Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Chillán, dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro Visto:

1°.- Que, comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por nombre reservado, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, y en Chillán en domicilio reservado; por cuanto en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de una resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por su médico tratante se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de sus derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1", 2° y 24° de la Constitución Política de la República, derechos de los cuales es titular y son cautelados por la acción de protección.

Señala la recurrente que se recurre en contra de la Resolución Exenta N° R-01-1BS-140129-2024, de fecha de 2 de septiembre de 2024, emitida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas número RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado extendidas respecto de su persona por un total de 90 días, a contar del 1° de agosto de 2023; y de las licencias médicas número RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas respecto de su persona por un total de 120 días.

Indica que, en el año 2017, se le diagnosticó un trastorno de discos vertebrales lumbares, en escala de dolor ENA 7/10, lo que requiere intervención quirúrgica. Tal padecer, la ha sometido a solicitar licencias médicas reiteradamente para efectuar un reposo acorde a su diagnóstico, habida consideración de ser una limitación en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria, laboral y educacional. En tal contexto, el periodo de reposo necesariamente debe extenderse más allá de la intervención quirúrgica, según explica.

Agrega que, en la resolución recurrida, SUSESO ha decidido mantener el rechazo de sus licencias médicas ya mencionadas, basándose para ello, en que el reposo no era justificado. Precisamente, ha dispuesto lo siguiente: "Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas número RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado. no se encontraba justificado, Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados. no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 960 días de reposo ya autorizados por la misma patología (...)".

Añade que, con fecha 11 de enero del presente año, en informe Complementario de médico tratante, se le ha solicitado a la Dra. nombre reservado, que entregue información de determinados ítems, de los cuales es dable destacar lo siguiente: "Breve historia, fundamentos clínicos y/o de laboratorio y/o de imagenologia en que se basa el diagnóstico, (precisa si la enfermedad o lesión es o no de origen laboral)”: al respecto, comunicó la Dra. nombre reservado, entre otras cosas, que "Paciente de 41 años, con antecedente de artrosis severa y discopatías a nivel lumbar con síntomas desde el año 2017. Paciente con ocupación en área de construcción, lesión probablemente de origen laboral”. "Pronóstico: indicar si la patología desde el punto de vista laboral ¿es recuperable? Al respecto, la Doctora individualizada respondió Si, según evaluación por neurocirujano y corrección quirúrgica”.

En consideración de que la recuperabilidad es posible solo con la intervención quirúrgica, el reposo, lógica y necesariamente no puede terminar sino posterior a tal intervención, la que no se ha efectuado por razones ajenas a su persona, manteniéndole latamente en lista de espera: situación corroborada el día 11 de marzo de 2024 por la asistente social Audolina Contreras Rodríguez del Hospital Clínico Herminda Martín.

Argumenta que, si bien la intervención quirúrgica es el punto de inflexión en su recuperación, no puede desatenderse que el reposo es parle integrante de esta. En tal sentido, resulta incongruente e ilógico calificarlo de injustificado como lo ha hecho la recurrida. Entonces, estimándose justificado y necesario el reposo, dice la recurrente que corresponde que las licencias sean pagadas.

A mayor abundamiento, sostiene la recurrente que los hechos en cuestión han influido negativamente en su recuperación, pues no puede someterme con tranquilidad al tratamiento prescrito, debiendo preocuparse, no obstante la gravedad de los diagnósticos médicos, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes; vulnerándose, en consecuencia del actuar arbitrario, su integridad psíquica.

En mérito de lo expuesto, argumenta que la decisión de SUSESO en Resolución Exenta N° R-01- Ibs-140129-2024 de fecha de 2 de septiembre de 2024, no puede más que calificarse como un acto arbitrario que ha vulnerado sus derechos y garantías establecidas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que urge que esta Corte adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y se asegure su debida protección, ordenando a la recurrida autorizar las licencias médicas ya singularizadas, solicitando se acoja el recurso.

2º.- Que, informa Andrea Cisternas Tiemann, abogada, en representación de la recurrida la Superintendencia De Seguridad Social solicitando el rechazo del recurso por las razones que indica.

En primer lugar, solicita se le declare improcedente el recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Agrega que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Indica que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Concluye que, tratándose en consecuencia de una materia integrante del derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que solicita se declare la improcedencia del recurso.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos. En este aspecto, detalla el marco regulador del derecho a la licencia médica, y sostiene que consta que el cuadro que aqueja a la Sra. nombre reservado ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo. En efecto, esta conclusión se basa en que las patologías presentadas han tenido un curso cronificado, mostrando en su evolución una incapacidad no temporal y, por ende, no susceptible de modificar con el reposo continuo que ha tenido, por tanto no corresponde otorgar los subsidios por incapacidad laboral temporal al recurrente por cuanto no se cumple con el requisito básico de una licencia médica, que es la temporalidad de la patología, es decir, que, mediante reposo, se recuperará y volverá ejercer sus labores.

Esta conclusión se basa en los informes de los médicos tratantes de la Sra. nombre reservado que señalan iniciar tramite de pensión de invalidez y en los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico; por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de más de 960 días, por tanto, presenta lesiones de carácter crónico por las patologías de la licencia médica reclama en autos.

Dice la recurrida que lo anterior, acredita fehacientemente la incapacidad de carácter permanente del trabajador, lo que impide el otorgamiento de más licencias médicas, pues vulnera lo previsto el artículo 1° del D.S. 3 de 1984 del Ministerio de Salud y en el artículo 1° del DS N° 7 de 2013 del Ministerio de Salud, pues señalan que la licencia médica se configura como derecho para patologías que provocan incapacidad laboral temporal, y no así de carácter permanente, motivo por el cual no procede autorizar nuevas licencias médicas por el diagnóstico que padece la recurrente por tratarse de una dolencia irrecuperable, por lo que cabe concluir que esas licencias deben ser rechazadas puesto que la incapacidad para trabajar no es susceptible de ser modificada con el reposo, dado que, en tales casos, ha desaparecido la temporalidad que supone el uso de licencias médicas.

Luego de detallar la regulación de las licencias médicas concluye que, como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

También hace referencia la recurrida a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, sosteniendo que le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Hace presente que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Además argumenta que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

Añade la recurrida que un derecho tiene el carácter de indubitado, cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es necesario recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra carta fundamental para su protección por la presente vía de acción.

Pues bien, añade que, en el caso de marras, está presente un conflicto o controversia respecto de la legalidad de una resolución que se pronuncia sobre un tema de una ciencia determinada, cual es la medicina con especialidad en osteomuscular en que intervienen diversos profesionales quienes emiten una evaluación con arreglo a sus conocimientos, por lo que, existiendo controversia respecto de esas conclusiones, aquello escapa ampliamente del objeto de una acción cautelar de esta naturaleza.

Concluye que, en el caso de la Sra. nombre reservado, claramente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo; por el contrario, tras las sucesivas revisiones y estudio de la Compín y esa Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron al recurrente, por las razones latamente expuestas.

Sostiene que es del caso que, respecto de la licencia reclamada, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Agrega que, con la finalidad de resolver la antedicha presentación, la Superintendencia procedió a recabar los antecedentes médicos del caso de la COMPIN respectiva, a saber, el registro histórico de licencias médicas (FONASA) y la CARTOLA MEDICA del Servicio de Salud. A mayor abundamiento, cabe indicar que la Superintendencia, a través de diferentes profesionales médicos de ese Servicio, estudió los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, en varias oportunidades, expresando que consta en el expediente administrativo que se acompaña a su informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 27 de septiembre de 2023, reclamó ante este servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 150 días a contar del 01 de agosto de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual asciende a 630 días discontinuos. Que, es necesario agregar que el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no describe el tratamiento prescrito, evolución clínica, pronóstico, limitación funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia procedimientos de rehabilitación. Sin certificación que dé cuenta que se encuentra a la espera de procedimiento quirúrgico. Llama la atención que la paciente, pese al extenso período de reposo que se le ha autorizado, no haya sido derivado a especialista para atención de afecciones lumbares. Que, tampoco acompaña informe kinesiológico destinadas a aplicar medidas de prevención, rehabilitación y seguimiento de pacientes con problemas que alteran la función motriz en las acciones de su vida diaria, según su actividad”. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-S-37879-2024, de 08 de marzo de 2024.

Argumenta que consta en el expediente administrativo que la Sra. nombre reservado, por presentación de fecha 12 de marzo de 2024, reclamó por segunda vez, ante el Servicio, interponiendo un recurso de reconsideración en contra de la Resolución Exenta N° R-01-s-37879-2024 de fecha 08 de marzo de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 01 de agosto de 2023, por reposo no justificado y además reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencia médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días, bajo la misma causal de rechazo.

Ahora bien, indica la recurrida que esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes, concluye rechazar la solicitud de reconsideración y mantener lo obrado en la resolución primaria, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-140129-2024, de 02 de septiembre de 2024. La Superintendencia dictaminó lo siguiente: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado,RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 960 días de reposo ya autorizados por la misma patología. En efecto, en los informes médicos adjuntados no se menciona la evolución de la sintomatología ni el impacto en la funcionalidad, sin mención de los ajustes farmacológicos realizados. Además, no se adjunta el carnet de kinesioterapia correspondiente a la totalidad del periodo de reposo de las licencias médicas reclamadas. Tampoco se informa sobre los tratamientos pendientes ni la recuperabilidad laboral, considerando que el informe adjuntado del 7 de julio del 2023 señala que la patología tendría un curso crónico, debiendo iniciar el trámite de invalidez en febrero 2024, documento que no se adjunta. Los antecedentes tenidos a la vista son insuficientes, y no permiten justificar el rol terapéutico temporal ni la extensión del reposo más allá del periodo ya autorizado”.

Luego de detallar la ficha médica de la recurrente, la recurrida argumenta que consta que el cuadro que aqueja a la Sra. nombre reservado ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo. En efecto, esta conclusión se basa en que las patologías presentadas han tenido un curso cronificado, mostrando en su evolución una incapacidad no temporal y, por ende, no susceptible de modificar con el reposo continuo que ha tenido, por tanto no corresponde otorgar los subsidios por incapacidad laboral temporal al recurrente por cuanto no se cumple con el requisito básico de una licencia médica, que es la temporalidad de la patología, es decir, que, mediante reposo, se recuperará y volverá ejercer sus labores.

Por lo anterior, dice que se aprecia que los dictámenes impugnados por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra las resoluciones impugnadas, sino una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de dichas Resolución Exenta, en orden a rechazar la licencia indicada.

Cabe indicar que su representada realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista ya citados, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por la licencia médica objeto del recurso era injustificado.

Indica que se debe tener presente que la resolución expone con claridad los fundamentos que se tuvieron en vista para resolver por su representada, ratificándose el rechazo previo de la licencia médica, y, desde una perspectiva de racionalidad, resulta inteligible y cumple con los parámetros de fundabilidad y de estándar de motivación de la decisión impugnada exigidos tanto por el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas como por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, todos de la Ley Nº19.880, se encuentra debidamente cumplido y satisfecho por el acto terminal contra el cual se recurre, en el que se consignan los motivos por los cuales se rechaza la solicitud de reconsideración hecha por el recurrente.

La recurrida también sostiene que respecto de una ilegalidad, aquella debe descartarse, pues los actos que se impugnan fueron dictados de acuerdo al marco normativo respecto a la patología y por esta autoridad competente en uso de sus atribuciones otorgadas por la ley y, en cuanto a una posible arbitrariedad, esta no ha existido pues las resoluciones que se impugnan se encuentran suficientemente fundadas y con la debida racionalidad, ya que su representada contó con antecedentes para arribar a las decisiones que se reclaman, entre otros, cartola médica de COMPIN, listado histórico de las licencias, e informes del médico tratante que señalan iniciar tramite de pensión de invalidez, los cuales fueron evaluados por ese organismo recurrido, argumentando rechazar la licencia médica en relación con la cronicidad o irrecuperabilidad de la patología del recurrente, pues no corresponde otorgar los subsidios por incapacidad laboral temporal al recurrente por cuanto no se cumple con el requisito básico de una licencia médica, que es la temporalidad de la patología, es decir, que, mediante reposo, se recuperará y volverá ejercer sus labores, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la recurrente, sea arbitrario por carecer de motivación, ya que se trató de una decisión fundada en motivos técnicos, propios del área de medicina con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los antecedentes por los profesionales médicos de la Compín y a mayor abundamiento, por los profesionales médicos especializados de su representada.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, del derecho a la igualdad ante la ley, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica, garantizado a todas las personas en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de la reclamación que presentó impugnando la resolución de la referida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó la licencia médica en comento.

En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República indica que su representada realizó un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista los que fueron requeridos a las organismos correspondientes y que se acompañan en el presente informe, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas de ésta Institución los que arribaron a una decisión que no es la que pretendía la parte recurrente. En tal sentido, en la especie, no hubo un trato distinto o discriminatorio en contra del recurrente, sino que la aplicación.

En cuanto al derecho de propiedad, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso citando posteriormente más jurisprudencia al efecto Finalmente, y de acuerdo a lo señalado precedentemente y a los antecedentes aparejados al proceso, el procedimiento empleado y la decisión pronunciada, han sido emitidas en la oportunidad y con la justificación pertinente, por su representada, autoridad llamada por la ley para hacerlo, sin que le competa a la jurisdicción, en tal caso, revisar sus fundamentos técnicos, en sede extraordinaria y meramente cautelar, razones suficientes para concluir la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso, lo que conduciría necesariamente a desestimar la acción interpuesta por la recurrente.

En consecuencia, solicita el rechazo del presente recurso por las consideraciones antes expuestas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en primer lugar, se rechazará la improcedencia de la acción opuesta por la recurrida fundado en que el recurso interpuesto dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no estaría amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, ello por cuanto si bien está involucrado el derecho que dice la recurrida, no es menos cierto que también están en juego otros derechos fundamentales tales como la integridad psíquica y física y la igualdad ante la ley establecidas en los números 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política, protegibles por esta acción constitucional.

7°.- Que, en cuanto al fondo, analizado el asunto controvertido, y con el mérito de los antecedentes expuestos en el presente recurso, no es posible dar por acreditada la existencia de un acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida que de manera indubitada afecte un derecho fundamental de la recurrente.

En efecto, la actora ya había efectuado una presentación con fecha 27 de septiembre de 2023, por cuanto la COMPIN Región Metropolitana, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 150 días a contar del 01 de agosto de 2023, por reposo no justificado, resolviendo la recurrida, en síntesis que el reposo médico no estaba justificado y por ende, procedía el rechazo de la reclamación de la recurrente. Indica la recurrida que “Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual asciende a 630 días discontinuos. Que, es necesario agregar que el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no describe el tratamiento prescrito, evolución clínica, pronóstico, limitación funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia procedimientos de rehabilitación. Sin certificación que dé cuenta que se encuentra a la espera de procedimiento quirúrgico. Llama la atención que la paciente, pese al extenso período de reposo que se le ha autorizado, no haya sido derivado a especialista para atención de afecciones lumbares”.

Luego, la recurrente reclama por segunda vez el 12 de marzo de 2024 interponiendo un recurso de reconsideración en contra de la Resolución Exenta N° R-01-s-37879-2024 de fecha 08 de marzo de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región Metropolitana, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días a contar del 01 de agosto de 2023, por reposo no justificado y además reclamó por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencia médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días, bajo la misma causal de rechazo. Nuevamente la Superintendencia rechaza esa reconsideración fundado en que “…los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 960 días de reposo ya autorizados por la misma patología. En efecto, en los informes médicos adjuntados no se menciona la evolución de la sintomatología ni el impacto en la funcionalidad, sin mención de los ajustes farmacológicos realizados. Además, no se adjunta el carnet de kinesioterapia correspondiente a la totalidad del periodo de reposo de las licencias médicas reclamadas. Tampoco se informa sobre los tratamientos pendientes ni la recuperabilidad laboral, considerando que el informe adjuntado del 7 de julio del 2023 señala que la patología tendría un curso crónico, debiendo iniciar el trámite de invalidez en febrero 2024, documento que no se adjunta. Los antecedentes tenidos a la vista son insuficientes, y no permiten justificar el rol terapéutico temporal ni la extensión del reposo más allá del periodo ya autorizado”.

A lo anterior se suma el hecho que la propia médico tratante de la recurrente, si bien señala que su patología sería recuperable desde el punto de vista laboral, acto seguido señala en el informe complementario acompañado en el recurso, que “debe iniciar trámite de invalidez a contar de: febrero de 2024”. Lo señalado genera serias dudas acerca de si la patología que sufre la recurrente es recuperable o, por el contrario, se requiere realizar un trámite de invalidez, ya que se trataría de una condición permanente que no puede ser cubierta por licencias médicas.

8°.- Que de lo analizado precedentemente, es claro que la recurrida realizó -tal como lo indica en su informe- un análisis exhaustivo y objetivo del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista, los cuales fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esa Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por la licencia médica objeto del recurso era injustificado, lo que no permite calificar, por lo menos en esta sede, que la decisión de la recurrida sea infundada y por ende, ilegal o arbitraria.

En todo caso, si bien podría la actora discutir desde el punto de vista técnico y médico la recuperabilidad o no de la patología que sufre mediante otros informes médicos o diagnósticos que pudiera aportar en el futuro, ello ya torna el derecho que reclama no como indubitado, sino como un derecho discutido o controvertido, que requiere de acreditación, aclaración y fundamentación, todo lo cual excede con creces la presente acción constitucional, no constituyendo entonces este arbitrio la vía adecuada para resolver la materia controvertida que se plantea en este recurso, lo que no permite que éste sea acogido.

9°.- Que, por todo lo analizado precedentemente, y en atención a que no se está en presencia de derechos indubitados que requieran una acción cautelar de urgencia de protección de derechos fundamentales, la presente acción no podrá prosperar, sin perjuicio de los otros derechos que pueda hacer valer el recurrente ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Fabián Huepe Artigas, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

R.I.C. N°954-2024 -PROTECCIÓN.