nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

Chillán, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

1°.- Que comparece el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chavez, por sí y en representación de nombre reservado de nacionalidad venezolana, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales contra la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum, S.A., por el acto ilegal y arbitrario notificado el 06 de noviembre de 2025, que rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Señala que su representado es ingeniero de sistemas con residencia definitiva, a quien, prestando servicios profesionales, se le ha descontado parte de su sueldo y enterado sus cotizaciones de AFP, Salud y Cesantía en los Servicios respectivos, habiendo suscrito en cada uno de sus contratos cláusulas donde manifiesta expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley 18.156. Por tal motivo, el 3 de noviembre de 2025, ingresó al portal web de la recurrida a fin de solicitar el retiro y/o devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley antes mencionada, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, acompañando los documentos requeridos para tales efectos. Posteriormente, el día 6 del mismo mes y año, recibió correo donde se le indica que lo solicitado no era procedente.

Debido a lo anterior, presentó reclamo a la Superintendencia el 12 de noviembre 2025, por la imposibilidad material de legalizar los documentos exigidos, al no existir representación diplomática en el país. En respuesta de la superintendencia se le indicó de manera copulativa los requisitos exigidos para dar cumplimiento con la devolución de fondos y finalmente la recurrida le envió carta en respuesta a la solicitud de la Superintendencia, en la que se le solicitó acompañar la documentación que acredite que se ha encontrado cubierto por el sistema de seguridad social extranjero debidamente apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, según corresponda.

Hace referencia a lo establecido por la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7, señalando que su representado dio cumplimiento a los requisitos acompañando íntegramente la documentación solicitada, con la salvedad de la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema venezolano, por no existir representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar dicho trámite.

En dicho contexto, la recurrida fundó la negativa por la falta de apostilla del documento presentado por el recurrente, lo que considera como una exigencia arbitraria e imposible de cumplir, debido a que el Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la Apostilla para este tipo de instrumento, cuestión que consta en los registros oficiales consultados en línea. Manifiesta que antes del cierre de la embajada en julio de 2024, el documento que se adjuntaba a la solicitud de retiro de fondos era una declaración jurada, similar a la aportada, con la diferencia en que era firmada ante el representante consular de Venezuela en Chile actuando como ministro de fe.

Estima que se vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos previsionales al imponer una condición de cumplimiento imposible, carente de sustento legal y que excede de lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 18.156, que únicamente requiere acreditar la cobertura previsional en el extranjero y no la apostilla de documentos en los términos exigidos por la AFP. Sin perjuicio de ello, ante la imposibilidad de acompañar la constancia de afiliación de seguro social vigente a la fecha de su presentación, esta puede verificarse con la cédula de identidad en la página Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S), a través del link que detalla.

Sostiene que el rechazo de la solicitud de retiro carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

Reitera que la constancia electrónica acompañada emana de un organismo público venezolano, siendo verificable en el sitio web oficial de la institución previsional respectiva y vigente al momento de la solicitud, añadiendo que fue presentada junto a declaración jurada legalizada. Precisa que dicho documento fue expedido por la autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales y que su autenticidad puede corroborarse por medios electrónicos.

Explica que ante la omisión reiterada por la recurrida y, en otros casos, frente al rechazo o anulación de solicitudes, implementó una alternativa técnico-jurídica consistente en verificar los antecedentes contenidos en el portal digital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, particularmente el certificado de cotizaciones frente a la vista de un ministro de fe o notario, a fin de garantizar la veracidad de la información contenida, detallando el procedimiento destinado a certificar la veracidad de los datos. Al respecto, destaca que tal mecanismo fue la solución similar que el Relator Interino de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago el 30 de julio de 2025, Rol Nro. Protección-6043-2025, Segunda Sala, promovió para la sustanciación de la causa.

Afirma que las garantías y derechos constitucionales afectados corresponden al actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, de 06 de noviembre de 2025, cuando le notificó el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales por no contar con la apostilla de constancia del seguro social de su país de origen, no obstante, de haber acreditado el recurrente ser extranjero técnico profesional, con título debidamente apostillado, y contar con afiliación en instituto de seguros sociales de su país de origen con anterioridad al ingreso a chile, cumpliendo íntegramente con los requisitos de la Ley N° 18.156, que permite la devolución de cotizaciones, cuando el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un sistema previsional en su país de origen que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado en contrato laboral o anexo su voluntad de mantener tal afiliación. En apoyo de sus fundamentos cita jurisprudencia.

Añade que dicho acto afecta el derecho a la igualdad ante la ley al otorgársele un trato distinto respecto de otros cotizantes extranjeros que, en situaciones similares, han obtenido la devolución de sus fondos previsionales. Asimismo -afirma- se conculca el derecho de propiedad al impedirse el ejercicio del dominio sobre los fondos de su exclusiva titularidad; y además, se infringe la garantía del artículo 19 N° 26 que proscribe la imposición de requisitos no contemplados en la ley, al establecerse exigencias que afectarían la esencia de los derechos fundamentales.

Termina solicitando, tener por interpuesto recurso de protección contra la Administradora de Fondos Cuprum AFP, por el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor, decisión que estima ilegal y arbitraria por infringir la Constitución y la Ley N° 18.156, y pide que se que se reconozca como válida la documentación acompañada, continuar la tramitación respectiva y, dentro de un plazo razonable disponer la devolución de los fondos.

2°.- Que, informando el recurso, comparece la abogada Valentina Lagos Sánchez, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo de la acción, alegando en forma previa, que esta es improcedente, al no configurarse en la especie algún acto arbitrario o ilegal que vulnere derechos fundamentales, sino que lo cuestionado corresponde a la aplicación de una normativa especial en materia previsional, cuya interpretación compete a un órgano técnico especializado.

Señala que el conflicto se da por el desconocimiento del recurrente respecto de dicha aplicación normativa acerca de la procedencia de la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual. Dicha controversia debe ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para pronunciarse sobre consultas y reclamos formulados en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones, por tal motivo, sostiene que el recurso de protección no es la vía, debiendo agotarse previamente las instancias administrativas pertinentes.

Refiere al marco regulatorio, señalando que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción dentro del ordenamiento jurídico previsional chileno, destacando que la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones recae en la Superintendencia de Pensiones, facultad que le ha sido conferida por el N°8 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del Decreto Ley N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conforme a ello, las normas generales impartidas por la Superintendencia de Pensiones son vinculantes para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, pudiendo su representada incurrir en graves sanciones si no cumple a cabalidad la normativa de dicho organismo fiscalizador.

Explica que el fundamento que sustentó la negativa está amparado en la normativa vigente y en los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo al cual la recurrida está sujeta en virtud de su fiscalización. En este sentido, señala que la decisión adoptada se ajustó al procedimiento de la Ley N°18.156 para atender solicitudes de la naturaleza presentada por la recurrente, por lo que excluye cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la Administradora.

Reproduce los fundamentos expuestos en la en la carta de 06 de noviembre de 2025 correspondiente a la respuesta a la solicitud de devolución de fondos previsionales, en la que se señala el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156, es decir, no acompañó documentación que acredite que se ha encontrado cubierto durante toda la prestación de servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, además, en el caso de la cobertura de enfermedad, esta comprenda las prestaciones médicas y pecuniarias.

Al respecto, añade que el recurrente acompañó a su solicitud una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de 08 de julio de 2025. Sin embargo, dicha constancia, no indica que, en caso de enfermedad, el recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias. Lo anterior, lo sustenta en relación a establecido por la superintendencia de pensiones citando a su respecto los Oficios Ordinarios N°15.932 de 28 de agosto de 2025, N°23.241, de 13 de septiembre de 2016, y N°9.663 de fecha 02 de mayo de 2017, a fin de sostener que resulta indispensable que la autoridad previsional competente certifique, de forma expresa, que el trabajador extranjero ha estado efectivamente cubierto por todos los riesgos exigidos por la Ley N°18.156, lo que incluye en caso de enfermedad las prestaciones médicas y pecuniarias, durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

En definitiva, no resulta efectivo afirmar la posibilidad de acreditar por cualquier medio la afiliación a un sistema de seguridad social de su país, como asegura el recurrente, acompañando, para efectos de acreditar la cobertura previsional en el país de origen, un documento que describa genéricamente los beneficios del sistema de seguridad social extranjero.

Por otra parte, la citada Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, considerando que se trata de un documento emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En este punto, cita sentencia jurisprudencia y los oficios Oficio Ordinario N°32.365 fecha 27 de diciembre de 2016, Oficio Ordinario N°24.089, de fecha 11 de noviembre de 2019, y el Oficio Reservado N°25.057, de fecha 29 de diciembre de 2023, afirmando que dicha exigencia reviste carácter obligatorio y no admite interpretaciones alternativas. La legalización consiste en una sucesión de certificaciones de firmas que otorgan autenticidad al documento en el país de origen, mientras que la apostilla, conforme al Convenio de La Haya de 1961, constituye un trámite único y simplificado que cumple la misma finalidad.

En definitiva, el rechazo de la solicitud no constituye un acto arbitrario ni ilegal, sino que responde al cumplimiento estricto del marco normativo vigente y a la aplicación de los criterios técnicos definidos por la propia autoridad competente en la materia. Por otra parte, precisa que no puede utilizarse para eludir el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a un beneficio, la fuerza mayor o caso fortuito, ya que dicha institución se utiliza para eximir de responsabilidad a las partes en un contrato o convenio cuando un evento imprevisible e inevitable impide el cumplimiento de las obligaciones, razón por la cual, no puede excusar el incumplimiento de los requisitos para lo que solicita.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe y, con su mérito, negarle lugar, por no concurrir los requisitos legales, al no haber cometido acto ilegal o arbitrario alguno, ni menos una privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales del recurrente.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, como se indicó, la recurrente dedujo recurso de protección en contra de AFP CUPRUM S.A., por la decisión que le fue notificada con fecha 6 de noviembre de 2025 que rechazó su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, aun cuando estima que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 al efecto.

Estima que dicho acto resulta arbitrario, ilegal y vulneratorio de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, específicamente aquellas del N° 2 y 24, razón por la cual pide que se reconozca como válida la documentación acompañada, se siga con la tramitación de la solicitud, y dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados.

7°.- Que, para resolver la controversia, debe recordarse que la Ley 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales, al tenor de los artículos 1° y 7° de la citada norma, y que la interpretación de tales requisitos, no queda radicada en la Administradora de Fondos de Pensiones, sino en el órgano fiscalizador, constituido hoy en día por la Superintendencia de Pensiones, que a través de sus circulares, determina la forma en que deben acreditarse tales condiciones.

8°.- Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

9°.- Que -como ha sido destacado recientemente por la Excma. Corte Suprema-, la Superintendencia de Pensiones ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156, generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Así, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

En el mismo sentido, el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, instruye que: “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (…)”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208 de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país." Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgo previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

10°.- Que, conforme a lo que se viene señalando, el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañado por el recurrente no es apto para dar por cumplido el requisito establecido por la Ley 18.156.

En tal sentido se ha resuelto recientemente por la Excelentísima Corte Suprema en sentencias de 18 de febrero del año en curso, dictadas en causas Roles 4399-2026, 4380-2026, 4383-2026, 3344-2026, 3348- 2026, precisando además que si bien la circunstancia de no existir relaciones consulares entre Chile y Venezuela puede dificultar el cumplimiento del requisito de legalizar o apostillar, establecido en la normativa en comento, “(...) no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

11°.- Que, conforme a lo que se viene señalando, queda de manifiesto que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, pues se ha limitado a exigir el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 establecen para el retiro solicitado.

En consecuencia, la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chávez, en representación de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum, S.A.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Erica Pezoa Gallegos.

Rol N° 933-2026-Protección.