su propiedad y constantemente destruye cercas que la familia debe reponer.

Relata que Osorio ha hecho planos falsos y arbitrarios para intentar adquirir fraudulentamente terrenos que no les pertenecen, para obtener un provecho, haciéndolos pasar como propios a pesar de ser solo administradores de los terrenos de sus primas.

Acusa que el actor ha amenazado de muerte a muchos miembros de su familia, y en una ocasión, le disparó a su hermano, no pudiendo entender cómo una persona puede victimizarse después de atacar, y cuestiona la afirmación de Osorio sobre un estado de salud deplorable, sugiriendo que es Osorio quien no sabe reaccionar a sus emociones.

Informó el Fiscal Adjunto Alejandro Alí Vallejos, de la Fiscalía Local de Concepción, señalando que existen cuatro causas principales, las que se encuentran actualmente en etapa de investigación, confirmando la existencia de múltiples investigaciones penales cruzadas entre las partes, lo que subraya la complejidad y la naturaleza litigiosa de la disputa.

Con fecha 4 de agosto en curso se tuvo por no presentado el recurso respecto de nombre reservado y se trajeron los autos en relación.

Se procedió a la vista del recurso, en conjunto con la del incoado bajo el Rol N° 1.086-2025, y sin la asistencia de abogados.

La causa (con vista conjunta) quedó en estado de estudio, luego de lo cual se adoptó el acuerdo respectivo, quedando así el proceso en estado de ser resuelto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

TERCERO: Que, ahora bien, y de acuerdo a lo consignado en la sección expositiva del presente fallo, el actor, en síntesis, hace consistir los actos cuya comisión imputa a los recurridos -y que tilda de ilegales y/o arbitrarios-, en problemas relacionados con unos deslindes prediales, ya que, al parecer, serían dueños o poseedores o meros tenedores de uno o más predios colindantes y allí se habría producido un eventual “corrimiento” de cercos y destrucción de otros elementos de demarcación, sumando a ello, asimismo, la existencia de amenazas y distintos otros problemas de convivencia vecinal.

Por su parte, los recurridos informantes, sostienen, en resumen, que ha sido el recurrente quien ha procedido a realizar el tipo de actos cuya comisión les atribuye a ellos, añadiendo también la existencia de la problemática de convivencia más arriba apuntada.

CUARTO: Que, en consideración con lo dicho y en lo que respecta a la cuestión planteada en este procedimiento de acción constitucional, es necesario precisar que, según lo ya adelantado, reiteradamente se ha sostenido que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza tutelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se debe tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, por lo anterior, resulta necesario esclarecer aquí, ante todo, si la tutela jurisdiccional impetrada por esta vía conservativa está o no respaldada en el legítimo ejercicio de un derecho indubitado que pueda ser objeto de una medida protectora inmediata en el evento que se verifique una afectación ilegítima del mismo, en la forma que preceptúa el aludido precepto fundamental.

SEXTO: Que, en este aspecto, lo cierto es que acorde al mérito de los antecedentes de autos no existe claridad alguna en lo concerniente a un derecho preestablecido e indubitado del que sea titular el recurrente y que pueda ser objeto de la protección que postula.

Por otro lado, tampoco obran elementos de juicio a partir de los cuales discurrir razonablemente acerca de la efectividad de la comisión de los actos -calificados como ilegales y/o arbitrarios en el recurso- cuya autoría se achaca a los recurridos.

Además, y en lo relativo a los deslindes que se dicen modificados, precisamente no es la sede de protección la vía procedimental donde ello pueda ser idónea y fehacientemente dilucidado, en la medida que la acción constitucional de que se trata no es declarativa de derechos.

Y, por último, varias de las cuestiones ventiladas por los litigantes, ya se encuentran sometidas al imperio del derecho, según lo informado en esta causa por el Ministerio Público.

SÉPTIMO: Que todo lo anterior, entonces, no viene sino a conspirar en contra el éxito de la pretensión del actor, motivo por el cual la acción incoada no habrá de prosperar, por lo que se pasará a resolver en consecuencia y sin mayores dilaciones.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro señor César Panés Ramírez.

No firma el ministro Claudio Gutiérrez Garrido, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, en razón de encontrarse en comisión de servicio (curso de la Academia Judicial).

Rol N° 1.080-2025 (vista conjunta con el Rol N° 1.086-2025) – Protección.-