nombre reservado con INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CHILLAN

Chillán, doce de agosto de dos mil diecinueve.

Visto:

1°.- Que, comparece nombre reservado, educadora de párvulos, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Inspector Provincial del Trabajo de Chillan, José García Sandoval, domiciliado en domicilio reservado, al incurrir éste en un acto arbitrario e ilegal al dictar la Resolución Nro. 296 de 13 de junio de 2019, por la cual rechaza el recurso de reconsideración presentado para dejar sin efecto la resolución de multa nro. 8519/18/38 1-2-3 efectuada por la fiscalizadora Lidia Germana Rojas Latorre y notificada legalmente el 4 de febrero de 2019, la cual forma parte de una serie de actuaciones de parte de la Inspección Provincial de Chillán que se efectúan con abierta infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, esto es, el principio de legalidad y el estado de derecho.

La recurrente considera que el proceder de la recurrida no respeta el debido proceso (contencioso administrativo), principio de imparcialidad, abstención y probidad, y fundamentación que debe cumplir todo acto administrativo emanado de funcionario público en ejercicio de sus funciones, esto último, al carecer de fundamentos de derecho. Añade que la Resolución recurrida carece de imparcialidad, habiendo una omisión de los requisitos mínimos de una resolución administrativa, todo lo cual violenta las garantías constitucionales, el artículo 41 ya citado, el artículo 11 de la Ley 19880 sobre Bases Generales de los Procedimientos Administrativos. Estima que la recurrida ha efectuado actuaciones fuera de sus facultades, y aún cuando es evidente su falta de imparcialidad, no se abstiene de conocer y resolver un asunto, aún contra norma expresa. Al respecto plantea que, es función de la Dirección del Trabajo y por reenvío de la Inspección Provincial del Trabajo, (artículo 1 letra a), en relación con el artículo 18° de su Ley Orgánica, "La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral". Pero carece de competencia (artículos 6 y 7 de la Constitución Política) para inmiscuirse en cuestiones o asuntos que la ley no ha entregado a su conocimiento.

Plantea que la Resolución de Multa Nro. 8519/18/38 contra la cual recurrió y cuya resolución da origen al presente recurso, no señala trabajador alguno involucrado en la fiscalización, como tampoco el día y lugar de ocurrencia de las infracciones, precisando que no se expresa al trabajador respecto de quien no se lleva registro de asistencia y determinación de horas de trabajo. Agrega que también se expresa como infracción la no comparecencia a citación de la Dirección del Trabajo, sin precisar el día, hora y lugar de la supuesta infracción. Finalmente la recurrente sostiene que, se señala un entorpecimiento a la fiscalización, a la empresa, sin señalar de manera precisa cuándo, dónde y en qué circunstancias, todo lo cual constituye una falta de descripción de la infracción, que produce indefensión del administrado y evidencia el actuar arbitrario y discrecional, omitiendo señalar que ha sido la inspectora quien ingresa en forma contraria a derecho al domicilio, contra manifestación expresa de ello, a lo menos confundiendo sus facultades de ordinario en materia de empresas, con las de fiscalización de casa particular, la cual está constitucionalmente protegida por el derecho a la intimidad e inviolabilidad del hogar. La recurrente procede a transcribir las alegaciones de hecho y derecho presentado al momento de solicitar la reconsideración de la multa, de las cuales plantea la recurrida no se hizo cargo.

Considera que el proceder de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, pues establece diferencias arbitrarias, por cuanto es el único caso que se tiene conocimiento en que la autoridad administrativa aplica una multa por no llevar registro de asistencia y feriado donde no hay trabajador, requisito necesario para que nazca la obligación legal de llevar libro de asistencia y registro de feriados. También estima vulnerada la igual protección en el ejercicio de los derechos, numeral 3 inciso 5° del citado artículo 19, por el hecho de no hacerse cargo de las alegaciones y defensas en contra de la injusta multa, no citando antecedentes de hecho y derecho por los cuales se den por probadas o no las alegaciones del administrado, y finalmente omitir los recursos y plazos legales de la resolución que se recurre, conforme lo exige la legislación, transforman al recurrido en una verdadera comisión especial, por cuanto a violentado los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. También considera vulnerada la garantía del respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, así como la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, debido al ingreso contra la manifestación de voluntad de la persona de que estaba al interior del domicilio, aprovechándose de sus especiales circunstancias, entre ellas la edad, y que no estaba en condiciones de atender a extraños.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto, normas legales citadas y demás pertinentes, y Autoacordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del Inspector Provincial del Trabajo de Chillán José García Sandoval, ya individualizado, al incurrir en acto arbitrario e ilegal al dictar la Resolución Nro. 296 de fecha 13 de junio de 2019, que rechazó en forma arbitraria e ilegal el recurso de reconsideración por el cual se solicitó se dejare sin efecto la Resolución de Multa 8519/18/38 efectuada por la fiscalizadora Lidia Germana Rojas Latorre, a fin se le acoja revocándose y dejando sin efecto la resolución recurrida, disponiendo que se restablezca el imperio del derecho, y dejando sin efecto el proceso sancionatorio por evidente arbitrariedad e ilegalidad, con costas.

A su presentación acompaña documentos.

2°.- Que, informa la presente acción constitucional José García Sandoval, Inspector Provincial del Trabajo de Ñuble- Chillán, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de Chillán, quien solicita el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Como primer argumento de su petición de rechazo alega la improcedencia de la acción constitucional desde que ésta se ha deducido en contra de una resolución que resuelve una solicitud de reconsideración administrativa de multa, respecto de la cual la ley contempla como recurso natural la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 503 del mismo cuerpo legal, por lo que el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen, suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados.

También plantea la improcedencia de la acción constitucional por falta de requisitos, sosteniendo al respecto que el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios, desde que ha sido dictada en atención a las facultades expresamente conferidas al Servicio por el artículo 505 del Código del Trabajo, habiéndose cumplido con el imperativo legal establecido por el inciso final del artículo 2 del Código del ramo y resulta ser razonada, argumentada y fundada conforme a derecho, como se aprecia claramente de su texto y redacción, haciendo presente que la falta de arbitrariedad en la actuación de la fiscalizadora, se manifiesta si se consideran los antecedentes de la fiscalización, especialmente el Informe de Fiscalización, donde consta que el funcionario se entrevistó con la trabajadora y empleador y analizó la documentación laboral pertinente, por lo que resulta insostenible aseverar que el acto administrativo impugnado, tanto la resolución de multa como la resolución N° 296 de fecha 13 de junio 2019, sea producto de mero capricho de quien lo dictó, por lo que la acción cautelar invocada en autos, carece de objeto y causa, razón por la cual debe ser desechada. Manifiesta la recurrida, sobre la base de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que le corresponde velar por el cumplimiento de la legislación laboral (artículo 503 y 505 ambos del Código del Trabajo) en el caso sub lite, cursando multa, en virtud de sus facultades, al haber verificado el incumplimiento de la legislación laboral, en el caso específico, respecto de la Resolución de Multa N° 8519.18.38-1-2-3 y la resolución que resolvió su reconsideración administrativa N° 296 de fecha 13 de junio 2019, por infracción a los artículos 33 y 506 del Código del Trabajo, con relación al artículo 20 del Reglamento 969 de 1933, respecto a la infracción primera, esto es por "no llevar, para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias, un registro de asistencia del personal" En cuanto a su segunda infracción, multa 8519.18.38-2,con infracción a los artículos 29 y 30 del DFL N°2 DE 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, esto es "no comparecer el empleador en forma personal o por intermedio de mandatario o apoderado con amplias facultades otorgadas por escrito, en concreto, la de transigir, sin causa justificada, a la inspección del trabajo, habiéndose verificado que el empleador fue citado bajo apercibimiento legal para la fecha y hora, según detalle que acompaña. En cuanto a la tercera infracción, multa N° 8519.18.38-3, con infracción a los artículos 24 y 25 del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, esto es, "dificultar sin motivo justificado la fiscalización de fecha 30 de noviembre de 2018 a las l0:10 horas, al interrumpir, la madre de la empleadora, la conversación con la trabajadora, no facilitando la privacidad de la conversación, encarándola respecto a lo que ella estaba declarando y permitir la empleadora, sin realizar ninguna acción para impedirlo, el entorpecimiento y obstaculización a la labor de fiscalización al permitir la agresión verbal y física que la fiscalizadora sufrió de parte de nombre reservado, hermano de la empleadora, el cual repentinamente, antes de terminar el procedimiento de fiscalización sin identificarse tomó la credencial de la suscrita para fotografiarla, y posteriormente encarándola con expresiones soeces las que describe, para finalmente tomarla fuerte por segunda vez del brazo izquierdo, arrojándola abruptamente hacia la calle mientras seguía insultando y amenazando aun delante de los transeúntes, impidiéndose de esta forma realizar cabalmente todas las gestiones de la fase investigativa, por lo que, en el caso de autos, no cabe duda que la recurrida actuó en ejercicio de sus facultades específicas, conferidas por las respectivas disposiciones legales, limitándose a constatar una clara, precisa y determinada infracción laboral en cada caso. Concluye sosteniendo que de todo lo anteriormente expuesto, se colige inequivocamente que el presente recurso carece de objeto y causa, por lo que debe ser desechado de plano, toda vez que no existe acto ilegal o arbitrario en el proceder de la recurrida. Hace presente que, la resolución de multa 8519.18.38-1-2-3, de fecha 24 de diciembre de 2018 como la resolución que resolvió la reconsideración administrativa N° 296 de fecha 13 de junio 2019, no constituyen un acto alejado de los parámetros razonables y normales de la fiscalización laboral a cargo de los fiscalizadores del Servicio, puesto que los antecedentes de la fiscalización realizada desmienten plenamente una conclusión en tal sentido. Asimismo, tampoco se desprende arbitrariedad de parte del funcionario al momento de analizar la documentación laboral presentada, elementos que, en conjunto, le permitieron formarse convicción que la sanción cursada debía mantenerse en todas sus partes, por lo que no aprecia cómo podría estimarse arbitrario el acto recurrido, pues la finalidad abierta y transparente de las resoluciones de multa objeto del presente recurso ha sido el fiel y cabal cumplimiento por parte de la recurrida del mandato legal contenido en el articulo Io la letra a) de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, como también la resolución que resuelve la solicitud de reconsideración administrativa de la multa, precisando que carecen de importancia en esta sede jurisdiccional las afirmaciones de la recurrente en orden a desvirtuar la convicción a que arribó el fiscalizador para cursar la multa impugnada, puesto que asisten a los hechos constatados por él presunción legal de veracidad, conforme a lo establecido en el artículo 23 del DFL N°2 de 1967.

Finalmente refiere que no ha existido vulneración de garantía constitucional alguna, específicamente la del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que el derecho de propiedad asegura a los particulares la posibilidad jurídica de usar, gozar y disponer sobre toda clase de bienes, sean corporales e incorporales, siempre y cuando, él uso, goce y disposición de dicho derecho, se realice conforme a la ley. De ello se desprende, que, para ser afectado un derecho garantizado por nuestra Constitución, éste no puede ser ejercido vulnerando la ley. Asimismo, no ha existido atentado ilegítimo alguno respecto del derecho de propiedad con motivo de la imposición de la multa ya citada, puesto que dicha sanción se encuentra plenamente sustentada en los antecedentes de hecho recabados con motivo de la respectiva fiscalización. Su dictación, por lo demás, en ningún caso se alejó de los parámetros razonables de la fiscalización administrativa y, más aún tuvo como base el mandato legal de investigar los hechos denunciados y sancionar si procediere, en concordancia con las instrucciones de este Servicio. Concluye sosteniendo que no se divisa como podría verse conculcada la garantía constitucional reclamada con la resolución administrativa recurrida o con la resolución que resuelve la solicitud de reconsideración administrativa, máxime, que ella sólo engloba la obligación de cumplir con la ley y respetar las garantías constitucionales de los trabajadores, sin perjuicio que fue dictada dentro de un procedimiento de fiscalización laboral totalmente ajustado a derecho y en virtud de facultades expresamente conferidas por la ley.

Termina solicitando que, en mérito de lo expuesto, y lo dispuesto en las normas legales citadas, se tenga por evacuado el informe del recurso de protección deducido en contra del Servicio que represento, para que, conociendo del mismo, proceda a su rechazo, con costas.

A su informe acompaña documentos.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que ésta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6º.- Que la recurrente reclama en contra de la resolución 296, de 13 de junio último, que rechazó la reconsideración que dedujo en contra de aquella que le impuso una multa por 3 infracciones de caracter laboral. Alega que la resolución recurrida no tiene fundamentos de derecho, no está fundada, no se hace cargo de los argumentos de la reconsideración y no indica los recursos que se pueden deducir, lo que evidencia una falta de imparcialidad. Agrega que se atribuye facultades jurisdiccionales al interpretar contratos.

Respecto de la primera infracción, dice que se aplicó sin relacionarse con algún trabajador determinado. En cuanto a la segunda, explica que si fue una persona facultada a la citación sin que se le quisieran recibir sus presentaciones. Y sobre la tercera, protesta por cuanto no se describe la forma en la que habría entorpecdio la fiscalización.

Lo expuesto, vulnera su garantía de igualdad ante la ley, la de no ser juzgado por comisiones especiales y de protección a su vida privada e inviolabilidad de su hogar.

7º.- Que, la recurrida, a su turno, sostuvo la improcedencia del recurso en estudio, por existir un procedimiento laboral específico para impugnar la resolución reclamada. Asimismo desestimó la ilegalidad imputada, por existir norma que ampara su actuar, cual es el artículo 505 del Código del Trabajo. Referente a la arbitrariedad, refirió que todos los antecedentes se encuentran en el informe de fiscalización. En cuanto al fondo dijo haber recibido una denuncia de la trabajadora, lo que devino en la fiscalización y multa. La reconsideración fue desestimada por cuanto los hechos fueron efectivamente constatados y existe presunción de veracidad de lo constatado por su parte.

8º.- Que, la resolución que aplica una multa por parte de la Inspección del Trabajo, tiene establecido un procedimiento específico en la legislación laboral para su impugnación. Así, puede reclamarse directamente ante el juez del Trabajo (artículo 503), o deduciendo primeramente una reconsideración administrativa, que en el caso de un resultado desfavorable, puede reclamarse también ante el juez Laboral (artículos 511 y 512).

9º.- Que, entonces, existiendo una vía específica para controvertir la sanción impuesta, en la que las partes disponen de un contradictorio para acreditar sus pretensiones, sólo puede concluirse que la presente no es la acción idónea para dilucidarlo, pues, carecería de sentido el procedimiento laboral a que se ha hecho referencia. Lo anterior, especialmente, si se considera, que se discuten aspectos eminentemente fácticos, que requieren de un probatorio para esclarecer. En efecto, se controvierte si hubo o no entorpecimiento a la fiscalización, imputándose las partes cuestionamientos recíprocos. Asimismo, la recurrida aduce sí haber concurrido debidamente representada al comparendo al que fue citada, lo que niega la recurrente.

10º.- Que en atención a lo recién concluido, sólo cabe desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 Nº 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por nombre reservado, en contra del Inspector Provincial del Trabajo de Chillan, José García Sandoval.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Ministro Guillermo Arcos Salinas.

Rol N° 913-2019-PROTECCION.