nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GSR/ari C.A. de Concepción.

Concepción, veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

Visto:

Comparece el abogado Gonzalo Camiruaga Pizarro, en representación de nombre reservado, en su condición de heredera de doña nombre reservado, recurriendo de protección en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada para estos efectos por su Director Regional Tesorero don nombre reservado, por el actuar ilegal y arbitrario del organismo recurrido, al negarse a revalidar el cheque fiscal Nº [cuenta reservada], de 11 de mayo de 2018, girado a nombre de la causante, para permitir su cobro por parte de sus herederos, les ha privado del legítimo derecho de propiedad sobre la suma de dinero documentada en dicho título de crédito.

Fundando su recurso señala que Doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, falleció con fecha 11 de septiembre de 2016, y a casi dos años después de su fallecimiento, específicamente el día 11 de mayo de 2018, la Tesorería General de la República emitió a nombre de la causante el cheque Nº [cuenta reservada] de la cuenta única fiscal del Banco del Estado de Chile por la suma de $5.044.224, correspondiente a devolución de impuestos.

Indica que sus representados y recurrentes de autos, son herederos de doña nombre reservado, cuya posesión efectiva de su herencia les fue concedida por sentencia pronunciada el 31 de mayo de 2022 por el 1º Juzgado Civil de Concepción en los autos Rol V-216- 2021, y que el impuesto de herencia fue pagado y el testamento y el decreto de posesión efectiva fue debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad.

Refiere que a la época en que se dictó la sentencia concediendo la posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de doña nombre reservado, entre los que se encontraba el cheque de devolución de impuesto a la renta antes aludido, el plazo de 60 días contados desde su fecha de emisión para cobrarlo se encontraba con creces caducado, conforme el artículo 23 del DFL 707 sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

Agrega que conforme lo anterior, mediante misiva de fecha 17 de octubre de 2022, en representación de la sucesión de doña nombre reservado, solicitó a la Tesorería General de la República realizar las gestiones para la revalidación y cobro del cheque de devolución de impuesto de la causante, que fue girado el año 2018. A lo que mediante el Oficio Ordinario Nº 25574-TR-CONCE, de fecha 21 de octubre de 2022, la Tesorería Regional de Concepción se negó a revalidar el cheque antes individualizado argumentando que el plazo para solicitar tal revalidación estaría vencido, debido a la aplicación del plazo de prescripción de 3 años establecido en el artículo 2521 del Código Civil.

Hace presente que la norma legal aludida indica que “prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos” y que la regla transcrita y que ha servido de fundamento para la negativa de la recurrida de revalidar el cheque emitido en 2018 no es aplicable al caso de autos pues en la especie no se está exigiendo —ni se está ejerciendo una acción en contra del Fisco proveniente de un impuesto— a Tesorería el pago de una suma de dinero adeudada por el Fisco, sino solo la revalidación de un cheque al emisor del mismo.

Agrega que el cheque es un mero instrumento que documentó una obligación de dinero que el Fisco tenía a favor de la causante, obligación que fue reconocida y determinada formal y previamente por la autoridad tributaria —Servicio de Impuestos Internos— que ordenó a la Tesorería a efectuar el pago de esa suma a la contribuyente mediante el giro del cheque, y que no existe controversia de índole tributaria respecto del derecho que le asistió a la contribuyente fallecida para que se devolviera la suma que el Servicio de Impuestos Internos ordenó que le sea restituida.

Sostiene que el problema, radica únicamente en que el cheque que fue girado en pago de esa obligación del Fisco caducó antes de que los herederos obtuvieran la posesión efectiva de la contribuyente a nombre de quien se giró y solo cabe su revalidación para que sus herederos puedan cobrarlo. En otras palabras, lo único que pretenden los herederos es que sea revalidado el cheque que por causa que no les es imputable, el plazo para cobrarlo se encuentra vencido, en otras palabras que la orden escrita de pago que lleva todo cheque sea revalidada, atendido el tiempo transcurrido desde que fue expedido.

Estima que al negarse la Tesorería General de la República, obrando mediante la Tesorería Regional de Concepción, a revalidar el cheque fiscal que documenta una suma de dinero que en derecho le corresponde a mis representados, ha vulnerado de forma ilegal y arbitraria el legítimo derecho de propiedad de éstos.

Cita jurisprudencia atingente al caso.

Termina solicitando tener por deducido recurso de protección constitucional, acogerlo a tramitación y en definitiva disponer las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, y en particular, ordenar a la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA que revalide el cheque fiscal antes indicado, o en su defecto, que emita un nuevo cheque por la misma suma de aquél debidamente reajustada, con las costas del recurso.

Informó la abogada MARIA ANTONIETA VARELA CORVALAN, en representación de la Tesorería Regional de Concepción, señalando que con fecha 20 de octubre de 2022, don Gonzalo Camiruaga Pizarro, en representación de la sucesión de nombre reservado, realiza presentación ante la Tesorería Regional de Concepción, solicitando la revalidación del cheque N° [cuenta reservada], por un monto de $ 5.044.224, girado con fecha 11 de mayo de 2018, por concepto de devolución de impuesto a la renta de la contribuyente, correspondiente al año tributario 2018.

Continúa señalando que mediante Ordinario N° 25574-TR CONCE, de fecha 21 de octubre de 2022, mismo acto recurrido, el Servicio de Tesorerías, dando respuesta la solicitud antes dicha, informa que no corresponde acceder a lo solicitado, por cuanto el plazo para solicitar la revalidación del cheque está vencido, y se aplica el plazo de prescripción de 3 años, establecido en el artículo 2521 del código civil y que nuestra normativa interna, está en concordancia con dicha disposición legal.

Sostiene que el actuar del Servicio de Tesorerías, en la especie, se ajusta estrictamente a derecho, limitándose a cumplir con sus labores propias, como se desprende, de la sola lectura del Ordinario 25574-TR CONCE, la Tesorería Regional de Concepción se ha limitado a señalar, en el caso del cheque de devolución de renta AT 2018, que la solicitud de reemplazo se ha realizado fuera del plazo que tenía para ello conforme dispone el artículo 2421 del Código Civil. Siendo en síntesis, dicha solicitud rechazada por ser extemporánea, la oportunidad para realizarla, pues a precluído.

Agrega que, de acuerdo a lo señalado el actuar de la Tesorería Regional de Concepción, no puede ni ha podido privar, perturbar o amenazar el derecho de propiedad de la recurrida, toda vez que, se ha limitado a cumplir, estrictamente con el mandato que la Ley le impone.

Añade que respecto del cheque de devolución de impuesto a la Renta AT 2018, teniendo presente que se trata de la solicitud de revalidación del documento (cheque) por el que se materializó el egreso, el que por lo demás proviene de impuestos, Tributación Fiscal Interna, se aplican los plazos señalados en el artículo 2421 del Código Civil, esto es la oportunidad para solicitar su revalidación es de 3 años, contados desde la fecha en que se materializa el egreso, en este caso, desde que se giró el cheque (11 de mayo de 2018), y que en la especie, la solicitud de revalidación del cheque AT. 2018, fue realizada extemporáneamente, transcurridos los plazos establecidos en el artículo 2421 del Código Civil, una vez que su oportunidad para realizarla a precluído.

Termina solicitando tener por evacuado el informe ordenado y, en definitiva, rechazarlo por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina, la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia, alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que, en el caso de que se trata, quien recurre de protección por sí y a nombre de la sucesión que individualiza, ha tildado de ilegal y arbitrario el proceder de la Tesorería Regional de Concepción, al negarse a revalidar o renovar el documento/cheque caducado correspondiente a la devolución de impuestos año tributario 2018, que fuera girado, en su oportunidad, al contribuyente doña nombre reservado, actualmente fallecida.

TERCERO: Que, por su parte, la recurrida ha manifestado que Como claramente se desprende, de la sola lectura del Ordinario 25574-TR CONCE, que la Tesorería Regional de Concepción se ha limitado a señalar, en el caso del cheque de devolución de renta AT2018, que la solicitud de reemplazo se ha realizado fuera del plazo que tenía para ello conforme dispone el artículo 2521 del Código Civil, rechazándola por extemporánea, agrega que la oportunidad para solicitar su revalidación es de 3 años, contados desde la fecha en que se materializa el egreso, en este caso, desde que se giró el cheque (11 de mayo de 2018).

De lo anterior colige que no ha incurrido en ninguna arbitrariedad ni ilegalidad susceptible de ser amarada mediante esta acción.

CUARTO: Que, con los antecedentes allegados al recurso y de lo afirmado por las partes, se dan por acreditados los siguientes hechos:

a) Que el 11 de mayo de 2018 la Tesorería General de la República emitió un documento/cheque a nombre de la contribuyente nombre reservado por la suma de $ 5.044.224.- correspondiente a la devolución de impuesto a la Renta, año tributario 2018, el que no fue cobrado.

b) La referida contribuyente falleció el 11 de septiembre de 2016 y la posesión efectiva de su herencia les fue concedida por sentencia pronunciada el 31 de mayo de 2022 por el 1º Juzgado Civil de Concepción en los autos Rol V-216-2021. El impuesto de herencia fue pagado y el testamento y el decreto de posesión efectiva fue debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad.

Incluyendo entre sus bienes “Devolución de Impuestos a la renta Tesorería General de la República. Valorización: cinco millones cuarenta y cuatro mil doscientos veinticuatro pesos”.

c) Mediante oficio Ordinario 25574-TR-CONCE de 21 de octubre de 2022, el Tesorero Regional de Concepción se negó a revalidar el cheque por estar vencido, correspondiente a la devolución de impuestos antes señalada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2521 del Código Civil.

QUINTO: Que, el fundamento de la entidad recurrida para negarse a revalidar o girar un nuevo documento por la suma correspondiente a la devolución de impuestos, de la contribuyente nombre reservado, actualmente fallecida, representado por su sucesión, se hace consistir en que la petición ha sido planteada extemporáneamente, fuera del plazo previsto en el artículo 2521 del Código Civil, por estimarse que transcurrió el plazo de tres años para el reemplazo del referido documento, encontrándose prescrita dicha obligación.

SEXTO: Que la disposición legal antes citada, dice relación con el tiempo de prescripción que extingue acciones y derechos ajenos, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, plazo que se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible, y en lo pertinente, establece que este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias.

Sin embargo, como se sabe, para que opere la prescripción en un caso concreto, debe ser alegada y declarada judicialmente, lo que en la situación de autos no ha ocurrido ya que no se acreditó la existencia de una resolución judicial emanada de tribunal competente en tal sentido.

SÉPTIMO: Que así las cosas, al no existir en la especie declaración alguna de prescripción emanada de tribunal competente que extinga la acción de cobro de la recurrente, el argumento de Tesorería General de la República para negarle el pago que pretende se torna ilegal y, además, es arbitrario, en atención a que tal decisión no tiene sustento alguno en la ley y tampoco existe razón que justifique tal negativa, ya que la sola circunstancia de estar caducado el cheque oportunamente girado a la contribuyente hoy fallecida, no significa que haya operado la prescripción extintiva respecto de su cobro, con lo cual la negativa obedece únicamente al capricho del Servicio recurrido.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo que se viene argumentando, resulta evidente que la omisión en que ha incurrido el Servicio de Tesorerías implica que se ha constituido en una comisión especial al resolver por sí y ante sí que la obligación antedicha se encuentra prescrita, e importa desconocer el derecho de propiedad de la sucesión -de la que forma parte la actora- sobre los dineros que el Fisco debe entregarle por concepto de devolución de impuestos, lo que constituye una vulneración a las garantías que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N°3 inciso quinto y N°24 respectivamente, siendo de este modo procedente acoger el recurso de protección intentado, en la forma como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide:

Que SE ACOGE, sin costas, la acción de protección interpuesta por Gonzalo Camiruaga Pizarro en representación de doña nombre reservado y demás herederos, debiendo la recurrida TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA dentro del plazo de diez días de ejecutoriado este fallo, girar a la actora el cheque correspondiente, por un total de $ 5.044.224.- por concepto de devolución de impuesto a la renta, año tributario 2018, de la contribuyente doña nombre reservado, hoy fallecida, de la que la recurrente es heredera e integrante de la sucesión; con más los reajustes correspondientes de acuerdo con la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, entre el 21 de octubre de 2022 y la fecha de su pago efectivo.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción de la ministra suplente Claudia Vilches Toro.

ROL N°102.110– 2022 PROTECCIÓN.