Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

Chillán, nueve de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Que, comparece Rafael Bustos Fuentes, abogado, deduciendo acción constitucional de protección, en favor de nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN, representada actualmente por su alcalde Camilo Francisco Benavente Jiménez, por haber puesto en riesgo las garantías que más adelante expone, de forma ilegal y arbitraria en razón de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que indica.

Señala que don nombre reservado, ejerce el oficio de comerciante ubicado en Plaza Sargento Aldea S/N Local 177 Chillan desde el 12 de abril de 2023 fecha en la cual firmó contrato de arrendamiento con don nombre reservado por local comercial ubicado en plaza Sargento Aldea local N°177, el que fue suscrito ante Notario Público de Chillan don nombre reservado. El canon de arrendamiento es la suma de $500.000 mensuales pagaderos los días 20 de cada mes.

Manifiesta que con fecha 22 de mayo de 2023 a través del Decreto Municipal N° 5767-2023 El Señor Alcalde junto al Honorable Concejo Municipal, autorizan al arrendador don nombre reservado arrendar los derechos de Concesión de local N° 177 Rol de Avalúo N° 168-503 a su representado. Respecto a la autorización anterior, su representado debió desembolsar 11,44 UTM conforme el punto 2 del Decreto que acompaña.

Expresa que en noviembre de 2023 en razón del giro comercial que tiene el local arrendado, el recurrente solicita a la Recurrida modificar el objeto del giro comercial, a local de elaboración de alimentos de consumo al paso, el que es aprobado por el Honorable Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Chillan.

Indica que, con fecha 19 de enero de 2024 mediante Resolución exenta N° 2316668551, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Ñuble autoriza al local del Recurrente el funcionamiento como Local de elaboración de alimentos Al Paso. En febrero de 2024 se inician los trámites para otorgar patente municipal de funcionamiento, reuniéndose todos los documentos requeridos por I. Municipalidad de Chillan.

Agrega que respecto a las actividades comerciales ejercidas por el Recurrente antes de instalarse en la ciudad e Chillan, estas fueron en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, por lo que se hizo cambio de domicilio tributario a la ciudad de Chillán ante Servicio de Impuestos Internos de manera online en junio de 2024. En mayo del presente I. Municipalidad de Chillan para autorizar patente Municipal solicita certificado de no deudas de I. Municipalidad de San Miguel. La I. Municipalidad de San Miguel para otorgar dicho certificado solicita se acompañe formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos desde el año 2006 al 2024. Debido a la antigüedad de los documentos requeridos este trámite se debe hacer de manera presencial, lo que retrasa el procedimiento de obtención de patente en la comuna de Chillan.

Añade el recurrente que en ese transcurso de tiempo señores Inspectores Municipales en fiscalización a locales de nombre reservado Sargento Aldea, cursan infracción al recurrente aun cuando se explica verbalmente en entrevista con ellos, que don nombre reservado se encuentra con Resolución Municipal de funcionamiento y que la tramitación de los documentos del Servicio de Impuestos Internos referidos a Formulario 29 están en trámites de obtención. Se paga Multa ante Tesorería Municipal mediante Sentencia emanada del 1er Juzgado de Policía Local de Chillan por la suma de $300.000.

Con fecha 27 de septiembre de 2024 se dirige carta ante el Departamento de Rentas Municipales de la I. Municipalidad de San Miguel solicitando expedir certificado de deudas requerido por I. Municipalidad de Chillan para autorizar patente municipal argumentando que las declaraciones de Renta y Formulario 22 se encuentran sin movimientos por más de 6 años como también los Formularios 29 de IVA con los últimos 6 años tributarios. Así también se invoca el artículo 2521 del Código Civil respecto a la prescripción del cobro de impuestos y otros gravámenes dentro de los tres años. Para lo anterior la I. Municipalidad de San Miguel solicita Certificado de Deudas a la I. Municipalidad de Chillan la que no pudo ser emitida ya que el Servicio de Impuestos Internos no maneja información histórica, solo información desde el año 2016 en adelante.

Sostiene el letrado que respecto a lo anterior y conociendo la autoridad municipal los detalles sobre la información tributaria solicitada al recurrente, este se acerca a Departamento de Rentas Municipales de I. Municipalidad de Chillan para solicitar dicho Certificado (no deuda) obteniendo como respuesta que esta Municipalidad no puede otorgar dicho certificado porque el Recurrente no es contribuyente en Chillan, por lo que no pueden ayudar, entregar patente provisoria o agilizar la obtención de la misma. Posteriormente se solicitó vía oficio al Servicio de Impuestos Internos de la comuna de San Miguel certificado histórico de direcciones el cual demora 15 días hábiles, lo que, a la fecha del presente Recurso, no ha llegado.

Argumenta que, al margen de lo anterior, se debe contemplar que el Recurrente paga arriendo del local comercial dependiente de la I. Municipalidad de Chillan desde abril de 2023 por la suma de $500.000. Junto con ello, para otorgar el Decreto Municipal 5767/2023 debió pagar la suma de $795.000 lo que en la actualidad suma la cantidad de $8.500.000 por canon de arriendo, más $795.000, que en total suman $9.295.000, sin poder ejercer de manera normal sus actos de comercio. Cabe destacar que la incongruencia entre el decreto municipal que autoriza el funcionamiento, arriendo y cambio de giro desde el 2023 se ve restringido arbitrariamente y se ve afectada la libertad del Recurrente de ejercer su actividad comercial. Respecto a los Impuestos Anuales a La Renta, estos se encuentran al día según da cuenta el Formulario 22 emitido por tal Institución.

En cuanto al derecho, manifiesta que, respecto de los hechos antes relatados, la autoridad comunal vulnera con su actuar arbitrario e ilegal, los siguientes derechos 1. Derecho de Propiedad del artículo 19 número 24 de la Constitución Política de La República, el cual recae sobre un acto de comercio legal, y un Decreto Municipal que fue otorgado y que ahora pierde su calidad por la arbitrariedad en otorgar patente Municipal; 2. Derecho a ejercer una actividad económica Libre del número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; 3. Derecho a la Igualdad ante la ley del artículo 19 número 2, toda vez que se da un tratamiento distinto, sin ocupar un elemento objetivo diferenciador razonable. 4. El señalado en el inciso 1° del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política, referido al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Luego de citar doctrina, el recurrente señala que en razón de las garantías constitucionales que protegen el libre desarrollo comercial de las personas, la actuación discriminaría e ilegal por parte de la I. Municipalidad de Chillán, tornan confusa y arbitraria la decisión de exigir antecedentes extras para la obtención de una patente municipal a quien ha cumplido un contrato de arrendamiento el cual se encuentra aprobado mediante Resolución Municipal, autorización sanitaria, Servicio de Impuestos Internos y que ha debido esperar por más de 14 meses para ser otorgada, basada en solicitudes que están fuera del rango normativo y de las cuales se han acompañado todos los antecedentes solicitados. Sin embargo, gran sorpresa fue para su representado el hecho de que la recurrida le solicitara, dentro de múltiples documentos a exhibir, la emisión de un certificado de no deuda de patente municipal por parte de la I. Municipalidad de San Miguel. Lo anterior es completamente improcedente en atención a que como ya expuso, el recurrente, como persona natural se encontraba sin movimientos tributarios con anterioridad a julio de 2020, por lo que no generó activos o pasivos, hecho conocido por ambas Municipalidades. Así, el documento exigido no tiene ningún fundamento de carácter legal ni es razonable su exhibición.

Dice que se hace prácticamente imposible certificar a la I. Municipalidad Chillán que no existe deuda alguna para con ella, pues, desde el principio, no hubo un hecho que originara dicha obligación de pago por el simple hecho que el recurrente no ha ejercido actos de comercio en la comuna de Chillan. Por ello, es claro que lo que solicita la recurrida carece totalmente de fundamento siendo así arbitrario e ilegal.

Añade que el actuar de la Ilustre Municipalidad de Chillán, a través de su Departamento de Renta y Patentes, resulta injusto ya que por una parte autorizan el arrendamiento de un local comercial porque los suscriptores del mismo cumplen los requisitos de los actos administrativos y además se paga una cantidad no menor ($795.000) en razón de esa Ordenanza Municipal y coetáneamente se niega por otro lado en razón de solicitudes ilegales, la obtención de una patente municipal para funcionar.

Además de la ilegalidad, indica el recurrente que se configura una arbitrariedad discriminatoria en contra de don nombre reservado, esto se concluye en que este acto es, además, arbitrario, por cuanto no se explica, ni hace ninguna diferenciación fundada, concreta y específica respecto del recurrente, produciéndose una injustificada discriminación a su respecto, ninguna explicación, razonamiento o justificación alguna, se aprecia en el acto administrativo que se impugna, en el sentido de vincular actos u omisiones que fueren imputables al espacio arrendado en donde solicita patente comercial y como consecuencia de ello, se justifique aplicar medidas tan graves y de ultima ratio, como lo negar una patente municipal y paralelamente sancionar mediante infracciones municipales a quien ha trabajado incansablemente por obtener su permiso.

Por lo tanto, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Chillán, y se otorgue sin más trámite la patente municipal de funcionamiento de local de comidas al paso, por el acto arbitrario e ilegal de solicitar el certificado de no deuda de patente municipal de su representado individualizado y, en consecuencia, impedir la obtención de la correspondiente patente municipal.

2°.- Que, informa Gabriel Ignacio Osorio Vargas, abogado, en representación del recurrido, I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN, solicitando el rechazo del recurso.

Expone que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional están contestes en el hecho de reconocerle a este remedio judicial, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, que goza de tramitación urgente, informal, breve y sumaria. Por dicho motivo, se ha sostenido que resulta improcedente que por su intermedio se procure un pronunciamiento sobre aspectos de fondo, los que son naturalmente objeto de procedimientos de lato conocimiento, por lo que el ámbito de su aplicación necesariamente se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación que se trata. Indica que se deben acreditar una serie de circunstancias para que el recurso de protección pueda ser acogido, a saber: I. Acción u omisión arbitraria o ilegal ejecutada por un agraviante que es legitimado pasivo del recurso; II Afectación de alguno de los derechos fundamentales indicados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es decir, una privación, perturbación o amenaza; III. La existencia de un derecho fundamental prexistente e indubitado; IV.

Una necesaria relación de causalidad entre dicha acción u omisión denunciada de arbitraria e ilegal y la afectación de derechos fundamentales; V. La posibilidad que la Corte adopte medidas cautelares, en razón, del fin de la acción de protección que es una acción de cautela y tutela de derechos fundamentales; y VI.

Su interposición dentro del plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos; y, otros señalados en Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Argumenta el recurrente que no concurre una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria por parte de la Ilustre Municipalidad de Chillán por cuanto, lejos de lo señalado por el recurrente, esa entidad edilicia ha actuado apegada a la ley.

Indica que de acuerdo a la información que obra en esa entidad edilicia, al recurrente se le solicitó acompañar el certificado de deuda por concepto de patente municipal. Lo anterior, porque, según los antecedentes presentados por el contribuyente, registraba dirección tributaria en la comuna de San Miguel. Lo anterior, en razón de lo dispuesto en el artículo 29 de la ley de Rentas Municipales, que señala que “los contribuyentes (…) que cambien de domicilio su casa matriz o sucursal, pagarán la respectiva patente comercial en la municipalidad correspondiente al nuevo domicilio, a contar del semestre siguiente al de su instalación. Para tal efecto, deberán comunicar dicha situación a la municipalidad del nuevo domicilio, dentro de los 30 días corridos siguientes al de la instalación, exhibiendo la patente pagada en la municipalidad de origen por el período semestral respectivo y un certificado emitido por la misma, en donde conste que no mantiene deuda pendiente por este concepto. En el caso de existir deuda, no se otorgará patente definitiva o provisoria, mientras no se regularice dicha situación ante la municipalidad respectiva.”

Concluye que, como se observa, lo solicitado por la entidad edilicia dice relación con la obligación legal de acompañar certificado, en este caso, de la I. Municipalidad de San Miguel, donde conste que no se mantiene deuda por el concepto de patentes municipales.

En consecuencia, solicita se rechace el recurso por las razones ya expuestas.

3°.- Que, al analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, la recurrente reclama en síntesis, que la recurrida I. Municipalidad de Chillán le ha negado ilegal y arbitrariamente la patente municipal de funcionamiento de su local de comidas al exigirle, dentro de múltiples documentos a exhibir, la emisión de un certificado de no deuda de patente municipal por parte de la I. Municipalidad de San Miguel, lo que sería improcedente en atención a que el recurrente, como persona natural se encontraba sin movimientos tributarios con anterioridad a julio de 2020, por lo que no generó activos o pasivos, hecho conocido por ambas Municipalidades, por lo que el documento exigido no tiene ningún fundamento de carácter legal ni es razonable su exhibición.

7°.- Que, a fin de resolver el presente recurso, es menester tener presente que el artículo 29 del Decreto 2385 que fija texto refundido y sistematizado del Decreto Ley num. 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, señala en su inciso 6° lo siguiente: “Asimismo, los contribuyentes, con excepción de los señalados en el artículo 32, que cambien de domicilio su casa matriz o sucursal, pagarán la respectiva patente comercial en la municipalidad correspondiente al nuevo domicilio, a contar del semestre siguiente al de su instalación. Para tal efecto, deberán comunicar dicha situación a la municipalidad del nuevo domicilio, dentro de los 30 días corridos siguientes al de la instalación, exhibiendo la patente pagada en la municipalidad de origen por el período semestral respectivo y un certificado emitido por la misma, en donde conste que no mantiene deuda pendiente por este concepto. En el caso de existir deuda, no se otorgará patente definitiva o provisoria, mientras no se regularice dicha situación ante la municipalidad respectiva”.

8°.- Que, tal como lo ha reconocido el propio recurrente en su acción constitucional, antes de instalarse en la ciudad de Chillan, ejercía su actividad comercial en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, por lo que hizo cambio de domicilio tributario a la ciudad de Chillán ante el Servicio de Impuestos Internos de manera online en junio de 2024. Es por tal razón que la recurrida I. Municipalidad de Chillan, le ha solicitado, para autorizar su patente Municipal en la respectiva comuna, un certificado de no deudas emitido por la I. Municipalidad de San Miguel, precisamente porque así lo exige el artículo 29 inciso 6° de la Ley de Rentas Municipales.

Ahora bien, los inconvenientes que pueda tener el recurrente para la obtención de este certificado, ya sea porque tenga una deuda pendiente, o porque a su juicio, la I. Municipalidad de San Miguel no puede o no quiere otorgarle tal certificado, o porque no procede que se le otorgue, debe resolverlo y regularizarlo ante dicho ente edilicio, no siendo tal inconveniente imputable o atribuirle al actuar del órgano municipal de la comuna de Chillán, quien sólo se ha limitado a solicitar la documentación que le ley le exige, no pudiendo estimarse que su conducta sea ilegal o arbitraria. Es por tal motivo que, la misma norma ya citada señala que “en el caso de existir deuda, no se otorgará patente definitiva o provisoria, mientras no se regularice dicha situación ante la municipalidad respectiva”. De lo dicho, si existiere una deuda, el recurrente debe regularizar esa circunstancia, pagándola u obteniendo que aquella sea dejada sin efecto ante la I. Municipalidad de San Miguel según aparece de la propia norma en comento; pero si no existiere tal deuda o hubiese otro problema que le impida obtener tal certificado, con mayor razón también debe aclararlo, resolverlo y/o regularizarlo ante aquel municipio y no ante el ente edilicio de la comuna de Chillán.

9°.- Que, de acuerdo a lo recién señalado, no es posible concluir que la recurrida haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario al exigirle un certificado de no deuda de patente municipal, ni consta que exista un derecho fundamental indubitado del recurrente que se encuentre afectado por una actuación de la recurrida, por lo que el presente arbitrio constitucional necesariamente deberá ser rechazado, sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer el actor ante la autoridad o los órganos jurisdiccionales.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Rafael Bustos Fuentes en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad De Chillán.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Fabián Huepe Artigas, quien no firma por no haber integrado hoy.

Rol N°974-024 PROTECCIÓN.