nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA(GGDD)

Chillán, diez de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

1°.- Que, comparece don nombre reservado, e interpone recurso de protección contra la Tesorería Regional de Ñuble, dependiente de la Tesorería General de la República, representada por su Director Regional don Juan Paulo Lara González, impugnando el acto administrativo contenido en la Resolución Exenta N°879, de 22 de octubre de 2025, que rechazó la aplicación de la prescripción de oficio prevista en el artículo decimocuarto transitorio de la Ley N° 21.713 y en la Resolución Exenta N° 1.223 de 2025.

Expone que el 24 de abril de 2025 se publicó la Resolución Exenta N°1.223 del Ministerio de Hacienda, Tesorería General de la República, la cual dispuso la prescripción de oficio de las acciones de cobro respecto de determinadas obligaciones fiscales, en conformidad al artículo decimocuarto transitorio de la Ley N°21.713, estableciendo los requisitos y causales de exclusión para acceder al beneficio. Dicha normativa contempla la prescripción de las acciones de cobro de deudas tributarias giradas o emitidas hasta el 31 de diciembre de 2013, que se encuentren en cobranza administrativa o judicial.

Señala que a su nombre constan deudas tributarias anteriores a dicha fecha, distintas del impuesto territorial, actualmente en cobranza por Tesorería, según Certificado de Deuda Fiscal de 20 de noviembre de 2025, razón por la cual solicitó formalmente la aplicación de la prescripción de oficio. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N°789, de 3 de julio de 2025, la Tesorería Regional advirtió la existencia de una exclusión tipo 7 informada por el Servicio de Impuestos Internos, relativa a contribuyentes condenados por delitos tributarios, ordenándose recabar antecedentes sobre dicha situación.

Agrega que acompañó el Informe de Egreso del Centro de Reinserción Social de Puerto Montt, de fecha 17 de julio de 2025, emitido por Gendarmería de Chile, el cual da cuenta que fue condenado a la pena de tres años y un día, sustituida por libertad vigilada, cuyo cumplimiento se extendió entre el 21 de septiembre de 2010 y el 22 de septiembre de 2013, certificándose su término íntegro.

Hace presente que la Ley N°21.713 fue publicada el 24 de octubre de 2024, fecha en la cual no se encontraba cumpliendo condena alguna. No obstante, mediante la Resolución Exenta N° 879, de 22 de octubre de 2025, la Tesorería Regional rechazó la solicitud de prescripción de oficio, fundándose en la mantención de la exclusión tipo 7 y en el cierre del proceso operativo de declaración. Como consecuencia de dicho acto, las deudas tributarias invocadas no fueron declaradas prescritas, permaneciendo registradas como vigentes en la Cuenta Única Tributaria del recurrente y sujetas a eventuales medidas de cobro.

Sostiene que la decisión administrativa mantiene la aplicación de una exclusión basada en una condena ya cumplida con anterioridad a la publicación de la Ley N° 21.713, lo que —a su juicio— vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, generándole un perjuicio patrimonial actual y un estado de incertidumbre respecto de su situación tributaria.

Finalmente, solicita declarar que la resolución impugnada es ilegal y arbitraria, por aplicación indebida de la causal de exclusión contemplada en la Resolución Exenta N° 1.223 y la Ley N° 21.713, y ordenar como medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho, que la Tesorería General de la República: a) Deje sin efecto, respecto de su persona, la Resolución Exenta N° 879; b) Aplique la prescripción de oficio de las acciones de cobro de las deudas tributarias que cumplan los requisitos del artículo decimocuarto transitorio de la Ley N° 21.713 y de la Resolución Exenta N° 1.223; c) Proceda a eliminar dichas deudas de su Cuenta Única Tributaria, registrándolas como prescritas; d) Disponer lo demás que se estime necesario para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a mis garantías constitucionales.

2°.- Que, informa doña nombre reservado, abogada de Tesorería General de la República, quien en primer término, sostiene la improcedencia de la acción constitucional deducida, señalando que el recurrente yerra al recurrir a esta vía para cuestionar la negativa del Servicio a aplicar la prescripción administrativa contemplada en el artículo decimocuarto transitorio de la Ley N° 21.713, por cuanto mantiene disponibles otras vías legales, tales como la acción de prescripción extintiva ante tribunales y los mecanismos administrativos previstos en el Código Tributario.

Agrega que el plazo para acceder al beneficio de prescripción de oficio regulado por la citada ley venció el 21 de abril de 2025, conforme a lo establecido en la Resolución Exenta N° 1.223, y afirma que no existe arbitrariedad en el actuar del Servicio, el cual se limitó a dar estricto cumplimiento a la normativa vigente.

Explica que la Ley N°21.713 estableció beneficios transitorios para deudores tributarios, entre ellos la prescripción de oficio de determinadas deudas antiguas, facultando al Tesorero General de la República para dictar normas de aplicación general que regulen su procedencia y las situaciones excepcionales de exclusión. En cumplimiento de dicho mandato, se dictó la Resolución Exenta N° 1.223, de 14 de abril de 2025, la cual estableció, entre otras causales, la exclusión respecto de deudas tributarias giradas a contribuyentes que, a la fecha de publicación de la ley, se encontraren cumpliendo condena por delito tributario, información que debía ser proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y el Consejo de Defensa del Estado.

Señala que el recurrente registra hasta la actualidad una exclusión tipo 7, correspondiente a contribuyentes procesados, acusados o sancionados por delitos tributarios, marca que es incorporada por el Servicio de Impuestos Internos, no siendo de competencia del Servicio de Tesorerías su creación, modificación o eliminación. Añade que su representada no cuenta con mecanismos para determinar si dicha exclusión corresponde a una condena vigente o ya cumplida, ni para establecer si se relaciona con una o más causas, circunstancia que solo puede ser aclarada por el Servicio de Impuestos Internos mediante el levantamiento formal de la respectiva marca. El recurrente acompañó un certificado de cumplimiento de condena, sin embargo, aquel es insuficiente para determinar si la exclusión informada correspondía efectivamente a la causa indicada o a otros eventuales procesos, razón por la cual, al mantenerse vigente la exclusión al momento del proceso automático de descargo, no fue incorporado en la prescripción de oficio.

Añade que el propio sistema contempla que los contribuyentes gestionen ante el Servicio de Impuestos Internos el levantamiento de las exclusiones, de modo que, de haberse realizado dicha tramitación dentro de los plazos establecidos, el señor nombre reservado habría podido acceder al beneficio legal, no siendo procedente ampliar el plazo del beneficio por la vía judicial. Asimismo, subsisten alternativas legales para el contribuyente, tales como la prescripción administrativa regulada en el artículo 197 bis del Código Tributario y la acción de prescripción por vía ordinaria.

Finalmente, indica que la exigencia de no registrar exclusiones del Servicio de Impuestos Internos constituye un requisito general establecido mediante la Circular Normativa N°391 de 2024, de aplicación uniforme, descartando que se trate de una actuación arbitraria, por lo que solicita el rechazo íntegro del recurso de protección.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

4°. - Que, el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley 21.713, publicada en el diario oficial el 24 de octubre de 2024, dispuso lo siguiente.

“El Tesorero General de la República declarará de oficio, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la publicación de la presente ley, la prescripción de las acciones de cobro del Fisco respecto al saldo vigente a dicha fecha, de los tributos, multas, créditos fiscales y sus recargos legales, excluido el impuesto territorial, girados o emitidos hasta el 31 de diciembre de 2013. Para estos efectos, se considerará que cualquier interrupción o suspensión de la prescripción de la acción de cobro no produjo el efecto de interrumpir ni suspender el cómputo del plazo. La facultad se ejercerá mediante normas o criterios de general aplicación que el Tesorero General determinará mediante resolución.”

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo citado, mediante las resoluciones exentas N° 5.058-TGR y 742-TGR, ambas del Servicio de Tesorerías, se conformó la Comisión de Prescripción por Oficio que propuso al Tesorero General de la República los criterios de aplicación de la prescripción por oficio de acuerdo a lo establecido en la ley N° 21.713, razón por la cual se dictó la Resolución Exenta N° 1.223 del Ministerio de Hacienda, publicada en el diario oficial el 24 de abril de 2025.

La citada Resolución Exenta excluye de la prescripción aquellas deudas tributarias y/o aduaneras, giradas a contribuyentes que, a la fecha de publicación de la ley N° 21.713, se encontraren cumpliendo una condena por delito tributario, precisando que esta exclusión se aplicará sólo respecto de la deuda que la o el contribuyente mantenga con el Servicio de Impuestos Internos y/o Servicio Nacional de Aduanas.

5°. - Que, en el contexto descrito, resulta palmario que existe controversia en orden a determinar si la situación que registra el actor ante el Servicio de Impuestos Internos, le impide a la Tesorería General de la Republica declarar la prescripción que éste pretende, de tal manera que no es posible sostener inequívocamente la existencia de un derecho indubitado a su favor susceptible de ser protegido en esta sede.

6°.- De esta forma, no siendo la presente una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados en esta sede, corresponde que el actor recurra al procedimiento civil o administrativo pertinente, oportunidad en la que podrá formular las alegaciones que estime conducentes, presentar la prueba necesaria al efecto y recurrir si fuera el caso.

7°. - En virtud de lo expuesto, la presente acción constitucional de protección no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pueda hacer valer el señor nombre reservado ante la autoridad administrativa y/o judicial competente.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado contra la Tesorería Regional de Ñuble.

Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la ministra Paulina Gallardo García.

Rol N°906-2025.- PROTECCIÓN.

2