Protección contra decisión adoptada en Chillán el 9 de septiembre de 2025

Chillán, once de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos: 1°.- Que, comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección contra la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada por doña nombre reservado.

La recurrente impugna las resoluciones de 7 de agosto y 24 de noviembre de 2025, que rechazaron la reconsideración deducida en contra de la decisión adoptada en Chillán el 9 de septiembre de 2025, que confirmó el rechazo dispuesto por la COMPIN respecto de la licencia médica N°NUM000, correspondiente a julio de 2025, fundado en la supuesta falta de justificación del reposo.

Agrega que, desde agosto de 2021, ha hecho uso del subsidio por incapacidad laboral mediante licencias médicas extendidas por su médico tratante, neurólogo, don nombre reservado, sustentadas en el diagnóstico de trastorno del plexo braquial y síndrome del opérculo torácico bilateral, con compromiso neurológico y venoso.

Las licencias singularizadas fueron rechazadas por la COMPIN por estimar improcedente la prolongación del reposo, motivo por el cual recurrió administrativamente ante la Superintendencia, acompañando informes y exámenes médicos que respaldan la necesidad del tratamiento, reclamación que fue nuevamente desestimada.

Sostiene que las resoluciones impugnadas carecen de fundamentación suficiente, limitándose a reiterar la improcedencia del reposo y a recomendar el inicio de trámites de invalidez, pese a que su médico tratante descarta el carácter permanente de la patología y sostiene su eventual recuperación.

Afirma que dicha decisión la deja en una situación de desamparo dentro del sistema de seguridad social, al negársele tanto el subsidio por incapacidad laboral como la alternativa previsional, generando un vacío de protección incompatible con las garantías constitucionales.

Añade que la negativa al pago de las licencias médicas le ha ocasionado un perjuicio económico relevante, manteniendo además reclamos pendientes ante la Superintendencia y nuevos rechazos de licencias por parte de la COMPIN.

Sostiene que el actuar de la recurrida altera ilegítimamente su situación jurídica, afectando la igualdad ante la ley, la igual protección de los derechos, el derecho a la seguridad social, a la protección de la salud y el derecho de propiedad respecto del subsidio legalmente devengado, configurándose los supuestos que justifican la presente acción constitucional.

Finalmente, pide se acoja el recurso de protección, se ordenen las medidas necesarias para corregir la denegatoria y se proceda a la brevedad a la regularización y hacer efectivo el pago de las licencias médicas rechazadas, con expresa condena en costas. 2°.- Que, informa por la Superintendencia de Seguridad Social, el abogado Francisco Ortega Bello, quien alega la improcedencia de la acción por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo, y luego de referirse al marco legal regulatorio de la licencia médica, señala que la Sra. nombre reservado reclamó por primera vez mediante presentación de fecha 07 de agosto de 2025, apelando la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de Ñuble, que rechazó la licencia médica N°NUM000, extendida por un total de 30 días, a contar del 01 de julio de 2025, por reposo no justificado.

Tras el análisis de los antecedentes, su representada determinó que el reposo indicado en la licencia médica reclamada no se encontraba justificado. Lo anterior obedece a que el período de reposo autorizado supera los 1.250 días por la misma patología y que los antecedentes médicos evaluados dan cuenta de afecciones de carácter crónico, persistentes pese al tratamiento, las cuales generan un grado de incapacidad que debe ser evaluado mediante el correspondiente trámite de pensión de invalidez ante la AFP o el Instituto de Previsión Social, según corresponda. Lo que consta en la Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 5 de septiembre de 2025.

Añade que, el 9 de septiembre de 2025, la Sra. nombre reservado por segunda vez presentó una solicitud de reconsideración respecto de la Resolución Exenta N°NUM001. Analizada dicha presentación, se reiteró que el reposo indicado en la licencia médica no se encontraba justificado, toda vez que no se acompañaron nuevos antecedentes que permitieran modificar lo previamente resuelto. En efecto, se tuvo presente que el período de reposo autorizado alcanza un total de 1.315 días, correspondientes a más de tres años por la misma patología, y que los antecedentes médicos evaluados coinciden en que se trata de una afección de carácter crónico, persistente pese al tratamiento y generadora de algún grado de incapacidad. En razón de ello, se estimó que la situación debía ser evaluada mediante el trámite de pensión de invalidez ante la Administradora de Fondos de Pensiones a la que se encuentra afiliada, tal como se le había indicado previamente en la resolución de 05 de septiembre de 2025. Lo anterior consta en la Resolución Exenta N° NUM002, de 24 de noviembre de 2025.

Consigna también la compareciente, que los facultativos de la Superintendencia informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM001 Santiago, 05 / 09 / 2025R1 34 años, 1315 días aut, Trastornos del plexo braquial, sol. 30 días dd. 1-7-2025, Neurología. Comentario:

S. de opérculo torácico bilateral, con compromiso plexo braquial, en control con neurólogo. Evaluación 13-22-2022 por cirujano vascular, descarta cirugía inmediata. En espera de evaluación Hospital de Chillán, con nuevos exámenes.

Sin fecha clara de cirugía. SUSESO ha solicitado 2 veces trámite de pensión de invalidez. 08-11-2025: Se accede a S. Pensiones: sin presentaciones. Reposo muy prolongado, patología crónica. Nota: COMPIN autorizo LM posteriores por informe neurológico actualizado.”

Entonces, analizados los antecedentes disponibles, los profesionales médicos de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en la licencia médica reclamada, más allá del periodo de reposo ya autorizado. En consecuencia, lo resuelto por su representada, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificado, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

En el contexto descrito la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; artículo 3º, 27 y 38 de la Ley N° 16.395; y, ley N° 20.585, no existiendo derechos vulnerados.

Finaliza solicitando que la acción interpuesta sea desestimada en todas sus partes, con costas. 3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6º.- Que, en cuanto a la improcedencia de la acción alegada por la Superintendencia de Seguridad Social por tratarse de posibles vulneraciones del derecho a la seguridad social y no estar este bajo la protección constitucional que se pide, tal alegación será desestimada, desde que consta que el arbitrio ha sido deducido por estimarse infringidas las garantías contenidas en los numerales 1,2 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República, los cuales se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. 7°.- Que, sobre las decisiones que emiten los órganos técnicos atingentes a la procedencia del pago de los subsidios por incapacidad laboral, la Excelentísima Corte Suprema ha emitidos fallos recientes con fecha 28 de enero de 2026, en autos Rol N°42.908-2025, N°42.829-2025 y N°52.667-25. 8°.- Que, esta Corte seguirá los fundamentos de los fallos mencionados precedentemente. 9°.- Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. 10°.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala en su artículo segundo, entre las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “c)

Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”.

Luego, en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, se dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”. 11°.- Que, de la normativa reseñada emana que le corresponde a la recurrida la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2° y 3°, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control. 12°.- Que, de acuerdo con los antecedentes de autos y el tenor de la decisión impugnada, se debe concluir que la recurrida se ajustó al marco legal y reglamentario que establece sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, con arreglo al carácter técnico que ostenta, dejándose constancia, en el respectivo acto administrativo, de los fundamentos y antecedentes médicos tenidos en vista para decidir el rechazo del pago reclamado y en correspondencia con el análisis de los antecedentes clínicos tenidos a la vista. 13°.- Que, la decisión de no disponer los exámenes complementarios previstos en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, cuando se estima por los profesionales médicos del servicio que los que tienen a la vista son suficientes para adoptar una resolución fundada, no deriva necesariamente en la falta de motivación del acto administrativo, a lo que añade, que en este caso la recurrida ha sugerido a la actora evaluar la realización del trámite de pensión invalidez en la AFP que se encuentra afiliada. 14°.- Que, como corolario de lo dicho se concluye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la recurrida, que vulnere las garantías invocadas en la acción deducida, motivo por el cual esta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por doña nombre reservado contra de la Superintendencia de Seguridad Social. Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Paulina Gallardo García.

No firma el abogado integrante señor Juan de la Hoz Fonseca, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por no haber integrado sala hoy.

Rol N° 952-2025.- PROTECCIÓN.