nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 3 de agosto de 2020
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Chillán, Rol N° 936-2020, sentencia de 3 de agosto de 2020
Resumen
Se rechaza sin costas el recurso de protección: existe una controversia contractual entre las partes sobre el cumplimiento de un contrato, cuya resolución requiere un procedimiento de lato conocimiento y no la vía cautelar de derechos indubitados.
Texto íntegro
Chillán, tres de agosto de dos mil veinte.
Vistos:
1°.- Que, comparece nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, y para estos efectos en domicilio reservado de la comuna y ciudad de Coelemu, quien de conformidad con los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República de Chile, deduce acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, población 11 de Septiembre de la comuna y ciudad de Coelemu, solicitando que la presente acción constitucional sea acogida con expresa condenación en costas, en razón de que el recurrido, mediante la comisión de actos arbitrarios e ilegales, lo ha privado y perturbado en su legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental, todo ello a objeto de que acogiéndose la presente acción, se restablezca el imperio del derecho y se asegure su debida protección, dictándose las medidas que se estimen adecuadas para el goce del derecho amagado.
Refiere como fundamento de la presente acción constitucional, que el recurrido está perpetrando actos que importan una privación y perturbación a la posesión material e inscrita del inmueble de su dominio, al ingresar ilegítimamente y estar ocupando en su ausencia el predio sub litis, tomándose de facto una superficie de 567 metros cuadrados, lo que además de constituir una privación y perturbación de su derecho de propiedad, estos actos revisten caracteres de delito, pues se trata de una toma ilegal y de una ocupación violenta, llegando al extremo de incurrir en rotura de sellos y candados emplazados en el portón metálico que sirve de acceso al predio.
Señala asimismo el actor que de conformidad al artículo 717 del Código Civil, puede sumar a su posesión la de sus antecesores. En este orden de ideas expresa que tiene agregada la posesión inscrita de sus antecesores de acuerdo al artículo 924 del Código Civil, haciendo presente que ejerce positivamente dicha posesión, lo que ha materializado mediante la realización de mejoras estructurales al interior y exterior del inmueble, (pintura, recambio de techumbres, integración de portón metálico, suscripción de contratos de arriendo de casa habitación, y utilización del sitio como bodega en donde guarnecen vehículos de su propiedad, y maquinaria agrícola entre otros). Añade que por inscripciones especiales de herencia que en dominio le favorecen, y que rolan inscritas a fojas 904 Nº 682 y fojas 907 Nº 685, ambas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Coelemu correspondiente al año 2019, y por escritura pública otorgada ante el Notario Público de Chillán don nombre reservado, de fecha 18 de octubre de 2019, compró, aceptó y adquirió para sí el inmueble correspondiente a la propiedad raíz ubicada en calle nombre reservado sin número, hoy número 527, de la comuna de Coelemu, que mide diez metros y medio de frente, por cincuenta y cuatro metros de fondo y que deslinda, al Norte: con nombre reservado, hoy el comprador; al Sur: con nombre reservado, luego su sucesión, hoy nombre reservado; al Oriente: con calle nombre reservado y, al Poniente: con nombre reservado, hoy nombre reservado, destacando que el dominio a su nombre rola inscrito a fojas 1220 número 922 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coelemu, correspondiente al año 2019. Añade que adquirió el dominio y la posesión inscrita del bien raíz antes individualizado por sucesión por causa de muerte en la herencia intestada quedada al fallecimiento de sus padres, y por compra que realizó a su hermano respecto de la totalidad de las acciones y derechos que recaían en el inmueble sub litis, concentrando en la actualidad el cien por ciento de las acciones y derechos sobre el predio. Lo anterior, con el objeto de realizar un negocio inmobiliario, pero que sin embargo, y dado que tiene domicilio y residencia en la ciudad de Ñipas, encomendó a familiares que tienen residencia en la respectiva comuna que custodiarán y cuidarán el inmueble, mientras él iniciaba etapa de mejoramiento de la propiedad. Expresa que en el mes de octubre del año 2019 conoció al recurrido en un local comercial dedicado a la compraventa de automóviles, denominado “La emergencia”, ubicado en la comuna de Coelemu, y en que el recurrido aparentemente se desempeñaba como vendedor y agente de confianza de la dueña, lo que en definitiva resultó ser falso. Así las cosas, señala que en virtud de reiteradas visitas que hizo al local referido con el objeto de comprar repuestos y aceites industriales para maquinaria pesada, se entrevistó con el recurrido quien hacía las veces de vendedor, y este último, de quien desconocía mayores antecedentes de su persona, le ofreció servicios de mecánica automotriz, pintura y desabolladuría, conviniendo verbalmente con el recurrido el recambio del parabrisas de una máquina retroexcavadora que guarnece el interior de su propiedad. Consecuencialmente, y a objeto de que pudiera realizar el trabajo encomendado, el que en un comienzo fue ofrecido como trabajo vendido, y atendido que la máquina retroexcavadora a la que había que sustituir el parabrisas permanecía al interior de la propiedad, optó por hacer entrega al recurrido de un juego de llaves para que pudiera ingresar libremente al predio y desarrollara de esta manera la labor encomendada. Sin embargo, transcurrido un plazo razonable desde el trato verbal primigenio, es que en marzo del año en curso y debido a la verificación y constatación de que no se había realizado el trabajo convenido, le requirió la devolución de las llaves y la cancelación de la orden de trabajo, ante lo cual el recurrido se comprometió realizarlo en el más breve plazo, señalándole a la vez que una vez concluido éste, le haría entrega de las llaves. Precisa que el día 3 de mayo pasado, y ante sendas reclamaciones de vecinos aledaños al predio, tomó conocimiento que el recurrido, con afán criminógeno, violando las normas del estado de excepción constitucional de catástrofe y toda normativa sanitaria vigente, ingresó sin autorización al inmueble, permaneciendo en él conjuntamente con otras personas, realizando fiestas en las que se consumía drogas y alcohol, no obstante el toque de queda. Asimismo, destinó el inmueble como taller clandestino de reparación de autos, existiendo aún a la fecha en su interior 1 vehículo que no es de su propiedad, y cuyo ingreso no ha consentido, lo que habría logrado mediante la rotura del sello y candado existente en la propiedad, y de este modo tener absoluta holgura tanto para el ingreso como egreso al inmueble.
Estima el actor que, conforme los hechos relatados, el recurrido no sólo lo ha privado de su derecho de dominio respecto de su predio, sino también le ha impedido desarrollar una actividad económica lícita, toda vez que el inmueble lo adquirió con fines comerciales, pues uno de los rubros de su empresa es el transporte, y al no poder acceder al inmueble, ello le ha significado pérdida de contratos, impidiéndole además ejercer su actividad de agricultor y comerciante con la cual obtiene el sustento, situación ésta que le ha causado un enorme perjuicio económico.
Termina solicitando que de acuerdo con lo expuesto, artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, de 29 de marzo de 1977, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, población 11 de Septiembre de la comuna y ciudad de Coelemu, se le acoja a tramitación y se decreten las medidas que se estimen necesarias y, en definitiva, se le dé lugar al recurso, declarando:
· Que la recurrida ha actuado ilegal y arbitrariamente, perturbando su derecho de propiedad establecido en su favor conforme lo dispone el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado de 1980.
· Que el recurrido ha actuado ilegal y arbitrariamente, constituyéndose en comisión especial, vulnerando y conculcando el principio constitucional de que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.
· Que se ordene al recurrido de abstenerse de ingresar ilegalmente al inmueble y que se retire de la propiedad, restituyéndole el predio sub lite; que retire el candado que puso en forma ilegal, al igual que los vehículos en mal estado que dejó en el interior de la propiedad, bajo el apercibimiento de ser lanzado con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de todas aquellas otras decisiones o medidas que sean conducentes para preservar la libertad, dignidad, honra e igualdad ante la ley, en relación a las prohibiciones atacadas, poniendo remedio al mal causado, con costas.
2°.- Que, rola en autos el informe número 484 de fecha doce de junio último, evacuado por la Prefectura de Carabineros de Ñuble, el que en su parte pertinente señala que constituido personal de la Subcomisaria de Coelemu en el lugar de los hechos, se constató que el inmueble materia del presente recurso, se encuentra sin moradores, y que al concurrir al domicilio ubicado en domicilio reservado de la población 11 de Septiembre de la comuna de Coelemu, procedieron a entrevistarse con nombre reservado, quien manifestó que efectivamente mantiene el portón con candado en la propiedad de calle nombre reservadoº 527, manteniendo las llaves en su poder y no entregándoselas a su propietario nombre reservado, ya que este mantiene una deuda pendiente por más de $1.000.000.- 3°.- Que, informando el recurso el abogado don Carlos Felipe Sandoval Irribarra, en representación del recurrido, señala que los antecedentes en los cuales se fundamenta la presente acción, son total y absolutamente falsos, y no guardan relación alguna con los hechos acontecidos, ya que su representado nunca ha efectuado una toma ilegal, ni menos una ocupación violenta y arbitraria, sino que por el contrario, entre las partes existe un contrato consensual con claras especificaciones respecto de las obligaciones que debían cumplirse, las que el recurrente aún no ha cumplido a la fecha, y que fundamentalmente dicen relación con la cancelación del contrato de reparación de maquinaria encomendado.
Asimismo, agrega no ser efectiva la aseveración efectuada por el actor en cuanto a que su representado habría efectuado en dos oportunidades la rotura de sellos y candados emplazados en el portón metálico, a objeto de impedirle el ingreso a su inmueble.
Termina solicitando que se rechace la presente acción de protección en todas y cada una de sus partes, declarando la existencia de un contrato celebrado entre ellos, y que consistió en la reparación de una máquina, lo que aún no se ha cancelado.
4°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.
5°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.
6º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.
7°.- Que, para la adecuada resolución de este arbitrio, necesario es advertir que en el presente caso se han planteado posiciones disímiles por los comparecientes relativo al cumplimiento o incumplimiento del contrato consensual por ellos celebrados, y que según se ha pormenorizado en los motivos anteriores, decía relación con la reparación de una maquinaria pesada que el recurrido debía efectuar en el inmueble de propiedad del recurrente.
8°.- Que, conforme a lo razonado en el motivo anterior, fluye de manera evidente la existencia de una controversia jurídica entre recurrente y recurrido, cuya resolución no puede darse en esta sede de protección de derechos indubitados, toda vez que el dilucidar si se cumplió o no el contrato en los términos pactados, hace necesario, por parte del recurrente, el ejercicio de acciones en un procedimiento de lato conocimiento que decida la controversia planteada, motivo por el cual se desestimará el presente recurso.
Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don nombre reservado en contra de don nombre reservado.
Notifíquese.
En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.
Redacción del Abogado Integrante señor Juan Antonio De La Hoz Fonseca.
Rol N° 936-2020-PROTECCIÓN.- 6