nombre reservado con nombre reservado

Concepción, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece la abogada Camila Gallardo Frías, con domicilio en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, empresario; nombre reservado, ingeniero comercial; Inversiones Broitman y Maureira Limitada, representada por nombre reservado, médico, y por nombre reservado, cirujana dentista; nombre reservado, decoradora; nombre reservado, ingeniero comercial; nombre reservado, profesora; Inmobiliaria Pewkayal SpA, representada por nombre reservado, médico; nombre reservado, empresaria; Verena Hempel Maack, asistente social; y nombre reservado, abogado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Laguna Chica de San Pedro de la Paz, e interponen recurso de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados en la chacra “La Candelaria”, número 1.005, sector CORDI, comuna de San Pedro de la Paz.

Señala que sus representados son dueños y legítimos poseedores en comunidad del inmueble denominado “Lote número dos”, que tiene una superficie aproximada de 16.900 metros cuadrados, que resultó de la subdivisión practicada al predio denominado “Tercera Hijuela de la Chacra La Candelaria”, ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz, cuyos deslindes particulares constan en el plano de subdivisión que se encuentra agregado bajo el número 193 al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coronel correspondiente al año 1976, y que según sus títulos tiene los siguientes deslindes: NORTE, Laguna Chica de San Pedro; SUR, con propiedad de doña nombre reservado viuda de nombre reservado; ORIENTE, Laguna 2 Chica de San Pedro; y PONIENTE, con lotes números 1 y 3. En este inmueble sus representados han constituido una comunidad denominada “El Canelo”, señalando los datos de las respectivas inscripciones de dominio.

Luego de relatar una serie de controversias que existieron en sede civil y penal con los recurridos, menciona que arribaron a un avenimiento con ellos en los autos rol C-5288-2016 del Primer Juzgado Civil de Concepción, sobre querella posesoria de restitución. Asimismo, los recurridos fueron formalizados por usurpación no violenta en concurso material con delito de daños en la causa RIT 3288-2015 del Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz. En ambos procesos se obligaron los recurridos a una serie de condiciones, tales como sacar cercos, puertas ni ingresar al predio de los recurrentes.

Agrega que, pese a lo anterior, los recurridos han regularizado, por medio del procedimiento del D.L. 2695, parte importante del predio de sus representados, no obstante lo expuesto y actuado en los procesos judiciales antes referidos y a los compromisos, reconocimiento y acuerdos allí alcanzados, en donde los recurridos habían reconocido el dominio de sus representados y se comprometieron a no regularizar porción alguna del inmueble de éstos. Por la razón expuesta, sus representados dedujeron querella criminal por el delito previsto y sancionado en el artículo 9° del D.L. 2.695 y que actualmente se tramita en el proceso RUC 1910050820-9 del Juzgado de Garantía de Concepción. Agrega que, con fecha 8 de octubre de 2019, los recurridos iniciaron la corta del bosque existente en la propiedad de sus representados por medio de una faena forestal formal.

Refiere que el día sábado 20 de marzo de 2021 varios de sus representados se percataron que entre el día viernes 19 a última hora y la madrugada del día 20 (toda vez que el lugar donde se instaló el cerco está a la vista en el pasaje de acceso a las viviendas de los recurrentes, por lo que ellos tienen claro que antes de ese periodo el mencionado cerco no estaba), los recurridos colocaron una especie de cerco provisorio con dos hebras de alambre para deslindar un espacio que ni siquiera forma parte de lo regularizado y que separa dos sectores internos del inmueble de mis representados. El cerco corre por unos cien metros aproximadamente al costado sur de la huella vehicular que pasa por la parte de la propiedad de sus representados y por la cual acceden los recurridos a los sitios regularizados, pese a que se habían obligado, bajo cláusula penal, a no utilizar dicho acceso. Sus representados desconocen las razones del porqué los recurridos han instalado dicho cerco provisorio, pero claramente constituye un acto de auto tutela, que altera el statu quo y que constituye una nueva agresión hacia el derecho de dominio de sus representados, incorporando imágenes del cerco.

Indica que, de esta forma, el acto ilegal y arbitrario en contra de cual se recurre es la acción de autotutela consistente la instalación de un cerco que divide un sector de la propiedad de sus representados con otro sector de la misma propiedad, acto que afecta el derecho de dominio de los recurrentes sobre su inmueble, a fin de que se adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados. Afirma que dicho acto de auto tutela, como queda de manifiesto, afecta, perturba y/o amenaza el legítimo derecho de dominio así como la posesión inscrita y material que sus representados tienen sobre su inmueble, dominio cuya protección está garantizado constitucionalmente en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental. Y conforme al artículo 20 de dicho texto constitucional, su protección puede ser obtenida directamente por intermedio de esta I. Corte, a través de la presente acción.

Solicita, en concreto, que se declare que los recurridos han obrado ilegalmente al instalar el cerco señalado y que, por lo mismo, se les condena a su total retiro en el plazo de tercero día o en el plazo que se indique, desde que la sentencia quede firme y, además, se les ordene abstenerse de realizar todo tipo de actos que importen perturbar, embarazar y/o privar a los recurrentes de su dominio sobre su inmueble, sin perjuicio de las demás medidas que se estime pertinentes adoptar para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, con costas.

Informa el recurso el abogado Eduardo Contreras Lagos, en representación de nombre reservado y nombre reservado que, en lo medular, señala que sus representados no efectuaron la instalación de ningún cerco y que el inmueble en cuestión no es de su dominio ni se encuentra en posesión material de su parte. Añade, en todo caso, que el retazo objeto del recurso tampoco sería de propiedad de los recurrentes.

Informa también el recurso don nombre reservado, solicitando, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, toda vez que no se ofrece ningún medio de prueba que permita contabilizar el plazo de la presente acción. Asimismo, alega la improcedencia del recurso, pues el inmueble de propiedad de su parte (inscrito a fojas 5811 Nº2984 del Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro de la Paz) y de los recurrentes no se superponen y tienen deslindes claramente definidos.

Afirma que puede observarse del plano acompañado, que los recurrentes no son dueños del predio colindante al recurrido. Asimismo, puede constatarse que el límite poniente está dado por el camino público, y al poniente de este camino se encontraría el predio rol 12.109-27 de la comuna de San Pedro de la Paz. Que de los antecedentes que figuran en el expediente digital no se puede establecer que los recurrentes son dueños del predio bajo el rol 12.109-27 de la comuna de San Pedro de la Paz. Así, tampoco, puede sostenerse que ellos serían la comunidad El Canelo, al no acompañarse antecedente alguno en este sentido. Por el contrario, le resulta manifiesto que los comuneros del Lote 2, derivado de la “Tercera Hijuela de la Chacra de la Candelaria”, pretenden por vía de la acción constitucional redefinir el antiguo límite poniente de su propiedad. En los hechos y según demuestra la fotografía satelital de fecha de 27 de febrero de 2021, el límite poniente de predio poseído por los recurrentes está dado por el camino público, el cual es coincidente con la cartografía del Servicio de Impuestos Internos incorporada por su parte.

Respecto del cerramiento, indica que se trata de un antiguo cierro, el que es reparado, solo cuando se hace estrictamente necesario, por nombre reservado. Señala que en la especie no ha existido alteración alguna de los deslindes existentes, ya que el cerco no se ha corrido un solo centímetro, sólo se han hecho mantenciones al que existe. Y que de las fotografías acompañadas tanto por su parte como por los recurrentes, se puede apreciar que el cierro denunciado se encuentra emplazado en la misma ubicación y extensión derivada de la natural división de los terrenos y al costado del camino público.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD ALEGADA. Que la parte de don nombre reservado ha alegado la extemporaneidad del presente recurso, toda vez que la recurrente no ofrece ningún medio de prueba que permita contabilizar el plazo de la presente acción.

Esta alegación será desestimada sin más trámite, desde que el recurrido no ha acreditado de manera alguna que el acto preciso recurrido –la instalación de cercos– lo ha sido en una fecha distinta planteada por los actores, por lo que la acción de autos debe tenerse por interpuesta dentro del plazo que regula el Auto Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

En consecuencia, la presente acción no es extemporánea.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO. Que el acto que se reprocha como acto ilegal y arbitrario es la instalación de un cerco en el predio de los recurrentes por parte de los recurridos, que altera el statu quo existente.

CUARTO. Que no es un hecho controvertido por las partes que han existido y existen múltiples disputas sobre el dominio y la posesión de sus respectivos inmuebles.

QUINTO. Que, primeramente, la acción no podrá prosperar en contra de nombre reservado y nombre reservado, toda vez que el otro recurrido, nombre reservado, reconoció en su informe que el cerco en cuestión fue reparado por él, lo que permite descartar la participación de aquellos en el acto impugnado.

Por ende, lo que debe analizarse es si la conducta del último resulta ilegal y arbitraria.

SEXTO. Que la defensa del recurrido nombre reservado sostiene que sólo ha realizado actos de reparación de un cerco ya existente y que no existe superposición entre el predio de su parte y el de los recurridos, pues entre ambos existiría el predio cuyo rol de avalúos es el Nº12.109-27.

Asimismo, durante la vista de la causa, su abogado manifestó que el citado cerco se emplaza en un sitio que permite deslindar el Lote rol 12.109-27 –respecto del cual no tiene derecho alguno su parte– con un camino público.

SÉPTIMO. Que, asimismo, ambas partes están contestes en las características, ubicación y forma del cerco objeto de esta controversia, como aparece de la aceptación por parte del citado recurrido de las fotografías adjuntadas por la parte recurrente en su acción, incorporándola en su informe.

OCTAVO. Que, apreciadas las citadas fotografías conforme a las reglas de la sana crítica, aquellas permiten tener por acreditado que se trata de un cerco de reciente data, como se puede observar del estado de las estacas y de las hebras de alambre prácticamente nuevas. Por lo demás, no se aprecia la existencia de vestigios que dieren cuenta de la existencia de un cerco antiguo –como afirma el recurrido–, máxime si no ha acompañado alguna prueba que permitiera establecer aquello.

Por lo demás, según los propios dichos del abogado del recurrido en la vista de la causa, el deslinde supuestamente “reparado” por su parte está ubicado en un predio en que su mandante carece de todo derecho, por lo que la conducta del mismo resulta carente de justificación y, en ese entendido, sin fundamento alguno.

NOVENO. Que, así las cosas, resulta ser efectiva la instalación del cerco por parte del recurrido nombre reservado, impidiendo, sin derecho alguno, el acceso al terreno contiguo al mismo por parte de los recurrentes y materializando un deslinde hasta ahora inexistente, alterando el statu quo vigente e incurriendo en una actuación que resulta contraria a derecho, toda vez que ejerció un acto de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, según la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, constituyéndose en una comisión especial (en este sentido, sentencia de la Excma. Corte Suprema de 01 de marzo de 2021, rol 150.547-2020).

Por lo que se accederá a la protección impetrada en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la extemporaneidad alegada por nombre reservado.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la abogada Camila Gallardo Frías, sólo en cuanto se ordena a nombre reservado a retirar el cerco objeto de estos autos, instalado por unos cien metros aproximadamente al costado sur del camino vehicular existente en el lugar, dentro de décimo día de que la presente sentencia quede firme o ejecutoriada, debiendo abstenerse de llevar a cabo cualquier vía de hecho que importe alterar el statu quo vigente.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la sentencia el abogado integrante Carlos Céspedes Muñoz.

Protección Nº1043-2021.