nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO:

1°. – Que, comparece el abogado Marcelo Rodríguez Navarrete, en representación de doña nombre reservado, interponiendo un Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales en contra del señor Conservador de Bienes Raíces De nombre reservado, don Yamil Najle Alee.

Expresa que su representada es adjudicataria de una vivienda otorgada por la Corporación De Servicios Habitacionales, empresa del Estado (antecesor del actual Servicio de Vivienda y Urbanismo, SERVIU), según consta en instrumento privado, protocolizado ante el notario de nombre reservado don nombre reservado, con fecha 26 de noviembre de 1973, anotado a fojas 411 con el número 374 del Protocolo especial de Instrumentos Públicos de la Corporación de Servicios Habitacionales del año 1973. El dominio fue inscrito con fecha 20 de diciembre de 1973, a fojas 1835, número 2349 del Registro de Propiedades correspondiente al año 1973. Añade que según consta en los Certificados de Matrimonio y Defunción que se acompañan en el otrosí respectivo, mi representada contrajo matrimonio con don nombre reservado el día 17 de enero del año 1966, quedando viuda el día 22 de febrero del año 1972 y no volviéndose a casar nuevamente.

Precisa el letrado que en la adjudicación no consta en ninguna parte el estado civil de doña nombre reservado, el que no se menciona. Sin embargo, señala, y por un error acecido en el oficio del Conservador de Bienes Raíces de la Época, en la inscripción de dominio, en la línea 11 de la misma, figura como “casada”, a pesar de que, como consta en los certificados acompañados, a la época de la adjudicación e inscripción de dominio, su matrimonio ya había terminado por muerte del cónyuge.

Manifiesta que la recurrente tiene la intención de vender su propiedad, sin embargo, el error cometido en el oficio del Conservador de Bienes Raíces en el año 1973 le impide hacerlo, toda vez que al figurar en el título de propiedad erróneamente como “casada”, se le pide realizar una posesión efectiva, la que no podría ser inscrita por que el título traslaticio de dominio es posterior a la muerte del marido, quedando entrampada en esta situación.

Indica que con fecha 2 de diciembre de 2025 ingresó ante el Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado la Orden de Trabajo 52217, originando la Caratula número 60330, en la que se le solicitó al Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado la corrección de tal anomalía, en virtud de lo estipulado en el artículo 88 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, Agrega que el día 15 de diciembre de 2025, el Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado informó vía correo electrónico el rechazo de la petición, argumentando no tener facultades legales para acceder a lo requerido, lo que considera en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 88 del reglamento ya mencionado.

Considera que la negativa arbitraria e ilegal, fuera del marco normativo que le rige de la Recurrida, importa una afectación flagrante del Derecho de Propiedad de mi representada, toda vez que, a raíz del error cometido en el oficio del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado en el año 1973, la recurrente se encuentra privada de ejercer el derecho de disposición y enajenar el inmueble de su propiedad, afectándose la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la carta fundamental.

Recalca que el Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado del año 1973 cometió un error al anotar el estado civil de la Recurrente como “Casada”, en circunstancias de que el instrumento privado y protocolizado de adjudicación no menciona en ninguna parte el Estado Civil de la Adjudicataria y tampoco aparece en ninguna parte la firma del marido, lo que hubiera sido exigible en la época para poder firmar el contrato en el cual constituye Hipoteca sobre el inmueble, no mencionándose tampoco en ninguna parte que la compradora hubiere actuado bajo lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil y no aplicándose aquello por el ministerio de la ley, como sucede en el caso de que las mujeres casadas en sociedad conyugal sean beneficiarias de algún Subsidio Habitacional, pues en el caso de marras, no hubo adjudicación de subsidio alguno. Así las cosas, no era posible para el Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado en el mes de diciembre de 1973 asumir que el estado civil de la Adjudicataria era el de “Casada”, cometiendo un error que, hasta la fecha, había sido ignorado por la Recurrente, pero aparece patente al momento de querer ejercer su facultad de disposición de la propiedad, pues se le solicita una posesión efectiva, la que no puede ser obtenida e inscrita por que le marido falleció 21 meses antes de que se adjudicara el dominio de la propiedad, por lo tanto, jamás tuvo derechos sobre aquella, ni siquiera en el supuesto de haber utilizado la Adjudicataria recursos que hubieran pertenecido a la comunidad quedada al término del matrimonio, pues de la lectura del Instrumento de Adjudicación se desprende que la totalidad del precio se pagó con posterioridad a la adjudicación. Expresa que el error en la inscripción, si bien es cierto fue cometido por una persona distinta del actual Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado, debe ser enmendado por el actual ocupante del cargo, en atención a la continuidad de los registros, por lo tanto, la negativa a rectificar con una anotación marginal, conforme lo dispone el artículo 88 del Reglamento respectivo, corresponde a un acto ilegal y arbitrario que conforma indubitablemente una afectación a su Derecho de Propiedad, en particular, a la facultad de disposición sobre su propiedad.

Cita jurisprudencia.

Termina solicitando tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del señor Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado, y acogerlo ordenando a la recurrida que rectifique la Inscripción de Dominio de fojas 1835, bajo el número 2379 del Registro de Propiedad correspondiente al año 1973, en su línea 11, realizando la anotación de conformidad al artículo 88 del Reglamento concerniente, al margen derecho rectificando el estado civil de la Propietaria, Que expenda gratuitamente un certificado de dominio vigente de la propiedad, debidamente rectificado, con costas.

2°. – Que, informando la abogada Gloria Isabel Rivera Rivera, Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial suplente de don nombre reservado, exponiendo que la recurrente, solicitó mediante Orden de Trabajo N° 52217, Carátula N° 60330 de fecha 2 de diciembre de 2025, la rectificación de su estado civil en la inscripción de dominio de fojas 1835, número 2349, del Registro de Propiedad correspondiente al año 1973. Añade que la recurrente alega que la inscripción de 1973 la consigna erróneamente como “casada”, a pesar de que su cónyuge había fallecido en 1972, y que este error debe ser subsanado por el Conservador actual en virtud del artículo 88 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces.

Expresa que el Conservador, con fecha 15 de diciembre de 2025, rechazó la solicitud argumentando “no tener facultades legales para acceder a lo requerido”. Indica que dicha negativa no fue arbitraria, sino que se basó en una interpretación estricta de las facultades legales y reglamentarias que rigen la función registral.

Precisa que el artículo 88 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces establece la rectificación de errores, omisiones o cualquiera otra modificación equivalente que el Conservador, de oficio o a petición de parte, tuviere que hacer conforme al título inscrito, por lo mismo, la facultad de rectificación del Conservador se limita a los errores Manifiestos o de Forma, y a errores de Transcripción.

Argumenta que, en el caso de la recurrente, la modificación solicitada no es un simple error de transcripción, sino una modificación sustancial del estado civil que afecta la historia de la propiedad y potencialmente los derechos de terceros, específicamente los herederos del cónyuge fallecido, a pesar de que la recurrente argumente que el cónyuge no tenía derechos sobre el bien. Agrega que la propia recurrente reconoce que el error provino de un "error acaecido en el oficio del Conservador de Bienes Raíces de la Época", y no de una omisión o error que se desprenda directamente del instrumento privado protocolizado de adjudicación, el cual, según ella, "no consta en ninguna parte el estado civil".

Sostiene que la rectificación del estado civil de "casada" a "viuda" o "soltera" es una modificación que, en el contexto del derecho de familia y sucesorio chileno, tiene implicancias directas sobre el régimen matrimonial (sociedad conyugal), la calidad de los bienes (sociales o propios) y la eventual posesión efectiva. El error en el estado civil no es un error manifiesto en el sentido de un simple error de tipeo o de transcripción. Implica una calificación jurídica que debe ser resuelta en un procedimiento judicial, con la debida prueba y contradictorio, para cautelar los derechos de terceros. La jurisprudencia ha establecido que cuando la rectificación solicitada implica una alteración de fondo o puede afectar derechos de terceros, el asunto debe ser resuelto en un juicio ordinario. La modificación del estado civil en el registro de propiedad, aunque se funde en certificados de matrimonio y defunción, requiere una declaración judicial que establezca que el bien raíz es propio de la recurrente y que el cónyuge fallecido jamás tuvo derechos sobre él, lo que excede la competencia administrativa del Conservador.

Estima que la negativa del Conservador no es un acto arbitrario ni ilegal, sino una decisión fundada en la carencia de facultades legales para acceder a una solicitud que implica una modificación sustancial del registro. De hecho, lo que hay al día de hoy es el folio Personal. El Conservador está obligado a velar por la integridad y la fe pública del registro, lo que está en línea con su rol de cautelar la legalidad de los títulos (Artículo 13 del Reglamento).

3°. - Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°. - Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°. - Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°. – Que, la pretensión del actor consiste en que, a través de este procedimiento, se instruya al ente registral a practicar una rectificación al amparo del art 88 del Reglamento del ramo, respecto del estado civil de la recurrente, quien sostiene que aquél consignado en el título traslaticio inscrito, difiere del que gozaba al tiempo del contrato.

No obstante, el funcionario recurrido ha informado que no le es posible realizar tal corrección registral, pues la norma citada sólo faculta para la rectificación de errores manifiestos o de forma, y a errores de transcripción, y por el contrario, la disconformidad que alega la actora dice relación con su estado civil, que requiere una calificación jurídica que debe ser resuelta en un procedimiento judicial, con la debida prueba y contradictorio, para cautelar los derechos de terceros.

7°. - Que, el artículo 88 del Reglamento ya citado, dispone que la rectificación de errores, omisiones o cualquiera otra modificación equivalente que el Conservador, de oficio o a petición de parte, tuviere que hacer conforme al título inscrito, será objeto de una subinscripción; y se verificará en el margen de la derecha de la inscripción respectiva, al frente de la designación modificada.

A la luz de la citada disposición, es posible concluir que el funcionario recurrido, al denegar la solicitud de quien hoy recurre de protección, actuó con apego a la norma la citada, lo que obsta a estimar su actuar como ilegal.

8°. - Que, como se ha señalado, esta acción de protección solo tiene por objeto dar resguardo urgente a derechos indubitados frente a actuaciones u omisiones ilegales, excluyendo, por tanto, la declaración de derechos controvertidos.

En el contexto anterior, es preciso advertir que la recurrente dispone de una acción especial, contemplada en el artículo 18 del Reglamento del Registro Conservatorio de bienes raíces, en cuya virtud, la parte perjudicada con la negativa del Conservador, ocurrirá al juez de primera instancia del departamento, quien en vista de esta solicitud y de los motivos expuestos por el Conservador, resolverá por escrito y sin más trámite lo que corresponda.

9°. - Que, en razón de lo anteriormente razonado, aparece claramente que el presente arbitrio no constituye la vía idónea para el conocimiento del conflicto expuesto por la parte recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado Marcelo Rodríguez Navarrete, en representación de doña nombre reservado, en contra de don Yamil Najle Alee, Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Redacción a cargo del señor nombre reservado, quien no firma por haber cesado en el cargo de abogado integrante.

No firma el fiscal judicial señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente en comisión de servicios.

ROL 986 - 2025 - PROTECCIÓN.

1