Protección contra Superintendencia de Seguridad Social de Ñuble

Chillán, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

Visto: 1º.- Que, comparece el abogado Antonio Ramírez Torres, en nombre y a favor de doña nombre reservado, educadora de párvulos, interponiendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social de Ñuble (SUSESO), por el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 29 de octubre de 2025, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas Nros. NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 55 días a contar del 21 de mayo de 2025. Argumenta el recurrente que dicho acto perturba y amenaza el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Manifiesta el letrado que la acción se interpone dentro de plazo legal, toda vez que el acto reclamado fue notificado a su representada con fecha 29 de octubre de 2025. Indica que se recurre en contra de la citada resolución que confirma el rechazo de los reposos bajo el argumento de que este "no se encontraba justificado", decisión que afecta a la recurrente, quien padece de una enfermedad de índole psiquiátrica común. Sostiene que los diagnósticos psicopatológicos de abril y mayo del presente año indican cuadro ansioso grave, trastorno adaptativo, trastorno de pánico, estrés psicosocial mixto e insomnio de carácter severo, además de duelo no resuelto, todo ello en el contexto de su condición neurodivergente TEA grado 1.

Expresa que su representada ejerce funciones como educadora de párvulos en el segundo nivel de transición y que, desde abril del presente año, se sometió a tratamiento con el médico psiquiatra nombre reservado y con la psicóloga nombre reservado. Señala que la salud mental de la actora ha estado en desmedro debido a la multiplicidad de diagnósticos y que, producto de los medicamentos ansiolíticos e hipnóticos inductores del sueño prescritos, su capacidad física y mental se encontraba disminuida, comprometiendo su funcionalidad psíquica y motriz.

Argumenta el abogado que las labores de su representada, al trabajar con niños pequeños, requieren un estado de alerta constante y una capacidad de reacción óptima, lo cual estaba comprometido por el tratamiento. Manifiesta que la patología era de carácter recuperable, tanto así que la recurrente retomó sus funciones laborales el 1 de agosto del presente año, habiendo presentado posteriormente solo una licencia breve por otra causa. Sostiene además que el rechazo de las licencias no solo perjudica su patrimonio al privarla del subsidio, sino que le impide costear sus tratamientos de salud mental, debiendo suspender el de tipo psiquiátrico.

Indica el recurrente que la Resolución Exenta impugnada carece de argumentos médicos razonables y utiliza expresiones genéricas sin sustento técnico. Sostiene que la recurrida basa su conclusión en que los antecedentes no permiten establecer incapacidad más allá de los 210 días de reposo discontinuos ya autorizados, pero no indica fundamentos, peritajes o evaluaciones que le permitan formarse tal convicción. Asimismo, argumenta que la autoridad administrativa no tuvo a la vista los informes médicos válidamente emitidos, ni consideró los ajustes al tratamiento acordes a su condición neurodivergente TEA grado 1.

Manifiesta además que la SUSESO formula una calificación de los diagnósticos indicando que no tienen gravedad para justificar la extensión, pero no señala cómo llegó a dicha conclusión ni los elementos técnicos considerados. En este punto expresa que su representada nunca fue evaluada por un médico especialista del organismo recurrido que pudiera haber desvirtuado los informes del facultativo tratante. Detalla también que los informes del psiquiatra nombre reservado daban cuenta de la persistencia del insomnio severo y crisis de pánico, ajustando las dosis de medicamentos como Lexapro, Clonex y Zolpidem, mientras que los informes psicológicos evidenciaban síntomas ansiosos agudizados por su condición autista.

Sostiene además que la decisión de rechazo carece de toda fundamentación, transgrediendo los artículos 41 inciso 4° y 11 inciso 2° de la Ley 19.880, al ser un acto carente de motivación. Argumenta que la decisión fue dictada prescindiendo de las conclusiones de los profesionales tratantes sin indicar por qué dichos informes no permitían determinar la incapacidad. Asimismo, sostiene que la recurrida no accedió a ningún análisis o evaluación del estado de salud de su representada, no ejecutando las acciones que dispone el artículo 21 del D.S. N°3 de 1984, como practicar nuevos exámenes o visitas domiciliarias.

Argumenta el abogado que el actuar de la recurrida influyó negativamente en la recuperación de su representada, generándole angustia y preocupación que agudizaron el estrés y el insomnio. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema respecto a la obligación de especificar fundamentos y decretar evaluaciones clínicas ante dudas diagnósticas.

Finalmente solicita que se acoja el recurso, se declare arbitrario e ilegal el acto recurrido y se ordene autorizar las licencias médicas y el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente. 2º.- Que, informa el abogado Roberto Barraza Saavedra, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando en lo principal se declare la improcedencia de la acción, y en subsidio, su rechazo en cuanto al fondo.

Manifiesta el letrado que la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución, el cual no está amparado por la acción cautelar de protección. Sostiene que la autorización de licencias médicas y el pago de subsidios son materias excluidas expresamente por el constituyente del ámbito del artículo 20 de la Carta Fundamental, existiendo un procedimiento especial reglado para su revisión.

Indica el recurrido que, en cuanto al fondo, la señora nombre reservado recurrió ante la Superintendencia solicitando reconsideración por el rechazo de las licencias médicas N°s . NUM001 y NUM002. Dice que su representada estudió los antecedentes y concluyó que el reposo no se encontraba justificado, basándose en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 210 días de reposo discontinuos ya autorizados por la misma patología. Argumenta que los informes no incluían elementos psicopatológicos de gravedad que justificaran el rol terapéutico y la extensión del reposo.

Manifiesta que la doctora nombre reservado, facultativo del organismo, informó que la paciente presentaba un diagnóstico de TEA desde el año 2022 y se encontraba en tratamiento por cuadro adaptativo mixto con un plan de tratamiento simple. Sostiene además que, a juicio del área médica de la recurrida, no existían ajustes relevantes farmacológicos concordantes con un curso de patología más complejo, ni elementos de impacto significativo en su funcionalidad, siendo los antecedentes insuficientes para justificar un reposo mayor al ya autorizado.

Argumenta el abogado que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal cuya finalidad es ayudar al trabajador a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. Sostiene que, sin perjuicio de las facultades del artículo 21 del D.S. N°3 de 1984, los profesionales médicos de la Superintendencia analizaron los elementos del caso concreto y concluyeron que estos por sí solos eran suficientes para formarse una convicción médica, no siendo indispensable solicitar nuevos informes. Asimismo, indica que lo resuelto es consistente con el D.S. N° 7 de 2013 sobre patologías mentales, que exige informes de peritaje y evaluaciones de refractariedad para reposos prolongados.

Expresa que la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales, cumpliendo su mandato de supervigilancia del derecho a la seguridad social. Indica el recurrido que no existe vulneración a los derechos a la vida, integridad física o propiedad, pues el solo otorgamiento de una licencia médica por un facultativo no implica el nacimiento de un derecho de propiedad sobre un eventual subsidio. Sostiene además que para tener derecho al subsidio se requiere como punto de partida contar con una licencia médica autorizada, cuestión que no ocurre en la especie.

Finalmente, solicita que se rechace la acción de protección con expresa condena en costas, reiterando que no se trata de un acto caprichoso, sino nacido del estudio y ponderación de los elementos señalados en concordancia con criterios normativos vigentes. 3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. 4º.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías – preexistentes— protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. 5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada. 6º.- Que, el debate principal del presente recurso se centra en el actuar de la recurrida SUSESO al confirmar el rechazo de las licencias médicas de la recurrente. La parte actora, doña nombre reservado, sostiene que el acto es ilegal y arbitrario por carecer de motivación suficiente, al no ponderar los informes médicos y psicológicos aportados que daban cuenta de su condición neurodivergente (TEA grado 1) y los ajustes farmacológicos realizados, ni hacer uso de las facultades de indagación (Art. 21 D.S. N° 3/1984), vulnerando las garantías del Art. 19 N°1, 2 y 24. Por su parte, la recurrida SUSESO argumenta en lo principal la improcedencia de la acción por tratarse de materias de seguridad social, y en subsidio, que la Resolución Exenta es legal y fundada, basándose en que los antecedentes no justificaban la incapacidad laboral más allá de los 210 días de reposo ya autorizados por considerar el tratamiento como "simple" e insuficiente para tal extensión. 7º.- Que, respecto a la alegación de improcedencia de la acción por incidir en materias de seguridad social (artículo 19 N° 18 de la Constitución), planteada por la recurrida, esta será rechazada. Si bien el derecho a la seguridad social no se encuentra tutelado directamente por esta acción constitucional, la jurisprudencia ha asentado que cuando un acto administrativo en esta materia se estima ilegal o arbitrario y afecta otros derechos fundamentales que sí están amparados por el artículo 20 de la Carta Fundamental —como el derecho de propiedad sobre los subsidios o la integridad física y psíquica al impedir la recuperación de la salud—, la acción de protección es plenamente procedente. En la especie, la recurrente denuncia vicios de arbitrariedad en el procedimiento de rechazo que amenazan precisamente dichas garantías protegidas, lo que habilita a esta Corte para conocer del fondo del asunto. 8º.- Que, en cuanto al fondo, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social señala que procedía confirmar el rechazo de las licencias reclamadas, por cuanto del estudio de los antecedentes del caso, se concluyó que el reposo no se encontraba justificado, ello debido a que los antecedentes aportados no permiten establecer la incapacidad laboral más allá del periodo de reposo ya autorizado. El fundamento esencial del rechazo de las licencias médicas presentadas por la recurrente se basaría en que esta última no ha aportado los antecedentes suficientes que justifiquen mantener el reposo otorgado, no obstante que ésta acompañó todos los documentos que los profesionales correspondientes le proporcionaron, y que dan cuenta de diagnósticos psiquiátricos severos, condición de TEA grado 1 y ajustes farmacológicos. Se reprocha a la recurrente que los informes médicos —que no son elaborados por ella— son insuficientes para justificar las licencias médicas. 9º.- Que, en este sentido, si la parte recurrida estimaba que los antecedentes proporcionados por la recurrente —que desde luego son elaborados por los profesionales a los que tuvo que acudir y que no dependen en su redacción ni detalle por la afectada— eran insuficientes, perfectamente pudo adoptar las medidas necesarias para disponer que se aclararan estos informes o practicar ellos mismos las pericias o informes complementarios a fin de aclarar sus dudas, especialmente considerando la naturaleza psiquiátrica y neurodivergente de la patología invocada. Al efecto, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, dispone en lo pertinente que, "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin... podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a)

Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;... d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento... e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica",. 10º.- Que, de lo señalado precedentemente, es claro que la decisión adoptada por la recurrida no está apoyada en motivos que avalen la confirmación del rechazo de las licencias médicas, ya que se limita a rechazarlas por considerar el tratamiento como "simple" y no acreditarse elementos de gravedad, agregando que el fundamento del rechazo es precisamente que no cuenta con suficientes antecedentes de convicción, poniendo de cargo de la recurrente la falta de informes complementarios, en circunstancias que se pudieron tomar las medidas necesarias para que ellos fueran precisados, o incluso disponerse la práctica de tales informes a fin de resolver de mejor manera el asunto sometido a su decisión, si tenía dudas acerca de la prolongación del reposo de la recurrente.

De lo dicho, la recurrida ha infringido la normativa pertinente para resolver acerca del rechazo de las licencias médicas y su decisión ha infringido lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la ley 19.880 que exige que las resoluciones administrativas sean fundadas y que en ella se expresen los fundamentos de hecho y de derecho que afectaren los derechos del recurrente, infringiendo asimismo la normativa contemplada en el Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en particular su artículo 21 que le otorgaba facultades para el mejor acierto de las autorizaciones y rechazos, lo que no hizo,. 11º.- Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema también ha razonado en un sentido similar, al indicar que “…la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente…”, agregando que “…tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente”. (C.S. 15/05/2024, Rol 16212-2024, considerando 6°). 12º.- Que, en consecuencia, y siguiendo el mismo predicamento del Máximo Tribunal, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia, tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión, como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas, afectando con ello el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente. 13º.- Que, finalmente, y atendido los argumentos ya señalados, deberá acogerse la presente acción constitucional, pero solo en cuanto deberá disponer la recurrida que se practiquen aquellos exámenes o se emita aquel informe amplio y fundado que le permitan tener mayores elementos de convicción para emitir una resolución fundada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia deducida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto deberá disponer la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Ñuble que encargue un nuevo informe médico, en los términos del artículo 21 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, acerca de la dolencia que da cuenta el recurso en relación a la capacidad de la parte actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente arbitrio constitucional.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Fabián Huepe Artigas, quien no firma por no haber integrado el día de hoy.

No firma el Secretario Gabriel Hernández Sotomayor, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente con feriado legal y haber cesado en el cargo de Fiscal Judicial Subrogante.

ROL N° 924-2025-PROTECCIÓN.