nombre reservado con A.F.P. MODELO S.A.

Chillán treinta de agosto de dos mil diecinueve.

Visto:

1°.- Que, comparece doña nombre reservado, y deduce recurso de protección a mi favor, en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Modelo, representada legalmente por nombre reservado.

Para fundamentar su acción expone, en síntesis, que en junio del año 1980 comenzó a ahorrar en el sistema de AFP, por lo que lleva ahorrado RUT reservado de pesos y actualmente es trabajadora de 60 años y recibirá una jubilación bajísima en relación al nivel de vida que su remuneración le permite. Agrega que para solventar los gastos en que deberá incurrir, esto es, mantener a los cuatro integrantes de su familia, entre ellos su madre con demencia senil, como asimismo préstamos y otras obligaciones deberá tener que buscar algún trabajo.

Es por lo anteriormente expuesto que solicitó a la AFP recurrida, mediante una carta enviada el día 24 de junio del 2019, que le devolviera sus ahorros, para administrarlos y decidir cómo invertirlos o dividirlos de la mejor forma para solventar sus gastos a lo que la AFP respondió el día miércoles 2 de julio por correo electrónico, que no puede entregarle el dinero.

Estima que la recurrida con su actuar arbitrario ha vulnerado su derecho de propiedad contemplado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por lo que solicita a esta Corte tener por interpuesta la presente acción de protección, admitirla a tramitación, y acogerla en definitiva en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho, declarando que se ha vulnerado su derecho de propiedad en los términos expuestos en el presente recurso, y ordenar la entrega, en el más breve plazo, de mis ahorros por concepto de cotizaciones previsionales cuyo monto asciende a la suma de $46.000.000 y que se condene en costas a la AFP MODELO.

2°.- Que al informar la presente acción constitucional doña nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, AFP Modelo, alega en primer lugar, su improcedencia, por ser éste extemporáneo, toda vez que la recurrente ha omitido información relevante a esta Corte, pues teniendo presente lo dispuesto en el auto acordado sobre tramitación de recurso de protección en relación al plazo de interposición, refiere que es necesario hacer presente que la recurrente relató en su presentación que con fecha 02 de julio del año 2019, habría tomado conocimiento de la negativa de su representada en orden a aceptar la solicitud de devolución de sus fondos previsionales.

Agrega que es necesario dejar en claro que el sistema de capitalización individual fue creado mediante el D.L. 3,500 del año 1980, y que la Recurrente señaló, que en el año 1980 comenzó a cotizar en el actual sistema de capitalización individual, de lo que se concluye que a esa fecha, la señora nombre reservado, se afilió generando una relación jurídica con el nuevo Sistema de Pensiones, tal como lo establece el artículo 2 inciso 2° del D.L 3,500. Añade que la Recurrente no puede desconocer, que a la fecha de afiliación al sistema, esta es, en el año 1980, no tenía conocimiento del nuevo régimen legal del sistema de pensiones, toda vez que aceptar lo contrario iría en contra de una norma tan básica como la establecida en el artículo 8 de nuestro Código Civil que establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia, recordemos que han transcurrido más de 38 años, desde que el Recurrente adquirió la calidad de afiliado en el nuevo sistema previsional.

Expresa que la negativa a entregar los fondos previsionales directamente a la Recurrente, no proviene de la respuesta de AFP Modelo, ya que es la Ley la que impide tal restitución. Por ende, la respuesta proporcionada por AFP Modelo reitera tal criterio, y en consecuencia, la aludida respuesta de fecha 02 de julio de 2019 no es susceptible para determinar el cómputo del plazo para interponer el recurso de protección puesto que la actuación arbitraria reclamada, obviamente no tiene su fuente en la negativa de mi representada, sino que emana directamente de las normas legales y constitucionales que regulan el régimen previsional chileno. En consecuencia, el destino de los fondos previsionales era plenamente conocido por la Recurrente al momento de dictarse la ley que regula la materia, vigente desde noviembre del año 1980. A partir de dicha, la Recurrente comenzó a cotizar obligatoriamente en el sistema previsional, con un claro y único destino impuesto por el ministerio de la ley.

Finalmente refiere que de los antecedentes antes expuestos, se concluye que el presente recurso de protección fue presentado fuera de plazo, puesto que se interpone con más de 30 días del supuesto hecho lesivo a las garantías fundamentales reclamadas por la Recurrente, razón por la cual estima que esta debería declararlo extemporáneo.

En segundo lugar, informa derechamente el recurso manifestando que el 02 de julio de 2019, su representada respondió a la solicitud de la recurrente transcribe el texto de la misiva, luego agrega que su representada otorgó una respuesta clara y fundamentada al Recurrente, de conformidad a la normativa que la rige, esto es, el D.L. 3.500, de 1980.

Para argumentar sus dichos, se refiere latamente al régimen legal del Sistema de Pensiones, concluyendo que si se aceptara la entrega de los fondos previsionales por una causa o razón distinta a las contenidas en la Ley, como infundadamente pretende el Recurrente, se actuaría contraviniendo la ley y el financiamiento de los beneficios, desnaturalizándose el sistema previsional, para establecer un sistema personal de ahorro de libre disposición, Establecer un sistema de libre disposición, no protegería ni aseguraría a los trabajadores ni a sus beneficiarios, los beneficios que la Seguridad Social Chilena garantiza a los chilenos por mandato constitucional.

Señala que la Recurrente ha invocado como un acto arbitrario e ilegal la respuesta de su representada otorgada a través de correo electrónico enviado con fecha 02 de julio del ario 2019 a la dirección correo reservado, al respecto manifiesta que el accionar de su representada en ningún caso es arbitrario, menos aún ilegal, puesto que precisamente se encuentra justificado por la legislación y el texto constitucional vigente, asimismo, el actuar de AF.P. Modelo S.A., se ha ajustado con estricto apego a derecho, según lo dispuesto en el D.L. 3.500 de 1980, debiendo ser rechazado, puesto que el acto reclamado se ejecuta dentro de los márgenes legales.

Concluye que los fondos previsionales acumulados en la cuenta de cotización obligatoria de los afiliados tienen un destino definido por el propio legislador, sin que sea admisible innovar en un nuevo destino, como lo pretende el Recurrente, de este modo, no es posible afirmar un actuar arbitrario por parte de su representada, ni tampoco, es posible considerar que actúa abusivamente, puesto que la respuesta brindada al Recurrente y que estima como supuestamente lesiva a sus garantías, es la única que puede existir a la luz de la normativa previsional, No podría existir otra respuesta por parte de su representada, de lo contrario se produciría una infracción a la ley que la rige.

En cuanto a la garantía constitucional que la recurrente estima vulnerada, refiere que una de las principales garantías que contempla la ley para la seguridad de los fondos previsionales, es la separación patrimonial entre el fondo de pensiones y el de la sociedad administradora. Esta separación, junto al hecho que los bienes del fondo deben estar en custodia y son inembargables, significa que el patrimonio de los afiliados no se verá afectado, ni aún en caso de una eventual quiebra o disolución de la Administradora. La Administradora no tiene derecho de dominio sobre los fondos, los que pertenecen exclusivamente a los afiliados. En este sentido, debemos hacer presente que, mi representada en ningún momento ha desconocido el dominio que tiene el Recurrente sobre sus fondos previsionales.

Agrega el Recurrente podrá disponer de sus fondos de conformidad con lo dispuesto por la ley, esto es, sea para pensionarse por vejez o invalidez o sus beneficiarios si fuere el caso, optando por la modalidad de pensión que estimen pertinente, además de requerir los demás beneficios previsionales. Incluso, sus herederos podrán recibir estos fondos en caso que no existieren beneficiarios de pensión o el afiliado falleciere por un accidente del trabajo, todo ello conforme a lo establecido en el D.L. 3.500 de 1980 y que es la ley la que señala la oportunidad y la forma en la cual se ejercen los derechos previsionales, de manera que su representada al negar la entrega de la totalidad de los fondos del Recurrente, no vulnera garantía constitucional alguna, sino que precisamente resguarda el derecho de propiedad del mismo Recurrente y de sus beneficiarios de sobrevivencia.

Estima que las pretensiones de la Recurrente resultan ser del todo infundadas toda vez que pretende que se declare la existencia de su derecho de dominio respecto de los fondos previsionales administrados por su representada, y en particular, que se declare su derecho a usar, gozar y disponer de ellos de forma arbitraria, lo que se traduciría en la facultad de retirar dichos fondos de su cuenta de capitalización individual, de usarlos o invertirlos en la forma que desee. Lo anterior, implica necesariamente poner en práctica situaciones que no se encuentran contempladas por el legislador.

De ello, con toda claridad se concluye que no puede existir respecto de los fondos previsionales de un afiliado y que están siendo administrados por una Administradora de Fondos de Pensiones, las facultades de uso, goce y disposición, en forma plena o irrestricta, ya que tales facultades se encuentran minuciosamente reguladas por la Ley.

Asimismo, el propio articulo 19 N° 24 de la Constitución Política, reconoce que el derecho de propiedad es susceptible de limitaciones al derecho de dominio, derivadas de su función social, y que son establecidas en virtud de una ley. En efecto, existen un conjunto de disposiciones legales que imponen restricciones a las facultades del dominio que los cotizantes tienen respecto de sus fondos previsionales, por ejemplo: Los Fondos de Pensiones tienen por finalidad exclusiva el financiamiento de las pensiones y prestaciones establecidas en la ley. Las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones, y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley, Ni la Superintendencia de Pensiones, ni ninguna autoridad pueden hacer variar el destino asignado a los fondos previsionales.

3°.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que en primer término, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, es dable indicar que el plazo para recurrir de protección es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado y sindicando como acto vulneratorio, la negativa por parte de la recurrida comunicada con fecha 2 de julio del actual y habiéndose interpuesto la acción de autos con fecha 24 de julio último, lo ha sido dentro de plazo y por tanto la alegación de extemporaneidad debe necesariamente ser desestimado.

7°.- Que en cuanto al fondo de lo debatido, es dable indicar que se encuentra acreditado que la actora se encuentra afiliada al sistema de pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones, y actualmente se ecnuentra afiliada a la recurrida. Y la actora tiene actualmente según el recurso, la edad de 60 años.

8°.- Que, el inciso tercero, parte final, del numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental estatuye que, en materia de seguridad social, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

Por su parte, el artículo 1 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, dispone que “Créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual que se regirá por las normas de la presente ley. La capitalización se efectuará en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones.”.

Por su parte, en relación a la afiliación, el inciso segundo del artículo 2 del señalado Decreto, estatuye que: “La afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización.”.

A su vez, el artículo 17 establece que “Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres, estarán obligados a D.O. 29.08.1987 cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles.”.

Luego, en relación al destino de la cotización individual de cada afiliado, la parte final del inciso primero del artículo 34 estatuye que: “…estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.”.

En relación a la oportunidad en la cual los afiliados pueden disponer de los dineros de su cuenta de capitalización individual, el artículo 61 señala que: “Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3°, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión. La Administradora verificará el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá el beneficio y emitirá el correspondiente certificado.”.

Finalmente, el artículo 3 indica que “Tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68°.”.; y por su parte, el referido artículo 68 estatuye que: “Los afiliados podrán pensionarse en las condiciones prescritas en la presente ley antes de cumplir las edades establecidas en el artículo 3° siempre que, acogiéndose a algunas de las modalidades de pensión señaladas en el artículo 61, cumplan con los siguientes requisitos:

a) Obtener una pensión igual o superior al setenta por ciento del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas, calculado según lo dispuesto en el artículo 63, y b) Obtener una pensión igual o superior al ochenta por ciento de la pensión máxima con aporte solidario, vigente a la fecha en que se acoja a pensión.”.

9°.- Que, de las normas legales antes señaladas es dable indicar que la cotización individual constituye un acto mediante el cual de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador debe descontar determinadas sumas de dinero, de propiedad del trabajador, para garantizar efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepíos.

A su vez, conforme a las normas señaladas en el motivo que antecede, se colige que el legislador ha precisado que las cotizaciones son de destinación específica e inmodificable, a saber, el financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, las que son otorgadas a los afiliados una vez que concurran los requisitos para ello del artículo 3 y/o 68 del Decreto Ley N° 3.500.

10°.- Que, en mérito de lo señalado en los tres motivos que anteceden, es posible advertir que la recurrida ha ajustado su actuar a la normativa legal vigente sobre la materia, lo que - a su vez - ha sido razonablemente expuesto en la misiva de 2 de julio del año en curso, puesto que la recurrente, no habiendo cumplido los requisitos establecidos en el Decreto Ley N° 3500, de 1980, para ser beneficiaria de alguna de las pensiones en ella consagrada, se encontraba imposibilitada, legalmente, de requerir la disposición de sus fondos ahorrados en su cuenta de capitalización individual, por lo que la presente acción no podrá prosperar.

11°.- Que, a mayor abundamiento, y habiendo sido el legislador quien estableció limitaciones al dominio de los fondos ahorrados en la cuenta de capitalización individual, en la medida de ser destinados aquellos a solventar las pensiones, que en su oportunidad se generen, conforme lo indica el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, ninguna afectación de la garantía constitucional del derecho de propiedad se divisa sobre la materia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que se RECHAZA, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Juan Antonio de la Hoz Fonseca.

No firma el Ministro señor Silva, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente por cometido funcionario.

Rol: 963-2019- PROTECCIÓN.