nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Concepción, viernes veintiséis de julio de dos mil veinticuatro VISTO:

Comparecieron los abogados Alejandro Ignacio Espinoza Espinoza, y Matías Piquer Franco en nombre y a favor de nombre reservado, cedula de identidad para extranjeros RUT reservado, de nacionalidad venezolana, para estos efectos domiciliada en domicilio reservado, Región del Biobío, recurriendo de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario ejercido mediante la Resolución Exenta N°103047, de 17 de agosto de 2021, que procedió a rechazar la solicitud de prórroga de Residencia Temporaria solicitada por la recurrente el 19 de diciembre de 2020, junto con una orden de abandono del país, la cual debe llevarse a cabo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto, constituyendo dicha resolución una vulneración al derecho a igualdad ante la ley y al debido proceso, consagrados en el artículo 19 números 2° y 3° de la Constitución Política de la República.

Expone que la extranjera ingresó al territorio nacional por primera vez en agosto del año 2018, en calidad de turista, siendo titular posteriormente de residencia temporaria otorgada el año 2019. El 19 de diciembre de 2020, la recurrente solicitó la prórroga de su visa temporaria, la que quedó ingresada bajo el número de solicitud 15885838, no obstante, la autoridad rechazó esta solicitud mediante Resolución Exenta n°103047 dictada el 17 de agosto de 2021.

Refiere que la aludida resolución jamás fue notificada a la recurrente, quien al no haber obtenido información alguna sobre su solicitud, el 20 de diciembre de 2021, al cumplir más de un año de residencia, presentó una solicitud de residencia definitiva, la que es declarada inadmisible mediante Resolución Exenta n°23282625, de 25 de julio del año 2023, es decir, transcurridos 19 meses desde ingresada su solicitud.

Por lo anterior, la recurrente realizó una solicitud administrativa, amparándose en la Ley de Transparencia, en el mes de agosto de 2023, para tratar de obtener la resolución que le impuso la respectiva sanción migratoria y, luego de una solicitud de prórroga por parte de la autoridad, se le envió el Oficio N° 79277, en septiembre de 2023, donde se le dejó a disposición la resolución que declaraba inadmisible la solicitud de residencia definitiva, no siendo esto acorde con el petitorio. Por este motivo, nombre reservado debió realizar un Amparo por denegación de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia, recurso que recién tuvo respuesta el 21 de diciembre de 2023, momento en que la recurrente tomó conocimiento, por primera vez, de la existencia de la Resolución Exenta n°103047, que rechazó su solicitud de prórroga junto con la orden de abandono en su contra, ya mencionada.

Refiere que ésta última resolución provoca un evidente perjuicio para la recurrente, pues le significa quedar imposibilitada para realizar cualquier tipo de solicitud de residencia y poder regularizar su situación migratoria en el país, no habiéndose tomado en cuenta el tiempo transcurrido durante el que la autoridad no le notificó ningún tipo de respuesta a su solicitud de prórroga, ni la situación especial de pandemia en que todo esto ocurrió, durante la cual muchos servicios públicos, suspendieron o redujeron en gran parte sus actividades, así como tampoco el arraigo familiar que la recurrente ha desarrollado en el país, donde vive junto a su grupo familiar compuesto por su pareja, nombre reservado, quien es titular de Permanencia Definitiva, y sus hijas, nombre reservado y nombre reservado, ambas menores de edad y quienes poseen solicitudes de permanencia definitiva en trámite. Actualmente la recurrente se encuentra con contrato laboral desde el año 2021, en calidad de Educadora en Inversiones y Proyectos Mario Rosi y Andreína, en actividades de apoyo a la enseñanza.

Hace presente que nombre reservado no posee antecedentes penales ni en Chile ni en su país de origen.

Estima afectadas las garantías constitucionales de derecho a la igualdad ante la ley (19 n°2 CPR) y al debido proceso (19 n°3 CPR), al no haber realizado adecuadamente la notificación de la resolución que se busca dejar sin efecto.

Puntualiza que la conducta denunciada consiste en la omisión en terminar adecuadamente el procedimiento administrativo, cuestión que, por su propia naturaleza, resulta un hecho de carácter permanente, que se verifica día a día, mientras la autoridad no realice la notificación adecuada del respectivo acto terminal.

Destaca que la recurrente tiene a su grupo familiar en Chile, por lo tanto, la resolución que se busca dejar sin efecto y que rechazó su solicitud de prórroga, lesiona un principio consagrado no sólo por la Constitución Política de la República, sino también por Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como lo es la protección de la unidad familiar, especialmente si se tiene en consideración que existen menores de edad involucrados, tal como ocurre en este caso.

Pide se acoja el recurso en todas sus partes, disponiendo que se tomen todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y, en particular, dejar sin efecto la Resolución Exenta N°103047, de 17 de agosto de 2021, que rechazó la solicitud de residencia temporal realizada por nombre reservado y dispuso abandono del país dentro del plazo de 15 días desde la fecha de su notificación, continuando con la tramitación de su solicitud de residencia temporal, o bien las medidas que se consideren razonables o pertinentes para corregir la vulneración indicada.

Informó nombre reservado, Jefe nombre reservado Provincial Biobío de la Policía de Investigaciones, señalando que respecto de la extranjera nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, pasaporte venezolano N° RUT reservado, al efectuar las consultas de movimientos migratorios en el Sistema de Gestión Policial GEPOL, registra como único movimiento migratorio el ingreso al territorio nacional el 2 de agosto de 2018, por el Aeropuerto nombre reservado. Al efectuar las consultas en el Sistema Residentes Extranjeros, registra domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, no se ha informado cambio de domicilio.

Al consultar en Sistema B3000, registra como última tramitación la Resolución Exenta N° 23282615 de 27.JUL.2023, del Servicio Nacional de Migraciones, que señala inadmisible la solicitud de permanencia definitiva, con expulsión vigente.

Agrega que la recurrente no cuenta con antecedentes policiales; no registra órdenes de detenciones pendientes, antecedentes policiales ni encargos judiciales vigentes en su contra.

Finalmente indica que la entidad encargada de resolver el otorgamiento o rechazo de beneficios migratorios es el Servicio Nacional de Migraciones.

Informó Ricardo Alejandro Esteban Sáez Marty, abogado, mandatario judicial de la Dirección Regional del Biobío del Servicio Nacional de Migraciones, quien, en lo atinente, alegó la inadmisibilidad del recurso, por cuanto no reúne los requisitos básicos que la Constitución Política de la República y el Auto Acordado exigen para su admisión a trámite, dado que no existe vulneración ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas que sea consecuencia de alguna conducta desplegada por el Servicio Nacional de Migraciones. Añade, que en el recurso se alega la supuesta vulneración respecto a la Resolución Exenta N° 24101773, de 05 de marzo de 2024, la cual ordena el archivo de solicitud de residencia definitiva. Que no existe vulneración alguna en los hechos ni un acto u omisión que pueda ser calificado como ilegal o arbitrario y que vulnere las garantías fundamentales de la contraria, ni aun en grado de amenaza, y que pueda ser tutelada mediante la presente acción. Así, la materia de la presentación excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección, ya que la resolución indicada se encuentra ajustada al estándar de juridicidad dictada por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones, por lo que, la presente acción debe ser declarada inadmisible.

Agrega, que el recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados, por lo que carecería de legitimación pasiva. En dicho sentido la recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esta autoridad en atención a que, no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por la recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N° 21.325, por lo que mal podría ser esta autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En cuanto el fondo, señala que nombre reservado, ciudadana nacional de Venezuela, ingresó por primera vez al país el 2 de agosto de 2018, por paso fronterizo habilitado Aeropuerto nombre reservado, por motivo de turismo. El 19 de diciembre de 2020, se ingresó solicitud de prórroga de residencia temporal ID 15885838, la que actualmente se encuentra en Estado Completado, Etapa Resolución.

Por Resolución Exenta 103047, de 17-08-2021, se rechazó la solicitud de prórroga de residencia temporal y dispone abandono del país.

El 20 de diciembre de 2021, se ingresó solicitud de residencia definitiva ID 19020694, la cual se encuentra actualmente en estado completado etapa análisis I.

Verificados los registros, la extranjera mantiene una orden de abandono vigente del país, la que se encuentra vigente, por lo que mediante resolución exenta N° 23282615 de 25 de julio de 2023, se declara inadmisible solicitud de residencia definitiva. De acuerdo a Resolución Exenta 103047 de 17 de agosto de 2021, se resolvió rechazar la solicitud de visación de residencia temporal.

Añade que es facultad del servicio resolver las solicitudes de residencia de conformidad a los antecedentes analizados y pudiendo recurrir por la vía administrativa, la extranjera no ha realizado gestiones tendientes a agotar dicha vía.

Finalmente esta autoridad no ha decretado alguna medida de expulsión contra la persona recurrente y así mismo no consta su salida del territorio nacional. Sin embargo, no se ha decretado medida de expulsión contra la persona recurrente y asimismo no consta su salida del territorio nacional.

Refiere que la recurrente no cumple suficientemente con los requisitos que lo habilitan para residir en el país, que habiéndose cumplido el plazo otorgado, y analizados los antecedentes acompañados por la extranjera en su solicitud de residencia, no fue posible desvirtuar los motivos que sustentan las razones invocadas para el rechazo de la solicitud de residencia presentada.

Señala que habiéndose dictado acto administrativo final conforme a derecho que resuelve la solicitud de la recurrente con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, teniendo presente asimismo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal imputable a la autoridad, las conductas alegadas por la recurrente no pueden prosperar toda vez que la autoridad ya emitió pronunciamiento respecto de la solicitud realizada y dicho acto obedece a que su situación se enmarcan dentro de los requisitos establecidos dentro de la normativa para acceder mediante sus solicitudes al permiso impetrado, hecho que no obsta a que puedan postular nuevamente dando cumplimiento a lo establecido en la misma norma del ramo.

Finalmente, indica que no procede que esta parte sea condenada en costas, toda vez que se ha dado cumplimiento estricto a lo establecido en la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, en un primer orden de ideas, debe señalarse que la alegación de inadmisibilidad formulada por la recurrida no habrá de prosperar, dado que, por un lado, esta Corte ya revisó el aspecto que ahora se trae a colación y fue por ello que se acogió a tramitación la acción de autos, y, por otro, lo argumentado al punto no dice relación con la admisibilidad del recurso, sino más bien con el mérito de la materia sujeta a controversia.

Y tampoco llevará mejor suerte la alegación de falta de legitimación pasiva, como quiera que el acto que se tilda de ilegal y/o arbitrario por el recurrente, se le atribuye e imputa concreta y directamente al órgano recurrido, razón por la cual carece de todo asidero lo indicado por éste en el punto en comento.

TERCERO: Que, ahora bien, y acorde a lo consignado en la parte expositiva de este fallo, lo cuestionado en la especie es el acto administrativo mediante el cual el SERMIG rechazó la solicitud de prórroga de residencia temporal formulada por la recurrente y, a renglón seguido, dispuso su abandono del país.

La actora, según lo más arriba señalado, aduce el desconocimiento de varias de las resoluciones dictadas por el servicio recurrido y que se relacionan con su condición de migrante, añadiendo que cuenta con arraigo familiar, social y laboral en nuestro país.

CUARTO: Que del análisis razonado y reflexivo de los antecedentes acopiados en la causa, estos sentenciadores pueden inferir, por medio de la aplicación de un procedimiento lógico de inferencia, que lleva la razón la actora nombre reservado, al alegar la mencionada situación de arraigo, la que se colige de la documentación a que ya se ha hecho referencia (sección expositiva), constando, en lo esencial, que ella y su pareja son los padres de dos hijos menores de edad, y tanto aquél como éstos se encuentran en forma regular en Chile, siendo el primero titular de permanencia definitiva, y los dos hijos con solicitudes de permanencia definitiva en tramitación.

Por otra parte, la aludida nombre reservado cuenta con la profesión de “educadora”, y tiene un contrato de trabajo vinculado con labores propias de su actividad profesional.

QUINTO: Que, entonces, la documentación allegada al recurso demuestra que la actora, y probablemente desde su mismo arribo al país (ingresó en forma regular), se ha empeñado en mejorar, por medios legítimos, no sólo las propias condiciones personales y sociales que tenían en su país de origen, sino también, las del resto de las personas que componen su grupo familiar, y que permanecen junto a ella en Chile.

En consecuencia, lo resuelto por el acto impugnado importa, como es de toda evidencia, impedirle en los hechos, la reunificación familiar, en la medida que se le insta a hacer abandono de nuestro territorio nacional y ello bajo las consecuencias legales del caso (expulsión) en caso de no acatar la orden de salida.

SEXTO: Que sobre lo que se viene diciendo, cabe traer a colación normativa internacional acerca de los refugiados, cuya no es la situación específica de la actora en este caso, empero nos ilustra sobre criterios que han de observarse en el escenario de personas que han huido de sus países de origen porque han temido por su integridad y seguridad.

Así, ha de considerarse la Declaración de Cartagena de 1984, que recoge las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisando un concepto de refugiado al incluir en él a las personas que han huido de sus países porque, su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público; lo que es recogido posteriormente en la Declaración de nombre reservado de 1994.- Y, en sintonía con lo anterior, varias veces ha resuelto la Excma. Corte Suprema que en situaciones como la que se analiza, resultan aplicables, en calidad de principios propios del Derecho Humanitario Internacional, el de Defensa, Revisión de la Medida y Decisión Judicial Previa, de la No Devolución y No Rechazo en Frontera, haya sido o no reconocida la condición de refugiados, hayan ingresado o no regularmente al territorio nacional, normas del Derecho Internacional reconocidas a partir de la Convención de 1951, y artículo VII del Protocolo de 1967 y que proviene de la condición de aquellos, lo que ha sido reconocido, asimismo, de acuerdo al ius cogens en forma expresa en la Declaración y Plan de acción de México, para fortalecer la protección internacional en favor de las personas en América Latina.

SÉPTIMO: Que, de esta forma, la decisión cuestionada en el recurso importa menoscabar la unidad familiar de la actora, en la medida que le impone la obligación de separarse de la misma, con lo cual se vulnera el artículo 1°, incisos primero y final, de la Constitución Política de la República, en cuanto establecen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección.

Consecuencialmente, esta Corte acogerá la solicitud de protección en los términos que se pasarán enseguida a decir.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se desestiman las alegaciones de inadmisibilidad del recurso y de falta de legitimación pasiva formuladas por la recurrida, y II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de la migrante nombre reservado, en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 103047, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, con fecha 17 de agosto de 2021 y mediante la cual se rechazó la solicitud de prórroga de residencia temporal solicitada por la recurrente el 19 de diciembre de 2020, y se dispuso, además, una orden de abandono del país, y se ordena que el referido órgano deberá fijar un nuevo plazo a la actora nombre reservado, otorgándole así la posibilidad efectiva de justificar la situación de arraigo familiar y social en Chile que ésta alega, luego de lo cual procederá a resolver, dentro de un término razonable y en su mérito, la mencionada solicitud.

El órgano recurrido deberá informar oportunamente a esta Corte acerca del cumplimiento de lo ordenado en este fallo.

Sin perjuicio de lo anterior, cúmplase, en su oportunidad, con lo establecido en el numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Se hizo uso en este caso, según consta en autos, de la facultad establecida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

Rol N° 10.350-2024 – Protección.-