nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES Y OTRA

C.A. de Concepción.

Concepción, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

Visto:

En estos antecedentes rol ingreso Corte Protección Nº105.651-2022, el abogado Jorge Manuel Lena Salgado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, soltero, trabajador, ambos con domicilio domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, Rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, Rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado.

En síntesis, señala que el recurrente es trabajador de la empresa “Fundación SOFOFA”, Rut RUT reservado, cuya fecha de vinculación data del día 25-07- 2022, obligándose el empleador a pagar mensualmente sus remuneraciones conforme a derecho. Agrega que el día 27-03-2020 solicitó un crédito a la Caja de Asignación Familiar Los Andes, cuyo pago se pactó en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $296.812 cada una, del cual se constituyó en mora a partir de la cuota número 3, de fecha de vencimiento 31-08-2020, lo que motivó a Caja Los Andes ha iniciar acción judicial efectiva tendiente a obtener el pago y/o recupero del saldo adeudado, lo cual consta en causa ROL C-68-2021, caratulada “CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado”, seguida ante el Juzgado de Letras de Arauco, la que debido a la negligencia e inactividad de parte del ejecutante en ese juicio, se presentó incidente de abandono de procedimiento, el cual fue fallado favorablemente, y certificado, debido al allanamiento de la parte ejecutante (CCAF Los Andes) al abandono de procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, la recurrida de autos ha decidido unilateralmente traspasar el crédito a otra entidad, la Caja de Asignación Familiar 18 de Septiembre, comenzando esta última a efectuar descuentos extrajudiciales, ilegales, arbitrarios, abusivos y antojadizos, mandatado por la Caja de Asignación Familiar Los Andes, sin aviso ni notificación previa al recurrente de su remuneración mensual, y es así como las recurridas ha ido en contra de toda norma y/o vía procedimental para obtener el pago de su crédito, yendo incluso en contra de las propias normas que la rigen, cuestión que ha obrado presuntamente amparada en una norma de la Ley de Cajas de Compensación, sin considerar el inciso tercero del artículo 16 de la Ley 19.539.

Estima que, de lo anterior, se colige que los entes recurridos han vulnerado todo tipo de procedimiento judicial, haciendo total caso omiso al incidente de abandono de procedimiento que ya fue acogido debido a la negligencia del mismo ente recurrido, y han optado por descontar unilateral e ilegalmente de la remuneración de mi representado el monto adeudado.

En concreto, señala que al día de hoy su representado se ve aquejado por estar sufriendo un cobro del crédito adeudado, respecto del cual ya se acogió el abandono de procedimiento, sufriendo descuentos en su liquidación de sueldo por parte del nuevo acreedor, CCAF 18 de Septiembre, dicho sea de paso, en ningún momento le fue informado el traspaso del crédito a otra institución, acto que se llevó a cabo sin ningún tipo de aviso, teniendo las consecuencias que se expresan al día de hoy en el presente recurso.

Considera que el actuar de las recurridas vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad establecidas en el artículo 19 N°3 y N°24, respectivamente, de la Constitución Política de la República.

Pide que se ordene a la recurrida: 1. El reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución, los cuales al día de hoy ascienden al monto total de $348.414.; 2. Abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “Fundación SOFOFA”. Rut RUT reservado, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de remuneraciones de mi representado; 3. Todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Informa la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes (CCAF Los Andes), RUT No RUT reservado, solicitando que el recurso sea rechazado, en síntesis, porque efectivamente el 27 de marzo 2020, otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código 187CON101582016 por un capital inicial de $9.908.726.-, a una tasa de Interés de 1.10%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $296.812, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de mayo 2020. A la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo las cuotas de los meses de agosto 2020 a octubre 2022, (cuotas N°4 a la N°30), en estado moroso. Además, mantiene aún por vencer cuotas hasta mayo de 2024. Ante la falta de pago, el 8 de marzo de 2021, dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza la referida operación, en autos ROL C-68-2021 del Juzgado de Letras de Arauco, causa que actualmente se encuentra terminada por abandono del procedimiento.

Entiende que nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno, puesto que no existen acciones judiciales pendientes o en tramitación para perseguir el cobro de lo adeudado.

Agrega que la Caja 18 de septiembre ha procedido a efectuar los cobros por encargo de CCAF Los Andes en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”. Explica que las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente. En este contrato es parte, además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al artículo 1 de la Ley 18.833. Agrega que conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad Intercajas, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido.

En el contexto normativo antes descrito, Caja 18 de Septiembre, a requerimiento de Caja de Compensación Los Andes, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley 18.833. A la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato. El pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2° de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil en relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

Complementando su informe, agregó que con fecha 20 de marzo de 2019, otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código 183CON101056011, por la suma de $5.605.006.- en un plazo de 24 meses, con una cuota de $263.534.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de mayo de 2019. Las cuotas del mes de mayo de 2019 a marzo de 2020 (1 a 11), se pagaron regularmente a través de descuentos efectuados en las remuneraciones de los mismos meses. Y el saldo de capital insoluto por $3.231.488.- se pagó a través de una nueva solicitud de crédito de fecha 27 de marzo de 2020.

También informó la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre (CCAF 18 de Septiembre), haciendo presente los antecedentes de hecho y de derecho que a su juicio conducen al rechazo de la acción constitucional impetrada.

Señala que no es ni ha sido acreedora del actor, y por cierto, jamás se le ha cedido por la CCAF Los Andes, el crédito del señor nombre reservado, como equivocadamente se plantea en el recurso. Lo que sí ha ocurrido es que ha intervenido en el cobro del crédito que el actor adeuda a la C.C.A.F. Los Andes, ejerciendo el mandato que le fue otorgado al efecto y dando aplicación a la plataforma INTERCAJAS; que se describe de la siguiente forma: “Las Cajas de Compensación La Araucana, Los Andes, 18 de Septiembre y Gabriela Mistral, pertenecientes a Cajas de Chile A.G., han implementado un sistema integrado de recaudación de deudas de afiliados a alguna de las entidades señaladas, que permite que dichas deudas puedan ser recaudadas por la Caja en que el trabajador se encuentre actualmente afiliado. El sistema pretende incentivar un ordenamiento financiero de las personas y evitar su sobreendeudamiento, para lo cual las Instituciones adscritas al proyecto han concordado en que sea la Caja de la última afiliación, la que recaude las deudas contraídas con anterioridad, la cual podrá ofrecer, a dichos afiliados, alternativas de financiamiento en la medida que éstos así lo requieran.”

Señala que este sistema se limita a dar aplicación a la normativa que regula el cobro y pago de las cuotas de crédito social, contenida fundamentalmente en la Ley 18.833, Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar; el DS 71 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el Código del Trabajo; la Ley 17.322 que contiene las Normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las Instituciones de Seguridad Social; y la Circular 3567 de la Superintendencia de Seguridad Social. A continuación, citamos brevemente los preceptos que dan sobrado sustento a la aplicación del sistema INTERCAJAS.

Agrega que el artículo 22 de la ley 18.833 establece lo que sigue: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. A su turno, el artículo 58 del Código del Trabajo dispone la siguiente obligación de cargo del empleador: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones se seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.” Y a su vez, el inciso primero del artículo 22 de la Ley 17.322 mandata: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”

Concluye que el crédito moroso se incluye en la base de INTERCAJAS luego de registrar mora en la Caja acreedora, y tal sistema cobrará aplicación al detectarse que el deudor de una Caja se encuentra prestando servicios para alguna otra Caja de Compensación de Asignación Familiar de la asociación, distinta de la acreedora; circunstancia que el propio relato del actor refrenda al informar que ha recibido el cobro a los pocos meses de iniciar su relación laboral con la Fundación SOFOFA, entidad afiliada, lo que no constituye una presunta “cesión” del crédito, que jamás ha tenido lugar.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Como se ha entendido reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

2.- En este caso, el recurrente hace consistir la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada en que recurrida CCAF Los Andes decidió unilateralmente traspasar un crédito social a la CCAF 18 de Septiembre, comenzando esta última a efectuar descuentos extrajudiciales, ilegales, arbitrarios, abusivos y antojadizos en su remuneración mensual, por mandato de la primera, y sin previo aviso al deudor, obviando además que el cobro judicial de este crédito fue declarado abandonado por Juzgado de Letras de Arauco, en la causa rol C-68-2021 de dicho tribunal.

3.- Por su parte, las recurridas al informar sostuvieron que el crédito social a que se refiere el recurso existe, que es actualmente exigible, su acción no se encuentra prescrita, y que no existe un proceso judicial vigente dirigido a obtener su pago o solución.

Agregan que el cobro del crédito se ha realizado de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la ley 18.833, y que en caso alguno se ha materializado una cesión de créditos en los términos planteados en el recurso.

4.- Con lo relacionado y hasta aquí expuesto, queda claro que el reproche contenido en el recurso se identifique en una cesión irregular del crédito social de que es deudor la parte recurrente, lo que habría permitido, a su entender, que la CCAF Los Andes soslayara los efectos del abandono del procedimiento decretado en la causa rol C-68-2021 del Juzgado de Letras de Arauco, y así habilitar indebidamente a la CCAF 18 de Septiembre a efectuar descuentos en las remuneraciones.

Sin embargo, no consta en los antecedentes allegados al proceso que la referida cesión de crédito se haya efectuado, sino que, por el contrario, su existencia es un hecho controvertido.

Además, sin perjuicio de reconocer las recurridas que actualmente se practican descuentos en las remuneraciones del recurrente para el cobro del crédito social materia de estos autos, aclararon que dichos descuentos quedan amparados en a facultad que les confiere el citado artículo 22 de la ley 18.833 en el marco del convenio “Intercajas”.

5.- Como se adelantó, para que la acción incoada pueda prosperar, requiere que exista un acto ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida, y que este acto lesione un derecho indubitado del recurrente que sea de aquellos que gozan de la tutela constitucional. Esta afirmación resulta acá pertinente, pues luego del análisis de los antecedentes, aparece que no está controvertido que el recurrente sea deudor de un crédito social en parte insoluto otorgado por la recurrida CCAF Los Andes; que dicho saldo está vigente, y que su acción ordinaria no está prescrita.

Además, actualmente, la recurrida CCAF 18 de Septiembre, dentro del convenio marco “Intercajas” a que se refiere la normativa citada en este fallo, practica descuentos de la remuneración del recurrente conforme se le autoriza en el artículo 22 de la ley 18.833.

6.- Así entendido, no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas, conclusión que no se altera por el hecho que el Juzgado de Letras de Arauco haya declarado el abandono del juicio ejecutivo iniciado por Caja Los Andes en contra de recurrente para perseguir el cobro del saldo insoluto del crédito de autos en los autos rol C-68-2021, pues el abandono del procedimiento no inhibe al acreedor para perseguir su crédito mientras la acción ordinaria no prescriba, por cierto, en la sede que corresponda.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de protección y sus modificaciones, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante Marcelo Matus Fuentes.

Rol Protección N°105.651-2022.