Recurso de protección

Chillán, siete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos: 1°.- Que, comparece el funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile don nombre reservado, por si, interponiendo acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Parral y de don nombre reservado, Sub-Jefe de la misma Brigada, ambos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, por los actos arbitrarios y/o ilegales ejecutados en el contexto del sumario administrativo N° NUM000, iniciado en su contra con fecha 4 de febrero de 2025, en virtud del cual se incurrió en vulneración a las garantías constitucionales del recurrente protegidas en los números 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone, respecto de los hechos que es funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, que se ha desempeñado en distintas unidades a lo largo del país. Agrega que con fecha 29 de enero de 2025, sufrió el robo de su arma de servicio desde su hogar, situación que derivó que con fecha 4 de febrero de 2025, se iniciara un procedimiento administrativo en su contra el objeto de indagar clara y fehacientemente las causas y circunstancias del extravió de arma Fiscal ocurrido en el domicilio ubicado en domicilio reservado, dicho sumario fue instruido por el funcionario don Mauricio Retamal González. Alude que por estos mismos hechos y en forma paralela se inició una investigación penal donde se imputo a don nombre reservado, como el autor del robo de su arma de servicio desde su hogar, investigación que aún se encuentra con diligencias pendientes.

Hace presente que con fecha 27 de noviembre de 2025, se le notificó respecto del sumario iniciado en su contra, instancia en la que solicitó se le remitieran todos los antecedentes que obran en la causa, requerimiento que hasta el día de la presentación no se ha verificado, lo que afecta su derecho a la legítima defensa. Agrega que solo al momento de la formulación de cargos, se enteró del contenido de la investigación, y tomando conocimiento que el recurrido señor nombre reservado, designó como Fiscal a Don Mauricio Retamal González, quien una vez que supo que los antecedentes habían originado además una causa penal en la Fiscalía Local de Las Condes, procedió a la Suspensión de la Tramitación del Procedimiento Disciplinario, con fecha 10 de marzo de 2025.

Argumenta que en virtud de la resolución N° NUM003 de fecha 4 de junio de 2025, el recurrido instructor señor nombre reservado, ordena la reapertura del procedimiento, junto con designar a un nuevo Fiscal Administrativo don nombre reservado, resolución que no le fue notificada. Agrega que con fecha 7 de noviembre de 2025, se le notificó de la resolución que formuló cargos en su contra, cargos que fueron contestados con fecha 14 de noviembre de ese mismo año, en donde dio a conocer diversas arbitrariedades y acciones contrarias a Ley, vicios de ilegalidad, falta de motivación y fundamentación donde se infringen los Art 11 y 41 de la Ley 19.880, vulneración a garantías constitucionales, Artículos 19 N° 2 y N° 3, de la Constitución, los que no fueron acogidos sin argumentar fundamento alguno o al menos no se tuvo conocimiento de dichas diligencias.

Arguye que del expediente administrativo, al cual solo tuvo acceso con fecha 7 de noviembre de 2025, se puede constatar que las firmas de las actuaciones de la Actuaria Srta. nombre reservado, son totalmente distintas, agrega además que ella el día 7 de Noviembre de 2025, se encontraba en cometido funcionario fuera de la ciudad. Agrega que sus descargos no fueron valorados, que tampoco se explicó la razón del porque no fueron acogidos, finalmente el Recurrido Subprefecto nombre reservado, propuso sanción de 5 días de permanencia en el cuartel la que fue notificada con fecha 27 de Noviembre de 2025, mientras se encontraba en el Colegio nombre reservado, al momento de retirar a sus hijos menores de edad.

Manifiesta que respecto de los hechos ilegales y/o arbitrarios cometidos por los recurridos, expresados en su recurso, infringen las garantías constitucionales consagradas en los números 2, 3 inciso quinto y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Agrega que mediante la Circular N° 1 de fecha 5 de enero de 2024, la Inspectoría General de la Policía de Investigaciones de Chile, detalla de forma explícita, cuando es viable continuar el procedimiento disciplinario, requisitos que no se dan en la especie. Por otro lado, el artículo 11 de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, exige que los actos administrativos que afecten los derechos de las personas contengan los hechos y los fundamentos de derecho en los que se basan. Por lo cual el acto impugnado adolece de falta de fundamentación, por lo que resulta ser ilegal y, además, arbitrario en tanto queda desprovisto de motivación.

Finalmente sostiene que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, toda vez que el cuestionamiento por extravío del arma fiscal, es producido por un delito, perpetrado por un tercero, lo que a su juicio configura la figura jurídica de caso fortuito o fuerza mayor, conforme al artículo 45 del Código Civil.

Termina pidiendo se tenga por interpuesto acción constitucional de protección en contra de los recurridos antes individualizados, admitirlo a tramitación y en definitiva acogerlo declarando se deje sin efecto la resolución que ordenó la Reapertura del Sumario Orden N° NUM003, de fecha 04 de Junio de 2025, así como las actuaciones siguientes a esa fecha, manteniéndose la Suspensión de la Tramitación del Procedimiento Administrativo, hasta el término de la causa Penal; se deje sin efecto, la designación de Fiscal designado nombre reservado, y se restituya al Fiscal de Origen, Don Mauricio Retamal González, de la Brigada de Investigación Criminal Linares; se deje sin efecto y se invalide la Formulación de Cargos de fecha 7 de Noviembre de 2025 y se exija que las actuaciones se realicen con la veracidad de los hechos, debiendo estar presente los firmantes personalmente; se deje sin efecto la Notificación del Dictamen de fecha 27 de Noviembre de 2025, realizada en el frontis del Colegio nombre reservado, debiendo adoptarse las medidas necesarias para que las Notificaciones sean bajo la formalidad, reserva y legalidad necesaria para todo Acto Administrativo; y que se respete su derecho a la presunción de inocencia. 2°.- Que, informa el abogado don Rodrigo Andrés Merino Zúñiga, en representación de don nombre reservado, Jefe de la Brigada de Investigación Criminal Parral y de don nombre reservado, Subjefe de la Brigada de Investigación Criminal Parral, ambos de la Policía de Investigaciones de Chile, quien solicita se rechace la acción interpuesta en virtud que sus representados no han vulnerado las garantías que señala el recurrente en su libelo.

Expone que con fecha 4 de febrero de 2025, se instruyó por parte del jefe subrogante de la BICRIM de Parral, Subprefecto nombre reservado, sumario administrativo en contra del recurrente fijando como hecho a investigar la extravió de su arma de cargo fiscal con un cargador con munición completa, Marca Jerichó, Modelo R941 N° de serie NUM001, Calibre 9 mm la que dejó al interior de una mochila táctica, dentro de un closet, mientras se encontraba en el domicilio de su hermana, ubicado en domicilio reservado. Agrega que el día 5 de noviembre de 2025, se decretó el Cierre del Sumario Administrativo formulándose cargos al investigado, el día 7 del mismo mes se notificó de la formulación de cargos al investigado, quien evacuó sus descargos el día 14 de noviembre de 2025. Posteriormente, con fecha 21 de noviembre de 2025, la Fiscalía Administrativa emitió la Vista Fiscal, que rola a fs. 266 a 279, en la cual además de hacerse cargo de las alegaciones vertidas por el recurrente, propuso la sanción de “CINCO DÍAS DE PERMANENCIA EN EL CUARTEL”, en atención a la gravedad de los hechos acaecidos por su negligencia y descuido en la pérdida de su arma de cargo fiscal, así como además, por la agravante de reincidencia, cuestión a la que haremos alusión con detalle en acápites posteriores. Finalmente, con fecha 26 de noviembre de 2025, se emitió el Dictamen N° NUM002, mediante la que se confirmaba la sanción propuesta por el instructor, declarando que al inculpado le asiste además responsabilidad pecuniaria por los hechos, éste último acto administrativo fue notificado al investigado con fecha 27 de noviembre de 2025.

Sostiene que no existe perjuicio para el recurrente, toda vez que el sumario instruido en su contra aún se encuentra vigente, en ese sentido los actos y actuaciones del mismo carecen de la aptitud necesaria para conculcar las garantías fundamentales citadas por el recurrente.

Por otro lado, afirma el informante que el recurso de protección no puede constituirse en una nueva instancia administrativa; así lo ha resuelto al Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 19.FEB.018, en Causa Rol N° 83.672-2018.

Ahora respecto de las alegaciones formuladas por el recurrente es dable señalar, que en virtud de la denuncia del recurrente ante el Ministerio Público, se generó la causa RUC NUM004, de la Fiscalía Local de Las Condes, la cual se encuentra vigente, lo que acarreó, en su oportunidad, la suspensión del procedimiento disciplinario, siendo posteriormente reactivado lo que a juicio del señor nombre reservado contraviene el artículo 138 bis inciso final, pues la causa penal en comento aún se encontraba vigente. Así las cosas, con fecha 4 de junio de 2025, se ordenó la prosecución de la investigación lo que se notificó al recurrente mediante su hoja de vida anual, en cuanto a los fundamentos para la reapertura del proceso señala que los hechos que motivaron la instrucción del Sumario Administrativo y aquellos que sirvieron de fundamento para realizar la denuncia en sede penal, no son los mismos ya que el primero de ellos tiene por finalidad determinar la responsabilidad administrativa que pudiere eventualmente caberle al recurrente, por la pérdida de su arma de servicio, mientras que la segunda, tuvo como objetivo determinar la responsabilidad penal de un tercero, es decir la eventual comisión de un delito de sustracción del arma institucional.

En segundo término en lo que respecta a la vulneración al respeto y protección a la vida privada y honra del recurrente, al momento de la notificación del Dictamen N° NUM002, cabe señalar que el Oficial notificador, el Comisario nombre reservado, indicó que, el día en cuestión, se constituyeron en el domicilio del recurrente para practicar la notificación, sin perjuicio de lo cual, al no obtener respuesta, tomaron contacto telefónico con el Comisario nombre reservado, quien les indicó que se encontraría en las dependencias del Colegio nombre reservado, razón por la cual se dirigieron a ese lugar y procedieron entonces a realizar la notificación de rigor. Así, esta parte recurrida entiende que, ante la autorización expresa del recurrente, no existe posibilidad alguna de vulnerar el derecho consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución. Añade que en lo referente al hecho que el recurrente sostiene de haber sido notificado en un domicilio distinto al particular, expresa el informante que el reglamento demanda que los funcionarios deben consignar su domicilio particular al inicio de cada periodo calificatorio, existiendo además obligación de informar de cualquier cambio que se produzca, por lo que, si el Comisario nombre reservado indica que su domicilio no es el consignado en su Hoja de Vida Anual Digital, es deber y obligación de aquel informar a su jefatura directa de dicho cambio.

En lo concerniente a la no entrega de las copias del expediente, expresa el informante que dicha petición, fue cumplida por la Fiscalía en Comisión a fs. 248, existiendo para ello un Decreto de la Fiscalía que ordena su entrega, así como la constancia del Actuario de haber practicado la referida diligencia. A fs. 249 y 250, constan dos capturas de pantalla, que dan cuenta de la remisión de lo obrado a los correos electrónicos señalados por el recurrente.

Arguye que respecto a la falta de fundamentación del acto administrativo es dable señalar que cabe reseñar que, tanto en la Vista Fiscal, que rola a fs. 266 a 279, como en el Dictamen N° NUM002, de 26 de noviembre de 2025, de la Brigada de Investigación Criminal Parral, se contienen todas las consideraciones de hecho y derecho que fundamentna la decisión de reactivar el sumario administrativo expresándose en los considerandos 8°, 9°, 11°, 27°, los motivos determinantes que justifican la emisión del acto administrativo, así como la invocación de las normas jurídicas por las cuales se decidió la reanudación del procedimiento sumarial, existiendo entonces los motivos y la motivación suficiente. Alude que en cuanto a la alegación del recurrente en relación al cambio de instructor sin fundamentar o expresar los motivos de dicha decisión, efectivamente se produjo el cambio del Fiscal, que señala el recurrente, no obstante éste último prestó declaración en dos ocasiones ante el nuevo instructor sin expresar ninguna causal de implicancia o recusación en contra del Fiscal Administrativo.

Manifiesta el informante que otro punto discutido por el recurrente es que tanto en la formulación y notificación de cargos, la actuaria del procedimiento sancionatorio no se encontraba presente, pues, en la misma fecha se encontraba fuera de la ciudad, infringiendo con ello, los artículos 6° y 7° de la Constitución, del análisis de la pieza sumarial, a fs. 247 vta., se puede apreciar que el Acta de Notificación de Cargos, se encuentra debidamente suscrita por la Actuaria nombre reservado, sin que exista algún antecedente aportado por el recurrente que permita dar veracidad a sus dichos.

Finalmente, el recurrente reprocha haberse transgredido la presunción de inocencia que le ampara, pues la pérdida del arma fiscal de cargo, fue producto de un robo, en este sentido el informante sostiene que el presente Sumario Administrativo aún se encuentra vigente, sin que se haya dictado a su respecto la Resolución Exenta librada por el señor Jefe de la Región nombre reservado, que ponga término definitivo al Sumario Administrativo , por tanto no se ha transgredido de alguna manera el principio de inocencia que favorece al inculpado.

Hace presente, que según consta a fs. 48 y 234 del Sumario Administrativo, el recurrente registra dos sanciones anteriores ambas relativas a la pérdida o extravío de su arma de cargo fiscal, impuestas el año 2017 y 2025, siendo el arma objeto de este recurso de protección, la tercera que extravía durante su carrera policial.

Concluye el informante que no ha existido en la especie, las vulneraciones alegadas por el recurrente, a su vez la calificación de la gravedad de la falta, es una prorrogativa que posee la autoridad con facultades disciplinarias y esa facultad ha sido ejercida, tomando en consideración elementos objetivos, comprobados en el Sumario Administrativo, dotados de razonabilidad, y que se contienen hasta ahora en el Dictamen N° NUM002, de 26.NOV.025, de la Brigada de Investigación Criminal Parral. Añade que la autoridad al emitir el Dictamen, realizó una investigación acuciosa, extensa y analítica, con hechos corroborados en la misma, existiendo constancia documental que la decisión no obedece en caso alguno al capricho o mero arbitrio de la autoridad.

Termina pidiendo se tenga por evacuado el informe requerido. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6°.- Que, como se advierte de los planteamientos del recurrente y recurrida, lo que esta Corte esta llamada a dirimir consiste en determinar si, la instrucción del sumario decretada por la superioridad de la Policía de Investigaciones de Chile, que concluyó con la permanencia del recurrente en las dependencias de la institución por 5 días, constituye un acto ilegal y/o arbitrario, que pueda ser enmendado por este tribunal a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente. 7°.- Que, en ese orden de cosas y para un mejor comprensión se estima del caso dejar establecido los siguientes antecedentes allegados a la causa: a) Que el sumario iniciado y dirigido en contra del recurrente tuvo lugar con motivo de la pérdida que este experimento, de su arma de servicio con un cargador con munición completa, Marca Jerichó, Modelo R 941, N° de serie NUM001, calibre 9 mm, la que dejó al interior de una mochila táctica, dentro de un closet, mientras se encontraba en el domicilio de su hermana, ubicado en domicilio reservado, hechos acaecidos el día 29 de enero de 2025. b) Que el recurrente denunció el hecho ante la autoridad competente motivo por el cual, se inició la sustanciación de la causa penal RUC NUM004, de la Fiscalía Local de Las Condes, procedimiento penal que actualmente se encuentra vigente. c) Que durante la tramitación del sumario administrativo y en ejercicio de la facultad que se le confiere al instructor del proceso, éste por resolución exenta N° NUM005 de fecha 10 de marzo, suspendió la tramitación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 138 bis del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, determinando asimismo, y consecuentemente la suspensión del trascurso de la prescripción extintiva. d) Que con posterioridad, el Subprefecto nombre reservado, procede mediante la resolución exenta N° NUM003 de fecha 4 de junio de 2025, a la reanudación del proceso administrativo, como también que la prescripción siguiera corriendo, designando además un nuevo fiscal para que instruyera la investigación. e) Que dicho funcionario una vez concluida la investigación formuló cargos en contra del recurrente, que fueron debidamente contestados con fecha 14 de Noviembre de 2025, y los que una vez ponderados motivaron la dictación de la sanción de 5 días permanencia en dependencias del cuartel, siendo dicha decisión la que constituye el objeto del arbitrio interpuesto, cumpliendo además el requisito de ser un acto terminal. 8°.- Que, los antecedentes de la causa apreciados de conformidad a las reglas de la sana critica tienen la aptitud suficiente para concluir en forma razonada y consistente que al contrario de las pretensiones del recurrente el procedimiento de sustanciación y sanción, por la conducta negligente antes descrita, fue pronunciada con arreglo a la normativa vigente a que esta sujeto el desempeño del recurrente, estimándose además que la sanción que le fue aplicada resulta proporcional a la grave negligencia consistente en la pérdida de su arma de servicio y su respectivo cargador, cuya debida custodia constituye una cuestión esencial para el correcto desempeño de sus funciones; no resultando pertinente acoger sus alegaciones en cuanto a que la conducta en que incurrió y la consecuente sanción haya afectado su integridad psíquica por cuanto de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia el hecho de sufrir una sanción, siempre es una circunstancia que afecta el normal desenvolvimiento de las labores de una persona, ocurriendo lo mismo con la garantía del debido proceso toda vez, que del mérito del proceso fue oído durante el trascurso de la investigación habiendo formulado descargos, teniendo además derecho a rendir los medios probatorios que hubiere estimado pertinentes.

Del mismo modo no se advierte por estos sentenciadores que durante el sumario este haya visto trasgredido su derecho de igualdad ante la ley, pues lo cierto es que la normativa invocada por la recurrida constituye una obligación a cuyo cumplimiento la jefatura se encuentra debidamente mandatada en virtud de la ley, lo que es equivalente a concluir que referente a una misma infracción se aplica la misma sanción de conformidad con las reglas legales vigentes. 9°.- Que así las cosas no queda mas que desechar el arbitrio interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto por don nombre reservado, por si interponiendo acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Parral y contra don nombre reservado, Sub-Jefe de la misma Brigada, ambos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

De conformidad al Acuerdo de Pleno N°71-2026 de fecha 29 de abril de 2026 de esta Corte la redacción del fallo quedó a cargo del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en el cargo de abogado integrante.

Rol N° 995-2025 Protección.