Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, dieciséis de febrero de dos mil veintiséis.

Visto: 1°.- Que, comparece nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en la comuna de Chillán, quien deduce acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por doña nombre reservado y en contra del Fondo Nacional de Salud, representada legalmente por don nombre reservado, a fin se proceda a dejar sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 24 de noviembre de 2025, y en su lugar se proceda a dictar una nueva Resolución Exenta mediante la cual se acoja el pago de licencia médica.

Refiere el recurrente que el pasado 7 de octubre de 2025 recurrió ante la Superintendencia solicitando se reconsiderare el Dictamen N° NUM001 de fecha 30 de septiembre de 2025 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Ñuble, manteniendo el rechazo de la licencia médica N°NUM002, extendida por un total de 30 días a contar del 7 de abril de 2025 por reposo no justificado, al estimar la Superintendencia que del estudio de los antecedentes el reposo prescrito no se encontraba justificado, conclusión basada en que de los antecedentes médicos y administrativos evaluados no era posible establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 420 días discontinuos de reposo ya autorizados por la misma patología. Añade que los antecedentes que se adjuntaron, incluyendo el informe médico de octubre de 2025, no describen de manera amplia y detallada la disfuncionalidad que limitaba el reintegro laboral durante el periodo mencionado. Los antecedentes médicos no señalan tampoco ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a la extensión de reposo.

No se certifica derivación efectiva a dispositivos de mayor complejidad concordante con el tiempo de reposo médico ni plan de reintegro.

El actor señala en su recurso que el informe ocupacional y clínico del CESFAM Ultraestación Dr. Raúl San Martín González de Chillán, de fecha 6 de octubre de 2025, suscrito por la terapeuta ocupacional nombre reservado señala: “El Sr. nombre reservado es paciente de control en el CESFAM Ultraestación desde hace varios años, actualmente adscrito al Programa de Salud Mental desde el 16 de septiembre de 2025. Tiene 68 años, con antecedentes personales y familiares significativos, se desempeñó como profesor durante 45 años, actualmente en proceso de jubilación. Fue trasladado desde su antiguo lugar de trabajo (Pinto) a la comuna de San Carlos, situación que marcó un hito en el inicio de un cuadro depresivo, asociado a dificultades de adaptación al nuevo entorno laboral, el cual requiere competencias tecnológicas que el paciente no maneja, además de sentirse desplazado por un entorno predominantemente joven.

ANTECEDENTES MÉDICOS RELEVANTES: El usuario presenta múltiples patologías crónicas de base, las cuales afectan su funcionalidad general:

Hiperplasia de la próstata, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Trastorno Depresivo Moderado, Trastorno Mixto de ansiedad y depresión, Trastornos de adaptación, Trastorno Neurocognitivo leve. Actualmente en tratamiento con los siguientes fármacos: Melatonina 3mg, Sertralina 50 mg, Salbutamol/ Bromuro de Ipratropio (aerosoles), Presnisona 5 mg, Brexotide 250/25, Antecedente de tratamiento previo con Escitalopram y Quetiapina. EVALUACIÓN FUNCIONAL Y PSICOSOCIAL: Durante la atención ocupacional el paciente presenta síntomas persistentes de ánimo depresivo, anhedonia, labilidad emocional, aislamiento social, y marcada desconcentración. Refiere insomnio de despertar precoz, disminución de apetito y pérdida de interés por las actividades habituales. El paciente manifiesta abiertamente sentimientos de inutilidad, cansancio vital y desesperanza, aunque niega ideación suicida. En la evaluación cognitiva aplicada:

MOCA: 22 puntos Trastorno neurocognitivo leve; FAB: 13/18 puntos Funciones ejecutivas aún conservadas. Se concluye que, si bien no presenta riesgo de demencia, el compromiso cognitivo observado se relaciona con su estado de salud general, deterioro anímico. Y factores psicosociales del entorno. El usuario no ha ejercido funciones laborales desde hace más de dos años, existiendo una brecha ocupacional severa. Su funcionalidad diaria se encuentra comprometida por síntomas respiratorios que dificultan la movilidad y la autonomía, además de las alteraciones anímico-cognitivas que limitan su iniciativa, concentración y tolerancia al estrés. A esto se suma una carga familiar significativa, ya que colabora activamente con el cuidado y traslado de sus nietos, lo que aumenta su ansiedad y sensación de responsabilidad. Relata preocupación persistente por su hija, situación que ha agravado su situación emocional. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: Desde una perspectiva integral, el Sr. nombre reservado no se encuentra en condiciones de retomar actividades laborales, tanto por sus patologías crónicas respiratorias, como por su diagnóstico psiquiátrico y deterioro cognitivo leve. Estas condiciones afectan de manera directa su funcionalidad, independencia y adaptación social. Su estado actual requiere continuidad de tratamiento y apoyo psicosocial, siendo incompatible con la exigencia de un retorno laboral. Se recomienda mantener el reposo médico y apoyar el proceso de jubilación dado que el paciente presenta u n compromiso funcional y psicosocial relevante que afecta su desempeño ocupacional y su calidad de vida.” Por su parte añade el actor que en el informe médico emitido por el psiquiatra Víctor nombre reservado de fecha 2 de octubre de 2025, se señala: “EXAMEN MENTAL Y/O FÍSICO: paciente consciente, lúcido…con disminución de la capacidad de concentración, con signos de agotamiento. ESTADO FUNCIONAL: 60%. DIAGNÓSTICO: Trastorno adaptativo con ánimo mixto y estrés psicosocial”

En cuanto al derecho se sostiene que los hechos denunciados han vulnerado las garantías constitucionales sobre la integridad física y psíquica, consagrada en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política, sosteniendo al respecto que el pago del subsidio que va aparejado con cada licencia médica suple la remuneración del trabajador que se encuentra afectado por una determinada incapacidad laboral por un tiempo determinado y que en definitiva su rechazo implica en la práctica que el dependiente que ha hecho uso de licencia médica no contara con la contraprestación económica que le corresponde para hacer frente a sus diarias necesidades que van desde alimentarse hasta poder costear sus exámenes y/o comprar los medicamentos prescritos de acuerdo a la patología que padece. También estima conculcada la garantía de la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, establecida en los números 2 y 3 de la citada norma constitucional, pues considera que se le ha discriminado arbitrariamente en comparación a otros cotizantes cuyas licencias son aprobadas y subsecuentemente pagadas, sin verse afectados por el rechazo injusto de las mismas. Alega, además, la vulneración del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 19 N°9 de la Carta Fundamental, en cuanto a que "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de la rehabilitación del individuo”. Sin embargo, al rechazar sus subsidios por incapacidad laboral, la recurrida vulnera este principio. Respecto al derecho a la seguridad social, prevista en el artículo 19 N°18 se ha visto vulnerada por el proceder de la Superintendencia, al discriminarle negándole ilegítimamente el pago a su subsidio. Por último alega la conculcación del derecho de propiedad, establecido en el número 24 del artículo 19, atendido a que se ha visto afectado en su patrimonio, pues el rechazo de las licencias médicas referidas le ha significado la no percepción del subsidio por enfermedad respectivo, lo que implica un perjuicio patrimonial derivado del derecho de dominio que tiene sobre tal prestación.

Termina solicitando que, en virtud de lo dispuesto de los artículos 5, 6 y 19 n°24 y 20 de la Constitución Política de la República, artículos 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y demás normas citadas, se tenga por interpuesta la presente acción constitucional en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y el Fondo Nacional de Salud, acogerlo a tramitación, solicitar informe a los recurridos y, en definitiva, acoger en todas sus partes la acción constitucional declarando A.- El pago de la totalidad de la licencia médica singularizada, y ordenando en definitiva reestablecer el imperio del derecho, dando la debida protección, todo ello con costas.

B.- Que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social entregue en un plazo informe fundado respecto a los rechazos de las licencias médicas.

C.- Que, consecuencialmente, sea acogido el presente recurso declarando arbitrario e ilegal la resolución Exenta N°NUM000 de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la cual rechaza el pago de la licencia médica N° NUM002 y que ha sido singularizada en el cuerpo del escrito, dejándola sin efecto, y declarando en su reemplazo que aquella licencia médica queda aceptada debiendo la recurrida Superintendencia de Seguridad Social pagar el subsidio por incapacidad correspondiente u ordenar a FONASA que lo pague.

D.- Todo lo anterior sin perjuicio de las demás providencias que se estimen pertinentes durante la tramitación del presente recurso, en aras de reestablecer el imperio del derecho. 2°. - Que, informa la presente acción constitucional don Esteban Montiglio Órdenes, abogado, en representación del Fondo Nacional de Salud.

El letrado refiere que su representada no aprueba, ni menos rechaza licencias médicas de los afiliados o beneficiarios, pues no tiene dicho rol ni facultad, pues dicha materia recae exclusivamente en la respectiva COMPIN y, en su caso, en la Superintendencia de Seguridad Social, la primera, respecto de los afiliados de FONASA de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 y 29, del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, mientras que a la segunda le corresponde resolver las apelaciones que se presenten, respecto de las resoluciones dictadas por las respectivas COMPIN, cuando éstas han rechazado una licencia médica o bien han reducido el plazo de ellas.

Se señala que en el presente caso, el rechazo de las licencias médicas N°NUM003; NUM004 y NUM005, fue hecho por el organismo legalmente facultado para ello, la COMPIN, el cual fue confirmado por la SUSESO, ambos órganos competentes para aprobar o rechazar licencias, por lo que no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, por lo que no tiene injerencia en la aprobación o rechazo de una licencia médica, insistiendo sostener que Fonasa no tiene injerencia alguna en la evaluación y resolución de licencias médicas, no correspondiéndole ni siquiera su recepción para ser derivadas a la COMPIN respectiva, que es la institución establecida por la normativa vigente para tal efecto.

Solicita que, de conformidad a lo expuesto y dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas pertinentes, se tenga por evacuado el informe y oficio solicitado. 3°.- Que, a folio 10, comparece informando el abogado Tomás Garro Gómez, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en forma previa al fondo, la extemporaneidad del recurso, al haberse interpuesto vencido con creces el plazo fatal de 30 días corridos.

Argumenta que el recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de las licencias médicas que reclama desde que optó por reclamar de ello por la vía administrativa, ejerciendo el recurso de jerarquía en contra de la COMPIN de la Región de Ñuble el pasado 5 de septiembre de 2025, esto es, con tres meses antes de la fecha de interposición de la presente acción constitucional, por lo que transcurrió sobradamente el plazo contemplado para el ejercicio de la presente acción constitucional. Cita sentencia de la Excma. Corte Suprema. Conforme a lo expuesto, solicita se declare la extemporaneidad de la presente acción constitucional interpuesta el pasado 9 de diciembre del año 2025.

Luego, informa derechamente el recurso, refiriéndose en primer término sobre el marco jurídico - normativo relativo a la licencia médica, para luego sostener, en cuanto a la reclamación deducida por el recurrente, que su representada, previo nuevo estudio de los antecedentes médicos por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante Resolución Exenta N° NUM001 de 30 de septiembre de 2025, rechazó el reclamo del recurrente, confirmando el rechazo de la licencia médica.

Refiere que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la Superintendencia de Seguridad Social al confirmar, por la resolución que se impugna, el rechazo de la licencia médica dispuesto por la COMPIN Región de Ñuble, ya que lo decidido está en armonía con los antecedentes médicos del caso que se han tenido a la vista, los que fueron revisados por tres médicos psiquiatras, que llegaron a la conclusión que el reposo otorgado por el médico tratante no estaba justificado.

Sostiene que su representada no ha vulnerado garantía constitucional alguna como podría ser el derecho a la vida o integridad física o psíquica, como tampoco un derecho de propiedad, en este caso relacionado con el subsidio por incapacidad laboral, ya que éste, al rechazar el organismo administrador la licencia médica, fundadamente, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria que solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

Posteriormente procede a referirse de manera extensa sobre el derecho a la licencia médica, describiendo el marco legal que la regula, las facultades con que está investida la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia para luego pronunciare sobre la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, la que sustenta señalando que los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”, haciendo presente que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud.

Sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, pues en el presente caso el “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, sino que, por el contrario, tras la revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

En cuanto a las garantías constitucionales se sostiene que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la Carta Fundamental, pues respecto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica, su representada, de ningún modo ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, limitándose su intervención a responder al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la COMPIN, que rechazó las licencias médicas en comento.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y en subsidio de la alegación de lo principal y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe respecto de la acción de protección, y se desestime en todas sus partes, con costas. 4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 5°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 6°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 7°.- Que, como se indicó la presente acción se interpone en contra de la resolución Exenta N° NUM000 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó la licencia médica del recurrente N° NUM002, por 30 días a contar del 7 de abril de 2025.

Por su parte, el Fondo Nacional de Salud señaló que no le compete la autorización de las licencias médicas, por no encontrarse dentro de sus atribuciones, siendo los órganos llamados a ello la Superintendencia de Seguridad Social y las Comisiones de Medicinas Preventivas.

La Superintendencia de Seguridad alegó la extemporaneidad del recurso y en cuanto al fondo manifestó que, conforme al análisis efectuado por los médicos respectivos, el reposo del recurrente no se encontraba justificado más allá de los 420 días discontinuos ya autorizados. 8°.- Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social, será desestimada en atención a que no transcurrieron más de 30 días desde que se emitió la Resolución Exenta N° NUM000, y la fecha en que se interpuso el recurso. 9°.- Que, en cuanto al fondo de la acción de protección, sobre las decisiones que emiten los órganos técnicos atingentes a la procedencia del pago de los subsidios por incapacidad laboral, la Excelentísima Corte Suprema ha emitidos fallos recientes con fecha 28 de enero de 2026, en autos Rol N°42.908- 2025, N°42.829-2025 y N°52.667-25, razón por la cual, esta Corte seguirá los fundamentos de los fallos mencionados precedentemente. 10°.- Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. 11°.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c)

Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”. 12°.- Que, de la normativa reseñada emana que le corresponde a la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social, la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control, no así el Fondo Nacional de Salud. 13°.- Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de la decisión impugnada, se debe concluir que la Superintendencia se ajustó al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, con arreglo al carácter técnico que ostenta, dejándose constancia, en el respectivo acto administrativo, de los fundamentos y antecedentes médicos tenidos en vista para decidir el rechazo del pago reclamado y en correspondencia con el análisis de los antecedentes clínicos tenidos a la vista y por su parte, el Fondo Nacional de Salud ningún pronunciamiento emitió al respecto, por no encontrarse facultada legalmente para ello. 14°.- Que, la decisión de la Superintendencia de no disponer los exámenes complementarios previstos en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, cuando se estima por los profesionales médicos del servicio que los que tienen a la vista son suficientes para adoptar una resolución fundada, no deriva necesariamente en la falta de motivación del acto administrativo. 15°.- Que, como corolario de lo dicho se concluye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de las recurridas, que vulneren las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y en contra del Fondo Nacional de Salud.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Guillermo Arcos Salinas.

No firma la ministra señora Gallardo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso.

ROL 957-2025 PROTECCIÓN.