Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, tres de marzo de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que comparece don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado.

Sostiene el actor que el acto impugnado consistente en la Resolución Exenta Nº NUM000 de fecha 19 de noviembre de 2025, es ilegal y arbitrario.

Precisa que dicha resolución, dictada tras la interposición de un recurso de reposición y un nuevo reclamo administrativo, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006.

Fundamenta su pretensión en el diagnóstico de trastorno bipolar afectivo de carácter crónico, ratificado por los médicos psiquiatras Dr. nombre reservado y Dr. nombre reservado, bajo tratamiento con carbonato de litio, quetiapina y cliotazepan.

Alega que la recurrida incurrió en falta de motivación al prescindir de la anamnesis del médico tratante y omitir la realización de exámenes directos, peritajes o visitas domiciliarias, contraviniendo las facultades del artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud.

Expone que la persistente denegación y el impago de los subsidios han provocado un grave deterioro en su salud mental y una precaria situación económica, derivando en un sobreendeudamiento que le obligó a despojarse de propiedades para solventar sus obligaciones básicas.

Estima vulnerada las garantías del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, relativa a la integridad física y psíquica, y el artículo 19 N° 24, referido al derecho de propiedad sobre el subsidio por incapacidad laboral.

Concluye solicitando se acoja la acción, se deje sin efecto la resolución y se ordene a la recurrida disponer los actos administrativos necesarios para la aprobación y pago de los subsidios derivados de las licencias señaladas. 2°.- Que, evacua informe el abogado Tomás Garro Gómez, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicita el rechazo del recurso. En primer término, alega la falta de oportunidad de la acción, sosteniendo que ésta es manifiestamente extemporánea por haber sido interpuesta una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos. Argumenta que el recurrente tuvo conocimiento cierto del rechazo de sus licencias desde que optó por la vía administrativa previa con fechas 28 de noviembre de 2023, 23 de mayo y 22 de septiembre de 2025, citando al efecto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en el fallo de 26 de febrero de 2025, Rol 4796-2024, que establece el cómputo del plazo desde el conocimiento efectivo del acto.

En cuanto al fondo, explica que las licencias fueron rechazadas por la COMPIN Región de Ñuble y confirmadas por la SUSESO tras un estudio técnico del Departamento Contencioso. Detalla que el informe psiquiátrico del Dr. nombre reservado concluyó que la sintomatología es de intensidad moderada y no resulta proporcional a la extensión del reposo solicitado, máxime cuando al paciente ya se le han autorizado 566 días de licencia por la misma patología sin documentar compromiso funcional ni un plan de retorno laboral progresivo.

Jurídicamente, afirma que la materia en disputa pertenece al ámbito de la seguridad social regulado en el artículo 19 N° 18, garantía no amparada por el recurso de protección según el artículo 20 de la Carta Fundamental, y que el subsidio no constituye un derecho indubitado, descartando la afectación del derecho de propiedad.

Por lo expuesto, solicita se desestime el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6º.- Que, en lo tocante a la alegación de extemporaneidad de la acción deducida por la Superintendencia de Seguridad Social, esta será rechazada, toda vez que, conforme al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, el plazo de 30 días corridos se cuenta desde que se tiene conocimiento cierto del acto.

Habiéndose agotado las instancias administrativas, la decisión final que consolidó el rechazo de las licencias médicas y permitió tener conocimiento cierto del acto impugnado fue la Nº NUM000 de fecha 19 de noviembre de 2025, y habiéndose interpuesto el recurso con fecha 18 de noviembre del mismo año, se constata su presentación oportuna. 7°.- Que en cuanto al fondo de la acción deducida corresponde indicar que las decisiones que emiten los órganos técnicos atingentes a la procedencia del pago de los subsidios por incapacidad laboral, la Excelentísima Corte Suprema ha emitidos fallos recientes con fecha 28 de enero de 2026, en autos Rol N°42.908- 2025, N°42.829-2025 y N°52.667-25. 8°.- Que, esta Corte seguirá los fundamentos de los fallos mencionados precedentemente. 9°.- Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. 10°.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c)

Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”. 11°.- Que, de la normativa reseñada emana que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control. 12°.- Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de la decisión impugnada, se debe concluir que la recurrida se ajustó al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, con arreglo al carácter técnico que ostenta, dejándose constancia, en el respectivo acto administrativo, de los fundamentos y antecedentes médicos tenidos en vista para decidir el rechazo del pago reclamado y en correspondencia con el análisis de los antecedentes clínicos tenidos a la vista. 13°.- Que, la decisión de no disponer los exámenes complementarios previstos en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, cuando se estima por los profesionales médicos del servicio que los que tienen a la vista son suficientes para adoptar una resolución fundada, no deriva necesariamente en la falta de motivación del acto administrativo. 14°.- Que, como corolario de lo dicho se concluye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del fiscal judicial subrogante Gabriel Hernández Sotomayor, quien no firma por haber cesado en el cargo de fiscal judicial subrogante.

Rol N° 997-2025.- PROTECCIÓN.