nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

Chillán, veinte de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

Primero: Que, comparece el abogado Gerardo Andrés Suazo Fernández, abogado, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Delegación Presidencial Regional de Ñuble y la Municipalidad de Chillán, por el acto que califica como arbitrario e ilegal consistente en la decisión de ordenar la restitución inmediata de una franja de terreno adyacente a la propiedad del recurrente, erróneamente calificada como bien nacional de uso público, autorizando el auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario, decisión contenida en la Resolución Exenta N°570 de la Delegación Presidencial Regional de Ñuble.

Expone que con fecha 30 de julio de 2025, la Delegación Presidencial Regional de Ñuble dictó la referida resolución, ordenando la restitución de forma inmediata, con auxilio de la fuerza pública, de un terreno o espacio calificado como bien nacional de uso público, ubicado adyacente a dos propiedades de su representada.

Señala que, la recurrente es propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado, inscrito a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, indicando sus deslindes y características. Si se analiza es deslinde NORTE de la propiedad en comento, indica expresamente que su deslinde es domicilio reservado.65 metros de ancho. No indica en caso alguno que deslinda con bien nacional de uso público, área verde, plaza, u otro. Se trata de una propiedad de 176 m2 aproximadamente. De esta manera el retazo que se pretende sea restituido por orden de la Delegación Presidencial Regional de Ñuble es un terreno de dominio privado debidamente amparado por la correspondiente inscripción de dominio.

Indica que, la resolución impugnada se funda en antecedentes provenientes del municipio, particularmente en el Permiso de Edificación N°1392 de 1954 y la Recepción Definitiva N°1208 de 1964 de la denominada “domicilio reservado”, sosteniendo que en dichos instrumentos el espacio en cuestión aparece denominado como “jardín” y no como área verde pública, concluyendo que se trataría de propiedad privada. La municipalidad de Chillán de forma ilegal ha modificado las líneas oficiales sin existir modificación al Plan Regulador Comunal (año 2016), Plan Regular Seccional, ni Plan Regulador Intercomunal, de esta forma, artificiosamente intenta hacer calzar que parte de la propiedad de la recurrente quede en un espacio público y fuera de su dominio, dicho de otra manera, al modificar las líneas oficiales intenta hacer coincidir la línea oficial con la línea de construcción.

Agrega que, la autoridad administrativa ha calificado erróneamente el terreno como bien nacional de uso público, ordenando su restitución por vía administrativa, lo que implica resolver un conflicto de dominio o deslindes que corresponde a la justicia ordinaria.

Refiere que, la resolución autoriza el uso de la fuerza pública para ejecutar la restitución, lo que afecta directamente su propiedad y su situación jurídica sobre el inmueble.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas, señala las contempladas en el artículo 19 N° 2, N° 3 inciso 5° y 6° y N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho de propiedad.

Finalmente, solicita se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 570, restableciendo el imperio del derecho y asegurando la debida protección de sus derechos fundamentales.

Segundo: Que, informa Eric Gonzalo Pinto Viguera, abogado, en representación de la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que, el recurso se dirige en contra de la Resolución Exenta N°570, de fecha 30 de julio de 2025, que ordena la restitución de un retazo de terreno colindante a la propiedad del actor, calificado como bien nacional de uso público.

Indica que, la resolución no constituye un acto arbitrario ni ilegal, señalando que se dictó sobre la base de antecedentes proporcionados por la Municipalidad de Chillán, entre ellos el Informe N°90 de fecha 03 de agosto de 2023 de la Dirección de Obras Municipales, que da cuenta de áreas destinadas a jardín en el plano de loteo de la Población de Carabineros.

Expone que, mediante Oficio N°977 de fecha 02 de febrero de 2024, la Municipalidad solicitó a la Delegación evaluar el ejercicio de sus facultades respecto de retazos de terreno ubicados en el centro de Chillán, acompañando antecedentes para su análisis.

Agrega que, la Delegación debió requerir antecedentes adicionales al municipio mediante diversos oficios, atendido que la información fue remitida de manera fragmentada, a fin de poder calificar la situación y resolver fundadamente.

Señala que, el municipio no dio cuenta de actos administrativos destinados a la recuperación de los terrenos, haciendo recaer en la autoridad regional la resolución del problema, debiendo esta determinar la legalidad de la ocupación y la calidad de los bienes, conforme a las facultades del artículo 4 letra h) de la Ley N°19.175.

En este contexto, la resolución impugnada se dictó en ejercicio de facultades legales, con base en antecedentes técnicos y administrativos, sin que constituya una actuación arbitraria o ilegal, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que, informa el abogado Miguel Ángel Mendoza Arteaga, en representación de la Municipalidad de Chillán, solicitando el rechazo del recurso.

Explica que el procedimiento se originó con fecha 28 de julio de 2023, a raíz de una denuncia presentada por la Junta de Vecinos “Comandante San Martín”, en la que se expuso la ocupación de áreas verdes por particulares mediante cierres perimetrales. La Dirección de Obras Municipales realizó un estudio técnico, emitiendo el Informe N°90 de 03 de agosto de 2023, en el cual se analizaron antecedentes históricos de la urbanización, concluyendo que las franjas de terreno corresponden a áreas destinadas a jardín o área verde que se incorporaron al dominio nacional de uso público.

Agrega que el estudio de títulos y antecedentes del Servicio de Impuestos Internos evidenció una superposición entre la superficie inscrita y la superficie efectivamente ocupada por el recurrente, correspondiendo la diferencia al retazo de bien nacional de uso público ocupado. En atención a ello la Municipalidad solicitó a la Delegación Presidencial el ejercicio de sus facultades para la restitución de dichos bienes, lo que dio lugar a la dictación de la resolución impugnada.

Sostiene que no existe autotutela ni actuación arbitraria, sino el ejercicio de potestades públicas para recuperar bienes nacionales de uso público, sustentado en antecedentes técnicos y administrativos.

Luego, alega la inadmisibilidad del recurso, señalando la extemporaneidad de la acción y la improcedencia por inexistencia de derecho indubitado.

En cuanto a la extemporaneidad, expresa que el procedimiento se originó por una denuncia formal de la Junta de Vecinos "Comandante San Martín" con fecha 28 de julio de 2023 y al tratarse de un conflicto sobre cierres perimetrales en un sector residencial, el recurrente, en su calidad de vecino y ocupante, no pudo ignorar la controversia pública y las fiscalizaciones derivadas de dicha carta, las cuales se materializaron en el Informe Técnico N°90 de la DOM el 03 de agosto de 2023. Añade que en el propio cuerpo de su libelo, el recurrente reconoce la existencia de una causa previa ante el Primer Juzgado de Policía Local de Chillán, Rol N°6465-2024, por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones sobre estos mismos hechos, ello constituye una confesión de que el recurrente conoce la calificación de "ocupación ilegal" y la naturaleza de Bien Nacional de Uso Público (BNUP) de la faja de terreno desde, al menos, el año 2024, lo cual comprende una confesión de conocimiento previo.

Manifiesta que la Resolución Exenta N°570 de julio de 2025, no es un acto sorpresivo, sino la consecuencia jurídica necesaria de una calificación urbanística que el actor litiga hace más de un año. Pretender que el plazo de protección nazca con la orden de auxilio de la fuerza pública, ignorando el conocimiento previo del acto administrativo base (Informe DOM), desnaturaliza el principio de inmediatez. Al haber transcurrido en exceso el plazo de 30 días desde que el actor conoció la voluntad municipal de recuperar el BNUP (conocimiento que data de 2023 y 2024 a través de la denuncia vecinal y el proceso en el Juzgado de Policía Local), el recurso debe ser declarado inadmisible por extemporáneo.

Respecto de la naturaleza de la controversia, indica que la recurrente solicita a esta Corte que interprete planos de loteo del año 1954, analice permisos de edificación antiguos y determine deslindes entre propiedad privada y espacio público. El actor pretende hacer valer una inscripción de dominio del año 2007 frente a una recepción definitiva de obras de urbanización del año 1964 que consolidó el dominio público. Además, el propio recurrente dedica extensos pasajes de su escrito a intentar probar —mediante interpretaciones semánticas de la palabra "jardín" y citas de ordenanzas derogadas— que el terreno no es público. El solo hecho que deba realizar este esfuerzo argumentativo e interpretativo demuestra que su derecho no es indubitado, sino que está sujeto a una intensa discusión jurídica y técnica. Entonces la sede natural para discutir problemas de deslindes, cabida, superposición de títulos o prescripción adquisitiva (como alega la actora) es el juicio ordinario civil de lato conocimiento, donde existe una etapa probatoria amplia para peritajes y mensuras, garantías inexistentes en la presente vía cautelar.

Finaliza, solicitando tener por evacuado el informe solicitado, acoger las cuestiones previas de extemporaneidad y falta de derecho indubitado declarando inadmisible el recurso o, en subsidio, rechazarlo íntegramente en cuanto al fondo por no existir acto ilegal o arbitrario, declarando que la autoridad ha actuado en legítimo ejercicio de sus potestades para la recuperación de bienes nacionales de uso público, con expresa condenación en costas al recurrente.

Cuarto: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Quinto: Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Sexto: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Séptimo: Que, tanto la parte recurrente como los representantes de la Delegación Presidencial y de la Ilustre municipalidad de Chillán, allegaron la documentación que estimaron pertinente e idónea a fin de sostener sus pretensiones.

Octavo: Que, este tribunal decretó como medida para mejor resolver una inspección personal, la que se llevó a cabo el día 23 de abril pasado, consignándose en el acta -en lo pertinente- lo siguiente:

“El recorrido se inició en el inmueble ubicado en domicilio reservado, esquina calle 27 de abril, allí funciona un local comercial denominado El Tango, el Director de Obras Municipales explica que el retazo objeto de la restitución va desde la fachada de la propiedad hasta la reja adyacente a la vereda. El abogado recurrente señor nombre reservado solicita se deje constancia que respecto de este predio existe un permiso de edificación y recepción provisoria emitidos por la Municipalidad de Chillán.

Luego se avanza calle Bulnes a la propiedad contigua la cual lleva el N°377 donde se encuentra una oficina a cargo de la distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil y se aprecia que el retazo cuya restitución se ordenó va desde la fachada de la casa hasta la reja.

En la propiedad aledaña hacia el oriente ubicada en domicilio reservado, se observa un letrero de corredores de propiedades J. nombre reservado Propiedades. Al igual que en los casos anteriores, el retazo a restituir va desde la fachada de la casa hasta la reja adyacente a la vereda.

Luego caminando se llega hasta la propiedad ubicada en domicilio reservado, y en la cual se aprecia que en el terreno cuya restitución se ordenó existe una terraza techada utilizada por un restaurant de comida peruana. El abogado de la I. Municipalidad nombre reservado precisa que esa construcción no tiene permiso municipal.

Enseguida se avanza hacia el norte por domicilio reservado esquina Vega de Saldías, en ese lugar el retazo a restituir según las indicaciones del señor Director de Obras, se extiende desde la fachada de la casa hasta la reja que se observa en calles Carrera y Vega de Saldias, limitando con la vereda.

Posteriormente se camina por calle Vega de Saldías observando las propiedades ubicadas en los N°388 y 384 (lado sur de calle Vega de Saldías), en ellas el terreno cuya restitución se ordenó queda comprendido desde la fachada de las casas hasta la reja de las propiedades que limitan con la vereda.”

Noveno: Que, los antecedentes allegados a la causa apreciados conforme a las reglas de la sana critica, permiten tener por acreditado lo siguiente:

1.- Con fecha 2 de junio de 1954 la Dirección de Obras de la Municipalidad de Chillán, emitió el Permiso de Edificación N°1.392 y de conformidad a la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización de la Ley N°4563, concedió a la Caja de Previsión de Carabineros de Chile permiso para construir un edificio nuevo destinado a población de 5.50 metros de altura de clase C de edificación en las calles Lumaco, Vega de Saldias, Bulnes y Calle Nueva. Se consigna como dimensiones del terreno superficie edificada 2.824,80 mts.2. Asimismo, se registra acogida al D.F.L. N°2 de 1959 de acuerdo al art. 21 transitorio de la ley 15.575 de mayo de 1964. En el documento se alude a planos y documentación.

2.- En la Recepción Definitiva N°1208 de fecha 01-07-1964.Se indica que se recibe definitivamente “la domicilio reservado, ubicada entre las calles BULNES, LUMACO, VEGAS DE SALDIAS Y CARRERA de esta ciudad. Se compone el Sector N& 1 de doce (12) viviendas tipo 76 L de dos pisos con 99,84 M2; ocho (8) viviendas tipo especial de dos pisos con 78,30 M2; veinte (20) viviendas de dos pisos tipo 4-1 cen 60,90 M2. El Sector № 2 se compone del Block A y B de veinte (20) viviendas de dos pisos con 99,75 м2 y-Block C y D de ocho (8) viviendas de dos pisos con 102 м2. Se deja constancia que esta Población cuenta con sus Servicios de utilidad pública esenciales у que: a) Se aprueba la subdivisión predial b) Se otorga el permiso de urbanización y construcción como viviendas económicas asimiladas a las disposiciones del D.F.L. N2 2 de 1959; у c) Se otorga la Recepción Final en base a les prescripciones de la Ley N 15.575 de Mayo de 1964.-“ 3.- Según certificado de dominio emitido por el Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad, la recurrente es dueña del inmueble ubicado en domicilio reservado, que deslinda en particular: NORTE, en 6.65 con calle Vega de Saldias; SUR, en 6.65 metros con casas números 324 y 325; ORIENTE, en 17.50 metros con casas 310, 314, 316, 322; PONIENTE, en 17,50 metros con casa 389. La propiedad rola inscrita a fojas 5384, número 3342, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año 2025. Rol de avalúo fiscal número 66-14, de la comuna de Chillán.

El título de dominio anterior corre inscrito a fojas 3360 vuelta, número 3012, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año 2013.

4.- Según la revisión realizada por la Dirección de Obras Municipal para efectos de requerir a la Delegación Presidencial la restitución en análisis, la superficie inscrita del inmueble de domicilio reservado,3 metros cuadrados y el certificado de avalúo fiscal correspondiente al Rol de Avalúo N°66-14 registra una superficie declarada en el Servicio de Impuestos Internos de 120 m2.

5.- En la resolución recurrida se indica que respecto del inmueble de domicilio reservado existe una superficie ocupada irregularmente por particulares de 60 m2, la cual correspondería según la Dirección de Obras Municipales a un bien nacional de uso público ordenando en lo que atañe al recurrente “LA RESTITUCIÓN INMEDIATA de los siguientes bienes nacionales de uso público, que se encuentran bajo ocupación ilegal de particulares, ubicados en el radio urbano comunal: “a) Sitio destinado a área verde, de una superficie aproximada de 241 metros cuadrados, ubicado en la ciudad y comuna de Chillán, y que deslinda, al NORTE, con la acera de la calle Vega de Saldías, al SUR, con la línea de edificación de los inmuebles de Vega de Saldías N°384 y N°388, y Carrera N°310, al ORIENTE y al PONIENTE, con las aceras de calles Carrera y 27 de abril, respectivamente.”

6°.- Que, no consta que desde el año 1964, fecha de la recepción definitiva de la denominada domicilio reservado, la Municipalidad de Chillán haya solicitado a la autoridad que prevé la Ley 19.975 la restitución del inmueble sub lite.

Décimo: Que, de lo que se viene diciendo, lo medular de esta acción cautelar radica en determinar si las autoridades recurridas afectan las garantías constitucionales invocadas por la actora al ordenar la Delegación Presidencial la restitución inmediata de una superficie de terrero que según la Dirección de Obras de la Municipalidad de Chillan corresponde a un bien nacional de uso público.

Undécimo: En cuanto a la extemporaneidad alegada por la Municipalidad de Chillán, debe anotarse que la recurrente interpuso la presente acción el 15 de diciembre de 2025, aseverando que tomó conocimiento de la Resolución Exenta N°570 con fecha 19 de noviembre de 2025, por medio de acta de notificación entregada por Carabineros de Chile al vecino colindante don nombre reservado.

Duodécimo: Que, en los antecedentes allegados por las recurridas no consta que la señora nombre reservado haya sido notificada de la resolución impugnada, ni de otra actuación vinculada a ella, de tal manera que se tendrá por efectivo que tomó conocimiento de las actuaciones y decisiones de las autoridades el 19 de noviembre de 2025, motivo suficiente para rechazar la extemporaneidad alegada.

Décimo Tercero: Que, en relación a la materia que motiva la acción cautelar en análisis conviene consignar lo prescrito en las siguientes normas:

El artículo 589 del Código Civil establece que “Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.”

El artículo 5° de la Ley N°18695 prescribe: ”Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado. En ejercicio de esta atribución, le corresponderá, previo informe del Consejo Económico y Social de la Comuna, asignar y cambiar la denominación de tales bienes. Asimismo, con el acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, podrá hacer uso de esta atribución respecto de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales, en el territorio bajo su administración.”

Por su parte, en lo pertinente, el Decreto con Fuerza de Ley N°458 que aprueba nueva ley general de urbanismo y construcciones, establece:

“Artículo 41°.- Se entenderá por Planificación Urbana Comunal aquella que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo social, económico, cultural y medioambiental y que incorpora disposiciones que resguardan y promueven la integración social y el acceso equitativo a bienes y servicios públicos urbanos.

La planificación urbana comunal se realizará por medio del Plan Regulador Comunal. a) El Plan Regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos.

Artículo 59.- Declárense de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales y planes seccionales destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los situados en el área rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades. “ Los propietarios de terrenos afectos a declaratoria de utilidad pública podrán solicitar a la municipalidad o a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según corresponda, que a través de planos de detalle se grafique con exactitud la parte de sus terrenos afecta a utilidad pública cuando el plan intercomunal o comunal no lo haya establecido, debiendo tales planos aprobarse dentro de los seis meses siguientes.”

También debe tenerse presente sobre la materia en análisis el artículo 1.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, define la «Línea oficial»: como la indicada en el plano del instrumento de planificación territorial, como deslinde entre propiedades particulares y bienes de uso público o entre bienes de uso público.

Sobre tal concepto -línea oficial- la Circular Ord. N°0608 de 9 de octubre de 2019, suscrita por la Jefa de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo precisa el alcance de la definición "Línea oficial", establecida en el artículo 1.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, explicando que la línea oficial es relevante, entre otros aspectos, para efectos de la aplicación de las normas urbanísticas correspondientes, como sería la aplicación de las rasantes en el punto medio entre líneas oficiales; el antejardín, que se medirá a partir de la línea oficial; las franjas afectas a expropiación o declaratoria de utilidad pública, que sería la superficie entre la línea oficial existente y la proyectada, entre otras, o la aplicación de ciertos cálculos, como la densidad bruta, que se mide hasta el eje del espacio público, sea el existente o el previsto en el IPT; o los coeficientes de constructibilidad, o de ocupación de suelo, en los que se debe descontar las áreas declaradas de utilidad pública, entre otros. El concepto de línea oficial puede comprender tanto el deslinde existente, como el proyectado. En efecto, la definición consagrada en el artículo 1.1.2 de la OGUC, debe ser entendida en armonía con las disposiciones que pueden ser establecidas por los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, en lo referido a la definición de la red vial pública, cuyo ancho se mide entre líneas oficiales conforme al artículo 2.3.1 de la OGUC, como a la posibilidad de establecer ensanches respecto de la vialidad existente, aplicándose lo dispuesto en el artículo 59 de la LGUC. En razón de lo anterior, precisa que la línea oficial puede comprender tanto el deslinde existente como el proyectado, según se indica: a) Deslinde existente: cuando se trate de la vialidad existente b) Deslinde proyectado: cuando se trate de ensanches de vías existentes o la definición de nuevas vías (aperturas), mientras no se materialicen los ensanches o las vías proyectadas Décimo Cuarto: Que, el texto actual del artículo 4º de la Ley N°19.175 dispone que “El delegado presidencial provincial ejercerá las atribuciones que menciona este artículo, informando al delegado presidencial regional de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas.” Luego el inciso segundo prescribe “El delegado presidencial provincial tendrá todas las atribuciones que el delegado presidencial regional le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente:

Además, sus letras d) y h) señalan, respectivamente: d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, a través del Director Provincial de Seguridad Pública, en conformidad a la ley y h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda;

Décimo Quinto: Que, de las disposiciones reseñadas en los basamentos previos, se desprende que para efectos de determinar las atribuciones que competen a las autoridades recurridas para obtener la restitución inmediata con auxilio de la fuerza pública de un bien debe tratarse inequívocamente de un bien nacional de uso público.

Décimo Sexto: Que, las circunstancias asentadas en el basamento Noveno precedente conducen a concluir que no existe certeza de la calidad de bien nacional de uso público de la extensión de terrero cuya restitución se ordena en la resolución impugnada.

Lo anterior teniendo en cuenta que durante más de 50 años la Municipalidad de Chillán no requirió su restitución y que, para efectos del pago del impuesto territorial, el Servicio de Impuestos Internos registra formalmente respecto del bien raíz una superficie mayor que la considerada por el ente edilicio.

A lo dicho se añade que si bien la resolución impugnada en su acápite 6 se refiere al Plan Regulador de Chillán, no precisa si se refiere al vigente a la fecha de edificación o al actual, sin perjuicio no detallar las especificaciones técnicas de uno u otro.

Finalmente debe consignarse que no consta que la recurrente haya sido formalmente notificada de las actuaciones y gestiones de la Municipalidad de Chillán que culminaron en la emisión de la resolución impugnada, omisión que conlleva su indefensión ante las actuaciones administrativas que la afectan.

Décimo Séptimo: Que, atendido el marco jurídico y fáctico reseñado precedentemente, tanto la solicitud de la Municipalidad de Chillán como la decisión del Delegado Presidencial de Ñuble en orden a ordenar la restitución inmediata bajo apercibimiento de actuar compulsivamente, de la superficie de 60 m2 ubicada en domicilio reservado de esta ciudad, resulta ilegal, atendido la falta de certeza respecto de la calidad de bien nacional de uso público de dicho retazo.

Décimo Octavo: Que el hecho ilegal atribuido a las autoridades recurridas importa para el particular una vulneración de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley consagrada en el Nº2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de modo tal que la presente acción será acogida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto además en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas el recurso de protección deducido por el abogado Gerardo Andrés Suazo Fernández, en representación de nombre reservado, en cuanto se deja sin efecto tanto la solicitud de la Municipalidad de Chillán como la orden de restitución inmediata contendida en la Resolución Exenta N°570 de 30 de julio de 2025, respecto de la superficies de 60 m2 ubicadas en domicilio reservado de esta ciudad.

Lo dicho es sin perjuicio, de las acciones civiles que se puedan ejercer las partes para establecer la calificación jurídica del aludido retazo.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción a cargo de la ministra Paulina Gallardo García.

No firma la abogada integrante Vanessa Elizondo Cerda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por no haber integrado sala el día de hoy.

Rol Nº985-2025. PROTECCION. -