nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

Chillán, diecisiete de marzo de dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado don Roberto Alejandro Casanova Valdés, en representación de doña nombre reservado, psicóloga, cédula de identidad N°RUT reservado, quien recure de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado, representada por doña nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, o por quien haga las veces de tal, ambos con domicilio en domicilio reservado, fundado en la acción ilegal y/o arbitraria consistente en la decisión mediante Resolución Exenta N°R-01-UME-02646, de fecha 9 de enero de 2025, emitida por la SUSESO, que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por médico tratante, lo que ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 19 numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, derechos de los cuales la recurrente es titular, y que por ende, deben ser resguardados mediante la presente acción de protección, a fin de que se restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida que deje sin efecto la Resolución Exenta materia del presente arbitrio, y en su reemplazo se ordene la aprobación y pago de las licencias médicas números 193619951-9; 104649857-3; 105959843-7 y 107035659-3, las que fueron extendidas por un total de 120 días a contar del 10 de junio de 2024, o bien, ordenar que la COMPIN correspondiente practique a la brevedad un peritaje médico a la recurrente, el que deberá hacerse cargo de las observaciones formuladas por los médicos tratantes de ésta y luego, reunidos los antecedentes, conjuntamente con el peritaje, sean remitidos a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), quien se pronunciará sobre las licencias médicas señaladas, debiendo expresar respecto de todas ellas las razones y/o motivos de carácter médico que fundamenten la decisión que en definitiva se adopte, todo lo anterior en el más breve plazo.

2°.- Refiere la recurrente, y como fundamento de la acción constitucional por ella interpuesta que su representada trabaja en el establecimiento educacional particular subvencionado de financiamiento compartido, “Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado”, de la comuna de Chillán, bajo el cargo de “Coordinadora de Convivencia Escolar”. Agrega que su enfermedad de salud mental, esto es, trastorno del ánimo, se originó al regreso del período escolar 2024, toda vez que la nueva rectora del establecimiento educacional le informa que ella dejaba de ser parte del Equipo de Gestión del Colegio, lo cual la ubicaba en una situación de menoscabo laboral, al quitarle funciones de responsabilidad dentro del establecimiento, junto con la imposición de realizar dualidad de funciones, sobrecargándola selectivamente con exceso de trabajo. Es así, que la nueva Rectora le informa que la bajaban de rango al sacarla del equipo de gestión, y le agregan el cargo de un subordinado por evitar una nueva contratación (encargada de convivencia de enseñanza media).

A consecuencia de los hechos descritos anteriormente, señala que la recurrente asistió a consulta médica del Dr. nombre reservado, médico de especialidad psiquiatra, en la cual fue atendida y diagnosticada tras presentar un cuadro de TRASTORNO DEL ANIMO, el que ha requerido desde su diagnóstico manejo psicofarmacológico. Comenzó con sintomatología anímica caracterizada por hipersensibilidad, enlentecimiento psicomotor, distractibilidad, alteraciones en memoria de trabajo, irritabilidad y angustia. La sintomatología descrita había generado un intenso compromiso funcional que la inhabilitaba para ejercer sus actividades laborales habituales. Frente a ello se prescribió reposo médico el 11 de abril de 2024, por 4 semanas. Su farmacología se inició con tratamiento con medicamentos Trazodona y Clonazepam. Fue evaluada el día 6 de mayo de 2024, y la señora nombre reservado seguía cursando un episodio de enfermedad anímica que le impedía cumplir con sus obligaciones laborales habituales, es por ello que se prescribió prórroga el 11 de mayo por 4 semanas. Expresa que lamentablemente se fueron sumando severos estresores en su lugar de trabajo, lo que aumentó sus niveles de angustia.

Aduce asimismo que con fecha 10 de junio tuvo control, y durante el período de la segunda licencia, la paciente se mantuvo con una sintomatología anímica severa y síntomas angustiosos, sumado a una marca interferencia cognitiva que la discapacita totalmente para trabajar, razón por la cual debió acudir nuevamente donde su médico tratante, quien le p0rescribió reposo laboral el 10 de junio y por 4 semanas más, aumentándosele su tratamiento farmacológico con Bupropion. Finalmente, su cuadro clínico se mantuvo hasta octubre del año 2024, por lo que se le otorgaron las licencias médicas números 193619951-9; 104649857-3; 105959843-7 y 107035659-3, e4xtendidas por un total de 120 días, las que fueron rechazadas y no fueron pagadas por no contar con reposo justificado.

Lo anterior se desprende de informe médico aportado por la recurrente en su oportunidad e instancia correspondiente, y que nunca fueron controvertidos ni objetados por la autoridad administrativa de salud mediante otros informes o alguna pericia médica, con lo que se avizora el obrar ilegal y arbitrario de la recurrida al no actuar, estando obligada a hacerlo, ni regirse por la normativa legal vigente.

En relación a lo antes expresado señala que a fin de resolver la materia planteada, se debe tener presente que el artículo 2° letra c) de la Ley 16.395, establece: “Son funciones de la Superintendencia las siguientes: c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la Seguridad Social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Desde otra perspectiva, denuncia que lo resuelto por la recurrida es absolutamente arbitrario, ya que no hace más que rechazar las referidas licencias médicas sin señalar, pormenorizadamente, qué antecedentes se consideraron para tomar tal determinación, así como tampoco se encuentran debidamente motivadas, haciendo presente que las licencias médicas no han sido objeto de pericia por parte de la recurrida, ni al momento de su examen original, ni al momento de resolver acerca de los recursos de reposición.

La recurrente, luego de citar y transcribir los artículos pertinentes de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, señala que: “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sean que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, lo que es corroborado por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto del texto legal citado con antelación”.

En cuanto al derecho, considera que el actuar de la recurrida infringe la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física y psíquica, contemplada en el artículo 19 número 1, y la de los numerales 2 y 24, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, todos de la Constitución Política del Estado, pues el pago del subsidio que va aparejado con cada licencia médica suple la remuneración del trabajador que se encuentra afectado con una determinada incapacidad laboral, por lo que su rechazo implica no contar con los medios económicos para hacer frente a sus necesidades diarias.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y de lo preceptuado por los artículos 19 numerales 1, 2, y 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile; Auto Acordado de 24 de junio de 1992, de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones; artículos 3 y 40 de la Ley 19.880 y demás disposiciones legales pertinentes de los citados cuerpos legales, y demás disposiciones legales vigentes y aplicables en la materia, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ya individualizada, declararlo admisible, acogerlo a tramitación y, previo informe de las recurridas y diligencias que se estimen pertinentes, se le acoja en todas sus partes, declarando arbitrario e ilegal lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social a través de su Resolución Exenta N°R-01-UME-026462025, de fecha 9 de enero de 2025, que confirma el rechazo de las licencias médicas efectuado por la COMPIN, dejándolas sin efecto y declarando en su lugar que las licencias médicas 193619951-9; 104649857-3; 105959843-7 y 107035659-3, quedan aceptadas, autorizando el pago del subsidio de incapacidad laboral temporal subsecuente, ordenando a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), que se paguen los montos respectivos de cada licencia, adoptando las medidas administrativas y de otra índole indispensables para este objeto, o en subsidio que se adopten todas las medidas para el restablecimiento del imperio de derecho, con expresa condenación en costas.

A su presentación acompaña documentos.

3°.- Que, informando doña Romina Andrea Ugalde Rañileo, abogada, en representación de la recurrida, la Superintendencia de Seguridad Social, solicita, en primer término, se declare la improcedencia de la acción constitucional fundado en que la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y que no está amparado por la presente acción cautelar que motiva estos autos, ya que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social.

En subsidio, informando sobre el fondo de la acción entablada el letrado refiere latamente sobre el derecho a licencia médica, concretamente, su marco regulador contenido en el citado D.F.L. Nº1, del año 2005, y en el D.S. Nº3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, para luego desarrollar las justificaciones médico administrativas que llevaron adoptar las resoluciones que hoy se reclaman.

Refiere que la Sra. nombre reservado concurrió con fecha 02 de diciembre de 2024 ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE, confirmó el rechazo de las licencias médicas números 103619951-9, 104649857-3, 105959843-7, 107035659-3, extendidas por un total de 120 días a contar del 10 de junio de 2024 emanado de la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., por reposo no justificado. Al respecto mediante RESOLUCIÓN EXENTA R-01-UME-02646-2025, de fecha 09 de enero de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió:

“Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas números 103619951-9, 104649857-3, 105959843-7, 107035659-3, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 76 días, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados en la presente reclamación.

Que, el informe médico adjunto, no describe la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral. No acredita asistencia a psicoterapia durante periodo reclamado”.

A mayor abundamiento, cabe indicar que esta Superintendencia, estudió mediante sus médicos los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, quienes informaron: “Que no se acoge Reposo indicado, impresionando lo excesivo, sin clara finalidad terapéutica, ni derivación a especialista ni dispositivos de mayor complejidad. Que, el informe médico adjunto, no describe la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral. No acredita asistencia a psicoterapia durante período reclamado…”.

En relación con lo anterior, la Sra. nombre reservado fue citada a peritaje por la respectiva Isapre con fecha 03 de mayo de 2024, el cual se llevó a cabo por la Dra. nombre reservado, quien concluye lo siguiente: “Desde un punto de vista psiquiátrico impresiona un Trastorno adaptativo ansioso depresivo asociado a neurosis laboral. Patología de origen laboral y recuperable, con manejo farmacológico. Ha logrado disminuir sintomatología parcialmente para lograr un buen nivel de funcionamiento. Reposo laboral otorgado en licencia Nº 3- 101170876 se encuentra justificado según cuadro descrito. Por examen mental y anamnesis paciente estaría en condiciones de reintegrarse a su trabajo al término de la licencia evaluada, es decir, el 11 de Mayo 2024. El prolongar un mayor tiempo no cumple un rol terapéutico.…”.

En vista de lo expuesto, se observa que los dictámenes impugnados por la recurrente, relacionados con las licencias reclamadas, están respaldados por los antecedentes que figuran en el expediente administrativo y están en armonía con lo resuelto por la Compin y la respectiva Isapre, quien además citó a peritaje a la recurrente, concluyéndose que: “Desde un punto de vista psiquiátrico impresiona un Trastorno adaptativo ansioso depresivo asociado, de neurosis laboral. Patología de origen laboral y recuperable. Con manejo farmacológico, ha logrado disminuir sintomatología parcialmente para lograr un buen nivel de funcionamiento. Reposo laboral otorgado en licencia Nº 3-101170876 se encuentra justificado según cuadro descrito. Por examen mental y anamnesis paciente estaría en condiciones de reintegrarse a su trabajo al término de la licencia evaluada, es decir, el 11 de Mayo 2024. El prolongar un mayor tiempo no cumple un rol terapéutico…”.

Por otra parte, el expediente de la reclamante, no solo incluye las resoluciones impugnadas, sino también los documentos proporcionados por la propia recurrente de los cuales se construye su ficha médica, indicándose como fundamentos de la resolución, lo siguiente: “No acoge Reposo indicado impresiona excesivo, sin clara finalidad terapéutica. Sin derivación a especialista ni dispositivos de mayor complejidad. Que, el informe médico adjunto, no describe la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral. No acredita asistencia a psicoterapia durante periodo reclamado…”.

Indica asimismo el informe que es posible apreciar que las licencias médicas presentadas por la recurrente no cumplen con los parámetros mencionados precedentemente, toda vez que resulta un hecho indubitado el período por el que se ha extendido, los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del período de reposo ya autorizado por la misma patología.

Expresa asimismo la recurrida en su informe, y en cuanto a la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, que en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

De lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese ILTMO. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida, ya que SS. ILTMA., muy bien sabe que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, o a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

En consecuencia, aduce que su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza como indica la contraria, del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.

En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 N° 18 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes, solicita en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por la Sra. nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

7°.- Que, la recurrente estima vulneradas sus garantías constitucionales referentes al derecho a la vida e integridad física y psíquica, protección a la salud y el de propiedad, teniendo en cuenta la actuación ilegal y arbitraria de la recurrida, que ha rechazado las reclamaciones que dedujo en contra de la negativa al pago de las licencias médicas que indica, las cuales fueron otorgadas por su médico perteneciente al sistema público de salud, sin que se haya desvirtuado el diagnóstico, ni realizado nuevos exámenes.

A su turno, la Superintendencia de Seguridad Social ha solicitado el rechazo de la presente acción constitucional, sosteniendo al efecto que el actuar de la institución lo ha sido con estricto apego a la normativa vigente, sin perjuicio que la situación no se encuentra protegida por el recurso de protección, por tratarse de materias de seguridad social.

8°.- Que en cuanto a la improcedencia de la acción por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar éste bajo la protección constitucional que se pide, ella igualmente será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, las cuales se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal.

9°.- Que, en lo que respecta al fondo, necesario es tener presente lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa.

En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. Asimismo, en su artículo 21 indica que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite a la trabajadora en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional de la trabajadora;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud de la trabajadora;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

10.- Que, conforme a los antecedentes que fueron aportados, fluye de manera evidente que la decisión de la recurrida, en cuanto a confirmar el rechazo del pago de las licencias médicas objeto de este recurso, no se apoya en ningún elemento de convicción objetivo que lleve a estimar racionalmente que el reposo ordenado no se encuentra justificado, carencia que la priva de contenido, sin que sea dable discernir que aquella se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a dicho reposo.

11°.- Que, desde otra perspectiva, conforme a la normativa relacionada, la recurrida puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, lo cual no ha ocurrido en la especie, sin que se hayan agregado otros antecedentes relevantes que lleven a estimar improcedente la orden de reposo, toda vez que no se han dispuesto nuevos exámenes o evaluaciones actualizadas para determinar la condición actual de salud de la recurrente, lo que torna arbitraria la actuación de la recurrida y vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debiendo adoptarse, en consecuencia, las medidas que restablezcan el imperio del derecho.

12°.- Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que, de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la COMPIN directamente o a instancias de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el presente caso.

13°.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la reglamentación que rige la materia sometida al conocimiento de esta Corte, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido a la paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para dar mayor certeza al diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de la recurrida, con la posterior falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

14°.- Que, en razón de lo expuesto se torna del todo arbitrario desestimar el pago de licencias médicas concedidas por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad criticada, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar frente al paciente cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En tal evento, ante términos tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa la obligación de actuar de oficio y con respeto por los principios de no discriminación, objetividad y rigurosidad en su proceder.

15°.- Que, de esta manera, se advierte que la negativa del pago de las licencias médicas que indica la actora, implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus derechos, en concreto, máxime si en la presente situación se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el deducido por doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada por doña nombre reservado, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la recurrente, encargue un informe pericial médico acerca de las patologías que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y, cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Juan Antonio De La Hoz Fonseca.

Rol N°98-2025 - PROTECCIÓN.