nombre reservado con TESORERÍA REGIONAL DE ÑUBLE

1 Chillán, doce de junio de dos mil veinte.

Visto:

1°.- Que, comparece el abogado Pablo Varela Ortiz, domiciliado en domicilio reservado, quien a solicitud de nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de la Tesorería General de la República, Rut RUT reservado, representada por don nombre reservado, abogado, en su calidad de Tesorero Regional de Ñuble, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Al fundamentar su acción constitucional sostiene que el pasado 17 de octubre del año 2018 su representado interpuso acción de prescripción extintiva de cobro de obligaciones tributarias en contra de la Tesorería General de la Republica, en causa Rol 4575-2018 seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Chillán, fundado en que en el año 2009, Tesorería General de la República inicio un procedimiento ejecutivo de cobranza de impuestos en expediente administrativo Rol 500-2009, por el cual se perseguía el pago de la suma total de $29.243.269, que no se pagó, razón por la cual se judicializó ante el Juzgado de Letras de Yungay en causa Rol 35.081-2009, para perseguir la realización de los bienes embargados. Que en la actualidad alcanzaba la suma de $53.210.142. Añade que, ante la inactividad del Fisco en la causa ejecutiva ya individualizada, su representado solicitó el abandono de procedimiento, acción que fue acogida por el Juzgado de Letras de Yungay conjuntamente con el alzamiento de los embargos sobre los bienes allí individualizados. Tramitado el procedimiento de prescripción extintiva de cobro obligación tributaria, el Segundo Juzgado Civil de Chillán procedió a dictar sentencia definitiva con fecha 4 de febrero del año 2020, declarando la prescripción extintiva del cobro de la deuda tributaria de su representado por la suma de $53.210.142, la cual fue notificada a la Tesorería General de la República el 20 de febrero del año 2020, sentencia la cual fue elevada a consulta a esta Corte de Apelaciones la cual fue confirmada con fecha 4 de febrero del año 2020, quedando firme y ejecutoriada el 14 de abril del presente año, dando así por concluido el proceso. Finalmente expresa, que Tesorería General de la República con fecha 27 de abril pasado, procedió a borrar a su representado de los registros de morosidad, por lo que con fecha 29 de abril en curso procedió a efectuar su declaración de renta correspondiente a los años 2017, 2019 y 2020, conforme lo dispone el artículo 65 N° 3 de la LIR, solicitando la correspondiente devolución de impuestos. Sin embargo, la devolución de renta del año 2019 la recurrida procedió a compensar y retenerla por una deuda ya no existente, procediendo en definitiva a compensar la suma de $145.380 y retener la suma de $35.675, sobre el monto autorizado original de $415.718, teniendo presente además, que con fecha 22 de abril del año 2020, también procedió a compensar un monto de $248.732 por concepto de devolución de impuestos correspondiente a la emisión de boletas de honorarios de los meses de enero y febrero del año 2020, a raíz de la medida tomada por el gobierno para ayudar a los trabajadores independientes, para así amortizar los efectos de la contingencia que se vive. Conforme lo expuesto la recurrente sostiene que la Tesorería General de la República ha procedido a compensar los montos ya individualizados sin justificación alguna, ya que la deuda que su representado mantenía con dicha institución se encontraba prescrita para todos los efecto legales, por lo que constituye un acto totalmente arbitrario, que priva del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de su representado, establecidas en el artículo 19 número 24º de la Constitución Política de la República, desde que se le ha privado de su derecho de propiedad sobre el dinero que tenía derecho a percibir, proveniente de su devolución de impuestos del año tributario 2017, 2019, 2020, ascendente a la suma total de $2.713.727.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto, documentos que se acompañan y lo dispuesto en los artículos 19 número 24, y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se tenga por interpuesta acción constitucional de protección a favor del recurrente, don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República, representada por don nombre reservado, en su calidad de Tesorero Regional de Ñuble, todos ya individualizados, admitirlo a tramitación, solicitar el informe respectivo, por la vía que se estime más rápida y efectiva y, en definitiva, adoptar de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, ordenando a la Tesorería General de la República, por intermedio de la Tesorería Regional de Ñuble, dejar sin efecto la retenciones y compensaciones que ha practicado, respecto de la devolución de impuestos correspondientes al año tributario 2017, 2019, 2020, del señor nombre reservado, por la suma de $2.713.727.- (dos millones setecientos trece mil setecientos veintisiete pesos), ordenando se le gire y se le haga entrega inmediata del cheque respectivo, por la suma de $2.713.727.- (dos millones setecientos trece mil setecientos veintisiete pesos), todo con expresa condenación en costas.

A su informe acompaña documentos.

2°. - Que, informa la presente acción constitucional don nombre reservado, Director Tesorero Regional de Ñuble, quien solicita se rechace la presente acción constitucional con costas.

Al fundamentar su petición refiere que la ley entrega al Servicio de Tesorería, la misión de cobrar administrativa y compulsivamente las obligaciones tributarias y los créditos del sector público que no han sido pagados dentro de los respectivos plazos de vencimiento, lo cual se encuentra normado fundamentalmente en el Código Tributario, Código de Procedimiento Civil, y también en la Ley de Administración Financiera del Estado, Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en leyes especiales y generales y, obviamente, en la Constitución Política del Estado, precisando que la facultad que detenta el Servicio de Tesorería para compensar créditos de los contribuyentes con deudas que éstos puedan mantener con el Fisco, se encuentra señalada en el artículo 6° del D.F.L. N°1 de 1994 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería. Fijado el marco normativo la recurrida, en cuanto a los hechos alegados, refiere que con fecha seis de abril, el Segundo Juzgado Civil de Chillán decretó el cúmplase de la resolución dictada por este Tribunal de Alzada que determinó acoger la acción de prescripción incoada por el actor. Con fecha 27 de abril de 2020 señala que se procedió a dar cumplimiento a la sentencia, realizando el descargo de la deuda tributaria del actor consistente en los giros de formularios 21 folios 324973056, 324974736, 324975616, 324980066, 324989476, 324996106, 324997326, 324999446 y 325000196. Manifiesta, que respecto al año tributario 2017, el contribuyente no tuvo derecho a devolución por parte del Servicio de Tesorería y que por lo mismo no habría el Servicio declarado que al actor le correspondiese la devolución solicitada, sino que por el contrario, se le realizó un cargo por la suma de $180.796 según consta en certificado de giro tributario de Formulario 22 Folio 253994667 de fecha de vencimiento 30/04/2017. Con respecto al año tributario 2019 la recurrida señala que se determinó que el recurrente tenía derecho a una devolución ascendente a $718.818, y con fecha 20 de mayo de 2019 –fecha muy anterior a la obtención de la sentencia de prescripción por parte del actor- dicha suma fue compensada en su totalidad por deuda tributaria de Formulario 21 folio 324973056. Finalmente y con relación al año tributario 2020 la recurrida expresa que se determinó que al peticionario le correspondía una devolución de renta ascendente a la suma de $421.538, de los cuales $240.483 le fueron depositados al contribuyente en la cuenta corriente N°[cuenta reservada] del Banco Estado el día 18 de mayo de 2020 y la diferencia, $181.055, le fue retenida por el Servicio, en orden a los embargos judiciales pendientes contra el solicitante ordenados en causas roles N°P-1033-2010 y P-2130-2010 ambos del Juzgado de Letras del Trabajo y Cobranza Previsional de Chillán por un total de $145.380, todo de acuerdo al detalle señalado en los documentos adjuntos y copago GES adeudado por el actor al Fondo Nacional de Salud por la suma de $35.675.

Posteriormente la recurrida hace presente que los conceptos de compensación y retención son distintos. Aquella corresponde a la situación en que contribuyente y fisco son acreedores y deudores recíprocos, en orden a lo establecido en el artículo 1656 y siguientes del Código Civil y la retención, en cambio, opera en base a una orden o requerimiento de un órgano externo, habitualmente un Tribunal, consistente en la custodia de los fondos que correspondan a un contribuyente determinado, debiendo poner a disposición del Tribunal y del Fondo Nacional de Salud, como sucede en este caso, los fondos resultantes del proceso de renta año tributario 2020. Conforme lo expuesto la recurrida plantea que toda cuestión debatida ante los Tribunales establecidos por la ley queda fuera del ámbito de la cautela alegada por la recurrente y por ello, la procedencia del embargo de remuneraciones, su cuantía, y la colisión normativa por lo establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, son cuestiones debatibles que debieron ser controvertidas en el procedimiento de cobro ejecutivo y que, no fueron discutidas en el proceso, por lo que no es posible que la recurrente intente por la vía de la cautela de derechos fundamentales revivir oportunidades procesales precluídas, lo cual excede el objeto de la acción de protección. Añade que toda alegación respecto de la legalidad u arbitrariedad que tuviese raíz en las actuaciones o resoluciones practicadas en dicho proceso pueden y deben ser impugnadas por medio de los recursos establecidos en el Código Tributario y el Código de Procedimiento Civil, como fuente supletoria y por lo mismo, estima que resulta inadmisible la vía de protección de derechos fundamentales para reclamar respecto de resoluciones judiciales dictadas, notificadas y ejecutadas conforme a la ley. La recurrida sostiene que ha actuado sólo conforme a la normativa legal vigente, sino que siendo el fundamento de su obrar no el simple o mero capricho del agente, sino que el cumplimiento estricto de una de las funciones que la ley le asigna, atendido el mérito de los antecedentes que obraban en su poder, y en consecuencia ha actuado en conformidad estricta a lo que disponen los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, por lo que, contrariamente a lo planteado por la recurrente, nada tiene de ilegal ni de arbitrario el que el Servicio de Tesorerías, en ejercicio de sus atribuciones, pueda trabar embargo sobre las remuneraciones del ejecutado, pues en caso de no hacerlo realizado habría infringido precisamente sus deberes de resguardo del patrimonio fiscal y la custodia de los fondos públicos.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto y visto lo prevenido por los artículos 19, N° 2, 3 y 24 y 20 de la Constitución Política del Estado, 13° de la Ley 19.041 de 1991, 1°, 3° y siguientes de la Ley 19.880 de 2003; 1°, 2° y demás pertinentes, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se tenga por evacuado el informe al tenor de la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado y, en definitiva, se le rechace, con costas.

A su informe acompaña documentos 3º.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5º.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que, conforme se ha pormenorizado en los motivos anteriores, el recurrente, en síntesis, considera que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, lo constituye la retención que se ha practicado respecto de la devolución de impuestos correspondiente al año tributario del 2019, por un monto de $2.713.272.-, lo que en definitiva vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

7º.- Que de los antecedentes acompañados por el Servicio de Tesorería aparece que las sumas compensadas en el año 2017 y 2019 lo han sido estando el cobro de impuestos vigentes, toda vez que la sentencia ha quedado firme y ejecutoriada en abril de 2020, razón por la cual, dichas compensaciones no adolecen de ilegalidad alguna.

8º.- Que en cuanto a las sumas retenidas en el año 2020 es dable indicar que, respecto de la correspondiente a deudas con el Fondo Nacional de Salud conforme a lo prevenido en el artículo 27 inc. 2° de la Ley N°18.469, modificada por la Ley N° 19.966, autoriza a la Tesorería General de la República a retener de la devolución de impuestos a la renta, y de cualquier otra devolución o crédito fiscal a favor del contribuyente, las sumas que éste adeude al Fondo Nacional de Salud o a las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud, razón por la cual dicha retención se ajusta a derecho.

9°. - Que respecto de la retención realizada por la recurrida y que corresponden a un embargo decretado por un Tribunal de Justicia en el marco de la tramitación de una causa de cobranza laboral no presenta ilegalidad ni arbitrariedad alguna toda vez que dicha actuación del Servicio de Tesorerias corresponde al cumplimiento de una resolución judicial, y que no es suceptible de reproche por la acción interpuesta.

10°. - Que, por lo expuesto precedentemente a juicio de esta Corte, tanto las compensaciones realizadas como las retenciones se ajustan a derecho razón por la cual, la acción debe necesariamente ser desestimada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por don Pablo Varela Ortiz, en representación de don nombre reservado, en contra de la Tesorería General De La República.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción del Ministro Titular don Guillermo Arcos Salinas.

R.I.C.: 924-2020-PROTECCIÓN.-