nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Chillán, siete de octubre de dos mil veinticuatro.

Visto:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, chileno, de profesión conductor, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio del Registro Civil e Identificación, por la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 2, 3°, 4° y 16°, de la Carta Fundamental.

Señala el recurrente, que fue condenado en la causa RIT 4.963-2022 RUC 2200430116-5 del Juzgado de Garantía de Chillán, como autor del delito de Conducción en Estado de Ebriedad causando daños en grado de consumado; y Autor de hacer abandono del lugar de accidente de tránsito con resultado de daños sin dar cuenta a la autoridad en grado de consumado, condenado a multa de 1 Unidad Tributaria Mensual, condenado a 41 días de prisión en su grado máximo y a una multa de 0,33 Unidad Tributaria Mensual. Remisión Condicional. Inhabilidad: 41 días para cargos públicos; Suspensión: 2 años 1 mes de licencia de conducir, y Vigilancia: 1 año tiempo de medida alternativa. Dichas penas se encuentran cumplidas.

Agrega que respecto, de las referidas condenas se aplicó el beneficio de omisión de antecedentes judiciales, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216 y lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19.628, respectivamente. En virtud de lo anterior, dichos antecedentes judiciales se encuentran omitidos en el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES, según consta en el Certificado de Antecedentes para fines especiales que se acompaña a esta presentación, sin embargo, los referidos antecedentes judiciales aún se encuentran publicados en la "HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR" del recurrente, dando cuenta que no han sido omitidos a la fecha.

Expone el actor en su recurso, que con fecha 09 de agosto de 2024, solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación, Oficina Chillán, la "omisión" de antecedentes penales que figuran en la "hoja de vida del conductor", fundado en el artículo 21 de la Ley 19.628, estimando que la interpretación de dicha normativa en su sentido natural y obvio, debe llevar a la conclusión inequívoca de que el Registro Civil debe omitir a solicitud de parte, comunicar en la hoja de vida del conductor las condenas penales, toda vez que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición y en el caso concreto existente, no tiene lógica que se omitan anotaciones del certificado de antecedentes penales y no de la hoja de vida del conductor, siendo importante esto para él, ya que es necesario para su trabajo de chofer.

Que, respecto de su solicitud, el Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante oficio F.P. ORD. N°42687 de 22 de agosto de 2024, del Subdepartamento de Filiación Penal, comunicó su decisión de negar la solicitud de omisión de anotaciones penales de la hoja de vida del conductor, señalando, en lo pertinente que, si bien el recurrente ya cuenta con el beneficio de omisión en el certificado para fines particulares y fines especiales de acuerdo al artículo 21 de la Ley 19.628, sobre Protección de la vida privada, no procede omitir anotaciones en certificados para obtención o renovación de licencia de conducir, conforme a lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley 18.290 (Ley de Tránsito).

El recurrente considera que, conforme a los hechos descritos precedentemente, conforme el actuar de la recurrida constituye una vulneración a las garantías consagradas en el artículo 19 Nº 2, 3°, 4° y 16° de la Constitución Política de la República, las que desarrolla en su recurso.

Termina solicitando que esta Corte, se sirva tener por interpuesto el presente recurso de protección, acogerlo a tramitación, declarando que los actos de la recurrida son arbitrarios e ilegales, y en consecuencia se proceda a omitir de la hoja de vida del Conductor, las anotaciones judiciales, materia de la presente acción constitucional, esto es, la correspondiente al proceso, Causa: RIT 4963/2022 RUC: 2200430116-5 del Tribunal de Garantía de Chillán.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informa don nombre reservado, Director Regional de Ñuble, del Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitando el rechazo del recurso, ya que no ha existido una actuación ilegal y/o arbitraria por parte del Servicio; ya que se ha actuado con estricta sujeción a la normativa legal vigente.

Indica en su informe, que revisada la base de datos del Registro General de Condenas y Registro Nacional de Conductores, se ha establecido que a la fecha de hoy don nombre reservado, RUN NºRUT reservado, registra las siguientes anotaciones penales: - Causa Rit Nº5312-2008, Ruc NºBRUT reservado, del Juzgado de Garantía de Chillán, seguida por la falta contemplada en el artículo 495 Nº21 del Código Penal, condenado con fecha 02 de octubre de 2008 a la pena de multa de 1 UTM, sanción que figura prescrita, según resolución del Tribunal de fecha 09 de julio de 2010.

- Causa Rit Nº4963-2022, Ruc Nº 22004230116-5, del Juzgado de Garantía de Chillán, seguida por los delitos de conducción en estado de ebriedad y abandono del lugar del accidente de tránsito con resultado de daños sin dar cuenta a Ja autoridad. Condenado con fecha 18 de enero de 2023 a la pena de una multa de 1 UTM y 41 días de prisión en su grado máximo y una multa de 1/3 UTM, remisión condicional de la pena, Penas cumplidas, tanto corporal, multas: y suspensión de licencia de conducir. (2 años por el manejo en estado de ebriedad y un mes por el abandono del lugar del accidente de tránsito sin dar cuenta a la autoridad.

Agrega, además, que con fecha 26 de febrero de 2023 se procedió a otorgar el beneficio de omisión de antecedentes respecto de certificados para ingreso a la Administración Pública, Fines Particulares y Especiales respectivamente, de· conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 inciso primero de la Ley Nº18.216. Del mismo modo, hace presente que el delito de manejo en estado de ebriedad y el abandono del lugar del accidente de tránsito, se ingresa tanto en el Registro General de Condenas como en el Registro Nacional de Conductores, en consideración de lo dispuesto en el artículo 211 N"2,3 y 4º del Df L Nº1, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito.

Luego, el informe desarrolla el marco normativo aplicable en la materia, concluyendo que no es posible acceder al requerimiento del actor. Si bien el recurrente goza del beneficio de omisión de antecedentes de las anotaciones en sus certificados de antecedentes penales, éste no se encuentra contemplado en la legislación vigente respecto de las anotaciones del Registro de Conductores de Vehículos Motorizados, cuya finalidad es absolutamente disímil respecto de la información contenida en el Registro General de Condenas.

Conforme a lo anterior, estima el informante que resulta importante precisar que, tal como lo señala transcrito- artículo 14 de la Ley 18.290, para que la Dirección de Tránsito respectiva, al momento de otorgar o renovar una licencia de conducir, pueda calificar la idoneidad moral del postulante, deberá tener a la vista el Informe de Antecedentes, documento distinto a la hoja de vida del conductor, por ello es que el Oficio del mismo Servicio de Registro Civil e Identificación, FP ORO Nº42.687, de fecha 22 de agosto de 2024, que respondió la solicitud de omisión, hace la distinción señalando, que no es posible proceder a la omisión ''en certificados para obtención o renovación de licencia de conducir' toda vez que se trata de un documento distinto.

Finalmente, en cuanto al fundamento del recurso, basado en el presunto hecho que la decisión de la administración afecta los derechos o garantías constitucionales ·del recurrente, estima importante tener presente que el Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, estatuto jurídico que contiene, una normativa que señala claramente las formas de omitir antecedentes penales y antecedentes de la hoja de vida del conductor, por lo que no resultaría procedente para este Servicio hacer distinciones de ninguna especie, por lo que en virtud de lo expuesto, reitera que no ha existido una actuación ilegal y/o arbitraria, ya que se ha actuado con estricta sujeción a la normativa legal vigente, por lo que solicita el rechazo de la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

A su presentación acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, en mérito de los planteamientos formulados en la presente acción cautelar, el recurrente de protección requirió la eliminación de antecedentes penales en el registro de su hoja de vida de conductor, lo que fue rechazado por la recurrida, por no existir amparo legal que sustente la alegación del actor.

7°.- Que lo solicitado por el recurrente se sustenta en lo dispuesto en primer lugar, en el artículo 38 de la Ley N°18.216 que establece que “La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto. Para los efectos previstos en el inciso precedente no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito. El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación (…)”.

Cabe tener presente además el Decreto Supremo N°64 de 1960 del Ministerio de Justicia, que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, de anotaciones, y el otorgamiento de certificados de antecedentes, que dispone en su artículo 8 – en lo pertinente- lo siguiente: “Se eliminará una anotación prontuarial: (…) g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasidelito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes”. El inciso 3° agrega que: “En todos los casos relacionados con las letras f), g) y h) se otorgará el beneficio por resolución fundada, sólo a aquellas personas que acrediten irreprochable conducta anterior, mediante los antecedentes que el Director exija, y siempre que la anotación de que se trate sea la única que exista en el prontuario del interesado”.

Además, el artículo 10 del mismo decreto consigna que: “La eliminación de anotaciones prontuáriales y de prontuarios se hará a petición de parte. Sin embargo, si los Tribunales o autoridades pertinentes no hubieren transcrito al Servicio las resoluciones correspondientes, o por cualquiera otra causa no dispusiere de los antecedentes necesarios para efectuar la eliminación, el interesado podrá requerirla, acompañando los certificados que la justifiquen, por medio de una solicitud dirigida al Director y presentada en el Gabinete local del lugar de su domicilio”.

Del mismo modo, cabe tener en cuenta lo dispuesto en la ley N°18.290, que en su artículo 210, indica que “créase el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, que estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación y cuyos objetivos serán el de reunir y mantener los antecedentes de los conductores de dichos vehículos e informar sobre ellos a las autoridades competentes”. Agrega en su artículo 211 indica que “el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, deberá: … 4.- Registrar las condenas por cancelación o suspensión de la licencia de conductor; 5.- Comunicar al Juzgado de Policía Local respectivo los antecedentes para la cancelación o suspensión de la licencia de conductor por reincidencia en infracciones o contravenciones a esta ley; 6.- Remitir la información que les sea requerida por los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile o por los Departamentos de Tránsito y Transportes Público Municipal;…”.

Finalmente, la Ley 19.628, en su artículo 21 establece que “Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.

Exceptúase los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5º, 7°, 11 y 18.”

8°.- Que lo primero a considerar es que en la negativa a eliminar antecedentes, fue efectuada por la autoridad competente, encargada del Registro Nacional de Conductores, actuando dentro del marco de sus facultades, conforme a los parámetros de actuación generales de la institución y fundando razonablemente la decisión conforme a la normativa vigente, por lo que no cabe sostener que su actuar es arbitrario, limitándose en consecuencia el cuestionamiento a determinar si los argumentos en cuestión se adecúan a la ley vigente, para determinar su legalidad, debate que excede sin dudas al marco de este tipo de acción constitucional, lo que es suficiente para rechazar el recurso.

9°.- Que, sin perjuicio de aquello, se estima que el razonamiento de la autoridad no es ilegal, desde que si bien lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°18.216 pudiese llevar a estimar justificada la petición del recurrente, dicha norma no es aplicable en la especie, resultando aplicable el artículo 21 inciso segundo, de la Ley 19.628, ya que la omisión de una determinada anotación en un certificado no es óbice para mantenerla en el Registro que se trata y comunicarla a las autoridades competentes cuando sea requerida; en el caso, el departamento de tránsito de la Municipalidad, con ocasión de la renovación de la licencia de conducir.

En efecto, el Registro Nacional de Conductores es una base de datos autorizada por la ley, que persigue fines distintos al Registro de Condenas, en tanto no sólo persigue reunir la información para asegurar el cumplimiento de las sanciones penales, tener información para regular aquellas a determinar en el futuro o demás referidas al Prontuario Penal, sino que además tiene por objeto mantener información con fines de proporcionar seguridad en la circulación vial, siendo relevante que aquello permite la fiscalización de conductores y mantener antecedentes para otorgar, modificar o renovar licencia de conducir, estando por ello la información a disposición de las municipalidades respectivas, fines de interés general que van más allá del interés individual de cada uno de los sujetos.

Por ello es que el registro en cuestión se crea y regula en la ley de Tránsito, desarrollando su funcionamiento en forma paralela al Registro de Condenas, conteniendo su regulación normas especiales para eliminación de antecedentes, no invocadas por el recurrente, siendo relevante que no se alega tampoco el incumplimiento de las mismas, no apreciándose en forma alguna de los antecedentes acompañados y de las argumentaciones desarrolladas que el servicio haya infringido las mismas.

A mayor abundamiento como se señaló anteriormente, el artículo 21, de la Ley 19.628, en su inciso segundo señala que “Exceptúase los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5º, 7°, 11 y 18.”, encontrándose el Registro Nacional de Conductores claramente comprendido dentro de este inciso. En consecuencia, no siendo ilegal el actuar del servicio, debe rechazarse el recurso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra del Servicio del Registro Civil e Identificación.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Juan Pablo Ortega Arroyo, quien no firma por no haber integrado sala el día de hoy.

Rol N° 920-2024 PROTECCIÓN.