nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

Chillán, veintidós de diciembre dos mil veinticinco.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, chileno, empleado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por nombre reservado, denunciando la existencia de un acto ilegal y arbitrario consistente en la realización de descuentos por planilla en su remuneración, sin aviso previo ni información suficiente.

Expone que, con fecha 31 de enero de 2018 solicitó un crédito social a la recurrida por la suma de $13.749.840, pagadero en 60 cuotas mensuales de $229.164 cada una. Señala que, al revisar su liquidación de sueldo correspondiente al mes de noviembre de 2025, advirtió que el monto líquido a percibir era considerablemente inferior al de meses anteriores, constatando la existencia de un descuento mensual por la suma de $229.164 a favor de la Caja de Compensación recurrida, descuento que se ha mantenido hasta la fecha.

Afirma que, solicitó a la Caja que dichos descuentos no se realizaran de forma automática en su boleta de pago, recibiendo como respuesta que ello no era posible. Sostiene que la decisión unilateral de efectuar descuentos en su remuneración, sin comunicación previa, constituye un actuar ilegal y arbitrario que perturba y priva su derecho de propiedad sobre las remuneraciones que le corresponden percibir.

Fundamenta su acción en que el proceder de la recurrida vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, al privarlo de parte de sus ingresos sin una ley que autorice una expropiación ni indemnización, así como el artículo 19 N° 2, relativo a la igualdad ante la ley. Cita además normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y desarrolla extensamente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones que han considerado arbitrarios los descuentos por planilla efectuados tras largos períodos de inactividad en el cobro del crédito.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, se ordene a la recurrida: a) Que debe desistir en los descuentos por planilla efectuados sobre su remuneración mensual. b) La devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito antes señalado, y que motiva el presente recurso, y c) Condenar en costas a la recurrida.

2°- Que, evacúa informe don Julio César Villalobos Villarroel, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso de protección, por estimar que no existe acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales del recurrente.

Expone que, el actor mantiene un crédito social moroso con la Caja, identificado bajo el N.º 086-000202309, otorgado el 20 de diciembre de 2017 por la suma de $7.685.576, pactado en 60 cuotas de $229.164 cada una, deuda que se encuentra vigente y no extinguida. Señala que, en virtud de dicha morosidad, y conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N.º 18.833, la Caja solicitó al empleador afiliado del actor, la Ilustre Municipalidad de San Carlos, practicar el descuento de las cuotas adeudadas directamente de la remuneración del trabajador.

Desarrolla el marco normativo aplicable, indicando que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social sin fines de lucro, cuyo objeto incluye la administración de prestaciones de bienestar social, entre ellas los créditos sociales. Sostiene que los contratos válidamente celebrados obligan a las partes conforme a los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, y que la deuda subsiste mientras no exista declaración judicial de prescripción u otra forma legal de extinción, lo que no ha ocurrido en el caso del recurrente.

Cita dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, en particular el Dictamen N.º 2659-2020, en cuanto establece que la prescripción de las acciones de cobro no opera de pleno derecho y debe ser alegada judicialmente, razón por la cual los descuentos deben continuar mientras no exista pronunciamiento jurisdiccional que declare extinguida la deuda. Añade que el proceder de la Caja se encuentra respaldado por reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones, que han rechazado recursos de protección interpuestos en situaciones análogas, al estimar que el descuento por planilla es un mecanismo legal de cobro y no constituye vulneración del derecho de propiedad.

Concluye que la Caja ha actuado conforme a derecho, sin arbitrariedad ni ilegalidad, que no se ha privado ni perturbado garantía constitucional alguna del recurrente, y solicita que el recurso de protección sea rechazado en todas sus partes.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, lo discutido por los intervinientes es la procedencia o no de los descuentos de que ha sido objeto la remuneración del recurrente, quien alega que, en sus liquidaciones de sueldo, a contar del mes de noviembre de 2025, se ha percatado que se estaría haciendo efectivo el pago del crédito solicitado el año 2018 a la Caja de Compensación recurrida, por un monto total de $13.749.840, pagadero en 60 cuotas iguales a $229.164, descuento que no le habría sido comunicado por la recurrida, y cuyo cese solicita.

7°.- Que, la ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, sustitutivo del contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 42, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone que las Cajas de Compensación podrán, según su artículo 21, establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero.

Añade su artículo 22, que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

8°.- Que, en el contexto señalado, de los antecedentes hechos valer por los intervinientes, y lo dispuesto en la norma precitada, no se aprecia un actuar ilegal, arbitrario o abusivo, como lo cataloga el recurrente, de parte de la Caja de Compensación recurrida, por cuanto, de lo actuado se desprende que ésta se encuentra ejerciendo una facultad legal, en particular, aquella señalada en el artículo 22 de la ley 18.833, que ampara y permite a las Cajas de Compensación instar para que se deduzca de las remuneraciones de los afiliados, los créditos que éstos adeuden.

9°.- Que, conforme a lo anterior, y con relación a los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, aquello no puede ser satisfecho por la vía del recurso de protección, atendido que, y dada la naturaleza de los argumentos que motivan la actuación impugnada, resulta indudable que el derecho reclamado es de carácter dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca la falta de exigibilidad de la obligación en que se amparan los descuentos, cuestión que, si lo estima el recurrente, debe ser determinada en un procedimiento legal, de lato conocimiento, por medio del cual el deudor haga valer los derechos que correspondan, ante la improcedencia alegada.

Todo lo anterior, obliga a rechazar la acción de protección incoada, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro señor Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 941-2025 PROTECCIÓN.