Protección contra Ilustre Municipalidad de Pemuco

Chillán, cinco de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, pensionado por invalidez/discapacitado, con domicilio en la comuna y pueblo de Pemuco, calle nombre reservado 775 interior, Región de Ñuble, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Pemuco, el cual funda en que el día 18 de Agosto de 2024, observaba la Sesión N°113 del Consejo Comunal de Pemuco, realizado el 08 de agosto de este año, trasmitida a través de la plataforma YouTube, la cual era presidida por el Alcalde de dicha comuna don Johnson Guiñez Núñez, en la que se dio lectura a algunos documentos, siendo uno de ellos el Oficio Ordinario N°683 de la Dirección de Obras, expresándose ”…que informa de copia de carpeta de roles 39-19, 39-20 y 39-21, entregada a nombre reservado, solicitada por Trasparencia”.

Refiere que, al día siguiente, concurrió a la Municipalidad de Pemuco, para solicitar los antecedentes que habían sido entregados, haciendo las consultas pertinentes, derivándosele a la Dirección de Obras Municipales, departamento en el cual se le negó la información sobre qué datos fueron entregados a nombre reservado pues éstos se canalizaron a través del “sistema”, “subidos” por Trasparencia.

Indica el recurrente que hizo ver que entregaron datos privados sin su autorización, recibiendo como respuesta que nombre reservado solicitaba información mediante ley de Trasparencia a lo que no podían negarse y que los datos de las carpetas de roles y otros relacionados son públicos.

Que, los roles señalados corresponden a tres terrenos adquiridos por el recurrente el año 2014 y que luego procedió a fusionar, terreno en el cual construyó su casa, agregando que la persona que solicitó la carpeta de roles, de nombre nombre reservado, Rut RUT reservado, con domicilio en calle nombre reservado 775 de Pemuco es vecino inmediato a su domicilio, quien junto a su madre han desarrollado, desde el año 2017, una conducta de acoso y maltrato en su contra, motivo por el cual presentó una querella criminal en el Tribunal de Garantía de Yungay, Rol 637-2024, fundada en el artículo 403 bis del Código Penal, la que se encuentra en etapa de investigación.

Sostiene el recurrente que, al solicitar la capeta de roles de su propiedad, nombre reservado está pidiendo información que se encuentra fuera de sus argumentos o motivos habituales, lo cual le alerta y preocupa.

Indica, además, que en el año 2020 recurrió al alcalde don Johnson Guiñez, haciéndole ver que la Dirección de Obras Municipales entregaba información privada a esta familia, sin su autorización, reunión en la que el alcalde Guiñez solicitó la presencia del director de Obras, planteándole la irregularidad, e instruyendo que la situación no se repitiera sin la correspondiente autorización del titular de los datos.

Menciona en su acción el recurrente que sobre la entrega de sus datos personales que ha efectuado la Dirección de Obras, ha conversado en varias oportunidades con el titular de Obras, sin llegar a converger para el cumplimiento de las normas que resguardan la vida privada, manteniéndose dicho funcionario en la tesis que estos datos son públicos.

Señala el recurrente que esta vulneración del derecho a la vida privada, mediante el errado criterio de clasificar los datos personales como dominio público por la Dirección de Obras Municipales de Pemuco, expone a que terceros puedan conocer el diseño interior de cualquier hogar, la condición financiera, el valor de mercado y la seguridad de elementos de apreciado valor familiar. Lo mismo puede ocurrir con organizaciones públicas y privadas, ya que podrían acceder a información de los planos de un banco o del hogar de una alta autoridad del Estado, exponiéndola ante eventuales ataques por delincuentes, terroristas u otros. En el contexto de esta situación, es que se ha visto absolutamente vulnerado en reiteradas oportunidades en su derecho a la vida privada.

En cuanto al ámbito normativo, el recurrente sostiene que la Constitución de la República de Chile en el Artículo 19, N°4, asegura a todas las personas “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. Que, el Tribunal Constitucional, ha sostenido que “el derecho a la vida privada es personalísimo, expresión de la dignidad y libertad humana”, teniendo límites solo en aquellas indicaciones expresadas en las leyes de acuerdo al bien común de la sociedad.

Que la intromisión en la vida privada, manifestada en el conocimiento de datos personales, solo puede corresponder a la acción del Poder Judicial para determinar una realidad procesal. Nadie más, sin la exclusiva autorización del titular o dueño de esos datos, puede hacer uso de ellos.

Que, para asegurar la tranquilidad social en el uso correcto de las normas legales, la Constitución dice, en el artículo 7, que “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes…Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

Indica que, con lo anterior, se asegura certeza jurídica, que evita interpretaciones particulares, interesadas, abusivas o de provecho propio, más en aquellas personas, que, en condición de agente del estado o funcionario público, disponen y aplican, como principal herramienta de trabajo, las leyes y normas que constituyen el Estado de Derecho. En la línea del espíritu constitucional, en el artículo 8° de nuestra Constitución, se refuerza este aspecto diciendo “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.”

Que, al amparo de la orientación constitucional, el legislador ha establecido el encuadre jurídico que permite dirimir la posible confusión o interpretación sobre la “vida privada y la honra de las personas”. Así, la ley N°19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, define conceptos rectores fijados en los artículos 1 y 2, que dicen: “Artículo 1º.- El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley…”., y el Artículo 2°, letras a) Almacenamiento de datos, la conservación o custodia de datos en un registro o banco de datos. f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.” En la letra “g”, refiriéndose a datos sensibles que señalan aspectos de la vida privada, estableciendo algunos elementos que componen el núcleo absoluto de la intimidad. Sin embargo, la expresión “tales como” ayuda a comprender que existen otros aspectos de la vida privada, que aquí no han sido mencionados, y que resultaría lato enumerar, pero fáciles de asociar a la vida privada, en acuerdo al espíritu de la ley. De esta manera se puede comprender que una carpeta de roles, alojada en la base de datos de una dirección de obras, está incorporada en el concepto de vida privada. La custodia de datos personales no entrega la autoridad al encargado de su tratamiento para divulgarla sin la autorización del titular de acuerdo al artículo 4° de esta ley, que dice “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La autorización debe constar por escrito.” Por otro lado, el artículo 5° de esta ley dice, en el tercer inciso, señala que “la admisibilidad del requerimiento será evaluada por el responsable del banco de datos que lo recibe, pero la responsabilidad por dicha petición será de quien la haga.”, siendo este punto indicativo del valor de la autorización del titular del dato, quién al consentir su uso por un tercero exonera de responsabilidad legal al custodio de la información. Con respecto a la intención o finalidad del tercero que solicita un dato privado, en el inciso cuarto dice “el receptor sólo puede utilizar los datos personales para los fines que motivaron la transmisión”, por lo tanto, será materia de los recursos legales disponibles conocer la intención y uso dado al dato personal obtenido ilegalmente y dirimir la responsabilidad de ese acto.

Que, el Acceso a la Información Pública es regulado por ley N°20.285, que establece limitaciones en el uso de datos personales y establece el explícito acuerdo del titular de los datos susceptibles de ser entregados a terceros. En el caso, el artículo 20° dice claramente, “Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa.” Continúa, “Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley. En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información.” Reglamentada la actuación del custodio de la base de datos personales, cualquiera que estos fuesen, no deberá soslayar el convenio del titular del dato personal. En el artículo 21° de esta ley, se precisa la protección de la vida privada diciendo, “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes” y en su n°2 taxativamente señala, “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.”

El recurrente sostiene además que la Circular Ordinaria N°0386 de la División de Desarrollo nombre reservado, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicada el 15 de Julio de 2009 por don nombre reservado, Jefe de esa División ministerial, sobre el Acceso Público a los Documentos, Expedientes de Proyectos y Permisos Municipales en Trámite, dirime la entrega de información de las Direcciones de Obras Municipales de todo Chile cuando instruye, en el punto N°4, lo siguiente, “Sin perjuicio de lo anterior y teniendo presente que a contar de 20 de abril de 2009, se encuentra en vigencia la Ley 20.285, sobre acceso a la Información Pública, los requerimientos de información a las Direcciones de Obras Municipales, deben someterse a los procedimientos regulados en el citado cuerpo legal.” Con lo señalado, se pone fin a eventual duda respecto de cómo deben ser administrados los datos personales que se encuentren en custodia en la Dirección de Obras de cualquier municipio del país.

Menciona el actor que el caso denunciado es de especial preocupación pues se trata del cumplimiento de la Constitución, leyes y normas específicas por parte de un órgano del Estado, como lo es la Municipalidad de Pemuco, que ha vulnerado el principio constitucional sobre el derecho al “respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, y las normas legales enunciadas.

Termina solicitando a esta Corte que se sirva tener por presentado recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Pemuco y las autoridades que correspondan, por la actuación ilegal y arbitraria cometida, acogerlo y resolver que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de cesar la vulneración de la garantía constitucional invocada su presentación, en cuanto a que su Dirección de Obras proceda y cumpla la normativa vigente que protege la vida privada, y/o lo que este tribunal determine para el restablecimiento del imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas.

2.- Que, comparece el abogado Federico Espinosa Muñoz, en representación convencional de la I. Municipalidad de Pemuco, evacuando el informe y solicitando el rechazo en todas sus partes, con costas, en virtud que no existe acto ilegal ni arbitrario imputable al Municipio de Pemuco, en relación con los hechos materia de este recurso, ya que el fundamento de hecho del recurso consiste en que, según el recurrente, la Municipalidad de Pemuco habría entregado a don nombre reservado copia de la carpeta de los (predios) roles 39-19, 39-20 y 39-21 de propiedad del recurrente, lo que se habría materializado mediante el Oficio Ordinario N°683 de 6 de agosto de 2024, agregando el recurrente que la Dirección de Obras de Pemuco se había negado a informarle qué datos suyos habían sido entregados al Sr. nombre reservado, indicándole que debía consultarlo a través del sistema de Transparencia. Sostiene que el recurrente no explica de qué modo concreto la Municipalidad, al obrar en la forma que señala, habría vulnerado su derecho a la vida privada. Expresa sólo que considera que la Municipalidad habría entregado datos personales suyos a un tercero, y al obrar así expone de modo genérico a que terceros puedan conocer el diseño interior de cualquier hogar, la condición financiera, el valor de mercado y la seguridad de elementos de preciado valor familiar, etc, lo cual no se ajustaría a la realidad.

Indica el recurrido que el 06 de julio de 2024 la Municipalidad de Pemuco recibió a través del Portal de Transparencia la Solicitud de Información N°MU208T0001170 requerida por don nombre reservado, por la cual solicitaba copia de la carpeta correspondiente a los Roles 39-19, 39-20 y 39-21 fusionados en el Rol 39-21, indicando que la solicitud abarca documentos tales como fusión de roles, permisos de edificación, etc. en fin todo lo relacionado a dichos roles. La solicitud la formalizó dicha persona a través del Portal de Transparencia. Sobre el particular, la Ley 20.285 en su artículo 21 N°2 establece la reserva o secreto cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de la información solicitada afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Dado que la información solicitada en este caso no es de aquéllas que tipifican la causal de secreto o reserva que justifica denegar el acceso a ella, contrario sensu, la Municipalidad estaba obligada a proporcionarla. Por lo mismo, se entregó al solicitante a través del Portal únicamente copia de la Resolución de aprobación de fusión de dichos roles que lleva el N°01 de 20 de agosto de 2014 de la Dirección de Obras de Pemuco, y copia del plano de fusión respectivo. Y nada más que eso. Esos documentos entregados a través del Portal de Transparencia no son datos personales ni sensibles del recurrente. De hecho, son documentos de carácter público, que dan cuenta de una fusión de terrenos que se consolidó hace ya casi diez años, y cuya entrega a terceros no incide ni afecta los derechos del recurrente en materia de seguridad, ni de salud, ni en la esfera de su vida privada ni sus derechos de carácter comercial o económico, ni de manera alguna. Por lo mismo, agrega, falta en este caso el requisito fundamental para que pueda prosperar la acción de protección, consistente en que exista precisamente un acto ilegal o arbitrario del recurrido, en este caso la Municipalidad de Pemuco, que vulnere una garantía fundamental consagrada constitucionalmente a favor del recurrente. Indica el recurrido, que, en la especie, la Municipalidad de Pemuco ha actuado con total apego al Derecho.

Al informar menciona que, sin perjuicio de lo ya señalado, es necesario hacer presente para contextualizar que el recurrente Sr. nombre reservado construyó hace ya varios años en el terreno antes referido, emplazado en el casco urbano del pueblo de Pemuco, una vivienda unifamiliar sin contar con permiso de edificación, en la que habita actualmente. Que, dicha vivienda no se encuentra conectada a la red de agua potable de la comuna, y tiene una fosa séptica a modo de solución particular que tampoco está regularizada. El recurrente de ese modo ha creado un problema de insalubridad de proporciones, que ha tenido que soportar por años su vecindario, por el que ya ha sido multado por el Servicio de Salud.

Agrega que la recurrida siempre ha optado, hasta ahora, por buscar y proponer a don nombre reservado alternativas de solución para dotar a su vivienda de los servicios básicos, para regularizar la construcción y poner coto a los variados problemas que ocasiona con ello. El recurrente, dentro de su particular forma de entender las cosas, lamentablemente nunca ha querido poner los medios para avanzar.

Culmina su informe solicitando tenerlo por evacuado al tenor de los hechos del recurso, y en definitiva rechazarlo en todas sus partes, con costas.

3.- Que el recurrido, acompañó a su informe los siguientes documentos: a) Solicitud de Información efectuada a través del Portal de Transparencia el 06/07/2024 con el N° MU208T0001170, en relación con los hechos materia del recurso; b) Resolución de aprobación de fusión N°01 de 20 de agosto de 2014 entregada en virtud de la solicitud anterior; y c) Plano de fusión correspondiente a la fusión antes referida, entregada en virtud de la misma solicitud. d) Oficio Ordinario N°683 de 06 de agosto de 2024 respondiendo la solicitud de información indicada en la lera a).

4.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

5.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

6.- Que, a la luz de los hechos narrados por el recurrente, aparece de manifiesto que la información proporcionada por la Municipalidad de Pemuco al solicitante nombre reservado, se refiere a antecedentes y documentos que tiene un carácter público, que cualquier persona puede acceder a ellos, cuya divulgación no constituye una vulneración al derecho a la vida privada, ya que cabe tener presente que los antecedentes referidos a una fusión de roles de avalúo y los planos de los terrenos afectados son eminentemente públicos, y en ningún caso tiene el carácter de secreto o confidencial, de manera tal que su divulgación constituya un actuar ilegal o arbitrario de parte de a recurrida.

7°.- Que, por otra parte, cabe tener presente que la entrega de los mencionados antecedentes, al solicitante ya fue realizada, por lo que la acción deducida ya perdió oportunidad.

8°.- Que atendido lo consignado en los acápites previos, no cabe medida que se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente.

En el contexto descrito, y teniendo en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio no puede prosperar, por no haber vulneración de derechos consagrados en la Constitución del Estado que pueda ser restablecido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pemuco.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción de la abogada integrante Paula Cornejo Baraona, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

No firma el Ministro señor Arcos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente en comisión de servicios.

R.I.C. 956-2024-Protección.-