nombre reservado con HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE Y OTRA

C.A. de Concepción Concepción, trece de marzo de dos mil veintitrés.

Visto:

nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, licenciada en derecho, domiciliada en domicilio reservado, quien interpuso acción de protección contra Prestador de Salud HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN GUILLERMO GRANT BENAVENTE, Rut RUT reservado, representado por don nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región del Bío Bío, y de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado , enfermera, domiciliada en domicilio reservado.

Fundando su recurso señala que con fecha 21 de noviembre del año 2022 la llamó a su teléfono particular la enfermera de reemplazo del sexto piso del área de recursos humanos, esto es, la recurrida nombre reservado, quien le informó que el día 22 de noviembre del mismo año debía concurrir a las dependencias del hospital regional para efectuar un reemplazo de trabajo en el área de hemodinámia como auxiliar de servicio, razón por la cual le solicitó estar a las 7 de la mañana en el primer piso de la unidad de recursos humanos generales para enrolar sus datos y crear huella dactilar para efectos del reloj control y llevar uniforme clínico para lo cual le solicita que compre uno.

Refiere que efectivamente concurrió en la fecha antes indicada al lugar mencionado, oportunidad en que se le solicitó descargar una aplicación, procediendo a hacerlo.

Añade que posteriormente le solicitaron digitar su huella dactilar tres veces, para acto seguido hacerla firmar una documentación atingente a los riesgos del trabajo, cuestiones que verificó.

Agrega que, a continuación, le pidieron marcar huella en el reloj control, haciéndolo.

Consigna que después se dirigió a su área de trabajo en la unidad de hemodinámia, en la cual la atendió la enfermera jefe encargada de ese espacio, quien reprochó como el que hubiesen enviado a alguien como ella a desempeñar las funciones encomendadas.

Formula que la recurrida expresó que una licenciada en derecho como ella, que estudió tantos años, no puede desempeñarse en un hospital trapeando pisos y sacando basura, mucho menos como auxiliar de servicio. En este mismo sentido, consigna que la recurrida indicó que no la dejaría ingresar a trabajar y que recursos humanos que se había equivocado de perfil.

Señala que concurriendo a recursos humanos a requerimiento de la recurrida le informaron que no había otro trabajo para ella dado que las vacantes se generan a través de las solicitudes que se presentan, y que no pueden hacer nada.

Estima conculcadas las garantías constitucionales del artículo 19 N°s 2 y 16 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

Pide, finalmente, que esta Corte ordene reparar la grave afectación de las garantías constitucionales antes señaladas, con costas, además que se le reponga en su puesto de trabajo, mediando disculpas públicas, pagándosele lo adeudado o lo que este Tribunal establezca.

Informó el abogado BERNARDO INTVEEN FERNÁNDEZ, por la recurrida, Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, quien solicita el rechazo de la acción de protección deducida con expresa condena en costas.

Expresa que con fecha 16 de noviembre reciente la recurrente hizo ingreso de sus antecedentes curriculares al Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (HGGB), señalando por medio del respectivo Formulario de Ingreso que postulaba a un posible cargo no clínico de “Auxiliar de Servicio”.

Señala que al día 21 del mismo mes esta es contactada por parte de personal del HGGB, indicándole que se debía presentar al día siguiente para poder realizar un breve reemplazo en la Unidad de Hemodinamia.

Añade que el 22 de noviembre de 2022 la recurrente se hace presente en dependencias de su mandante, siendo atendida en la Unidad señalada y, previo a culminar el proceso de ingreso como funcionaria, se le consultó respecto de sus antecedentes laborales y conocimientos en la materia, toda vez que el cargo en cuestión requiere ciertas especificaciones para su desempeño, la cuales son fundamentales en el caso de un reemplazo que lo pudiere ejercer.

Indica que en cuanto a este último punto es necesario hacer presente que, atendida la condición de función única de pabellón de alta complejidad y conforme dispone el “Manual Organizacional de la Unidad de Hemodinamia” del HGGB, el cargo o reemplazo de auxiliar de servicio de aquella Unidad requiere ciertos conocimientos y competencias específicas, las que detalla.

Menciona que una advertido que la recurrente no contaba con los conocimientos necesarios para ejercer las funciones que se pretendió, se le señaló a la misma que analizara la posibilidad de postular a otro tipo de cargos dentro de la Institución o bien la posibilidad de considerar una opción de carácter administrativo, dado que sus competencias laborales eran más afines ese sector de trabajo, alternativas que fueron completamente desechadas por su parte.

Sostiene que del solo análisis de la acción entablada y los hechos que la sustentan se puede apreciar que la misma no da cuenta de vulneración a garantía constitucional alguna, ello toda vez que más allá de hacerse mención a lo establecido por medio del art. 19 n° 2 y 16 de la carta magna y normas referentes a los mismos, no se efectúa mayor especificación respecto a de qué manera este se habrían visto trasgredido por aquellos.

Dice que de lo que se logra desprender respecto de lo expuesto por la recurrente y los antecedentes del caso que señala, se debiera entender que la recurrente en el fondo está intentado utilizar una acción constitucional a un caso que corresponde ser atendido por medio de otro tipo de sedes jurisdiccionales más pertinentes a lo pretendido.

Expone que contrario a lo que la recurrente pretende afirmar, aclara que jamás existió relación laboral alguna entre la recurrente y su mandante, toda vez que nunca se concretó proceso alguno de ingreso de aquella como funcionaria del HGGB.

Puntualiza lo anterior refiriendo que para verse completo un proceso de ingreso como el que ambiciona la recurrente, se deben contar a la vez con la realización de exámenes psicológicos y de salud compatible con el cargo, que permitan acreditar que quien postula a un puesto o reemplazo tenga las condiciones necesarias como para poder desempeñarse en las funciones pretendidas. De aquí que entienda que el petitorio de la recurrente en cuanto a volver a ser “repuesto el puesto de trabajo” resulte completamente fuera de razón, ya que la misma nunca estuvo verdaderamente ejerciendo dicho puesto.

Expresa que es del todo evidente que la acción de antecedentes no puede ni debe prosperar, puesto que la misma legalmente no se justifica en lo más mínimo respecto de los hechos que la motivan ni las peticiones de esta.

Sobre lo indicado indica que la recurrente intenta crear una falsa vulneración de garantías constitucionales efectuando interpretaciones absolutamente fuera de lugar respecto de lo que la norma fundamental dispone, afirmando en primer lugar haber sufrido un “maltrato psicológico” sin aclarar ni aportar modo alguno de acreditarlo y solo valiéndose de una afirmación propia y muy conveniente a sus intenciones dentro del proceso.

Apunta que la recurrente intenta generar un, a lo menos cuestionable, caso de discriminación, señalando que habría sido marginada por su condición de “licenciada en derecho”, pero cae en la contradicción de citar el art. 19 n° 16 de la Constitución política de la República, no atendiendo que conforme al inc. 3° de dicha norma la capacidad o idoneidad personal de un individuo si son características a considerar al momento de analizar la posibilidad de ejercer una labor determinada.

Concluye mencionando que la acción de marras debe ser desestimada en todas sus partes, ello con motivo de que la misma se fundamenta en supuestos y versiones ajenas a la realidad de los hechos acontecidos y a la vez se pretende respaldar en normativa no atingente al caso y que, por lo demás, resulta contradictoria respecto de las ambiciones de la presentación.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe requerido y, en base a lo desarrollado en el mismo, rechazar la presente acción de protección deducida en contra de su representada, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, primeramente, resulta útil consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, ahora bien, en lo tocante al acto que en el recurso se tilda de ilegal y, además, de arbitrario, la recurrente lo hace consistir en la incompatibilidad que se le habría representado por las recurridas de su carácter de licenciada en derecho con el cargo de auxiliar de servicios, puesto que para el cual había sido seleccionada. El recurrido, tal como más arriba se indicó, niega la ocurrencia de estos sucesos.

CUARTO: Que para los efectos de justificar los asertos contenidos en el recurso en cuanto a los señalados extremos, no se cuenta, sin embargo, con ningún antecedente que permita fundar sus alegaciones.

QUINTO: Que, así las cosas, queda claro que no existen antecedentes concretos a partir de los cuales siquiera inferir la supuesta existencia de los hechos aludidos por la recurrente, cuestión que hace que los basamentos fácticos expuestos en el recurso –relativamente a los actos tildados de ilegales y arbitrarios- queden sin ningún sustento.

En las circunstancias anotadas, resulta, entonces, que se carecen de elementos de convicción idóneos, serios y suficientes que permitan asentar la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible específicamente al recurrido, y, por lo mismo, en este caso no procede otorgar la protección que se ha impetrado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido en estos autos.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante Renzo Munita Marambio, quien no firma por no contar con token activo o vigente para firmar, ello por cuanto no fue designado abogado integrante este año ante esta Corte de Apelaciones.

Asimismo se deja constancia que no firma el Ministro César Panés Ramírez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrarse ausente y haciendo uso de permiso.

Rol N° 104.316-2022.