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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 980-20242 dic 2024

nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Fecha
2 de diciembre de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Chillán
Sala
Primera Sala
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 980-2024, sentencia de 2 de diciembre de 2024

Resumen

Se acoge protección contra la Superintendencia de Seguridad Social y se ordena nuevo informe médico y pronunciarse sobre licencias rechazadas, por no explicitar razones ni disponer peritaje idóneo.

Texto íntegro

Chillán, dos de noviembre de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparecen los abogados Francisco Acuña González y Cristian Rojas Garrido, quienes en representación de don nombre reservado, recurren de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por don nombre reservado, en virtud del acto administrativo que se estima ilegal y arbitrario, el cual vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República, que corresponde a la Resolución Exenta N° R-01-UME146770-2024, de fecha 13 de septiembre de 2024, emitida por la recurrida.

Refieren los letrados, que se recurre en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, al haber dictado la Resolución Exenta N° R-01-UME146770-2024, de fecha 13 de septiembre de 2024, la que rechazó las licencias médicas N°(s) RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 103603490-0 y 103603487-0, extendida por un total de 106 días, a contar del 5 de mayo del año 2024, por reposo no justificado.

Los letrados detallan en su presentación, que las licencias médicas en cuestión, corresponden a aquellas foliadas con los números y rechazadas conforme lo que se expresa:

.- Nº(s) RUT reservado: extendida por un término de 24 días, con fecha de inicio del reposo 5 de mayo del 2024 y terminando el 28 de mayo del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”.

.- Nº(s) RUT reservado: extendida por un término de 60 días, con fecha de inicio del reposo 5 de mayo del 2024 y terminando el 28 de mayo del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”.

.- Nº(s) RUT reservado: extendida por un término de 14 días, con fecha de inicio del reposo 29 de mayo del 2024 y terminando el 11 de junio del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”.

.- Nº(s) RUT reservado: extendida por un término de 15 días, con fecha de inicio del reposo 12 de junio del 2022 y terminando el 26 de junio del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”.

.- Nº(s) 103603590-0: extendida por un término de 30 días, con fecha de inicio del reposo 1 de septiembre del 2022 y terminando el 30 de septiembre del 2022, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”.

.- Nº(s) 103603487-0: extendida por un término de 15 días, con fecha de inicio del reposo 12 de junio del 2024 y terminando el 26 de junio del 2024, especificando como motivo del rechazo “NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO”.

Agregan los letrados, que las decisiones del rechazo de las licencias, carecen de fundamento limitándose a indicar que los reposos no se encuentran justificados, por lo que la resolución carece de prolijidad, toda vez que no se expone el motivo por el que el recurrente no puede recuperarse en lo sucesivo.

Del mismo modo, señalan que los distintos certificados médicos que acompañan a este recurso, indican que el recurrente si realizó el tratamiento kinesiológico en todo el transcurso que se encontraba con licencia médica, además de indicar cual es el diagnóstico y el tratamiento que mantiene, por lo que ahí se indica cuáles son las limitaciones que la patología le produce, por lo que no se explican los motivos que indicó la SUSESO para mencionar que no se indican las limitaciones y que no se acredita de forma adecuada la realización de kinesioterapia, si los certificados e informes lo evidencian.

Que conforme lo anterior, estiman los letrados recurrentes, que no consta que la recurrida haya accedido a algún análisis o examen del estado de salud del recurrente, desde que la COMPIN, en su oportunidad, no ejecutó ninguna de las acciones que prescribe el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, Decreto Supremo Nº 3 del 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud, Norma legal que dispone la posibilidad que la Isapre o la Compín a efectos de mejorar el rechazo de las licencias practiquen, por sus propios medios, nuevos exámenes, interconsultas, informes complementarios, visitas domiciliarias, peritajes médicos, entre otros.

En cuanto al derecho, estiman que el acto administrativo reclamado resulta ser ilegal y arbitrario, puesto que afecta el derecho a la vida y el de propiedad del actor, consagrado en el artículo 19 Nº 1 y 24 de la Carta Fundamental.

Finalmente, solicitan tener por interpuesto la presente acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, se le solicite informe y en virtud de los antecedentes expuestos, se resuelva ordenar que se acoge el presente recurso de protección y como consecuencia de lo referido, se aprueban y se ordene el pago, de los subsidios por incapacidad laboral temporal, derivadas de las licencias médicas N°(s) RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 103603490- 0 y 103603487-0 extendidas a favor del recurrente, sin perjuicio de que se adopten otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del derecho, con costas.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informa la presente acción constitucional doña Catalina Osses Obando, abogada en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando su rechazo, ya que no ha existido de parte de su representada, ninguna actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera se haya visto amenazado.

En primer término, alega respecto de la improcedencia de la acción constitucional interpuesta, que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el Subsidio por Incapacidad Laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En el mismo sentido, agrega la informante que nuestro sistema de seguridad social, contempla un completo marco de protección para aquellos casos en que una enfermedad o accidente pueda provocar incapacidades laborales permanentes o transitorias, pudiendo acceder, frente a estas contingencias de carácter involuntarias, a las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS)

De tal forma expresa la informante, que tratándose en la especie de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin perjuicio, que como se señaló, el legislador contempló un amplio y completo sistema de protección a nivel legal y reglamentario para la debida protección del Derecho a la Seguridad Social.

En segundo término, respecto del fondo del recurso, señala que consta en el expediente administrativo PAE código R-126937-2024, que el interesado recurrió ante su representada con fecha 18 de julio de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 103603490-0, 103603487-0, extendidas a dos empleadores por un total de 106 días a contar del 05 de mayo de 2024, por reposo no justificado. Agrega, que consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-146770-2024, de fecha 13 de septiembre de 2024, previo análisis exhaustivo del caso, que “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 103603490-0, 103603487- 0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 114 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, en los antecedentes presentados, no se indican las limitaciones que produce la patología reclamada, ni evolución de las lesiones. Sumado a lo anterior, no acredita de forma adecuada la realización de kinesioterapia durante todo el período reclamado, o algún otro procedimiento pendiente durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito”.

En conclusión, estima la informante, es posible colegir que el caso del recurrente don nombre reservado, ha sido ampliamente estudiado, existiendo fundamentación y motivación en el acto administrativo que pone término al procedimiento, partiendo de la siguiente premisa: 114 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

En cuanto a los fundamentos de la resolución, señala la letrada “Paciente con reposo autorizado por 49 días por misma patología, reclama por 53 días. LM para 2 empleadores, informe médico no protocolizado insuficiente, describe sintomatología en forma genérica sin antecedentes que permitan justificar reposo. Adjunta comprobante de kine pero no especifica fechas de ingreso o egreso ni sesiones realizadas. Reposo prolongado no justificado. No se acoge”.

En cuanto a la legislación aplicable, agrega que el derecho la licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto, por lo que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. Asimismo, agrega que sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de la Superintendencia de Seguridad Social, analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Señala, además, que para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, el sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. Del mismo modo, en el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal Finaliza señalando que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la recurrente, dentro del ámbito de su competencia, por lo que tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en primer término, la recurrida, alegó que la materia objeto del presente recurso pertenece al campo de la Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, la que no se encuentra amparado por la acción de protección, sin embargo, en la especie no se está aseverando la vulneración del innegable derecho que la actora tiene a los beneficios de la seguridad social, sino que la concurrencia o no de los requisitos de procedencia de uno de tales beneficios, como lo es el subsidio por enfermedad o incapacidad laboral, y este aspecto puede incidir en la afectación del derecho a la vida o bien al derecho de propiedad que le correspondería sobre el monto en dinero del subsidio, garantías que sí se encuentran protegidas por la Constitución Política de la República, por lo que esta alegación será rechazada.

7°.- Que, en cuanto al fondo, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, en la parte considerativa de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-125607-2024, señalo que “esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 103603490-0, 103603487-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 49 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, en los antecedentes presentados, no se indican las limitaciones que produce la patología reclamada, ni evolución de las lesiones. Sumado a lo anterior, no acredita de forma adecuada la realización de kinesioterapia durante todo el período reclamado, o algún otro procedimiento pendiente durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito.” A su vez, en la misma resolución exenta, en su parte resolutiva se señala que “RESUELVO: Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 103603490-0, 103603487-0, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

8°.- Que, según consta en los antecedentes aportados, el recurrente no ha sido sometido a peritajes que desvirtúen los diagnósticos y periodos de reposo consignados en las licencias médicas rechazadas, a que hacen alusión los actores, los que han sido corroborados por el informe del médico nombre reservado y los exámenes que se le han practicado acerca de la dolencia que padece en su hombro derecho, a saber “paciente con Omalgia derecha en estudio y tratamiento desde el 09-01-2024, con reposo descrito por su cuadro, en dicha oportunidad se pide RNM o ecografía de hombro derecho, en controles posteriores por traumatología.”

9°.- Cabe recordar que el artículo 21° del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, dispone en lo pertinente que, "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica".

10°.- Que, de lo señalado precedentemente, es claro que la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada en motivos que avalen la confirmación del rechazo de la licencia médica, ya que se limita a rechazar una licencia que anteriormente había sido aprobada, sin fundamentar técnicamente por qué la rechaza, agregando que el fundamento del rechazo es en que los antecedentes médicos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal durante la licencia médica reclamada, en circunstancias que se pudieron tomar las medidas necesarias para que ellos fueran precisados, o incluso disponerse la práctica de tales informes a fin de resolver de mejor manera el asunto sometido a su decisión, si se tenía dudas acerca de la prolongación del reposo de la recurrente.

11°.- Que, de lo dicho se desprende que la recurrida ha infringido lo dispuesto en los artículos 41 inciso 4° y 11 inciso 2° de la ley 19.880 que exige que las resoluciones administrativas sean fundadas y que en ella se expresen los fundamentos de hecho y de derecho que afectaren los derechos del recurrente, infringiendo asimismo la normativa contemplada en el Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en particular su artículo 21°, que le otorgaba facultades a la parte recurrida para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, lo que no hizo.

12°.- Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema también ha razonado en un sentido similar, al indicar que “…la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente…”, agregando que “…tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente”. (C.S. 15/05/2024, Rol 16212-2024, considerando 6°).

13.- Que, en consecuencia, y siguiendo el mismo predicamento del Máximo Tribunal, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia, tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión, como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas, afectando con ello el derecho a la integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley, contempladas en el artículo 19 N° 1° y 24° de la Carta Fundamental.

14°.- Que, finalmente, y atendido los argumentos ya señalados, deberá acogerse la presente acción constitucional, pero solo en cuanto deberá disponer la recurrida que se practique un nuevo informe médico, acerca de la dolencia que afecta al recurrente, a fin de pronunciarse nuevamente acerca de ella.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados Francisco Acuña González y Cristian Rojas Garrido, en favor de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto a que la recurrida deberá disponer que se encargue un nuevo informe médico, acerca de la dolencia que da cuenta la presente acción constitucional, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas denegadas, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de ella.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Juan Pablo Ortega Arroyo.

R.I.C. N°980-2024 -PROTECCIÓN.